La larga duración de la ejecución de un preso llevada a cabo ayer en Arizona representa una llamada de atención más a las autoridades de Estados Unidos para que procedan a abolir la pena de muerte, ha manifestado Amnistía Internacional.“¿Cuántas veces más hay que recordar a la autoridades que la “ejecución humana” es un mito para que renuncien a seguir experimentando con el homicidio judicial?”, ha preguntado Rob Freer, investigador de Amnistía Internacional sobre Estados Unidos.Sólo este año han sido al menos tres las ejecuciones que no se han producido según lo previsto en Estados Unidos. Amnistía Internacional no cree que una ejecución pueda ser humana ni que la crueldad de la pena de muerte pueda confinarse a lo que ocurre en la cámara de ejecución. Tener a alguien bajo amenaza de muerte durante años, e incluso decenios, difícilmente puede describirse como la conducta propia de un Estado que aplica un enfoque progresista a la justicia penal o los derechos humanos. “El modo en que el Estado decida matar a la persona condenada –y que la ejecución se desarrolle o no según lo previsto– no altera el hecho de que es una pena incompatible con los principios fundamentales de derechos humanos”, ha añadido Rob Freer. En Estados Unidos, la pena de muerte se caracteriza por la arbitrariedad, la discriminación y los errores. En los últimos años, los Estados que la aplican han tenido problemas para conseguir las substancias necesarias para la inyección letal y han recurrido a fuentes poco fiables y al secreto para intenta seguir con los homicidios judiciales por este método.La ejecución de Joseph Wood, declarado culpable del asesinato, en 1989, de su ex novia y del padre de ésta, comenzó a las 13.52 horas del 23 de julio. Duró tanto, que a sus abogados les dio tiempo a presentar una petición de emergencia ante un tribunal federal para que se detuviera la ejecución mientras el condenado siguiera vivo. El tribunal no había respondido aún cuando Wood fue declarado muerto alrededor de las 15.49 horas. Posteriormente ordenó al estado que protegiera todas las pruebas materiales relacionadas con el cadáver.La gobernadora de Arizona, Janice Brewer, emitió una declaración en la hizo hincapié en que la ejecución había sido “legal” y sugirió que Wood “no había sufridor”, pero ordenó determinar por qué el proceso había durado tanto. Hasta la fecha han abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica 140 países. Con la próxima ejecución, Estados Unidos habrá llevado a cabo ya 1.400, desde que reanudó los homicidios judiciales en virtud de la reforma de la legislación sobre la pena capital en 1977. Desde 2007 han legislado en favor de abolir la pena de muerte cinco estados del país.Véase tambiénUSA: Time to do something, Mr President: After Oklahoma’s ‘botched’ execution, a call for human rights leadership, https://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/028/2014/en USA: Another killing in a long-since failed experiment, https://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/005/2014/en USA: An embarrassment of hitches: Reflections on the death penalty, 35 years after Gregg v. Georgia, as states scramble for lethal injection drugs, https://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/058/2011/en
