Resumen

En marzo, Fiyi ratificó la Convención de la ONU contra la Tortura, aunque formuló reservas sobre la definición de tortura, entre otras. La rendición de cuentas por actos de tortura y otros malos tratos se vio obstaculizada por las inmunidades consagradas en la Constitución y por la falta de voluntad política para enjuiciar de forma efectiva este tipo de casos. Seguían aplicándose restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de expresión. La ausencia de planes de respuesta ante catástrofes dio lugar a una distribución mal coordinada, tardía y desigual de la ayuda tras el ciclón Winston.

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