Perú 2019
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Perú 2019

Los derechos relacionados con la tierra y el territorio seguían en peligro, y la ausencia de normativas efectivas menoscababa el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado. Las cuestiones socioambientales seguían siendo una de las principales causas de conflictos sociales. El Estado no respondía eficazmente a la persistencia de los elevados índices de violencia contra las mujeres y embarazo en niñas.

Información general

Continuó la crisis política, caracterizada por la confrontación entre los poderes ejecutivo y legislativo del Estado. En el contexto de esta crisis continuada, el presidente Vizcarra disolvió en septiembre el Congreso, en el que el partido mayoritario, Fuerza Popular, estaba dirigido por Keiko Fujimori, quien había permanecido más de un año en prisión preventiva y seguía sometida a investigación por blanqueo de dinero. Se programaron elecciones para enero de 2020.

Impunidad

En enero, la junta médica que evaluó por orden judicial la salud del expresidente Alberto Fujimori concluyó que su estado permitía darle el alta del hospital local donde había recibido tratamiento. El exmandatario fue encarcelado de nuevo para que terminara de cumplir los 25 años de condena impuesta por crímenes de lesa humanidad. En 2018 se anuló el indulto que se le había otorgado en 2017.[1] Alberto Fujimori también estaba bajo investigación en relación con la esterilización forzada de más de 2.000 mujeres en la década de 1990.

Libertad de expresión y reunión

En agosto, en respuesta a las protestas pacíficas contra el proyecto minero Tía María, el presidente Vizcarra autorizó el despliegue de las fuerzas armadas para mantener el orden público en el puerto de Matarani (provincia de Arequipa). Esta respuesta era contraria a las normas internacionales de derechos humanos, que establecen estrictas limitaciones al uso de las fuerzas armadas en este tipo de operaciones.

Seguía suscitando preocupación la imposición de estados de emergencia para responder a las protestas pacíficas contra la extracción de petróleo, la minería y otros proyectos de infraestructura en el país. En octubre, el gobierno declaró el estado de emergencia durante 30 días en el denominado “corredor minero sur” como respuesta a una manifestación contra el proyecto minero Las Bambas. El decreto, que permitía el despliegue de las fuerzas armadas para controlar las protestas, impedía a las comunidades locales de la zona celebrar reuniones comunitarias.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Persistía la preocupación por el uso indebido del sistema de justicia contra los defensores y defensoras de los derechos humanos, a menudo sin pruebas creíbles que respaldaran los cargos en su contra. En mayo, tras casi cinco años de procesos penales, comenzó el juicio de 19 miembros de comunidades campesinas de la región de Apurímac. Estas personas habían sido acusadas en relación con unas protestas que habían tenido lugar en 2015 contra el proyecto minero Las Bambas.

En septiembre comenzó el segundo juicio de Óscar Mollohuanca, Herbert Huamán y Sergio Huamaní. Los tres estaban acusados de dirigir una protesta social que había tenido lugar en mayo de 2012 en la provincia de Espinar (departamento del Cusco). La protesta había sido una movilización en apoyo de las peticiones de la población de Espinar de que se protegiera su derecho a un medioambiente saludable y se revisara el acuerdo establecido entre la empresa minera y la municipalidad.

Durante el año se suspendieron los procesos penales contra los periodistas Paola Ugaz y Pedro Salinas. Ambos habían sido acusados en relación con las denuncias de difamación presentadas por José Antonio Eguren, arzobispo de Piura y Tumbes, a raíz de la publicación de unos informes basados en la investigación que los periodistas habían llevado a cabo sobre la comunidad eclesial Sodalicio de Vida Cristiana. Sin embargo, Paola Ugaz seguía siendo objeto de otras denuncias y campañas de difamación por parte de grupos contrarios a los derechos.

Derecho a la salud

La Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos creada en 2017 seguía pidiendo políticas públicas para garantizar la atención médica para las personas expuestas a metales pesados y otras sustancias tóxicas, pero al concluir el año no se habían puesto en marcha tales políticas.

Derechos de los pueblos indígenas

La exposición de los pueblos indígenas y sus comunidades, como Cuninico y Espinar, a metales tóxicos y agua contaminada seguía siendo motivo de preocupación. En Cuninico, la sentencia judicial de 2018 que ordenaba al Ministerio de Salud y a la Dirección Regional de Salud de Loreto que ofrecieran atención médica a las comunidades afectadas por un vertido de petróleo que había tenido lugar en 2014 no se había cumplido al concluir 2019.

En agosto se llevó a cabo el proceso de consulta previa sobre el Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático. El Reglamento se aprobó el 31 de diciembre.

Derechos de las mujeres

Las políticas y leyes de promoción de los derechos de las mujeres siguieron sufriendo ataques constantes. En marzo, la Corte Suprema desestimó una demanda presentada por grupos contrarios a los derechos para eliminar la igualdad de género del currículo educativo nacional.

Violencia contra mujeres y niñas

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) de 2018, el 68,2% de las mujeres peruanas habían sido víctimas alguna vez de violencia psicológica, física o sexual ejercida por su esposo o pareja. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables declaró que, entre enero y septiembre, los Centros Emergencia Mujer habían atendido 133.123 casos de violencia contra las mujeres, violencia en el ámbito familiar y violencia sexual en todo el país. El Ministerio registró 166 feminicidios y 404 intentos de feminicidio durante el año.

Derechos sexuales y reproductivos

Los índices de embarazo de adolescentes seguían siendo altos. Según la encuesta ENDES de 2018, 13 de cada 100 adolescentes con edades comprendidas entre los 15 y los 19 años eran madres o estaban embarazadas por primera vez. La legislación seguía penalizando el aborto en casos de violación.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Más de dos años después de que fuera presentado en el Congreso, el proyecto de ley para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo continuaba pendiente de aprobación.

A las personas transgénero se les seguía negando el reconocimiento jurídico y social de su identidad de género, lo que afectaba a sus derechos al trabajo, la vivienda, la educación, la libre circulación y la salud, entre otros.

Personas migrantes y refugiadas

Perú se convirtió en el país con la segunda mayor población de personas venezolanas que huían de su país y con el número más elevado de personas venezolanas solicitantes de asilo. Según los informes oficiales, al concluir el año había en Perú 863.613 venezolanos y venezolanas, 377.047 de los cuales solicitaban asilo. Durante el año, el gobierno impuso requisitos más estrictos para las personas de Venezuela que buscaban seguridad, y los cambios de los procedimientos de concesión de asilo en la frontera entre Perú y Ecuador parecían constituir una política deliberada de rechazo de nuevas llegadas. Además, varias autoridades peruanas de los ámbitos municipal, regional y nacional emitieron declaraciones xenófobas pidiendo, por ejemplo, la expulsión de todas las personas venezolanas.


[1] Perú: Al confirmar la nulidad del indulto a Fujimori, la Corte Suprema respalda los derechos de las víctimas (noticia, 13 de febrero)