Resumen

El gobierno no garantizó la rendición de cuentas por las torturas y otros malos tratos infligidos por las fuerzas de seguridad a personas detenidas. Se devolvió sin el debido proceso a dos personas a países donde corrían peligro de sufrir violaciones graves de derechos humanos. El uso cada vez más frecuente de la acusación de sedición y la detención de una persona por un acto de protesta pacífico que había llevado a cabo en solitario el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura pusieron de manifiesto las restricciones que seguían pesando sobre los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica.

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