Japón 2022
La respuesta de las autoridades a la crisis climática fue insuficiente. Continuaba la arraigada discriminación de mujeres, migrantes, solicitantes de asilo, personas de etnia coreana y personas LGBTI. Se siguieron recibiendo noticias sobre reclusión prolongada y trato inhumano de personas extranjeras en centros de detención para inmigrantes.
Información general
El ex primer ministro Shinzo Abe murió en el hospital tras haber recibido un disparo en un acto de campaña electoral en julio. En noviembre dimitió el ministro de Justicia Yasuhiro Hanashi tras haber bromeado sobre la pena de muerte, asegurando que el titular de ese ministerio sólo acaparaba los titulares cuando firmaba órdenes de ejecución.
Actuación deficiente contra la crisis climática
Japón siguió siendo el mayor financiador público mundial de proyectos de petróleo, gas y carbón, y uno de los mayores usuarios de carbón para generar electricidad, políticas éstas que socavaban los objetivos del Acuerdo de París.
Continuaba en vigor el sexto plan energético básico, aprobado por el gabinete del primer ministro, Fumio Kishida, en octubre de 2021. Su objetivo era descarbonizar la economía japonesa para 2050, y reducir los gases de efecto invernadero en un 46% con respecto a las cifras de 2013 (año base) para 2030, metas que no llegaban al nivel necesario para cumplir el objetivo del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura media a 1,5 °C. Asimismo, el plan preveía mantener el 19% de la energía generada con carbón, lo cual no se ajustaba a la necesidad de reducir progresivamente el empleo de carbón hasta eliminarlo casi por completo para 2030. Seguían en funcionamiento 166 plantas eléctricas de carbón, lo que retrasaba la transición a fuentes de energía renovables, y Japón continuaba planificando la construcción de nuevas plantas de este tipo.
Discriminación
Seguía proliferando la apología del odio online contra la población de etnia coreana. Se difundió por las redes sociales desinformación que acusaba erróneamente a personas de etnia coreana residentes en Japón de estar detrás del asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe. En agosto, un hombre fue condenado a cuatro años de prisión por haber incendiado siete edificios en Uji, barrio de etnia coreana de Kioto. Al parecer, estaba influido por comentarios anticoreanos publicados en las redes sociales, y admitió que con su atentado pretendía infundir a la población coreana miedo de vivir en Japón.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)
La Dieta Nacional (Parlamento) siguió sin aprobar el proyecto de ley contra la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales. En junio, el Tribunal de Distrito de Osaka rechazó el argumento de tres parejas homosexuales (dos masculinas y una femenina) de que la prohibición del matrimonio homosexual en Japón era inconstitucional.1
También en junio, el gobierno metropolitano de Tokio aprobó un proyecto de ley por el que se reconocían las uniones homosexuales, a las que se hacían extensivos los derechos de los que ya gozaban las parejas heterosexuales. Así, a partir de noviembre, el gobierno metropolitano de Tokio empezó a expedir certificados de unión, aunque esto no implicaba el reconocimiento de las uniones homosexuales como matrimonios legítimos. El Tribunal de Distrito de Tokio respaldó la prohibición gubernamental del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero reconoció que la inexistencia de una vía legal que permitiera a las parejas homosexuales tener familia constituía una vulneración de sus derechos humanos.2
Derechos de las mujeres
Japón ocupó el puesto número 116 en un estudio realizado por el Foro Económico Mundial entre 146 países para determinar su grado de evolución en materia de igualdad de género, según la participación económica y política de las mujeres, su educación, su salud y otras oportunidades. En todo el país las mujeres estaban muy infrarrepresentadas en el ámbito político y constituían sólo el 10,6% de quienes integraban las asambleas de las prefecturas.
En julio, el Tribunal Supremo confirmó una sentencia de un tribunal superior que ordenaba a Noriyuki Yamaguchi pagar a la periodista Shiori Ito 3,32 millones de yenes japoneses (24.000 dólares estadounidenses) por daños y perjuicios. En su sentencia, el tribunal superior había determinado previamente que Yamaguchi había violado a la periodista en un hotel cuando ésta se encontraba inconsciente. Shiori Ito continuó hablando públicamente sobre su experiencia, influyendo en el movimiento #MeToo de Japón e impulsando a otras personas a hablar en público sobre sus experiencias de acoso y violencia sexuales.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Se siguió sometiendo a personas extranjeras a reclusión prolongada y trato inhumano en centros de detención para inmigrantes. El gobierno decidió no volver a presentar un controvertido proyecto de reforma de la Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de la Condición de Refugiado días después de que se celebraran en todo Japón manifestaciones contra la reforma. El proyecto de ley mantenía la presunción de detención, y las enmiendas propuestas no establecían unos periodos máximos de reclusión y seguían negando el debido proceso a las personas recluidas, al no permitir la revisión judicial de las órdenes de detención. Entre las personas que se manifestaron en el centro de Nagoya figuraba la familia de Ratnayake Liyanage Wishma Sandamali, srilankesa que murió en marzo de 2021 mientras se encontraba detenida en la Oficina Regional de Servicios de Inmigración de Nagoya.
En enero, dos solicitantes de asilo demandaron al gobierno, afirmando que las detenciones arbitrarias efectuadas por las autoridades de inmigración del país violaban el derecho internacional. Los dos hombres, de Irán y Turquía respectivamente, habían pasado más de 1.350 días detenidos en centros de inmigración japoneses entre 2016 y 2020. En ambos casos estaba prevista su expulsión del país, y llevaban más de 10 años siendo detenidos reiteradamente para, después, quedar en libertad provisional.
Pena de muerte
En julio, Tomohiro Kato fue ejecutado en la horca cuando ya había iniciado el proceso de solicitud de un segundo juicio. Había sido declarado culpable del homicidio de siete personas en 2008. Ésta era la segunda ejecución que se llevaba a cabo desde la toma de posesión del cargo del primer ministro, Fumio Kishida, en octubre de 2021.