Canadá 2019
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Canadá 2019

Pese a las frecuentes promesas, las nuevas leyes y el esperado informe de una investigación de ámbito nacional sobre las mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas, continuaban cometiéndose numerosas violaciones de los derechos de los pueblos indígenas. El gobierno se negó a levantar la designación de Estados Unidos de América como tercer país “seguro” para la protección de las personas refugiadas.

Pueblos indígenas

En mayo, el ministro de Servicios Indígenas visitó la Primera Nación de Grassy Narrows, pero no estableció un centro de atención médica especializada para abordar la contaminación por mercurio que llevaba decenios afectando a la comunidad.

La Cámara de los Comunes había aprobado una propuesta de ley para incorporar la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en la legislación canadiense, pero el Senado la bloqueó y no fue posible adoptarla antes de la finalización en junio del periodo parlamentario en curso. En noviembre, la provincia de la Columbia Británica adoptó por unanimidad una nueva ley que implementaba la Declaración.

En junio, una nueva ley reconoció la jurisdicción de los pueblos indígenas sobre los servicios de atención a la infancia y la familia. Al finalizar el año proseguía una revisión judicial del Tribunal Canadiense de Derechos Humanos que resolvía que los niños y niñas de las Primeras Naciones habían sido objeto de discriminación “intencionada y temeraria” y concedía 40.000 dólares canadienses a las personas menores de edad que hubieran sido separadas del núcleo familiar y llevadas a centros de acogida desde 2006.

En junio se aprobó una ley para “recuperar, revitalizar, fortalecer y mantener” las lenguas indígenas de Canadá.

En septiembre, una investigación pública llevada a cabo en Quebec concluyó que los pueblos indígenas eran objeto de una discriminación sistémica en el acceso a los servicios públicos de la provincia.

En diciembre, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial pidió a Canadá que detuviera la construcción de la ampliación del oleoducto Trans Mountain, la presa Site C y el oleoducto Coastal GasLink, en la provincia de la Columbia Británica, a menos que se obtuviera el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados por esos proyectos.

Crisis climática

Las iniciativas nacionales para abordar la crisis climática seguían siendo desiguales e insuficientes. Los tribunales de apelación de Saskatchewan y Ontario determinaron que el gobierno federal tenía facultades constitucionales para legislar en materia de fijación de los precios del carbón en el ámbito nacional. En Alberta estaba pendiente una impugnación similar, y había otro recurso ante la Corte Suprema de Canadá previsto para marzo de 2020. El gobierno federal aprobó la ampliación del oleoducto Trans Mountain para transportar alquitrán extraído de las arenas petrolíferas de Alberta a una terminal marítima situada en la Columbia Británica. El Tribunal Federal de Apelaciones aceptó examinar un recurso contra esa aprobación presentado por las comunidades indígenas respecto a la ausencia de una consulta adecuada.

Derechos de las mujeres

En junio se hizo público el informe final de la investigación de ámbito nacional sobre las mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas. El gobierno federal se comprometió a elaborar un plan nacional de acción para abordar la violencia contra las mujeres, las niñas y las personas indígenas de dos espíritus, y promulgó una enmienda, que debía haberse introducido hacía tiempo, para poner fin a la discriminación sexual en la Ley de Asuntos Indios, pero no formuló ningún otro compromiso en respuesta a la investigación.

En junio también se aprobaron leyes que exigían que se realizase una evaluación del impacto en términos de género y de derechos de los pueblos indígenas de los principales proyectos de explotación de recursos sometidos a la jurisdicción federal.

En octubre, la única clínica de la provincia de Nuevo Brunswick que proporcionaba servicios de aborto fuera de los centros hospitalarios anunció que cerraría por falta de financiación pública, lo que limitaría considerablemente el acceso a los servicios de aborto.

Canadá no aplicó las recomendaciones emitidas por el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura en 2018 respecto a investigar la esterilización forzada y obligada de mujeres y niñas indígenas, y respecto a tomar medidas concretas para suspender esa práctica y para garantizar justicia para las sobrevivientes.

Libertad de religión

Había pendientes cuatro impugnaciones en relación con una ley provincial de Quebec, aprobada en junio, que prohibía a algunos funcionarios y funcionarias del Estado en cargos de autoridad —como docentes, policías y jueces— exhibir símbolos religiosos tales como el hiyab, el turbante, la kipá o el crucifijo en el trabajo. En estas demandas se expresaba preocupación por la igualdad de género, la discriminación, la libertad religiosa y la libertad de expresión.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

En diciembre, el gobierno federal se comprometió a modificar el Código Penal para prohibir la terapia de conversión, y a trabajar junto con las provincias y los territorios para poner fin a esa práctica. La terapia de conversión pretende cambiar la orientación sexual de las personas o suprimirles la identidad o expresión de género.

Canadá no tomó medidas para poner fin a las cirugías innecesarias desde el punto de vista médico practicadas a personas intersexuales menores de edad sin su consentimiento libre, pleno e informado.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

En abril, el gobierno de Ontario puso fin a la asistencia legal gratuita para los procedimientos de inmigración y refugio. En agosto, el gobierno federal cubrió temporalmente ese déficit de financiación.

En mayo, la Corte Suprema de Canadá sentenció en el caso de China que las personas inmigrantes detenidas tenían derecho a presentar un recurso de hábeas corpus ante los tribunales provinciales.

En junio, una nueva ley estableció que las personas que hubieran solicitado anteriormente la condición de refugiado en países con los que Canadá mantenía acuerdos de intercambio de información quedaban excluidas de las vistas judiciales ante la Junta de Inmigración y Refugiados, el mayor tribunal administrativo independiente del país. En lugar de ello, sus solicitudes quedaban sometidas al proceso de evaluación de riesgos previa a la expulsión que era llevado a cabo por funcionarios del Estado.

En noviembre tuvo lugar la vista de la apelación judicial contra el Acuerdo de Tercer País Seguro entre Canadá y Estados Unidos que habían presentado en 2017 Amnistía Internacional, el Consejo Canadiense para los Refugiados, el Consejo de Iglesias de Canadá y solicitantes del estatuto de refugiado a título individual. En virtud del Acuerdo, las personas que solicitaban el estatuto de refugiado eran devueltas desde los puestos fronterizos oficiales entre los dos países porque Canadá consideraba que el sistema de asilo de Estados Unidos cumplía los requisitos internacionales en materia de derechos humanos.

Sistema de justicia penal

Unos informes independientes publicados por la Comisión de Derechos Humanos de Nueva Escocia en marzo y por la Ciudad de Montreal en octubre, basados en unos informes similares realizados en Ontario en 2018, confirieron mayor urgencia a los llamamientos para abordar la discriminación contra las personas indígenas y negras en las actuaciones policiales y el sistema de justicia con medidas como, por ejemplo, la prohibición de los controles aleatorios en la calle.

La preocupación por la reclusión prolongada en régimen de aislamiento en las prisiones federales no se resolvió por completo con la aprobación en junio de una ley que sustituía la anterior práctica por “unidades de intervención estructurada”.

Seguridad y medidas antiterroristas

La reforma en materia de seguridad nacional que se llevó a cabo en junio creó un nuevo organismo de revisión de las actividades de inteligencia y seguridad nacional, reforzó la supervisión de la lista de “prohibición de vuelo” elaborada por Canadá y revocó algunas medidas restrictivas que se habían adoptado en 2015, pero también otorgó más facultades de vigilancia masiva a los servicios de inteligencia.

En julio, una revisión externa de la extradición en 2014 del ciudadano canadiense Hassan Diab a Francia, donde había pasado más de tres años detenido sin cargos, concluyó que el gobierno federal había cumplido las leyes canadienses y renovó los llamamientos en favor de una investigación judicial completa.

El gobierno se negó a facilitar la devolución a Canadá de más de 40 personas de nacionalidad canadiense acusadas de ser combatientes del Estado Islámico o familiares suyos, y que estaban detenidas o atrapadas en Siria.

Rendición de cuentas de las empresas

En febrero, la empresa minera Tahoe Resources fue adquirida por Pan American Silver, y en julio se alcanzó un acuerdo en una demanda presentada contra Tahoe por unos ciudadanos guatemaltecos que habían sufrido heridas por disparos efectuados por el personal de seguridad de la empresa en 2013. Pan American Silver se disculpó públicamente y reconoció que los disparos habían vulnerado los derechos humanos de los manifestantes.

En abril, el gobierno federal creó la primera Defensoría del Pueblo de Canadá para Cuestiones de Responsabilidad Empresarial, pero no le otorgó las facultades necesarias para llevar a cabo investigaciones independientes sobre presuntos abusos contra los derechos humanos relacionados con empresas canadienses que desarrollaban actividades en el extranjero, lo que menoscababa desde el inicio la eficacia de este nuevo organismo.

Pese a la recomendación del equipo de investigación, no se presentó ninguna acusación por el desastre de la mina de Mount Polley que había tenido lugar en 2014, y el gobierno no aplicó las recomendaciones emitidas por el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos respecto de las repercusiones del desastre en la salud de los pueblos indígenas.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

En junio, el gobierno publicó unas directrices actualizadas en las que se especificaba el apoyo que la diplomacia canadiense debía proporcionar a los defensores y defensoras de los derechos humanos en otros países.

El gobierno de Alberta inició en julio una investigación pública sobre la presunta financiación extranjera del movimiento ecologista de la provincia, y en octubre estableció el Centro de Energía de Canadá, entidad privada que sometía a hostigamiento a defensores y defensoras de los derechos humanos que criticaban a la industria petrolera y gasística de la provincia.

Comercio de armas

En septiembre entró en vigor la adhesión de Canadá al Tratado de la ONU sobre el Comercio de Armas. La revisión por parte del gobierno, hecha pública en noviembre, de un acuerdo alcanzado en 2014, y aún vigente, por un importe de 15.000 millones de dólares canadienses para vender vehículos blindados ligeros a Arabia Saudí concluyó que no existían “pruebas fidedignas que vinculen exportaciones canadienses de equipo militar u otros artículos controlados” con la comisión de violaciones del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario por parte de Arabia Saudí, y abrió así el camino a la aprobación de 48 permisos de exportación pendientes.