Guinea: Reforzar la libertad de reunión y de expresión impedirá la violencia en las elecciones

A cuatro meses de la celebración de elecciones generales en Guinea, el presidente Alpha Condé debe pronunciarse en favor de una nueva propuesta de ley que podría contribuir a poner fin al historial de manifestaciones violentas del país y en contra de otra que podría penalizar la disidencia, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

La Asamblea Nacional aprobó el martes un proyecto de ley de mantenimiento del orden público, que define cómo y cuándo puede la policía hacer uso de la fuerza en manifestaciones. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, al menos 357 personas han muerto y miles más han resultado heridas durante manifestaciones en el último decenio.

Policías y multitudes junto al estadio de Conakri, Guinea, el 28 de septiembre de 2009.
Policías y multitudes junto al estadio de Conakri, Guinea, el 28 de septiembre de 2009.

“El pasado reciente de Guinea se ha visto empañado por la represión violenta de manifestaciones en las que han muerto centenares de personas –ha señalado Francois Patuel, investigador de Amnistía Internacional sobre África occidental francófona, que se encuentra de visita en el país–. Es positivo que se apruebe nueva legislación para garantizar que sólo se hace uso de la fuerza como último recurso y bajo estrictas condiciones, pero es preciso reforzarla y hacerla aplicar para que la historia de violencia de Guinea no se perpetúe en las próximas elecciones.

Aunque acoge con satisfacción la medidas adoptadas para definir la función y las obligaciones de las fuerzas de seguridad de Guinea, Amnistía Internacional ha advertido que la nueva ley, que tiene que ser aprobada aún por el presidente, contiene considerables lagunas, que podrían ser el detonante de futuras protestas y hacer que no se respete, proteja y haga efectivo plenamente el derecho de reunión pacífica.

Un aspecto decisivo es que la ley no permitirá las reuniones espontáneas, mientras que las fuerzas de seguridad seguirán además estando facultadas para disolver grupos de manifestantes pacíficos sólo con que una sola persona parezca llevar u ocultar un arma. Amnistía Internacional teme que tales disposiciones puedan servir todavía para justificar la prohibición o represión de la protesta pacífica.

Seguir restringiendo las reuniones espontáneas o dispersando las protestas pacíficas sin justificación adecuada comporta el riesgo de siga habiendo mucha violencia en los periodos electorales. El presidente debe tomar medidas para que se enmiende el proyecto de ley antes de ratificarlo.

François Patuel, investigador de Amnistía Internacional sobre África occidental francófona

“Las autoridades de Guinea deben hacer todo lo posible para facilitar las protesta pacífica a fin de respetar la libertad de reunión y garantizar la estabilidad y la seguridad antes de elecciones importantes. Seguir restringiendo las reuniones espontáneas o dispersando  las protestas pacíficas sin justificación adecuada comporta el riesgo de siga habiendo mucha violencia en los periodos electorales. El presidente debe tomar medidas para que se enmiende el proyecto de ley antes de ratificarlo”, ha afirmado Francois Patuel.

El proyecto de ley se aprobó sin que se hallara presente la oposición, que continúa con su boicot a la Asamblea Nacional, y ahora tiene que ser aprobado por el presidente o que someterse a nuevas enmiendas antes de promulgarse.

Desde el anuncio del calendario electoral en marzo de 2015, al menos 6 personas han muerto y 57 han resultado heridas, entre ellas varios miembros de la policía y la gendarmería, durante enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad relacionados con las próximas elecciones. Está previsto que las elecciones presidenciales se celebren en octubre de 2015, y las locales, en 2016.

En septiembre de  2009, más de 150 personas murieron y al menos 1.500 resultaron heridas al disparar las fuerzas de seguridad contra una concentración de la oposición en un estadio de la capital, Conakri. Aunque se abrió una investigación judicial, jamás se ha llevado ante la justicia a los autores de la matanza.

A lo largo de los últimos diez años, al menos 357 personas han muerto y miles han resultado heridas en manifestaciones.

Amnistía Internacional

La Asamblea Nacional aprobó también el martes, en la misma sesión, otro proyecto de ley con disposiciones en virtud de las cuales se impondrán penas de hasta cinco años de prisión y cuantiosas multas por insultar, calumniar, ofender o publicar “noticias falsas” sobre el presidente y otras autoridades públicas. Amnistía Internacional considera que estas medidas constituyen una restricción totalmente injustificada de la libertad de expresión y que podrían servir para penalizar la disidencia, e insta al presidente a que se niegue a ratificar la ley.