Emiratos Árabes Unidos 2016/2017

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Emiratos Árabes Unidos 2016/2017

Las autoridades seguían restringiendo arbitrariamente el derecho a la libertad de expresión y de asociación, deteniendo y enjuiciando a quienes criticaban o se oponían al gobierno y a ciudadanos y ciudadanas extranjeros en aplicación de leyes penales sobre difamación y antiterroristas. Las desapariciones forzadas, los juicios injustos y la tortura y otros malos tratos bajo custodia continuaban siguiendo habituales. Seguían en prisión decenas de personas condenadas en juicios injustos en años anteriores, entre ellas presos y presas de conciencia. Las mujeres continuaban estando discriminadas en la legislación y en la práctica. Los trabajadores y las trabajadoras migrantes sufrían explotación y abusos. Los tribunales siguieron imponiendo condenas a muerte. No se tuvo constancia de ninguna ejecución.

Información general

Emiratos Árabes Unidos seguía formando parte de la coalición internacional encabezada por Arabia Saudí que participaba en el conflicto armado de Yemen (véase el apartado sobre Yemen), e intervino en acciones militares internacionales en Siria e Irak contra el grupo armado Estado Islámico.

En agosto, las autoridades acordaron el traslado a Emiratos Árabes Unidos de 15 hombres recluidos en el centro de detención estadounidense de Guantánamo (Cuba).

El gobierno no respondió a las peticiones presentadas por el relator especial sobre la tortura y otros expertos de derechos humanos de la ONU para visitar el país.

Libertad de expresión y de asociación

Las autoridades restringieron la ley relativa a la información electrónica y limitaron la libertad de expresión y de asociación en Internet, promulgando leyes que prohibían el uso de redes virtuales privadas. También detuvieron y enjuiciaron sin garantías ante la Sala de Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Federal a detractores pacíficos del gobierno y a otras personas, algunas de nacionalidad extranjera, en aplicación de las disposiciones sobre difamación del Código Penal, la legislación sobre delitos informáticos de 2012 y la ley antiterrorista de 2014. Las actuaciones de la Sala de Seguridad del Estado incumplían las normas internacionales sobre juicios justos.

En mayo, la Sala de Seguridad del Estado absolvió a Moza Abdouli de “insultos” a líderes e instituciones políticas de Emiratos Árabes Unidos y de “difusión de información falsa”. Moza Abdouli había sido detenida en noviembre de 2015, junto con su hermana Amina y su hermano Mosab. Otro hermano, Waleed Abdouli, detenido en noviembre de 2015 por criticar durante la oración del viernes la detención de sus hermanas y de su hermano, fue puesto en libertad sin cargos en marzo.

Al concluir el año, Tayseer al Najjar, periodista jordano detenido en diciembre de 2015, seguía recluido en espera de ser juzgado por la Sala de Seguridad del Estado, aparentemente por unas publicaciones en Facebook en las que había criticado a Emiratos Árabes Unidos y por sus supuestos vínculos con la proscrita organización egipcia Hermandad Musulmana. En octubre, Tayseer Al Najjar dijo a su esposa que, desde que se hallaba detenido, estaba perdiendo la vista.

En agosto, el gobierno intervino, aparentemente, en un intento de hackear a distancia el iPhone del defensor de los derechos humanos Ahmed Mansoor. De haberlo conseguido, habría podido acceder de forma remota a toda la información del teléfono y controlar a distancia sus aplicaciones, el micrófono y la cámara. El sofisticado programa espía utilizado para llevar a cabo esta operación era comercializado por NSO Group, empresa estadounidense con sede en Israel que, según afirmaba, vendía sus productos exclusivamente a gobiernos.

El defensor de los derechos humanos y preso de conciencia Mohammed al Roken seguía en prisión, cumpliendo una pena de 10 años impuesta tras el injusto juicio masivo de “los 94 de Emiratos Árabes Unidos” de 2013.

Desapariciones forzadas

Las autoridades sometieron a desaparición forzada a decenas de personas detenidas, algunas de ellas extranjeras, recluyéndolas durante meses en secreto y sin reconocer su detención, para interrogarlas. Tras ser puestas en libertad, muchas de ellas denunciaron haber sido torturadas y sometidas a malos tratos.

Abdulrahman Bin Sobeih estuvo sometido a desaparición forzada durante 3 meses tras ser devuelto por Indonesia a Emiratos Árabes Unidos en diciembre de 2015. En 2013 había sido condenado in absentia a 15 años de prisión en el juicio injusto de “los 94 de Emiratos Árabes Unidos”. Tras un nuevo juicio, en noviembre fue condenado a 10 años de prisión, seguidos de 3 años de vigilancia.

El preso de conciencia Nasser Bin Ghaith, personalidad académica y economista detenido en agosto de 2015, estuvo sometido a desaparición forzada hasta abril, cuando fue llevado ante la Sala de Seguridad del Estado y acusado de cargos derivados exclusivamente del ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y de asociación. A pesar de que denunció ante el tribunal que los funcionarios lo habían torturado y sometido a malos tratos, el juez no ordenó ninguna investigación. En diciembre la causa se remitió a un tribunal de apelación.

Tortura y otros malos tratos

La tortura y los malos tratos a personas detenidas, sobre todo a las que estaban sometidas a desaparición forzada, seguían siendo prácticas habituales y quedaban impunes. Ni el gobierno ni la Sala de Seguridad del Estado llevaban a cabo investigaciones independientes sobre las denuncias de tortura de los detenidos.

Entre marzo y junio, las autoridades dejaron en libertad al menos a 6 miembros de un grupo de 12 hombres de origen libio, a los que habían detenido en 2014 y 2015. Previamente, la Sala de Seguridad del Estado los había absuelto del cargo de prestar apoyo a grupos armados libios. Durante 2015, funcionarios de los servicios de Seguridad del Estado habían sometido al menos a 10 de ellos a meses de detención en régimen de incomunicación y a torturas que incluyeron palizas, descargas eléctricas y privación de sueño, antes de llevarlos a juicio. Se desconocía aún la suerte de dos de los hombres, mientras que entre los excarcelados en 2016 figuraban Salim al Aradi, ciudadano libio y canadiense, y Kamal Eldarat y su hijo, Mohammed Eldarat, ambos de nacionalidad libia y estadounidense.

Juicios injustos

Decenas de personas, algunas de ellas extranjeras, fueron juzgadas por la Sala de Seguridad del Estado, a menudo por cargos imprecisos, relacionados con la seguridad nacional. La Sala de Seguridad del Estado negó a los procesados el derecho a una defensa efectiva y aceptó pruebas obtenidas mediante tortura para condenarlos. En diciembre, el gobierno promulgó legislación que preveía un recurso de apelación en las causas sobre seguridad del Estado.

En marzo, la Sala de Seguridad del Estado declaró a 34 hombres culpables de cargos que incluían la fundación del grupo Juventud del Minarete (Shabab al Manara) para derrocar al gobierno y crear un “califato del estilo del Estado Islámico”. Les impuso penas de entre tres años de prisión y cadena perpetua. Las autoridades los habían detenido en 2013 y sometido a desaparición forzada durante 20 meses. Aparentemente, algunos fueron declarados culpables con arreglo a “confesiones” que, según alegaron, habían sido obtenidas mediante tortura.

En junio, la Sala de Seguridad del Estado condenó al ciudadano egipcio Mosaab Ahmed Abdel Aziz Ramadan a tres años de prisión por dirigir un “grupo internacional en Emiratos Árabes Unidos afiliado a la Hermandad Musulmana egipcia”. Antes del juicio, las autoridades lo sometieron a varios meses de desaparición forzada, durante los cuales, según afirmaba, funcionarios de seguridad lo obligaron a “confesar” bajo tortura.

Derechos de las mujeres

Continuaba la discriminación de las mujeres en la ley y en la práctica, sobre todo en relación con el matrimonio y el divorcio, la herencia y la custodia de los hijos e hijas. Las mujeres carecían de protección adecuada frente a la violencia sexual y la violencia en el ámbito familiar.

Derechos de trabajadores y trabajadoras migrantes

La población trabajadora migrante, que representaba en torno al 90% de la mano de obra privada, seguía sufriendo explotación y abusos. Los trabajadores y las trabajadoras continuaban estando ligados a los empleadores en virtud del sistema de patrocinio laboral (kafala) y no podían ejercer los derechos asociados a la negociación colectiva. Los sindicatos seguían estando prohibidos, y los trabajadores y trabajadoras migrantes que participaban en huelgas podían ser expulsados, con la prohibición durante un año de regresar a Emiratos Árabes Unidos.

En enero entraron en vigor los decretos ministeriales 764, 765 y 767 de 2015, que según el gobierno estaban destinados a abordar algunos abusos contra la población trabajadora migrante, como la arraigada práctica de la sustitución de contratos, en la que los empleadores exigían a los trabajadores y trabajadoras migrantes a su llegada a Emiratos Árabes Unidos que firmaran un nuevo contrato con salarios reducidos.

Los decretos no se aplicaban a las personas que trabajaban en el servicio doméstico, en su mayoría mujeres procedentes de Asia y África, que quedaban expresamente excluidas de la protección de la legislación laboral y especialmente expuestas a sufrir explotación y abusos graves, como trabajo forzoso y trata de personas.

Pena de muerte

Los tribunales impusieron condenas a muerte. No se tuvo constancia de ninguna ejecución. La Ley 7/2016, sobre protección de datos y expresión, amplió la aplicabilidad de la pena de muerte.

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