Resumen

Las autoridades respondieron a la pandemia de COVID-19 con un nuevo decreto-ley de emergencia sanitaria que restringía la libertad de circulación, de expresión y de reunión, y que utilizaron para incoar procesamientos por criticar la gestión gubernamental de la crisis o por incumplir las medidas de emergencia. Continuaron la intimidación, el hostigamiento y la detención de defensores y defensoras saharauis de los derechos humanos por expresar de forma pacífica sus opiniones. Las mujeres seguían sufriendo discriminación, así como violencia sexual y otras formas de violencia de género, y las dificultades que encontraban para acceder a la justicia aumentaron durante la pandemia. Las relaciones sexuales consentidas entre personas adultas del mismo sexo seguían siendo delito, y las autoridades no investigaban la incitación a la violencia contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. Se violaron los derechos de las personas migrantes, entre otras cosas como consecuencia de la falta de medidas adecuadas de protección contra la COVID-19 en los centros de detención de migrantes. El Frente Polisario, que administraba los campamentos de la población del Sáhara Occidental refugiada en Argelia, detuvo al menos a una persona por expresar críticas. Los tribunales impusieron condenas a muerte, pero no se llevaron a cabo ejecuciones.

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