Se recurrió a leyes represivas y demandas por difamación para silenciar a las personas críticas con el gobierno. Una nueva ley electoral discriminaba a las mujeres casadas. Se hizo rendir cuentas a miembros de las fuerzas de seguridad por malos tratos infligidos en el pasado, pero continuaron denunciándose casos de empleo de fuerza innecesaria o excesiva por parte de la policía contra personas sospechosas.
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