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Turquía 2016/2017

Tras un golpe de Estado fallido, el gobierno emprendió una campaña de represión masiva contra el funcionariado público y la sociedad civil. Sus objetivos principales eran las personas acusadas de tener vínculos con el movimiento de Fethullah Gülen. Más de 40.000 personas permanecieron detenidas en espera de juicio durante los seis meses que duró el estado de excepción. Hubo indicios de tortura a personas detenidas tras el intento golpista. Se despidió a casi 90.000 funcionarias y funcionarios públicos, se cerraron cientos de medios de comunicación y ONG, y se detuvo a periodistas, activistas y miembros del Parlamento. Las fuerzas de seguridad siguieron cometiendo violaciones de derechos humanos con impunidad, especialmente en el sureste del país, de población predominantemente kurda donde, en los núcleos urbanos, se impuso el toque de queda durante las 24 horas del día. Hasta medio millón de personas se vieron desplazadas dentro del país. La UE y Turquía firmaron un “acuerdo sobre migración” con el propósito de impedir la afluencia de migrantes irregulares a la UE. A consecuencia del acuerdo se procedió a la devolución de cientos de personas refugiadas y solicitantes de asilo y disminuyeron las críticas de los órganos de la UE a Turquía por su historial de derechos humanos.

Información general

El presidente Erdoğan consolidó su poder a lo largo del año. En diciembre se presentaron al Parlamento varias enmiendas constitucionales dirigidas a conceder poderes ejecutivos al presidente.

Continuaron los enfrentamientos armados entre las fuerzas del Estado y del Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK), principalmente en el este y el sureste del país, zonas mayoritariamente kurdas. El gobierno sustituyó a los alcaldes elegidos en 53 municipios por interventores nombrados por él; 49 de los alcaldes sustituidos eran del Partido Democrático de las Regiones (DBP) grupo kurdo de oposición. En noviembre, nueve parlamentarios del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), grupo izquierdista de filiación kurda, fueron detenidos y puestos bajo custodia en espera de juicio, junto con numerosas personas elegidas para cargos locales.1 Las autoridades bloquearon una misión de investigación de la ONU en el sureste del país, y también obstaculizaron la labor de ONG nacionales e internacionales, entre ellas Amnistía Internacional, para impedirles documentar los abusos contra los derechos humanos cometidos en la región.

En marzo, la UE y Turquía firmaron un “acuerdo sobre migración”, cuyo propósito era impedir la migración irregular a la UE desde Turquía, y que también tuvo el efecto de acallar las críticas de la UE sobre los abusos contra los derechos humanos cometidos en el país.

El 15 de julio, varias facciones de las fuerzas armadas llevaron a cabo un violento intento de golpe de Estado, que fue sofocado rápidamente gracias en parte a la reacción de ciudadanos y ciudadanas corrientes, que se echaron a la calle para enfrentarse a los tanques. Las autoridades anunciaron que los actos de violencia ocurridos durante toda la noche, entre ellos el bombardeo del Parlamento y ataques contra otras sedes oficiales e infraestructuras civiles, se habían saldado con 237 víctimas mortales, incluidos 34 golpistas, y 2.191 personas heridas.

Tras el fallido golpe de Estado, el gobierno declaró el estado de excepción por un periodo de tres meses, que en octubre se prorrogó otros tres y en el que se suspendió toda una lista de artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU y del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Asimismo, se dictaron una serie de decretos ejecutivos que no respetaban siquiera estas normas reducidas. Se despidió a cerca de 90.000 funcionarias y funcionarios públicos, entre quienes había docentes, policías, militares, profesionales de la medicina, miembros de la judicatura y fiscales, aduciendo que tenían vínculos con una organización terrorista o representaban una amenaza para la seguridad nacional. Al parecer, la mayoría de los despidos se basaron en acusaciones de vinculación a Fethullah Gülen, ex aliado del gobierno a quien éste acusaba de ser el cerebro del intento golpista. No existía en la legislación una vía clara para impugnar esos despidos. Al menos 40.000 personas fueron detenidas y recluidas en espera de juicio, acusadas de estar relacionadas con el golpe o con el movimiento de Fethullah Gülen, que las autoridades llamaban “Organización Terrorista Fethullah Gülen” (FETÖ).

En agosto, Turquía emprendió una intervención militar en el norte de Siria contra el grupo armado autodenominado Estado Islámico y las Fuerzas de Defensa Popular, grupo armado kurdo afiliado al PKK. En octubre, el Parlamento prorrogó un año más el mandato que permitía a Turquía llevar a cabo intervenciones militares en Irak y Siria.

Libertad de expresión

La libertad de expresión sufrió un acusado deterioro durante el año. Tras declararse el estado de excepción, 118 periodistas fueron detenidos y recluidos en espera de juicio y 184 medios de comunicación fueron clausurados de forma arbitraria y permanente en aplicación de decretos ejecutivos, lo que restringió gravemente la actividad de los medios informativos de oposición.2 Quienes expresaban opiniones disidentes, sobre todo en relación con la cuestión kurda, eran amenazados con sufrir violencia y procesamiento penal. Aumentó la censura en Internet. En noviembre se cerraron por decreto ejecutivo al menos 375 ONG, incluidos grupos de defensa de los derechos de las mujeres, asociaciones de abogados y organizaciones humanitarias.

En marzo, un tribunal de la capital, Ankara, nombró a un interventor para el grupo de medios de comunicación de oposición Zaman, en relación con una investigación en curso sobre terrorismo. Tras la irrupción de la policía en las oficinas de Zaman, se obligó a publicar un artículo editorial favorable al gobierno a los periódicos y canales de televisión del grupo. En julio se cerraron con carácter permanente los medios de comunicación de Zaman junto con otros vinculados a Fethullah Gülen. También se clausuraron nuevos medios creados cuando el gobierno tomó el control de Zaman.

En mayo, el redactor jefe de Cumhuriyet, Can Dündar, y el representante del diario en Ankara, Erdem Gül, fueron declarados culpables de “revelar secretos de Estado” y condenados a 5 años y 10 meses, y 5 años de prisión, respectivamente, por publicar artículos en los que se afirmaba que las autoridades turcas habían intentado enviar armas clandestinamente a grupos armados de oposición en Siria. El gobierno aseguró que los camiones transportaban ayuda humanitaria para la población turcomana. La causa contra los periodistas estaba pendiente del resultado de su apelación al final del año. En octubre quedaron detenidos en espera de juicios otros 10 periodistas, acusados de cometer delitos en nombre de la FETÖ y del PKK.

En agosto, la policía cerró por orden judicial la sede del principal diario kurdo, Őzgür Gündem, debido a investigaciones en curso sobre terrorismo, motivo no previsto en la ley para ordenar el cierre. Dos redactores y dos periodistas fueron detenidos y recluidos en espera de juicio, procesados por delitos de terrorismo. Tres de ellos quedaron en libertad en diciembre, mientras que el redactor İnan Kızıkaya continuó bajo custodia.3 En octubre, en virtud de un decreto ejecutivo, Őzgür Gündem quedó clausurado permanentemente, junto con los principales medios de comunicación nacionales de orientación kurda.

Numerosas personas que en enero firmaron una petición de Académicos por la Paz en favor de la reanudación de las negociaciones de paz y del reconocimiento de las reivindicaciones del movimiento político kurdo recibieron amenazas de sufrir actos violentos y fueron sometidas a investigación administrativa y procesamiento penal. Cuatro de ellas permanecieron detenidas hasta una vista judicial celebrada en abril, tras la que fueron liberadas pero no absueltas.4 Al final del año, 490 de las personas firmantes eran objeto de investigación administrativa, y 142 habían sido despedidas. Desde el intento golpista, más de 1.100 estaban sometidas formalmente a investigación criminal.

Aumentó la censura en Internet, con órdenes de bloquear o retirar contenido de sitios web y cuentas de redes sociales, dictadas por las autoridades y rubricadas por jueces, pero contra las que no cabía interponer un recurso efectivo. En octubre, las autoridades interrumpieron los servicios de Internet en todo el sureste de Turquía y procedieron a limitar diversos servicios de redes sociales.

Libertad de reunión

Las autoridades prohibieron en Estambul las manifestaciones del Día Internacional del Trabajo por cuarto año consecutivo, así como el desfile anual del Orgullo por segundo año consecutivo, aduciendo motivos espurios. La policía empleó fuerza excesiva contra quienes intentaron celebrar pacíficamente estas marchas. A partir de julio, las autoridades aplicaron la legislación del estado de excepción para imponer prohibiciones generales que impedían celebrar manifestaciones en ciudades de todo el país. De nuevo, la policía empleó fuerza excesiva contra quienes intentaron ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica a pesar de las prohibiciones.

Tortura y otros malos tratos

Aumentaron los casos denunciados de tortura y otros malos tratos bajo custodia policial en zonas sometidas al toque de queda en el sureste del país e, inmediatamente después del intento de golpe de Estado, en Ankara y Estambul en especial. No se realizaron investigaciones efectivas sobre los abusos.

El estado de excepción suprimió garantías de protección de las personas detenidas y permitió prácticas anteriormente prohibidas, que contribuían a facilitar la tortura y otros malos tratos. El periodo máximo de detención sin cargos se elevó de 4 a 30 días, y se introdujeron medidas que permitían durante ese tiempo bloquear el acceso a un abogado durante 5 días y grabar las conversaciones entre abogado y cliente para entregarlas a la fiscalía. Se restringió aún más el acceso de las personas detenidas a asistencia letrada, así como su derecho a consultar con un abogado de su elección en lugar de tener uno de oficio. Se practicaron exámenes médicos en presencia de agentes de policía, y los informes resultantes se denegaron arbitrariamente a los abogados de las personas detenidas.

Como consecuencia de la eliminación de la institución nacional de derechos humanos en abril y de la inoperancia del organismo que la había sustituido, no existía un mecanismo nacional de observación independiente de los lugares de detención. El Comité del Consejo de Europa para la Prevención de la Tortura visitó varios centros de detención en agosto e informó de sus conclusiones a las autoridades turcas en noviembre. Sin embargo, el gobierno no había publicado el informe al final del año. Tras el aplazamiento de su visita a petición de las autoridades turcas, el relator especial de ONU sobre la tortura visitó el país en noviembre.

Las autoridades expresaron su adhesión a las políticas de tolerancia cero frente a la tortura, pero en algunos casos sus portavoces rechazaron sumariamente acusaciones contra ellas, afirmando que los golpistas merecían los abusos y que no se investigarían sus denuncias. Las autoridades acusaron a Amnistía Internacional y Human Rights Watch de ser instrumentos de la FETÖ tras una publicación conjunta de las ONG sobre tortura y otros malos tratos.5 En noviembre se cerraron por decreto ejecutivo tres asociaciones de profesionales del derecho que trabajaban sobre la tortura y la violencia policial.

Según información proporcionada por abogados, 42 personas detenidas en Nusaybin en mayo tras enfrentamientos entre individuos afiliados al PKK y las fuerzas gubernamentales fueron golpeadas y sometidas a otros malos tratos bajo custodia policial. Los abogados dijeron que a las personas detenidas, entre las que había menores de edad, les habían tapado la cabeza con una capucha, las golpearon durante el interrogatorio policial y no les prestaron asistencia médica adecuada por las lesiones sufridas.

En el periodo inmediatamente posterior al fallido golpe de Estado hubo informes sobre tortura y otros malos tratos generalizados a personas sospechosas de participar en él. En julio, cuando miles de personas permanecían bajo custodia de la policía de manera oficial y extraoficial, se denunciaron fuertes palizas, agresiones sexuales y casos de violación y amenaza de violación. Según la información disponible, aunque los peores abusos físicos parecían reservados a los miembros del ejército, inmovilizar a los detenidos en posturas forzadas y mantenerlos con las manos esposadas a la espalda, no darles agua ni comida suficientes o no dejarlos ir al retrete eran prácticas mucho más extendidas. A menudo no se comunicaba a los abogados y familiares de las personas detenidas que éstas estaban baja custodia hasta que se presentaban cargos contra ellas.

Uso excesivo de la fuerza

Hasta junio, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo operaciones contra individuos armados afiliados al PKK, que habían cavado trincheras y levantado barricadas en zonas urbanas del sureste de Turquía. La imposición de toques de queda que se prolongaban las 24 horas del día, lo que suponía prohibir por completo salir de casa, combinada con la presencia de tanques y otro armamento pesado en áreas pobladas, fue una respuesta desproporcionada y abusiva a un grave problema de seguridad y pudo equivaler a un castigo colectivo.6 Hubo indicios de que las fuerzas de seguridad aplicaron una política de “disparar a matar” contra individuos armados, como consecuencia de la cual también murieron y resultaron heridas personas desarmadas, y de desplazamiento forzado y generalizado de la población.

En enero, Refik Tekin, periodista de IMC TV, fue alcanzado por disparos cuando trasladaba a unos heridos para que recibieran tratamiento médico en Cizre, ciudad sometida al toque de queda. A pesar de estar herido por los disparos, presuntamente realizados desde un vehículo blindado policial, continuó grabando. Más tarde fue detenido e investigado en aplicación de la legislación antiterrorista.

Impunidad

Persistió una arraigada cultura de impunidad frente a los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad. Las autoridades no investigaron las denuncias de violaciones de derechos humanos generalizadas en el sureste del país, donde se dieron muy pocos o ninguno de los pasos básicos necesarios para enjuiciar los casos —incluso de muerte— denunciados y, en ocasiones, se amenazó a los testigos. En junio se aprobaron reformas legislativas que obligaban a solicitar la autorización del gobierno para investigar a miembros del ejército por su conducta en operaciones de seguridad, y a celebrar los juicios resultantes ante tribunales militares, que habían demostrado ser particularmente benignos al procesar a militares por abusos contra los derechos humanos.

Las declaraciones que hizo el gobierno para rechazar las denuncias de tortura y otros malos tratos bajo custodia policial tras el intento golpista fueron un preocupante punto de partida en la aplicación de las reformas.

A pesar de la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), las autoridades hicieron escasos o nulos progresos para detener la violencia generalizada contra las mujeres en el ámbito familiar y no establecieron procedimientos para investigar el motivo de odio en los casos de personas presuntamente asesinadas por su orientación sexual o identidad de género.

No se avanzó en las investigaciones sobre la muerte de unas 130 personas que se habían refugiado en los sótanos de tres edificios para protegerse de los enfrentamientos armados durante el toque de queda en Cizre en febrero. Cuando fuentes locales indicaron que había personas heridas con necesidad de atención médica urgente entre quienes se habían cobijado en los sótanos y que algunas habían muerto a causa de las heridas o al asaltar las fuerzas de seguridad los edificios, las autoridades alegaron que el PKK bloqueaba el acceso de las ambulancias.

El gobernador de la provincia de Ağrı, en el este de Turquía, denegó el permiso para llevar a cabo una investigación contra agentes de policía por la muerte de dos jóvenes, de 16 y 19 años, en Diyadin. Las autoridades aseguraban que la policía había disparado a ambos en defensa propia, pero un informe de balística demostró que el arma encontrada en el lugar del crimen no se había utilizado ni tenía las huellas dactilares de ninguno de los jóvenes.

Las autoridades no avanzaron en la investigación del homicidio de Tahir Elçi, presidente del Colegio de Abogados de Diyarbakir y destacado defensor de los derechos humanos, cometido en noviembre de 2015. El examen incompleto del lugar de los hechos y la desaparición de imágenes grabadas por cámaras de videovigilancia obstaculizaron la investigación.

Más de tres años después, las investigaciones sobre el uso de la fuerza por la policía en las manifestaciones del parque Gezi habían fracasado y sólo habían dado lugar a unos pocos enjuiciamientos insatisfactorios. El tribunal impuso una multa de 10.100 liras (3.000 euros) a un agente de policía en su segundo juicio por los disparos que habían causado la muerte del manifestante Ethem Sarisülük en Ankara. Otro tribunal redujo en un 75% la cuantía de la indemnización concedida a Dilan Dursun, mujer que había sufrido lesiones permanentes cuando participaba en las manifestaciones celebradas en Ankara el día del entierro de Ethem Sarisülük, al ser alcanzada en la cabeza por un bote de gas lacrimógeno disparado por la policía; el tribunal resolvió que la responsabilidad recaía en ella misma por tratarse de una “manifestación ilegal”.

Abusos cometidos por grupos armados

Los ataques indiscriminados y los ataques directos contra civiles aumentaron de forma considerable, reflejando el desprecio de los responsables por el derecho a la vida y el principio de humanidad. El Estado Islámico, el PKK y su rama conocida como los Halcones por la Libertad del Kurdistán (TAK), así como el Partido-Frente Revolucionario de Liberación Popular, reivindicaron esos ataques o les fueron atribuidos.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Turquía era el país que acogía al mayor número de personas refugiadas y solicitantes de asilo del mundo; según cálculos, había 3 millones residiendo en el país, sumando las poblaciones significativas de afganos e iraquíes a los 2,75 millones de sirios registrados, que eran reconocidos como personas beneficiarias de protección temporal. La UE llegó en marzo a un acuerdo sobre migración con Turquía para impedir la migración irregular a la UE que disponía la devolución a Turquía de personas solicitantes de asilo y refugiadas sin tener en cuenta las múltiples deficiencias del país en materia de protección.7 La frontera de Turquía con Siria se mantuvo cerrada en la práctica. Aunque hubo mejoras, la mayoría de la población refugiada siria infantil no tenía acceso a la educación, y la mayoría de la población refugiada siria adulta no tenía acceso a un empleo legal. Muchas familias refugiadas que carecían de medios adecuados de subsistencia vivían en la miseria.

En los primeros meses del año, las fuerzas de seguridad turcas llevaron a cabo devoluciones masivas de sirios, y también hubo casos de expulsiones inmediatas e ilegales a Siria y de disparos con y sin resultado de muerte realizados por guardias de fronteras turcos contra personas con necesidad de protección.

Personas internamente desplazadas

Cientos de miles de personas tuvieron que desplazarse de las zonas sometidas al toque de queda en el sureste del país. Avisadas de la imposición del toque de queda con sólo unas horas de antelación, se veían obligadas a marcharse con muy pocas pertenencias o sin nada. En muchos casos, las personas desplazadas no podían ejercer sus derechos sociales y económicos, como el acceso a la educación y a una vivienda adecuada. La indemnización que se les ofrecía por la pérdida de sus bienes y medios de subsistencia era inadecuada. La magnitud de la destrucción y el anuncio de proyectos de reurbanización que seguramente excluirían a los antiguos residentes pusieron en grave compromiso el derecho de retorno.8

  1. Turquía: Diputados del Partido de la Democracia de los Pueblos detenidos mientras crece la ofensiva contra voces de la oposición kurda (noticia, 4 de noviembre)
  2. Turquía: Campaña masiva de represión contra los medios de comunicación en Turquía (EUR 44/5112/2016)
  3. Turkey: End pre-trial detention of Özgür Gündem guest editors (EUR 44/4303/2016)
  4. Turquía: En libertad los profesores universitarios detenidos por firmar un llamamiento a la paz (EUR 44/3902/2016)
  5. Turquía: Las disposiciones del estado de excepción violan derechos humanos y deben ser revocadas (EUR 44/5012/2016)
  6. Turkey: Security operations in south-east Turkey risk return to widespread human rights violations seen in the 1990s (EUR 44/4366/2016)
  7. Turkey: No safe refuge. Asylum-seekers and refugees denied effective protection in Turkey (EUR 44/3825/2016)
  8. Turkey: Displaced and dispossessed. Sur residents' right to return home (EUR 44/5213/2016)

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