Resumen

Las autoridades hostigaron a periodistas, blogueros y blogueras, artistas y activistas por expresar sus opiniones de forma pacífica; condenaron al menos a cinco hombres a penas de prisión por “insultar” a autoridades y al parecer utilizaron un programa espía contra varias personas. También restringieron el derecho a la libertad de asociación y de reunión al impedir las actividades de algunas asociaciones críticas con las autoridades y hacer uso innecesario o excesivo de la fuerza para disolver manifestaciones. Tras un juicio sin las debidas garantías, un tribunal confirmó las penas de hasta 20 años de prisión impuestas a 43 personas condenadas en relación con las protestas por la justicia social que habían tenido lugar en 2017 en la región septentrional del Rif. Las fuerzas de seguridad detuvieron a miles de personas migrantes, que en algunos casos fueron trasladadas a la fuerza al sur del país o expulsadas. Las mujeres seguían sometidas a discriminación, incluida violencia sexual y otros tipos de violencia de género, y se impusieron condenas de prisión por presuntos abortos ilegales. La policía siguió hostigando a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. Las relaciones homosexuales consentidas entre personas adultas seguían siendo delito. Una nueva ley confirmó el amazigh como idioma oficial al mismo nivel que el árabe. Las autoridades impusieron condenas a muerte, pero no se llevaron a cabo ejecuciones. El Frente Polisario, que administraba los campos establecidos en Argelia para la población refugiada del Sáhara Occidental, detuvo al menos a dos personas que se habían mostrado críticas.

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