India 2019
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India 2019

El gobierno revocó el estatuto especial de Jammu y Cachemira y lanzó una campaña generalizada de represión, deteniendo a activistas y líderes y lideresas de la oposición, negándoles el debido proceso, bloqueando las redes de comunicación e impidiendo el acceso a servicios. Se pusieron en marcha procesos arbitrarios y discriminatorios que colocaron a casi dos millones de personas al borde de la apatridia. Los defensores y defensoras de los derechos humanos se enfrentaron a enormes dificultades, como arrestos, detenciones y procesamientos arbitrarios a fin de silenciarlos, al tiempo que se censuraba la libertad de expresión con leyes draconianas. Se amenazó con el desalojo forzoso a millones de familias indígenas que vivían en la selva. No se protegió de manera adecuada a las mujeres contra la violencia de género intrafamiliar, el acoso y la discriminación. Había un grave problema de ausencia de rendición de cuentas por los asesinatos y otras agresiones perpetrados por grupos parapoliciales contra cientos de personas a causa de su identidad religiosa, étnica, de casta y de género.

Jammu y Cachemira

En agosto, el gobierno revocó el estatuto especial de Jammu y Cachemira (consagrado en el artículo 370 de la Constitución india) y dividió el estado en dos territorios de la Unión. En toda la región, antes y después de esta medida se restringieron las libertades civiles, se incrementó la militarización y se detuvo a importantes líderes y lideresas políticos, como Farooq Abdullah, Omar Abdullah y Mehbooba Mufti, en medio de un bloqueo de comunicaciones. Además, con el fin de silenciar las voces críticas, se aplicaron también diversas leyes de detención administrativa, que permitieron la detención de otros cientos de líderes y lideresas políticos y activistas. No se facilitó información oficial sobre el número de personas detenidas ni sobre su acceso a abogados o familiares, los cargos presentados contra ellas ni el lugar en el que se encontraban recluidas.

Las restricciones impuestas por el gobierno impidieron a periodistas y activistas documentarse de manera independiente y difundir información sobre la situación, incluidas las denuncias de abusos contra los derechos humanos. Se restringió estrictamente el acceso a servicios de emergencia, de salud, de educación y de otros tipos. La situación fue descrita como “una forma de castigo colectivo” por expertos y expertas de la ONU en materia de derechos humanos, entre ellos el relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, el relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, el relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

Aunque posteriormente se restablecieron muchos servicios de comunicación, como los de telefonía fija y móvil y los SMS, la conexión a Internet continuó cortada. India era el país del mundo con más cortes de Internet, la mitad de ellos en Cachemira.

Tras la muerte de 42 agentes de las fuerzas de seguridad en un atentado suicida con explosivos, ocurrido en febrero en Pulwama (Jammu y Cachemira), hasta el mes de agosto se produjeron por todo el país agresiones, actos de hostigamiento y detenciones arbitrarias contra mujeres y hombres cachemires. En los estados del norte —y, en particular, en Uttarakhand, Haryana y Bihar— algunos grupos nacionalistas hindúes golpearon, amenazaron e intimidaron a estudiantes universitarios y comerciantes cachemires, por lo que numerosos estudiantes tuvieron que huir de la universidad.

En junio, las autoridades esgrimieron la “situación de orden público reinante” como justificación verbal para no permitir a Amnistía Internacional celebrar un acto en Srinagar (capital de la región), en el que la organización pensaba presentar un informe sobre el uso indebido de la draconiana Ley de Seguridad Pública de Jammu y Cachemira.

Discriminación

En agosto, las autoridades del estado de Assam publicaron su Registro Nacional de Ciudadanía, del que quedaron excluidas casi dos millones de personas, empujadas así al borde de la apatridia. Para evitar convertirse en apátridas, las personas excluidas sólo podían recurrir a los Tribunales de Extranjería, organismos semijudiciales en los que, con frecuencia, los procesos eran arbitrarios y la toma de decisiones, parcial y discriminatoria, sobre todo en los casos de mujeres, que tenían menos probabilidades de poder acceder a documentos de identidad para demostrar su situación.[1] Dichos tribunales, presididos por personas con experiencia judicial limitada, declaraban a muchas personas “extranjeros irregulares” a causa de errores administrativos, como pequeñas diferencias en la grafía de sus nombres o en la fecha de su nacimiento con respecto a lo que figuraba en el censo electoral. Más de un millar de personas declaradas extranjeras fueron recluidas en uno de los seis centros de detención existentes en Assam, completamente masificados, en los que no se separaba a las personas condenadas de aquéllas que se encontraban en espera de juicio o en prisión preventiva. Amnistía Internacional India documentó el deterioro de la salud mental y física de las personas detenidas en estos centros. En la localidad de Goalpara (estado de Assam) se estaba construyendo el mayor centro de detención de India que, según cálculos, albergaría a unas 3.000 personas declaradas extranjeras.

Legislación represiva

Se introdujeron numerosas enmiendas represivas en leyes como la Ley de Nacionalidad, la Ley de Prevención de Actividades Ilegales, la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Transgénero y la Ley sobre el Derecho a la Información, entre otras.

Durante el periodo de sesiones parlamentarias del monzón, se acometió la reforma de la Ley de Prevención de Actividades Ilegales —principal ley antiterrorista india— que, en lo sucesivo, permitiría al gobierno catalogar como terroristas a personas específicas. Esta ley contiene una definición de “acto terrorista” extremadamente amplia y ambigua, y concede facultades ilimitadas al gobierno para calificar de terrorista a cualquier ciudadano, ciudadana o activista. En consecuencia, se presta a incriminar a cualquier persona por ser miembro proactivo de la sociedad, a prohibir el pensamiento crítico y a criminalizar la disidencia, al calificar de terrorismo cualquiera de estos actos. Durante el mismo periodo de sesiones se degradó también la Ley sobre el Derecho a la Información. Las enmiendas introducidas en ella redujeron la independencia de la Comisión de Información, puesto que se confirió al gobierno central la facultad de determinar el mandato de sus miembros, su sueldo y sus condiciones de servicio.

En diciembre de 2019, durante el periodo de sesiones parlamentarias de invierno, se aprobó la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Transgénero. Esta ley socavaba los derechos de las personas transgénero e intersexuales, y violaba las obligaciones internacionales contraídas por India en materia de derechos humanos, así como la sentencia dictada en 2014 por el Tribunal Supremo en el caso NALSA v. Union of India. Entre otras deficiencias, destacaba la imprecisión del proceso burocrático descrito en la ley para el reconocimiento legal del género de las personas transgénero.

También durante el periodo de sesiones de invierno se aprobó la Ley de Enmienda de la Ley de Ciudadanía, que permitía a las personas migrantes irregulares adquirir la ciudadanía india mediante un proceso de naturalización e inscripción en los registros. Sin embargo, esta ley sólo permitía solicitar la ciudadanía a la población hindú, sij, budista, jainista, parsi y cristiana de Afganistán, Bangladesh y Pakistán que hubiera entrado en India antes del día 31 de diciembre de 2014, inclusive. Para la naturalización de estas comunidades en particular, reducía también el requisito de residencia en India de 11 a 5 años.

Además de repercutir negativamente sobre las personas refugiadas y solicitantes de asilo, la reforma vulneraba los derechos humanos de ciudadanos y ciudadanas indios y, sobre todo, de los de religión musulmana. Durante el periodo de sesiones parlamentarias de invierno, el ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, anunció la creación —en virtud de la mencionada ley— de un Registro Nacional de la Ciudadanía para todo el país, que documentaría la ciudadanía de los más de 1.300 millones de habitantes del país. El anuncio despertó temores con respecto a la suerte de la población musulmana excluida del registro y, tras el estallido de protestas contra la Ley de Enmienda de la Ley de Ciudadanía en todo el país, el gobierno retiró este proyecto de manera temporal.

Libertad de expresión

Los defensores y defensoras de los derechos humanos se enfrentaron a enormes obstáculos para llevar a cabo sus actividades, entre ellos arrestos, detenciones y procesamientos arbitrarios que tenían por objeto silenciarlos.

Nueve destacados activistas de derechos humanos que habían sido detenidos en 2018, en aplicación de la Ley de Prevención de Actividades Ilegales, permanecían recluidos de manera arbitraria, por “librar una guerra contra el país”. Todos ellos habían trabajado con los sectores de población más marginados de India, como la población dalit y la adivasi, y eran críticos con el gobierno. En febrero, la policía de Maharashtra detuvo al intelectual Anand Teltumbde, acusado de participación en los actos de violencia de Bhima Koregao, que tuvieron lugar cerca de Pune en 2018, y de vínculos con el ilegalizado Partido Comunista de India (Maoísta). Anand Teltumbde quedó en libertad al día siguiente, 4 de febrero, después de que un tribunal declarara ilegal su detención.

En junio, la Oficina Central de Investigaciones interpuso una querella contra la organización Lawyers Collective por presunta violación de la Ley de Regulación de Contribuciones Extranjeras, que restringía de manera indebida el derecho de las organizaciones a acceder a financiación extranjera. Entre otras actividades, esta organización facilitaba asistencia jurídica a los grupos marginados y defendía sus derechos.

Se siguieron presentando draconianos cargos de sedición para criminalizar la disidencia. El cineasta y activista de los derechos de la población dalit Pa Ranjith, la rapera Hard Kaur y la política y activista cachemir Shehla Rashid figuraban entre las muchas personas acusadas de sedición por haber criticado al gobierno. El 7 de junio, el periodista Prashant Kanojia fue detenido por sedición en la capital del país, Nueva Delhi, por haber publicado críticas al ministro principal de Uttar Pradesh en las redes sociales. El 12 de junio, el Tribunal Supremo lo dejó en libertad bajo fianza, aunque no se retiraron los cargos en su contra.

El 3 de octubre, 49 reconocidas personalidades fueron acusadas de sedición por haber escrito una carta abierta al primer ministro, Narendra Modi, en la que le instaban a tomar medidas significativas contra los crímenes de odio. En la carta se citaban datos del gobierno y de fuentes independientes para resaltar la proliferación de los crímenes de odio y el descenso en el número de sentencias condenatorias en estos casos.

Tanto el gobierno central como los gobiernos de estados de toda India reprimieron también protestas pacíficas —incluidas las de varias universidades e instituciones de minorías— contra la discriminatoria Ley de Enmienda de la Ley de Ciudadanía. Los gobiernos de varios estados detuvieron a las personas que protestaban o dictaron órdenes de prohibición en aplicación del apartado 144 del Código de Procedimiento Penal indio. Además, quienes protestaron contra la Ley se encontraron con una exhibición de fuerza, con detenciones masivas y cierres de Internet a gran escala. Sólo en Uttar Pradesh, más de 18 personas perdieron la vida, entre ellas un niño de ocho años, y más de 5.000 fueron detenidas.

Derechos de los pueblos indígenas

En respuesta a una demanda presentada por grupos ecologistas, el Tribunal Supremo ordenó el 13 de febrero el desalojo de todos los habitantes de las selvas y bosques de India. Esta decisión llegó después de que los distintos estados hubieran desestimado, en aplicación de la Ley de Derechos Forestales, las solicitudes de estos habitantes para permanecer en sus territorios ancestrales. Según el Ministerio de Asuntos Tribales, el número de familias afectadas ascendía a casi dos millones. Tras la intervención del gobierno central, el Tribunal paralizó la orden el 28 de febrero, en espera de que los estados le remitieran información que permitiera verificar si se había seguido el debido proceso al desestimar las solicitudes. Al concluir el año, el Tribunal seguía esperando la respuesta de los estados.

En junio, la relatora especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas y la relatora especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos se mostraron preocupadas por las repercusiones negativas que la orden del Tribunal Supremo tendría sobre la vida de millones de personas pertenecientes a tribus.

Derechos de las mujeres

Las mujeres siguieron sufriendo actos de violencia sexual e intrafamiliar a manos de sus esposos, de sus familiares o de otras personas, así como acoso sexual en el trabajo, mientras los responsables seguían gozando de impunidad.

En abril, una mujer que había trabajado como auxiliar judicial en el Tribunal Supremo presentó una denuncia contra el presidente de ese tribunal por un incidente de acoso sexual ocurrido en 2018. En respuesta a ello, el propio presidente del Tribunal Supremo constituyó un tribunal especial para estudiar la posible intención de la denunciante de atacar la independencia de la magistratura. Según los medios de comunicación, el presidente del Tribunal Supremo afirmó que la víctima estaba siendo sometida a una “investigación penal”. Posteriormente, la denuncia fue remitida a una comisión interna formada por tres jueces —dos mujeres y un hombre—, pero sin ningún miembro externo, en contra de lo establecido en la Ley de Prevención, Prohibición y Resarcimiento del Acoso Sexual contra las Mujeres en el Trabajo. No se permitió que la defensa de la denunciante presenciara las actuaciones de la comisión, y se denegó la solicitud de información de la denunciante sobre sus procedimientos. En consecuencia, la denunciante se retiró de la investigación. Tras haber absuelto al presidente del Tribunal Supremo, la comisión no permitió a la denunciante acceder al informe en el que exponía sus conclusiones.

En julio de 2019, el Parlamento aprobó la Ley de Protección de los Derechos de las Mujeres Musulmanas en el Matrimonio, que entró en vigor en septiembre. En ella se tipificaba como delito, punible con hasta tres años de prisión, el discriminatorio “triple talaq” (divorcio islámico inmediato, sólo disponible para los hombres).

Violencia entre comunidades religiosas y étnicas

En todo el país se perpetraron decenas de delitos de odio contra personas musulmanas y de otros credos religiosos, contra grupos étnicos, como los dalits y los adivasis (pueblo indígena tribal) y contra castas concretas, así como delitos por motivos de género. Muchos de ellos fueron obra de grupos parapoliciales y muchedumbres, y algunas de las agresiones incluyeron “linchamientos” colectivos.

La legislación contra estos delitos seguía siendo inadecuada. En julio, la Comisión Jurídica de Uttar Pradesh presentó al gobierno estatal un proyecto de ley para fortalecer la legislación contra el linchamiento. En agosto, el gobierno de Rayastán aprobó el proyecto de Ley de Protección contra el Linchamiento de Rayastán, con lo que se convirtió en el segundo estado, tras Manipur, que tipificaba el linchamiento colectivo como delito diferente del de asesinato, y con penas más duras.

Los datos del gobierno sobre los linchamientos colectivos perpetrados por brigadas dedicadas a la protección de las vacas seguían siendo inadecuados, ya que no reconocían la gravedad de ese delito ni su naturaleza discriminatoria, sino que lo abordaban aplicándole disposiciones del Código Penal indio relativas a “disturbios”, “reuniones ilegales” o “asesinatos”. Por tercer año consecutivo, la Oficina Nacional de Antecedentes Penales no publicó su informe anual estadístico sobre delitos, prisiones y suicidios. Al no recogerse ni mantenerse los datos necesarios, y no existir investigaciones policiales efectivas, decenas de delincuentes fueron absueltos.

En junio se hizo viral el vídeo del brutal homicidio colectivo de Tabrez Ansari, trabajador musulmán de 24 años, ocurrido en Jharkhand. En él se podía ver al joven atado a un poste y golpeado por hombres armados con barras de hierro y palos, mientras sus agresores le obligaban a cantar “Jai Sri Ram” (Salve, Rama) y “Jai Hanuman” (Salve, Hanumana). Se acusó del asesinato a 11 hombres, pero más tarde se retiró el cargo de asesinato, y se sustituyó por el de homicidio culposo no constitutivo de asesinato, tras haber comunicado la policía que, según los informes post mortem y forenses, la víctima había muerto de un ataque al corazón, y que el homicidio no había sido premeditado. Sin embargo, el 18 de septiembre la policía presentó un nuevo pliego de cargos contra los 11 acusados —en el que se mantenía el cargo de asesinato—, basado en un nuevo informe médico expedido por médicos especialistas a los que la policía había pedido una segunda opinión.

En agosto, un tribunal inferior de Rayastán absolvió a seis hombres —de un total de nueve acusados— del asesinato de Pehlu Khan, ganadero y productor lácteo, que había sido linchado porque se sospechaba que hacía contrabando de vacas. Los otros tres acusados eran menores de edad, por lo que estaban siendo juzgados por tribunales de menores. El tribunal ordenó su absolución, y resolvió que el vídeo que mostraba la agresión perpetrada contra Pehlu Khan no era admisible como prueba. Al mismo tiempo, la policía presentó una denuncia por contrabando de vacas contra el fallecido Khan y contra sus dos hijos.


[1] Between Fear and Hatred: Surviving Migration Detention in Assam (23 de noviembre de 2018)