Resumen

La detención en espera de juicio continuó utilizándose de manera generalizada. Siguieron impunes los delitos cometidos en el pasado; los defensores y defensoras de los derechos humanos que investigaban dichos crímenes recibían amenazas de muerte. Resultaba difícil acceder a servicios de salud reproductiva en las zonas rurales, y los objetores de conciencia que se negaban a practicar abortos seguían obstruyendo el acceso a abortos legales.

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