Georgia 2023
Se atacó la libertad de expresión. Agentes encargados de hacer cumplir la ley usaron fuerza innecesaria o excesiva para disolver protestas pacíficas. Persistían la justicia selectiva y el procesamiento de oponentes al gobierno por motivos políticos. La policía no protegió debidamente un acto del Orgullo. La violencia contra las mujeres y las niñas seguía siendo habitual. Continuaban recibiéndose informes sobre detenciones arbitrarias de civiles en los territorios escindidos.
Información general
El partido gobernante continuó consolidando su poder al tratar de restringir las libertades y debilitar a la sociedad civil, proponiendo, entre otras medidas, una legislación semejante a la ley rusa sobre “agentes extranjeros”.
La división política y las protestas públicas se intensificaron en el país, mientras la adhesión a la UE era cada vez más cuestionada en vista de los vínculos crecientes de Georgia con Rusia y el aumento de la retórica antioccidental. En noviembre, subrayando el apoyo popular, la Comisión Europea recomendó conceder a Georgia el estatuto de país candidato a la Unión Europea si mejoraba el Estado de derecho, tomaba medidas contra la polarización política y reforzaba la independencia judicial, entre otras condiciones. En diciembre, Georgia obtuvo el estatuto.
La migración procedente de Rusia tras la invasión en gran escala de Ucrania por ese país siguió contribuyendo a la espiral inflacionista, el aumento del coste de la vida y la desigualdad económica.
Libertad de expresión
Los ataques a la libertad de expresión fueron en aumento, sobre todo tras las manifestaciones generalizadas de marzo, que obligaron al gobierno a retirar su anteproyecto de Ley de Transparencia de la Influencia Extranjera, dirigida contra organizaciones y medios de comunicación independientes con financiación extranjera considerados agentes de influencia extranjeros.
En abril, el Parlamento retiró la acreditación a seis periodistas —según informes, como represalia por sus preguntas críticas— aplicando una reforma del código de conducta parlamentaria para los medios de comunicación aprobada hacía poco que exigía el consentimiento de los miembros del Parlamento para ser entrevistados.
Defensores y defensoras de los derechos humanos y otros actores de la sociedad civil denunciaron un aumento de las amenazas, la difamación y el acoso que sufrían por criticar al gobierno, así como riesgos para su integridad física. En julio, al menos seis personas críticas con el gobierno denunciaron agresiones físicas aparentemente coordinadas que disculparon públicamente altos cargos del partido gobernante. El 17 de junio, según informes, seguidores del gobierno golpearon a un grupo de estudiantes que protestaban en la Universidad Estatal de Tiflis durante una conferencia del presidente del partido en el poder. Uno de los estudiantes contó que un agente de policía lo había amenazado con un arma en el hospital. Al concluir el año estaba pendiente una investigación sobre el incidente.
En octubre, los servicios de seguridad citaron para ser interrogadas a varias personas que habían participado en una formación organizada por la ONG Centro de Acciones y Estrategias No Violentas Aplicadas, afirmando que las personas responsables de la formación planeaban el derrocamiento violento del gobierno. La organización del acto y la relatora especial de la ONU sobre los defensores y defensoras de los derechos humanos rechazaron la acusación por considerar que carecía de base y que era un intento de desprestigiar a la sociedad civil.
Libertad de reunión
Las autoridades recurrieron cada vez más al uso innecesario y desproporcionado de la fuerza para disolver protestas pacíficas e introdujeron nuevas medidas restrictivas, especialmente después de las protestas generalizadas contra el anteproyecto de ley sobre transparencia de la influencia extranjera. En cambio, los grupos violentos que atacaban a miembros de la oposición política y a personas LGBTI en actos del Orgullo en buena medida gozaban de impunidad y la policía no trataba de disuadirlos. El 17 de octubre, el presidente vetó una reforma de la Ley de Reuniones y Manifestaciones que habría prohibido levantar “construcciones temporales” consideradas “no esenciales” para una reunión, restringiendo indebidamente la libertad de reunión.
El 2 de marzo, durante las protestas en gran medida pacíficas en contra del anteproyecto de ley sobre transparencia de la influencia extranjera, la policía disolvió una concentración y arrestó por cargos administrativos a 36 personas, 2 de ellas periodistas que cubrían la manifestación. Los días 7 y 8 de marzo, la policía empleó gas lacrimógeno y cañones de agua sin previo aviso contra miles de personas que se manifestaban ante el Parlamento y arrestó a 146 por cargos administrativos. Se impusieron multas de entre 500 y 2.000 laris (entre 190 y 750 dólares estadounidenses) a decenas de manifestantes por vandalismo leve o desobediencia a la policía. Al menos uno de ellos, Lazare Grigoriadis, fue recluido en detención preventiva por el cargo de violencia contra la policía. El Parlamento retiró el anteproyecto de ley el 10 de marzo.
El 2 de junio, siete activistas que llevaban a cabo una sentada pacífica con pancartas y papeles en blanco ante el Parlamento fueron arrestados por la policía, privados de contacto con familiares y abogados, y sancionados con multas de hasta 2.000 laris (750 dólares) por vandalismo y desobediencia a la policía.
Juicios injustos
El sistema judicial seguía atravesando lo que las ONG locales calificaban de crisis de legitimidad y confianza, mientras persistían los motivos de preocupación relacionados con la justicia selectiva y los procesamientos de motivación política. El 5 de abril, el Departamento de Estado estadounidense sancionó a cuatro altos magistrados de Georgia por corrupción, abuso del cargo y menoscabo del sistema judicial.
Continuó el juicio del expresidente Mikheil Saakashvili, encarcelado, entre otros cargos, por corrupción y abuso de poder. El 6 de febrero, un tribunal se pronunció en contra de su puesta en libertad por motivos humanitarios a pesar de que su salud se había deteriorado gravemente y de que, según informes, carecía de atención médica adecuada.
El 23 de junio, Nika Gvaramia, cofundador de la cadena afín a la oposición Mtavari TV, quedó en libertad en virtud de un indulto presidencial. Había sido condenado a tres años y seis meses de prisión por cargos infundados de abuso de poder. Una semana antes, el Tribunal Supremo había desestimado su recurso de apelación.
El 29 de septiembre, un tribunal dictó prisión preventiva para Lazare Grigoriadis (véase supra) por cargos que se remontaban a 2021, poco antes de que expirara el plazo legal de su detención preventiva en relación con las protestas de marzo. Tras su arresto el 29 de marzo, altos cargos del gobierno se habían referido a él reiteradamente como delincuente e hicieron comentarios despectivos sobre su apariencia y su supuesta orientación sexual.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)
Se intensificó la propaganda anti-LGBTI por parte de cargos públicos y sus simpatizantes, y la policía no protegió debidamente las concentraciones LGBTI frente a manifestantes violentos.
El 8 de julio, alrededor de 2.000 manifestantes anti-LGBTI irrumpieron en un acto privado del Orgullo en Tiflis, destruyeron y saquearon bienes, destrozaron el escenario y prendieron fuego a carteles y banderas arcoíris. Los agentes de policía presentes en el lugar no hicieron nada para impedir estos actos violentos.
Derechos de las mujeres
Seguía siendo habitual la violencia contra las mujeres, incluidos el femicidio y otras formas de violencia basada en el género. El 15 de junio, en la causa Gaidukevich v. Georgia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que el gobierno había violado el derecho a la vida y la prohibición de la discriminación al no proteger a una víctima de violencia de género intrafamiliar, lo que incluía no haber realizado una investigación efectiva de su presunto suicidio.
La violencia contra las mujeres en política seguía siendo generalizada; según las conclusiones de un estudio de la ONU, el gobierno no estaba abordando el problema a pesar de su alta incidencia y gravedad. Además, las mujeres que se dedicaban a la política seguían siendo objeto de expresiones sexistas y misóginas, y sufrían discriminación basada en el género como opositoras políticas, sobre todo por parte de altos cargos del partido gobernante.
Derecho a un medioambiente saludable
El gobierno publicó su Estrategia de Desarrollo a Largo Plazo con Bajas Emisiones, por la que Georgia se comprometía a alcanzar la “neutralidad climática” en 2050.
Abjasia y Osetia del Sur / Región de Tsjinvali
Continuaba restringida la libertad de circulación entre el territorio bajo control del gobierno y las regiones escindidas de Abjasia y Osetia del Sur. Persistían los informes de homicidios, detenciones arbitrarias y malos tratos de civiles a manos de las autoridades de facto en las regiones escindidas. El 6 de noviembre, un hombre murió por disparos y otro fue detenido por soldados rusos cuando visitaban una iglesia situada en la línea fronteriza administrativa con Osetia del Sur.
Tortura y otros malos tratos
Según informes, la salud de Irakli Bebua, hombre de etnia georgiana residente en Gali que cumplía nueve años de prisión por quemar la bandera de Abjasia, se había deteriorado hasta un punto crítico debido a las enfermedades crónicas que padecía y a la falta de atención médica adecuada bajo custodia. Al menos siete personas continuaban en detención arbitraria en condiciones precarias a manos de las autoridades de facto de las regiones escindidas.