Resumen

El intento de establecer una institución nacional de derechos humanos no había avanzado desde 2012, y la sociedad civil continuaba pidiendo procedimientos de presentación de denuncias con facultades para investigar violaciones de derechos humanos. Las cuestiones relacionadas con las personas LGBTI ganaron cierto impulso político, pero persistía la discriminación. La ley no protegía plenamente los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes y sus familias, y Japón no había ratificado aún la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios.

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