Resumen

La Ley Penal de 2016 contenía disposiciones que protegían los derechos humanos, pero no se aplicó de forma adecuada. Seguía preocupando la negación de los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de circulación, así como de acceso al país de medios de comunicación extranjeros. Se suspendieron los pasaportes de varios ex parlamentarios. Centenares de personas refugiadas y solicitantes de asilo continuaron recluidas en un centro de Nauru, mientras que otras vivían en la comunidad, en virtud del acuerdo sobre el traslado de personas al que el país había llegado con Australia. En mayo se derogó la pena de muerte para todos los delitos.

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