El estado de excepción ha terminado, pero ahora son necesarias medidas urgentes para revertir el retroceso sufrido en materia de derechos humanos

El estado de excepción ha terminado, pero ahora son necesarias medidas urgentes para revertir el retroceso sufrido en materia de derechos humanos

El gobierno turco ha anunciado que el estado de excepción, vigente durante dos años, llega a su fin hoy, 18 de julio de 2018, cuando expira su última ampliación. Es una buena noticia, esperada desde hace mucho tiempo.

Sin embargo, para que no sea un mero lavado de imagen, el anuncio ha de ir acompañado de medidas urgentes. El estado de excepción ha servido para consolidar los draconianos poderes del gobierno, silenciar las voces críticas y arrebatar derechos básicos.

En los dos últimos años han proliferado las muestras de intensificación de las violaciones de derechos humanos, que abarcan desde detenciones arbitrarias hasta procesamientos indebidos, pasando por el cierre de medios de comunicación y la supresión permanente de organizaciones de la sociedad civil. Muchas de las medidas impuestas en virtud del estado de excepción seguirán en vigor cuando se levante éste.

Los dos últimos años se han caracterizado también por el hostigamiento ejercido por hacer su trabajo contra algunos sectores de la sociedad civil, que se han negado, no obstante, a someterse y han opuesto resistencia a los ataques contra los derechos humanos. Aunque han estado especialmente amenazados, los defensores y defensoras de los derechos humanos que luchan por la libertad de expresión, los derechos LGBTI o los derechos de las mujeres, así como las personas con actividades sindicales, las que hacen activismo por los derechos de la infancia y las que prestan apoyo a las personas refugiadas, han seguido saliendo en defensa de quienes se han visto especialmente afectados por la represión.

Mirando hacia el futuro

El fin del estado de excepción es un primer paso necesario para la larga sucesión de medidas que el nuevo gobierno debe tomar a fin de que Turquía vuelva a la normalidad. Amnistía Internacional pide que se apliquen con urgencia las cinco medidas que se indican a continuación a fin de revertir los peores efectos de la represión de los derechos humanos ejercida en Turquía durante los dos años de estado de excepción.

  • Revocar las medidas de excepción que no sean manifiestamente necesarias y proporcionadas para la protección contra las amenazas a la seguridad nacional o pública o que comporten restricciones desproporcionadas del ejercicio de los derechos humanos.
  • Dejar de inmediato en libertad a Taner Kılıç y a los muchos otros defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y demás personas que están detenidas por cargos infundados.
  • Garantizar el derecho a reunirse y protestar pacíficamente sin miedo, lo que incluye poner fin a las reiteradas prohibiciones de actos LGBTI dictadas en todo el país.
  • Impedir la continuación de los despidos arbitrarios de personas empleadas en el sector público, prevista en una nueva ley presentada en el Parlamento el 16 de julio de 2018, y garantizar que todas las que han sido despedidas durante el estado de excepción son restituidas en sus puestos e indemnizadas debidamente por los daños que hayan podido sufrir, en especial la pérdida de ingresos. En todos los casos en que haya razones para sospechar de irregularidades o conducta indebida en su trabajo o de delito, la decisión de despedirlas debe tomarse únicamente por medio de un procedimiento disciplinario ordinario y con todas las garantías establecidas.
  • Permitir la reapertura de las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación que han sido cerrados arbitrariamente y devolverles los bienes confiscados.

Perspectiva general

Impuesto tras el sangriento intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016, en el que murieron más de 240 personas, el estado de excepción se ha utilizado para facilitar una represión masiva de los derechos humanos, en el curso de la cual se han visto afectadas centenares de miles de personas. Aunque se espera y se considera legítimo que, en una situación de graves desórdenes públicos, el Estado proteja a la población y garantice que los responsables de delitos comparezcan ante la justicia, éste tiene el deber de hacerlo sin dejar de cumplir las obligaciones que ha contraído en materia de derechos humanos.

Durante el tiempo transcurrido desde el intento de golpe de Estado de 2016 se ha reformado la legislación con arreglo a 32 decretos ejecutivos, dictados en virtud del estado de excepción y que tienen fuerza de ley. Se han hecho por decreto ejecutivo más 300 reformas en más de 150 leyes distintas, en muchos casos con repercusiones para los derechos humanos. Aunque las medidas adoptadas contravienen muchos derechos –entre ellos los relativos a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo, el derecho a un recurso efectivo y el derecho al trabajo– y han comportado también confiscación de bienes, no han sido objeto de un examen parlamentario efectivo ni, hasta la fecha, revisadas por los tribunales, así que los poderes del gobierno no están sometidos en la práctica a ningún control.

Resumen de algunos de los peores abusos cometidos durante el estado de excepción

Detenciones arbitrarias y procesamientos injustos

Según estadísticas del Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, se calcula que durante el estado de excepción han sido puestas bajo custodia policial más de 150.000 personas.

El periodo máximo de detención sin cargos por determinados delitos relacionados, por ejemplo, con el “terrorismo” y la seguridad nacional y del Estado y el orden constitucional, se aumentó en julio de 2016 de 4 a 30 días, reducidos luego a 14 en enero de 2017. Estos periodos máximos de detención se han aplicado arbitrariamente y de manera habitual. El periodo máximo de detención en espera de juicio se aumentó de cinco a siete años en agosto de 2017.

El número total de personas encarceladas en espera de procesamiento o de juicio aumentó de poco más de 26.000 en julio de 2016 a más de 70.000 en marzo de 2018. En muchos de los casos examinados por Amnistía Internacional, la persona permanecía detenida en espera de juicio sin pruebas creíbles de su participación en algún acto delictivo reconocible.

Según estadísticas del gobierno turco presentadas en el último informe del país de la Unión Europea, publicado en abril de 2018, se ha detenido a más de 78.000 personas en aplicación de la legislación antiterrorista, de las que más de 24.000 se hallaban recluidas en espera de juicio en enero de 2018. Se han iniciado miles de procesamientos penales, incluso en aplicación de leyes que prohíben la difamación o por falsos cargos de terrorismo, debido al ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión durante el estado de excepción.

Tortura y otros malos tratos

Las denuncias relativas a personas sometidas a tortura y otros malos tratos, en especial bajo custodia policial, aumentaron considerablemente tras el anuncio del estado de excepción, sobre todo en las semanas siguientes al intento de golpe de Estado de julio de 2016. Las autoridades han negado continuamente tales denuncias, en vez de llevar a cabo investigaciones efectivas sobre ellas o tomar medidas para impedir este tipo de violaciones de derechos humanos.

Prohibiciones de reuniones

Los gobernadores de varias provincias han utilizado los poderes que les confiere el estado de excepción para prohibir actos y reuniones. Por ejemplo, en noviembre de 2017, el gobernador de Ankara dictó una orden por la que se prohibían todos los actos LGBTI en la provincia. Con excepción de la marcha estudiantil del Orgullo de la Universidad Técnica de Oriente Medio, que se celebró en mayo a pesar de la prohibición, la visibilidad de las vibrantes comunidades LGBTI de la ciudad y su capacidad para ejercer el derecho de reunión pacífica se han reducido radicalmente.

Despidos sumarios

Durante el estado de excepción se ha despedido a más de 130.000 personas de todas las áreas del sector público, a 129.400 de ellas por medio listas anunciadas con decretos ejecutivos, sin justificaciones individualizadas y sin la posibilidad de preparar una impugnación efectiva del despido. Sólo 3.799 de estas decisiones de despido se han revocado por medio de decretos ejecutivos posteriores.

En enero de 2017 se estableció por decreto ejecutivo un instrumento especial, la Comisión de Apelaciones del Estado de Excepción, en respuesta a la presión ejercida dentro y fuera del país por la falta de procedimientos de apelación para solicitar reparación por los despidos La Comisión comenzó a admitir solicitudes el 17 de julio de 2017, y a fecha de 22 de junio de 2018 había recibido 108.905. Entre ellas hay solicitudes de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil que han sido cerrados por decreto. En junio de 2018 la Comisión había dictado 19.500 decisiones y aceptado las apelaciones en sólo 1.300 de ellas, lo que representa menos del 7% de las decisiones emitidas hasta esa fecha.

Una nueva ley presentada en el Parlamento el 16 de julio de 2018 permitirá, si se aprueba, que continúen los despidos arbitrarios durante tres años a partir de su aprobación.

Represión del derecho a la libertad de asociación

La sociedad civil también ha sufrido especialmente las consecuencias de la represión, siendo más de 1.500 las asociaciones, fundaciones, sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil que han sido cerrados por decreto ejecutivo, sin justificaciones individualizadas y sin posibilidad de preparar una impugnación efectiva del cierre. Según la información disponible, sólo 11 han vuelto a abrir tras determinar la Comisión de Apelaciones del Estado de Excepción que no había indicios suficientes de su vinculación con grupos prohibidos.

Además de comportar violaciones de derechos como la libertad de asociación y el derecho al trabajo y confiscación de bienes, esos cierres arbitrarios ha tenido graves efectos en quienes dependían de los servicios y el apoyo de las organizaciones. La destacada ONG de los derechos de la infancia Gündem Çocuk, cerrada en noviembre de 2016 por decreto ejecutivo, trabajaba en cuestiones como los abusos sexuales a menores y las muertes infantiles en los colegios. La Asociación de Mujeres de Van, una de las 11 organizaciones de mujeres cerradas por decreto ejecutivo también en noviembre de 2016, era una destacada organización de la sociedad civil que prestaba apoyo a mujeres de comunidades de difícil acceso en cuestiones de violencia en el ámbito familiar y abusos sexuales a niñas. No hay nadie que realice esta labor esencial en esa región en este momento.

Restricciones del derecho a la libertad de expresión

En 2016, Turquía se convirtió en el país con mayor número de periodistas en prisión del mundo y no ha dejado de serlo desde entonces, siendo ahora 150 el número de periodistas y otras personas empleadas en medios de comunicación que se hallan en prisión a la espera de que termine su juicio. Además, las investigaciones y enjuiciamientos iniciados en aplicación de la legislación antiterrorista han dado lugar también a sentencias como la de la causa contra 15 periodistas y cargos ejecutivos de Cumhuriyet, que fueron condenados a entre dos y ocho años de prisión en abril de 2018. En julio, 6 los 11 acusados de la causa contra el periódico Zaman, que se ha cerrado, fueron declarados culpables y condenados a entre 8 años y medio y 10 años y medio de cárcel por “pertenencia a una organización terrorista”.

El riesgo de investigación penal, procesamiento y prisión en espera de juicio ha tenido un efecto disuasorio en los medios de comunicación, y ahora sólo un pequeño número de ellos ofrecen puntos de vista alternativos y disidentes.

Le represión de la libertad de prensa ha incluido también el cierre de más de 170 medios de comunicación, tanto de prensa como de radio y televisión, y editoriales. Más de 2.500 periodistas y otras personas empleadas en medios de comunicación han perdido su trabajo como consecuencia de estos cierres. El panorama mediático quedó aún más desolado y uniforme cuando el último grupo de medios de comunicación independientes que quedaba se vendió a un consorcio del que se sabe que mantiene estrechos lazos comerciales con el gobierno.

Críticas internacionales

Los llamamientos a poner fin a las medida adoptadas en virtud del estado de excepción y, en algunos casos, al estado de excepción mismo han ido en aumento. En su informe sobre los efectos del estado de excepción en los derechos humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a Turquía que, entre otras cosas, revisara y revocara la legislación incompatible con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos; levantara la prohibición de volver al sector público impuesta a los funcionarios públicos despedidos y garantizara su derecho a que sus casos sean revisados por un órgano judicial y administrativo independiente y a una indemnización; tomara todas las medidas necesarias para garantizar un entorno propicio donde los medios de comunicación independientes y las organizaciones de la sociedad civil puedan realizar sus actividades con seguridad y libertad, y dejaran de inmediato en libertad a los periodistas, escritores, jueces y profesores universitarios detenidos en aplicación de la legislación antiterrorista y de decretos de excepción. En su último informe sobre Turquía, la Comisión Europea pide a las autoridades que levanten el estado de excepción y que garanticen la independencia y la rendición de cuentas de la judicatura, para lo que deben limitar la participación y la influencia del poder ejecutivo en el Consejo de Jueces y Fiscales e introducir más salvaguardias contra la injerencia del Consejo en los procedimientos judiciales. En una resolución de abril de 2018, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa recomendó a Turquía poner fin al estado de excepción cuando expirara su actual ampliación, retirando la derogación del Convenio Europeo de Derechos Humanos y utilizando, por tanto, procedimientos ordinarios para adoptar toda futura medida necesaria para abordar la situación en materia de seguridad, conforme a las normas del Consejo de Europa, incluidas las del Convenio aplicado en su totalidad.

Los dos años de estado de excepción en Turquía en cifras

Más de 70.000 personas en prisión en la actualidad en espera de procesamiento o juicio

Más de 170 medios de comunicación cerrados

Más de 150 periodistas y personas empleadas en medios de comunicación en prisión en la actualidad

Más de 360 profesores y profesoras universitarios procesados por un llamamiento a la paz

Más de 1.500 asociaciones y fundaciones cerradas

Más de 130.000 personas empleadas en el sector público despedidas sumariamente

 

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