Resumen
Las autoridades hostigaron a periodistas, blogueros y blogueras, artistas y activistas por expresar sus opiniones de forma pacífica; condenaron al menos a cinco hombres a penas de prisión por “insultar” a autoridades y al parecer utilizaron un programa espía contra varias personas. También restringieron el derecho a la libertad de asociación y de reunión al impedir las actividades de algunas asociaciones críticas con las autoridades y hacer uso innecesario o excesivo de la fuerza para disolver manifestaciones. Tras un juicio sin las debidas garantías, un tribunal confirmó las penas de hasta 20 años de prisión impuestas a 43 personas condenadas en relación con las protestas por la justicia social que habían tenido lugar en 2017 en la región septentrional del Rif. Las fuerzas de seguridad detuvieron a miles de personas migrantes, que en algunos casos fueron trasladadas a la fuerza al sur del país o expulsadas. Las mujeres seguían sometidas a discriminación, incluida violencia sexual y otros tipos de violencia de género, y se impusieron condenas de prisión por presuntos abortos ilegales. La policía siguió hostigando a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. Las relaciones homosexuales consentidas entre personas adultas seguían siendo delito. Una nueva ley confirmó el amazigh como idioma oficial al mismo nivel que el árabe. Las autoridades impusieron condenas a muerte, pero no se llevaron a cabo ejecuciones. El Frente Polisario, que administraba los campos establecidos en Argelia para la población refugiada del Sáhara Occidental, detuvo al menos a dos personas que se habían mostrado críticas.
Situación de la pena de muerte
Abolicionista en la práctica
Retiene la pena de muerte en la legislación, pero lleva al menos 10 años sin llevar a cabo ejecuciones.
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