Sri Lanka: Los ataques contra medios de comunicación libres ponen en peligro a la población civil desplazada

Los ataques contra periodistas, la intimidación incesante y las restricciones impuestas por el gobierno a la labor informativa amenazan la libertad de expresión en Sri Lanka y comprometen la seguridad y la dignidad de la población civil desplazada por la guerra.

El gobierno de Sri Lanka obstaculizó activamente la labor informativa durante las últimas fases del conflicto armado con los Tigres de Liberación de Eelam Tamil (LTTE), al que se ha puesto fin recientemente. La población civil sufrió ataques de artillería y ambas partes fueron acusadas de cometer crímenes de guerra.

El gobierno sigue negando a periodistas y trabajadores de los medios de comunicación acceso sin restricciones a los millares de personas desplazadas que viven en campos, impidiendo que informen sobre sus experiencias de la guerra y las condiciones de vida en los propios campos de desplazados.

Al mismo tiempo, niveles nunca vistos de violencia contra trabajadores de los medios de comunicación que desempeñan su labor informativa de forma crítica han contribuido a crear un clima de temor y autocensura que ha privado a la población de Sri Lanka de su derecho a la información.

Personas de Sri Lanka partidarias de la libertad de prensa afirman que desde 2004 han muerto más de 30 personas que trabajaban para medios de comunicación del país. Muchas otras han sido secuestradas, agredidas o amenazadas por informar sobre la guerra. Se han incautado y quemado periódicos, se han destrozado oficinas y destruido maquinaria de impresión.

Transcurridos varios meses desde que finalizara la guerra en Sri Lanka, periodistas y trabajadores de los medios de comunicación se enfrentan aún al asesinato, al secuestro, a la censura y a la intimidación. La mayoría de las víctimas pertenecían a la minoría tamil, pero también han muerto periodistas cingaleses y musulmanes. No se ha identificado y, menos aún, castigado a los autores de la mayoría de estos delitos.

El activista de derechos humanos y periodista srilankés Sunanda Deshapriya afirma que el gobierno nunca reconoció que periodistas y trabajadores de medios de comunicación –y a través de los medios,  el público en general– tenían derecho a la información, pero durante la mayor parte del conflicto (que duró de julio de 1983 a mayo de 2009), los periodistas dispusieron de “mecanismos” para obtener información.

Sin embargo, según Sunanda Deshapriya, la presión a la que eran sometidos los periodistas de Sri Lanka se intensificó al mismo tiempo que los enfrentamientos y durante la última fase de la guerra, a partir del año 2006, el gobierno endureció las restricciones, emitiendo una serie de declaraciones según las cuales a los periodistas ni siquiera se les permitía informar sobre las cifras de víctimas Los periodistas que escribían sobre la guerra sin obtener la autorización del Centro de Medios para la Seguridad Nacional se ponían en peligro. “Muertes, amenazas, secuestros, desapariciones… todo esto les sucedía a los periodistas que trataban de sobrepasar los límites”, ha afirmado Sunanda Deshapriya.

Las amenazas y los actos de hostigamiento contra periodistas y medios de comunicación han seguido aumentando en la cultura de impunidad vigente y han menoscabado la labor informativa.

“Si lee diarios de Sri Lanka, seguirá conociendo la versión del gobierno. En muy contadas ocasiones, se puede conocer un punto de vista crítico”.

“Todo el mundo se autocensura … algunos lo hacen de buen grado porque realmente respaldan el sistema, pero otros lo hacen en contra de su voluntad. En Sri Lanka, no existe libertad de prensa. ”

“Actualmente en Sri Lanka se acallan en mayor o menor medida las voces críticas y disidentes.”

“Así que, incluso alguien como yo, que escribe una columna desde el extranjero, se autocensura. Siempre sopeso si mi columna va a ofender al gobierno, porque seguro que me van atacar. Ya sabe, tengo familia en mi país. Así que todos nosotros, hasta cierto punto, nos autocensuramos cuando escribimos sobre la situación.”

Sunanda Deshapriya trabaja como columnista para el periódico semanal Ravaya. Ha analizado el papel de los medios de comunicación en el conflicto de Sri Lanka y ha presentado ponencias en seminarios nacionales e internacionales sobre medios de comunicación. También ha escrito y dado conferencias sobre el código ético de los periodistas en Sri Lanka.

Sin embargo, los periodistas srilankeses no son los únicos bajo presión. A corresponsales extranjeros se les ha denegado el visado o han sido expulsados por hacer reportajes que ofendieron al gobierno.

En julio, Ravi Nessman, director de la oficina de Associated Press en Sri Lanka, fue obligado a abandonar el país después de que el gobierno se negara a renovar su visado. Ravi Nessman informó ampliamente sobre las víctimas civiles que se habían producido durante el ataque final del gobierno contra los LTTE.

También dio en primicia la noticia de que el gobierno planeaba retener en campos de desplazados hasta tres años a cientos de miles de personas y planteó preguntas sobre la decisión de impedir el acceso a los medios de comunicación.

¿Cómo ha perjudicado a la población civil esta cultura de los medios de comunicación tan restrictiva?

Sunanda Deshapriya recuerda que, no hace mucho, tanto el gobierno como los Tigres de Eelam Tamil ofrecían cifras muy falseadas sobre el número de personas que vivían en la zona de guerra controlada por los Tigres:

“Se impedía el acceso a la información así que ¿qué sucedía? Que los Tigres afirmaban que había 400.000 personas en Wanni, y el gobierno decía que 120.000.”

“Y no se realizó una comprobación independiente, no se permitió el acceso ni a periodistas ni a medios de comunicación. Y el gobierno pedía a la gente que vinieran… Les decían ‘estamos preparados para acogeros’. Y, al final, resultó que había casi 300.000 personas.”

Según Sunanda Deshapriya, el gobierno instó a la población civil que se encontraba en la zona de guerra a huir hacia su territorio, pero sus propios organismos, confiando en cifras gubernamentales erróneas, no estaban preparados para recibir a ese ingente número de personas.

Cuando la población civil llegó, “[…] no había instalaciones. Transcurridos tres meses desde el final de la guerra, la gente todavía carece incluso de instalaciones básicas [en los campos] porque no ha habido libertad de información. Los periodistas no han podido informar [sobre] el número de personas que hay o las condiciones en las que viven”.

Esto supone asimismo que la comunidad internacional no ha podido abordar con eficacia la situación, porque no se verificaban los hechos.

Sin verificación independiente, tanto el gobierno de Sri Lanka como los Tigres de Eelam Tamil han podido servirse de las ansias del mundo por estar informado como medio para promover sus programas políticos.

La información que se difunde ahora desde los campos consiste principalmente en la que ofrecen familiares de personas retenidas en ellos, información que trabajadores humanitarios filtran a los periodistas y entradas anónimas en blogs.

En casi todos los casos, las personas que facilitan la información permanecen en el anonimato a fin de evitar represalias. Por lo tanto, la información que logra salir de los campos es a menudo poco fiable, lo cual sólo perjudica a la población civil retenida.

“Tiene que haber un sistema, tiene que haber libertad de acceso”, ha manifestado Sunanda Deshapriya.

Violaciones de derechos humanos

“Lo que sucede con las violaciones de derechos humanos de todo tipo es que es posible que las autoridades hagan caso omiso si se restringe el acceso a los campos y a las personas que habitan en ellos”, ha declarado Yolanda Foster, experta de Amnistía Internacional sobre Sri Lanka.

“Resulta especialmente preocupante que en los campos se puedan cometer abusos contra las personas más vulnerables, las que necesitan protección con más urgencia, como menores no acompañados, mujeres, ancianos y personas discapacitadas.”

“La explotación de personas vulnerables por parte de las fuerzas del gobierno es un problema que viene de antiguo en zonas en conflicto y entre personas desplazadas. El estigma social y la cultura de impunidad generalizada de Sri Lanka contribuyen a agravar aún más el problema.”