India 2022
Los derechos de los defensores y defensoras de los derechos humanos y de las minorías religiosas se vieron socavados por leyes y políticas aprobadas sin las adecuadas consultas públicas y legislativas. El gobierno reprimió selectiva y ferozmente a las minorías religiosas, mientras que dirigentes de la esfera política y autoridades públicas hacían con frecuencia y de manera explícita apología del odio hacia esas minorías con impunidad. Se efectuaron impunemente demoliciones punitivas de viviendas y empresas de familias musulmanas. Las personas que se manifestaban de manera pacífica en defensa de los derechos de las minorías fueron presentadas y tratadas como amenazas contra el orden público. Se utilizó profusamente legislación represiva, especialmente la antiterrorista, para silenciar la disidencia. Las autoridades recurrieron a las tecnologías digitales, incluida la vigilancia ilegítima, para intimidar a defensores y defensoras de los derechos humanos. La población adivasi y comunidades marginadas, incluida la dalit, siguieron sufriendo violencia y una arraigada discriminación.
Libertad de expresión y de asociación
El 11 de mayo, el Tribunal Supremo dio un paso positivo al suspender la aplicación del artículo 124A del Código Penal —disposición de 152 años de antigüedad que penalizaba la sedición— hasta que el gobierno volviera a examinarlo.
En un panorama de hostigamiento e intimidación constantes, se impusieron restricciones ilegítimas y de motivación política a organizaciones de la sociedad civil y defensores y defensoras de los derechos humanos, como activistas, periodistas, estudiantes e intelectuales.
El 14 de julio, la cámara baja del Parlamento prohibió utilizar en los debates parlamentarios una serie de palabras de uso habitual, tales como “corrupto”, “acoso sexual”, “criminal”, “patraña”, “incompetente” e “hipocresía”. Esta prohibición era un intento de controlar los discursos de la oposición en el Parlamento.
El 7 de septiembre, el Departamento del Impuesto sobre la Renta llevó a cabo redadas coordinadas, que se presentaron como “inspecciones”, en las oficinas de distintas ONG —como Oxfam, la Fundación de Medios Independientes y de Servicio Público y el Centro de Investigación de Políticas—, alegando incumplimientos de la Ley de Regulación de Contribuciones Extranjeras.
El 27 y el 28 de septiembre se llevaron a cabo redadas masivas contra la ONG Frente Popular de India y sus entidades asociadas en toda India. En total fueron detenidos más de 300 de sus dirigentes y miembros. Posteriormente, el Ministerio del Interior la declaró “asociación ilícita” en aplicación de la Ley de Prevención de Actividades Ilegales —antiterrorista— por su presunta implicación en la “financiación del terrorismo y de actividades terroristas”, aunque no se presentaron cargos contra las personas detenidas ni hubo ningún juicio.
El 27 de julio, el Tribunal Supremo ratificó las disposiciones de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero (2002) relativas a las facultades de detención, confiscación de bienes y registro e incautación que ésta confería a la Dirección de Aplicación de la Ley —principal órgano indio de investigación de delitos económicos—, de las cuales se había abusado reiteradamente para reprimir a la sociedad civil y limitar la disidencia.
A lo largo del año, las autoridades recurrieron de manera habitual a la prohibición de viajar fuera del país a fin de acallar voces independientes, como las del activista de derechos humanos y exdirector de Amnistía Internacional India Aakar Patel, la periodista Rana Ayyub y al menos dos periodistas cachemires que iban a hablar en el extranjero sobre la situación de derechos humanos de India.
Detención y reclusión arbitrarias
Detenciones arbitrarias
El gobierno reprimió las voces críticas mediante detenciones arbitrarias, efectuadas en aplicación de leyes draconianas y represivas e incluso sin seguir el debido proceso.
El 25 de abril, Jignesh Mevani, miembro dalit independiente de la Asamblea Legislativa de Guyarat, volvió a ser detenido inmediatamente después de que un tribunal del estado de Assam le hubiera concedido la libertad bajo fianza. Su primera detención había sido por una publicación en Twitter en la que pedía al primer ministro indio, Narendra Modi, que mantuviera la paz en el estado de Guyarat, donde se había desatado la violencia religiosa.
El 25 de junio, las autoridades detuvieron y recluyeron a la destacada defensora de los derechos humanos Teesta Setalvad y a los ex agentes de policía Sanjeev Bhatt y RB Sreekumar por falsedad documental y falsificación de pruebas, entre otros cargos que parecían presentar en represalia por su labor con las víctimas de los disturbios de 2002 en Guyarat.
El 28 de junio, en la capital india, Nueva Delhi, la policía detuvo al cofundador de la página web independiente de verificación de noticias ALT News, Mohammed Zubair, a quien se acusó de haber “herido sentimientos religiosos” y “promovido la animosidad” en Twitter por haber denunciado la discriminación de las minorías y criticado el aumento de la censura.
El 10 de junio, la policía detuvo al activista de derechos humanos Javed Mohammed, su esposa, su hija y muchas personas más como “conspiradores clave” en la violencia entre comunidades que se había desatado en Prayagraj (estado de Uttar Pradesh).
Detención prolongada
Continuaba la detención sin juicio de 11 activistas de derechos humanos en el estado de Maharashtra en aplicación de la Ley de Prevención de Actividades Ilegales. Las personas detenidas eran la profesora universitaria Shoma Sen y el profesor universitario Hany Babu; el activista de los derechos tribales Mahesh Raut; el poeta Sudhir Dhawale; el abogado Surendra Gadling; los activistas de derechos civiles Rona Wilson, Arun Ferreira y Vernon Gonsalves; y 3 integrantes del grupo cultural Kabir Kala Manch: Ramesh Gaichor, Jyoti Jagtap y Sagar Gorkhe. Habían sido detenidos entre 2018 y 2020 por la Agencia Nacional de Investigación —principal organismo indio de lucha contra el terrorismo—, por presunta participación en los actos de violencia que habían tenido lugar en las celebraciones de Bhima Koregaon, cerca de la ciudad de Pune, en 2018.
Al menos 8 personas de religión musulmana —estudiantes, concejales y activistas de derechos humanos— continuaban detenidas sin juicio en aplicación de la Ley de Prevención de Actividades Ilegales por su presunta implicación en la organización de los actos de violencia religiosa que se produjeron en Delhi en febrero de 2020 y se saldaron con al menos 53 víctimas mortales, la mayoría de ellas musulmanas.
Cuatro periodistas, entre ellos Siddique Kappan, permanecían detenidos en aplicación de la legislación sobre sedición y de la Ley Prevención de Actividades Ilegales. En el momento de su detención, en octubre de 2020, Siddique Kappan se dirigía al distrito de Hathras (estado de Uttar Pradesh) para informar sobre la violación en grupo y asesinato de una joven dalit.
Homicidios y ataques ilegítimos
Entre abril y junio se desató la violencia entre comunidades en los estados de Guyarat, Madhya Pradesh, Jharkhand, Delhi, Rayastán y Bengala Occidental durante las festividades religiosas de Ram Navami y Ramzan (Ramadán). Poco después de estos actos de violencia, una serie de dirigentes políticos y cargos públicos de Madhya Pradesh hicieron declaraciones en las que amenazaban con demoler viviendas de manifestantes. Entre estas personas figuraban el subinspector general de policía de Khargone, así como la máxima autoridad policial y el ministro del Interior del estado de Madhya Pradesh. Este último declaró, al parecer: “Nos aseguraremos de que las casas de las que procedían las piedras acaben convertidas también en un montón de piedras”. Después de hacerse públicas estas declaraciones, las autoridades demolieron ilegítimamente inmuebles de personas sospechosas de haber participado en los disturbios en los estados de Madhya Pradesh, Guyarat, Delhi y Uttar Pradesh, y lo hicieron, según informes, sin cumplir los requisitos de notificación ni otros aspectos del debido proceso. La mayoría de los inmuebles destruidos pertenecían a personas musulmanas económicamente desfavorecidas.
Según informaron los medios de comunicación, el 10 de junio, agentes de policía golpearon con porras a manifestantes, lanzaron piedras y dispararon contra transeúntes durante las protestas que tuvieron lugar en Ranchi (estado de Jharkhand). Un joven ajeno a las protestas que pasaba por allí al volver del mercado recibió 6 disparos de la policía. Dos manifestantes —uno de ellos un muchacho de 15 años— murieron tras ser alcanzados en la cabeza por disparos policiales.
Libertad de reunión
Restricciones del derecho a protestar
Las autoridades impusieron nuevas restricciones a la libertad de expresión y de reunión pacífica. El 3 de marzo, el Tribunal Superior del estado de Karnataka confirmó una orden del estado por la que todas las protestas quedaban restringidas a una zona concreta de la capital, Bangalore.
El 26 de septiembre, la policía del estado de Guyarat detuvo al activista de derechos humanos Sandeep Pandey y a otras siete personas que iban a participar en una manifestación para exigir una disculpa pública para Bilkis Bano, sobreviviente de una violación en grupo. El gobierno de Guyarat había excarcelado a los condenados por su violación.
Uso excesivo de la fuerza
La policía empleó fuerza ilegítima y cometió otras violaciones de derechos humanos, incluido el empleo indebido de la ley para intimidar a la población y silenciar a la disidencia.
El 10 de junio, muchos medios de comunicación se hicieron eco de un vídeo que mostraba a unos agentes de policía golpeando una y otra vez con porras a unos manifestantes detenidos en Saharanpur (estado de Uttar Pradesh). Uno de los manifestantes denunció haber sufrido una fractura en el brazo. En lugar de criticar el empleo de la fuerza, ex agentes de policía y políticos del gobernante Partido del Pueblo Indio (Bharatiya Janata Party) celebraron el vídeo en las redes sociales.
El 4 de octubre, la policía del estado de Guyarat ató a un poste de la luz en la ciudad de Kheda a nueve hombres que al parecer habían lanzado piedras durante la celebración de una fiesta hindú, y los azotó con lathis (cañas de bambú lastradas) mientras las personas asistentes vitoreaban.
Libertad de religión
Se utilizó de manera desproporcionada la legislación penal contra las minorías religiosas, especialmente la musulmana, a cuyos integrantes la policía detenía de manera habitual y acusaba de “promover la hostilidad entre grupos” y “ofender sentimientos religiosos” por actos tales como rezar sus oraciones (namaz), llevar a cabo transacciones comerciales legítimas, casarse con mujeres hindúes con consentimiento de éstas y comer carne de res.
En mayo, julio y agosto, se encausó penalmente o se sancionó por vía administrativa a decenas de personas musulmanas por haber rezado sus oraciones en espacios públicos o domicilios particulares.
En los estados de Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Kerala y Guyarat, algunos grupos hindúes pidieron públicamente el boicot económico de los negocios musulmanes. El 23 de marzo, el ministro de Justicia, Asuntos Parlamentarios y Legislación del estado de Karnataka afirmó que las personas no hindúes no podían llevar a cabo ningún tipo de actividad comercial en las proximidades de templos e instituciones hindúes. También en el estado de Karnataka se instó a boicotear carnicerías musulmanas durante la fiesta hindú de Dussehra. El 4 de abril, el alcalde de la Corporación Municipal del Sur de Delhi ordenó el cierre de todas las carnicerías —propiedad, en su mayoría, de personas musulmanas— durante la fiesta hindú de Navratri.
En Uttar Pradesh y Delhi, sacerdotes hindúes incitaron explícita e impunemente a la violencia contra la población musulmana e instaron, incluso, a violar y asesinar a mujeres musulmanas.
El 17 de mayo, el gobierno del estado de Karnataka aprobó una ley —sin someterla previamente a consulta pública ni legislativa— que ilegalizaba los matrimonios cuando un familiar o una persona conocida de uno de los cónyuges denunciaba que su conversión religiosa había sido forzada, y castigaba esas conversiones con hasta 10 años de prisión. El 11 de noviembre, 5 hombres fueron detenidos en Karnataka acusados de conversión forzada. En Uttar Pradesh, donde se había aprobado una ley similar en 2021, se produjeron ataques y actos de violencia contra personas de religión cristiana por denuncias de conversión forzada.
Discriminación
Delitos de odio basados en la casta
Se cometieron con impunidad delitos de odio —en ocasiones, con violencia— contra la población dalit y adivasi. En 2021 se denunciaron más de 50.000 presuntos delitos contra miembros de las castas reconocidas y más de 9.000 contra adivasis. Más de las tres cuartas partes de la población penitenciaria india se encontraba en espera de juicio, y dentro de ese segmento había un número desproporcionado de personas dalits, adivasis y pertenecientes a otros grupos desfavorecidos.
A lo largo del año, las noticias de los medios de comunicación mostraron cómo la comunidad dalit —incluidos niños y niñas— sufría cada vez más la opresión y la violencia de las castas dominantes, y sus miembros llegaban incluso a perder la vida por el ejercicio de derechos básicos, como beber agua de un pozo comunitario.
Aunque la recogida manual de excrementos estaba oficialmente prohibida, al menos 19 trabajadores de la limpieza murieron asfixiados tras ser obligados por empresas privadas, dirigentes de partidos políticos o policías a limpiar alcantarillas y fosas sépticas. Casi tres cuartas partes de los trabajadores de la limpieza de toda India pertenecían a castas reconocidas.
Derechos de los pueblos indígenas
El 28 de junio, el Ministerio de Medioambiente, Silvicultura y Cambio Climático aprobó las Reglas de Conservación Forestal, que permitían a las empresas privadas talar bosques sin necesidad de contar con el consentimiento libre, previo e informado de quienes vivían en ellos, incluidos los pueblos adivasis, que se identificaban a sí mismos como indígenas.
El 17 de julio, la policía de Jharkhand detuvo arbitrariamente al periodista independiente Rupesh Kumar Singh en represalia por su amplia labor informativa sobre los derechos de los pueblos adivasis del distrito de Giridih (estado de Jharkhand).
A lo largo del año fueron detenidas más de 60 personas —habitantes de zonas forestales, defensores y defensoras de los derechos ambientales y adivasis— por protestar contra un proyecto siderúrgico de la empresa Jindal Steel Works en la localidad de Dhinkia (estado de Odisha) que el gobierno había aprobado basándose en un informe de impacto ambiental fraudulento.
Jammu y Cachemira
Libertad de expresión
Se detuvo a varios periodistas cachemires, entre ellos Fahad Shah, Aasif Sultan y Sajad Gul. Aunque los tribunales locales les concedieron la libertad bajo fianza, volvieron a ser detenidos casi de inmediato en aplicación de la Ley de Prevención de Actividades Ilegales. En el marco de la constante represión de las libertades de expresión y circulación, las autoridades de fronteras prohibieron viajar al extranjero a los periodistas Aakash Hassan y Sanna Irshad Mattoo sin orden ni mandamiento judicial alguno, ni siquiera una explicación por escrito. El defensor de los derechos humanos Khurram Parvez seguía detenido en aplicación de la Ley de Prevención de Actividades Ilegales y sin juicio desde noviembre de 2021.
Homicidios ilegítimos
Según datos oficiales, Jammu y Cachemira era el estado indio en el que la policía había estado implicada en más muertes entre abril de 2020 y marzo de 2022. Asimismo, la información de los medios de comunicación indicaba que, durante 2022, los grupos armados habían acabado con la vida de al menos 19 civiles, incluidas 7 personas de la minoría regional hindú.
Derecho a la privacidad
El 6 de abril, el Parlamento aprobó la Ley de Procedimiento Penal (Identificación) de 2022, que permitía a la policía recoger la firma, muestras de escritura, muestras biológicas —de sangre, semen y cabello— y análisis de muestras y de ADN de todas las personas condenadas y detenidas, incluidas las sometidas a detención administrativa. De conformidad con esa ley, todas estas muestras y análisis se podían almacenar hasta 75 años en una base de datos central, sin que existiera ningún marco de protección de datos.
El 25 de agosto, el Tribunal Supremo se negó a hacer público un informe de investigación que había encargado sobre la presunta vigilancia ilegítima por parte de las autoridades gubernamentales de los dispositivos móviles de periodistas, personas del mundo de la política y de la ciencia y activistas de derechos humanos utilizando el programa espía Pegasus.
Derechos de las mujeres
Se siguieron cometiendo impunemente actos de violencia sexual y de violencia de género intrafamiliar.
El gobierno del estado de Karnataka prohibió a las mujeres y a las niñas llevar hiyab en las escuelas públicas. El Tribunal Superior de Karnataka confirmó esa prohibición en marzo. En octubre, el Tribunal Supremo emitió un fallo no unánime y remitió la causa a una sala compuesta por un número mayor de jueces. Mientras, la prohibición siguió en vigor y, por tanto, continuó el hostigamiento de mujeres y niñas musulmanas.
Hubo ciertos avances en los derechos de las mujeres. El 26 de mayo, el Tribunal Supremo confirmó el derecho de las trabajadoras sexuales y sus hijos e hijas a vivir con dignidad e instó a los agentes de policía a no someterlas a abusos ni verbales ni físicos. El 29 de septiembre, haciendo una interpretación progresista de la Ley sobre la Interrupción Médica del Embarazo de 1971, el Tribunal Supremo reconoció el derecho al aborto de todas las mujeres con independencia de su estado civil. En el pasado, el gobierno indio se había negado a tipificar la violación conyugal como delito, y su reconocimiento en el fallo del Supremo en virtud de la Ley sobre la Interrupción Médica del Embarazo supuso un paso adelante en el reconocimiento de ese acto como una forma de violencia contra las mujeres.
Actuación deficiente contra la crisis climática
En agosto, India actualizó su contribución determinada a nivel nacional, reforzando su objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. Sin embargo, Climate Action Tracker calificó de “muy insuficientes” los objetivos y políticas climáticos del país.
Degradación ambiental
El gobierno carecía de políticas adecuadas de preparación ante situaciones de desastre y no respondió de manera adecuada a las inundaciones ni a la contaminación atmosférica. El estado de Assam, en el noreste del país, siguió siendo vulnerable a intensas inundaciones, que afectaron a más de 4,8 millones de personas en julio. A partir de abril, India soportó temperaturas medias de hasta 4,5 °C por encima de lo normal, lo que afectó sobre todo a quienes vivían en la pobreza y a quienes desempeñaban determinados trabajos, como las personas que dependían de jornales diarios o que se dedicaban a la agricultura o a la venta ambulante. A partir de octubre, la calidad del aire se deterioró gravemente en Delhi debido, sobre todo, a la quema de rastrojos, el uso de petardos durante la festividad de Diwali y las emisiones de los vehículos, lo que violaba los derechos humanos a la vida y la salud.