Chiara Liguori, investigadora de Amnistía Internacional sobre el Caribe.
El caso de Dwayne Jones, joven travestido de 17 años, a quien una muchedumbre mató el 22 de julio en Saint James, Jamaica, tras señalar alguien que iba travestido, es el último y trágico ejemplo del alto grado de intolerancia y homofobia que imperan en el Caribe. Las amenazas recibidas por el activista Caleb Orozco en Belice en mayo de este año, cuando presentó una impugnación de la “ley de sodomía” en la Corte Suprema, son sólo un ejemplo más de los riesgos que corren los defensores de los derechos humanos de las lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) por realizar su esencial labor.
Hace mucho tiempo que se tiene noticia de la existencia generalizada de un alto grado de discriminación en las naciones de habla inglesa del Caribe, que incluye episodios de violencia motivada por el odio. El hecho de que se conserven leyes coloniales que criminalizan las actividades homosexuales mantenidas con consentimiento mutuo entre personas adultas legitima tal discriminación y violencia, lo que crea un clima de hostilidad hacia las personas por su orientación sexual o identidad de género reales o supuestas.Además, los últimos episodios demuestran que, lamentablemente, otros países del Caribe, como Haití y la República Dominicana, podrían no estar al margen de las preocupantes tendencias de discriminación e intolerancia contra personas LGBTI.
En Haití, las organizaciones locales que se dedican a sensibilizar sobre los derechos LGBTI y generar un debate público sobre el estigma de las relaciones homosexuales, comenzaron a recibir amenazas en cuanto consiguieron hacerse oír. La Coalición Haitiana de Organizaciones Religiosas y Morales convocó el 26 de junio una marcha de protesta contra la homosexualidad y el matrimonio homosexual.
Desde la marcha, celebrada el 19 de julio, se ha tenido noticia de un considerable aumento del número de agresiones a personas LGBTI en todo el país, como consecuencia del cual muchas personas, activistas y organizaciones viven con miedo.
En la República Dominicana, el reciente nombramiento por Estados Unidos de un embajador abiertamente gay y activista de los derechos de los gays, ha suscitado una oleada de reacciones negativas de grupos religiosos. Éstos convocaron para el 15 de julio un “lunes negro” de protestas, en que los participantes debían tomar la calle vestidos de negro y adornar sus vehículos y casas también de negrocomo protesta por el nombramiento.
Lo que revelan estos casos es que el camino a la tolerancia, el respeto y la aceptación de la diversidad es todavía muy largo en las naciones caribeñas, pero también que el activismo y la concienciación aumentan día a día en toda la región.
En un momento en que cada vez es mayor el número de valientes activistas de toda la región que alzan su voz contra la discriminación, incluso interponiendo judicialmente impugnaciones contra leyes discriminatorias en países como Belice, Guyana y Jamaica, es más urgente que nunca que los gobiernos caribeños adopten posturas claras contra la violencia motivada por el odio y la discriminación que sufren las personas LGBTI.
La condena por parte de los gobiernos haitiano y jamaicano, respectivamente, de la violencia homofóbica desatada durante la marcha del 19 de julio y del homicidio de Dwayne Jones es, sin duda, un buen primer paso que otros gobiernos de la región deberían seguir de manera habitual siempre que se produzcan sucesos de este tipo. Tal condena ha de ir acompañada de investigaciones independientes y exhaustivas en todos los casos de violencia y abusos contra personas LGBTI. Asimismo, todos los gobiernos del Caribe deben abolir las leyes discriminatorias, incluida la legislación sobre “sodomía” que criminaliza las actividades sexuales mantenidas en privado y con consentimiento mutuo. Tienen que promulgar leyes y políticas que prohíban la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, así como los crímenes de odio homofóbicos y transfóbicos.
No obstante, es sólo con la puesta en marcha de campañas de información pública y programas de educación en derechos humanos como se combatirá a la larga la grave situación de intolerancia y discriminación en la región y en el resto del mundo.
Fue muy alentador ver la semana pasada al arzobispo Desmond Tutu, icono del movimiento antiapartheid y premio Nobel, presentar, junto con la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, y el presidente del Tribunal Constitucional de Sudáfrica, Edwin Cameron, una campaña mundial sin precedente de educación pública para promover el respeto de los derechos LGBTI en todas partes. Como dijo Navi Pillay en la presentación, “para erradicar la discriminación hace falta algo más que simples cambios en las leyes y políticas. Deben cambiar el corazón y la mente de las personas también”.
Cabe esperar que los gobiernos del Caribe respondan positivamente a esta campaña y se animen a ponerla en práctica a escala nacional y subregional. Después de todo, tienen la responsabilidad, y la oportunidad, de hacer que su sociedad sea lo más incluyente y respetuosa posible.