Brasil 2025
Los niveles de pobreza disminuyeron de forma significativa, principalmente gracias a las políticas de transferencia de ingresos, pero persistían las desigualdades estructurales y se seguían creando barreras al acceso pleno y efectivo a los derechos humanos. Las poblaciones en situación de vulnerabilidad, especialmente las personas negras y las de ingresos bajos, se vieron desproporcionadamente afectadas por los fenómenos climáticos extremos. La aprobación de una nueva ley ambiental y otras medidas legislativas ahondaron los retrocesos en las políticas ambientales y en los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales. Además, se intensificó la violencia contra los defensores y defensoras de los derechos humanos, en particular ambientalistas, indígenas y quilombolas. Las operaciones policiales afectaban de manera mayoritaria a la población negra. La violencia contra las personas LGBTI y la basada en el género, especialmente los feminicidios de mujeres negras, continuaban siendo motivo de grave preocupación. Las dificultades para acceder a la justicia, sobre todo en casos de violencia policial, seguían menoscabando la rendición de cuentas por parte del Estado.
Información general
El expresidente Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado, mientras se registraba un aumento del apoyo al autoritarismo, expresado en campañas coordinadas en redes sociales. En noviembre, tras la decisión del Supremo Tribunal Federal que declaraba firme la sentencia, Bolsonaro comenzó a cumplir la pena en régimen inicial cerrado en la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia. En ese contexto, el Congreso Nacional se convirtió en foco de tensión: el 9 de diciembre agentes de la Policía Legislativa expulsaron a periodistas y agredieron a legisladores, durante una sesión. Por otro lado, avanzaron algunas iniciativas legislativas orientadas a reducir la pena impuesta al expresidente y a determinar de nuevo su responsabilidad en los hechos, pese a las intensas movilizaciones sociales en defensa de la condena.
Se sucedieron ataques misóginos, racistas y transfóbicos contra mujeres, personas indígenas y personas trans parlamentarias en el Congreso Nacional, lo que evidenciaba la fragilidad de los mecanismos institucionales frente a la violencia política por motivos de género, raza y orientación sexual.
La celebración en Belém de la 30 Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30) convirtió a la ciudad en foco central de la agenda climática mundial y dio gran visibilidad a las movilizaciones sociales en favor de la justicia climática, la transición energética justa y la reparación por el racismo ambiental. La intensidad de estas demandas contrastaba con el escaso avance hacia una transición justa que mostraron las negociaciones formales: aunque por primera vez se reconoció la contribución de las personas afrodescendientes a la acción climática y a las soluciones para una transición justa, no se garantizó una ampliación suficiente de la financiación para pérdidas y daños ni se adoptaron compromisos claros para poner fin al uso de los combustibles fósiles.
Derechos económicos y sociales
Brasil registró los niveles más bajos de pobreza y desigualdad en 30 años gracias a la consolidación de políticas distributivas y programas de transferencia de ingresos. Aun así, unas restricciones presupuestarias importantes impuestas a las políticas y a los ministerios con competencia en materia social afectaron con especial gravedad a quienes vivían en barrios marginales o comunidades urbanas de zonas periféricas.
En materia de educación, persistían las profundas desigualdades en el acceso, la permanencia y la calidad de la enseñanza: según datos de la Encuesta Nacional Continua por Muestra de Hogares publicados en septiembre, en 2024, sólo el 50% de las personas adultas afrodescendientes habían concluido la educación básica obligatoria, frente al 63,4% de las personas blancas. Además, un estudio publicado en enero por UNICEF revelaba que al menos 1,17 millones de niñas y niños brasileños habían visto sus estudios interrumpidos por fenómenos meteorológicos extremos ese mismo año, mientras que, según el Foro Brasileño de Seguridad Pública, las interrupciones del calendario escolar por episodios de violencia extrema —especialmente tiroteos, amenazas de ataques y operaciones policiales— habían aumentado alrededor de un 245% entre 2021 y 2023.
El acceso al agua potable siguió siendo un reto fundamental en varias regiones del país. Según un informe del Instituto Trata Brasil, en el que se abordaba el acceso de la población a agua tratada y la disponibilidad de alcantarillado, las mayores carencias se concentraban en las regiones de Norte y Nordeste, donde la cobertura de los servicios relacionados con el agua era significativamente menor que en las de Sudeste y Sur.
Derecho a un medioambiente saludable
Se establecieron mecanismos de vigilancia ambiental y se implementaron políticas de conservación en ciertas regiones, lo que reflejaba los esfuerzos del Estado por responder a la crisis climática. Una de las medidas principales fue la aprobación del Plan Nacional de Protección y Defensa Civil para hacer frente a fenómenos meteorológicos extremos.
Según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE, por sus siglas en portugués), la deforestación en la Amazonia registró en 2025 una de las tasas más bajas de la serie histórica inmediatamente anterior y volvió a disminuir, al igual que en el Cerrado, donde se redujo por segundo año consecutivo. Aun así, los niveles de afectación seguían siendo elevados en ambos biomas y la presión sobre otros ecosistemas, como la Caatinga y las regiones de transición, continuaba siendo intensa. Al mismo tiempo, se registraron delitos ambientales graves e incendios destructivos y especialmente voraces, lo que revelaba la persistencia de un modelo de ocupación basado en la expansión de la frontera agropecuaria y la degradación ambiental. Según el INPE y organizaciones especializadas, las tasas de deforestación y el elevado número de focos de incendio seguían poniendo en peligro ecosistemas críticos para la regulación climática global.
Durante el año se produjeron desastres relacionados con el cambio climático que afectaron de manera desproporcionada a las poblaciones periféricas y en situación de vulnerabilidad de todas las regiones del país, con lo que se agravaron las desigualdades sociales preexistentes y afloraron formas reiteradas de racismo ambiental, dirigido con especial intensidad contra las comunidades negras, indígenas y de ingresos bajos. Se registraron déficits hídricos y de lluvias, deslizamientos de tierra, tormentas e inundaciones, olas de calor y sequías. Los análisis del Centro Nacional de Vigilancia y Alertas de Desastres Naturales (Cemaden) publicados durante el año indicaban un aumento de la frecuencia y severidad de fenómenos extremos relacionados con lluvias intensas y sequías prolongadas, con 3.620 alertas de desastres y alrededor de 1.690 incidentes en 2024. La Organización Meteorológica Mundial advirtió de que el calentamiento global intensificaba los fenómenos extremos a escala mundial, mientras que los análisis del Cemaden afirmaban que la “era de los extremos” ya había llegado a Brasil, lo que implicaba un riesgo creciente de pérdidas humanas, económicas y sociales concentradas en territorios históricamente marginados.
Un año después de las inundaciones en Río Grande del Sur, el mayor desastre hidrológico en la historia de ese estado, se habían completado menos del 25% de las acciones previstas en el Plan Río Grande, el programa estatal de reconstrucción, adaptación y resiliencia climática creado en 2024. Las políticas daban prioridad sobre todo a la reconstrucción de infraestructuras, dejando a las poblaciones en situación de vulnerabilidad expuestas a nuevos fenómenos meteorológicos extremos.
La aprobación de la Ley General de Licencias Ambientales (Ley 15.190/2025) intensificó las amenazas para los derechos humanos —especialmente el derecho a un medioambiente saludable— al flexibilizar la concesión de licencias ambientales, eximir de licencias o someter a procedimientos simplificados una serie de proyectos potencialmente contaminantes y reducir en la práctica las salvaguardias para los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales. El Congreso rechazó 52 de los 63 vetos presidenciales a la ley y con ello se ampliaron las posibilidades de exención de licencias, se acortaron los plazos de análisis y se redujeron la participación social y la posibilidad de intervención de los organismos de protección territorial.
El presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, emitió en diciembre una directiva destinada a elaborar una hoja de ruta nacional para la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles, pero el gobierno continuaba autorizando nuevos proyectos en ecosistemas esenciales. Al mismo tiempo, siguieron tramitándose proyectos que facilitaban la minería en tierras indígenas y se autorizó la perforación de un pozo exploratorio de petróleo en la cuenca de la Foz del Amazonas, que formaba parte de la zona conocida como Margen Ecuatorial. La autorización de perforar en esa desembocadura, sumada al historial de daños sociales y ambientales provocados por la explotación petrolera en la bahía de Guanabara (estado de Río de Janeiro), reforzaba la persistencia de un modelo extractivo basado en la quema de combustibles fósiles —contrario a una transición energética justa centrada en los derechos humanos— y contribuía a la creación de “zonas de sacrificio” en los territorios explotados.
Derechos de los pueblos indígenas
Durante la COP30, el gobierno federal concluyó la etapa final del proceso que reconocía oficialmente cuatro territorios indígenas —los homologaba— y emitió 10 decretos declarativos para nuevas tierras. En total, se desbloquearon 20 procesos de demarcación.
Siguieron las invasiones y los actos de violencia territorial relacionados con conflictos por la tierra y ataques armados en las regiones de rápido crecimiento del sector agroindustrial, que afectaban en particular a las comunidades Guaraní Kaiowá (estado de Mato Grosso del Sur), Avá Guaraní Paranaense (estado de Paraná) y Pataxó y Pataxó Hã-hã-hãe (estado de Bahía). También se registraron invasiones, acaparamiento ilegal de tierras y actividad minera ilegal en tierras indígenas ya demarcadas, especialmente en la Amazonia (yanomami, kayapó, munduruku y sararé).
Las amenazas y agresiones contra líderes y lideresas aumentaron significativamente. Entre los casos de violencia extrema registrados en 2025 figuraban el asesinato y decapitación del joven avá guaraní paranaense Everton Lopes Rodrigues en el municipio de Guaira (estado de Paraná) y el asesinato del líder guaraní kaiowá Vicente Fernandes Vilhalva durante un ataque efectuado por personas armadas contra el territorio recuperado Pyelito Kue, en el municipio de Iguatemi (estado de Mato Grosso del Sur). Estos hechos se enmarcaban en una constante de violencia por la recuperación de territorios en los estados de Paraná, Mato Grosso del Sur y Bahía, entre otras zonas, lastrada por amenazas, ataques nocturnos, incendios provocados y persecución de quienes lideraban sus comunidades.
En marzo se formalizó un acuerdo entre el Estado, la empresa Itaipú Binacional y el pueblo Avá Guaraní Paranaense, que establecía medidas de reparación y asignación de recursos para la adquisición de tierras, tras decenios de violaciones de derechos humanos asociadas a la construcción de una central hidroeléctrica. Meses después, el Estado brasileño y la empresa ofrecieron una disculpa tardía por los actos de violencia cometidos. Pese a ese avance simbólico y material, los pueblos indígenas siguieron denunciando la insuficiencia de las medidas ante el aumento de las pérdidas territoriales y la persistencia de invasiones, amenazas y presiones sobre sus tierras en diferentes regiones del país.
Comunidades quilombolas
Hubo un reconocimiento jurídico parcial de los derechos de las personas quilombolas, con decisiones judiciales que reafirmaban la obligación del Estado de avanzar en los procesos de identificación, delimitación y titulación de sus territorios. En marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Brasil por violar los derechos territoriales de 171 comunidades quilombolas ubicadas en el municipio de Alcântara (estado de Marañón) y ordenó la titulación de aproximadamente 78.000 hectáreas, así como otras medidas de reparación colectiva.
Aun así, las comunidades quilombolas se enfrentaban a una intensificación de la violencia física, simbólica y estructural. La ausencia de políticas eficaces de demarcación y protección territorial perpetuaba la vulnerabilidad histórica y la falta de justicia restaurativa. Aumentaron las amenazas contra sus líderes y lideresas, a menudo en relación con conflictos agrarios e intentos de apropiación ilegal de tierras.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
Se aprobó el nuevo Plan Nacional de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, que reforzaba la obligación del Estado de adoptar medidas integrales de protección física, psicosocial y jurídica para las personas y comunidades amenazadas.
A pesar de estos avances, persistieron los ataques, las amenazas y la violencia grave contra las personas defensoras de los derechos humanos, en especial ambientalistas, quilombolas y líderes y lideresas indígenas y comunitarios en contextos de conflicto territorial, y se registraron asesinatos, atentados, amenazas de muerte y casos de criminalización. En noviembre, las defensoras Antônia Ferreira dos Santos y Marly Viana Barroso —de 53 y 71 años, respectivamente—, recolectoras de coco babasú, fueron asesinadas en el municipio de Novo Repartimento (estado de Pará) en un contexto de disputa territorial y defensa de los modos de vida tradicionales.
La Cámara de los Diputados aprobó en noviembre de 2025 la adhesión de Brasil al Acuerdo de Escazú, que seguía sin ratificarse al concluir el año por no haberse aprobado en el Senado.
Organizaciones de derechos humanos denunciaron que el gobierno de Pará había utilizado indebidamente la estructura del Programa de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos con fines de vigilancia y espionaje de líderes y lideresas indígenas y comunitarios, e incluso miembros del Parlamento.
Los procesos judiciales abiertos en relación con casos emblemáticos de violencia contra defensores y defensoras —como los asesinatos de Marielle Franco y Anderson Gomes, de Maria Bernadete Pacífico (“Madre Bernadete”) y de Bruno Pereira y Dom Phillips— se hallaban en distintas fases (investigación, análisis judicial y juicio) y continuaban sin alcanzar una conclusión judicial definitiva. En el caso de Marielle Franco y Anderson Gomes, el proceso contra los presuntos autores intelectuales llegó a su fase final y el juicio en la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal quedó programado para febrero de 2026, casi ocho años después del crimen. En el de Maria Bernadete Pacífico, el Tribunal de Justicia del estado de Bahía fijó también para febrero de 2026 la sesión del Tribunal del Jurado en la que juzgar a los acusados del asesinato, dos años después de haberse cometido.
Uso ilícito de la fuerza
La violencia policial siguió caracterizando la política de seguridad pública. Según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública y el análisis de organizaciones como el Instituto Democracia en Jaque, la policía había matado en 2024 a una media de 17 personas al día, lo que sumaba más de 6.200 muertes causadas por intervenciones policiales y mantenía a Brasil entre los países con las tasas de letalidad policial más altas del mundo.
Según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública, publicado en julio, la población negra seguía representando la mayoría absoluta de las víctimas de la letalidad policial: en 2024, alrededor del 82% de las personas muertas en intervenciones policiales eran negras, aunque este grupo de población constituía alrededor del 55,5% del total.
En el ámbito institucional, varias decisiones judiciales relacionadas con la protección de los valores esenciales de la Constitución Federal frente a los actos del poder público —como las acciones por incumplimiento de precepto fundamental (ADPF, por sus siglas en portugués) 635 (“ADPF de las Favelas”) y 709— reforzaron la responsabilidad del Estado en la violencia cometida por los agentes de seguridad y en la protección de las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, esas decisiones no se aplicaron. En enero, una operación llevada a cabo en el Complexo de Alemão y en el Complexo de Penha, en Río de Janeiro, dejó decenas de muertes y paralizó la vida cotidiana en esas favelas; se tuvo noticia asimismo de casos de ejecuciones extrajudiciales e impedimento de la circulación de ambulancias. En São Paulo, las muertes a manos de policías militares en servicio aumentaron en 2025, alcanzando las 672 víctimas, con un incremento más intenso en el segundo semestre tras la adopción por la policía de un nuevo modelo de cámaras corporales con menor campo de visión.
En mayo, una operación de la Policía Militar efectuada en el barrio Pantanal de la ciudad de Macapá (estado de Amapá) dio lugar a la muerte de siete jóvenes que regresaban de un partido de fútbol, entre ellos un adolescente de 14 años, tras recibir decenas de disparos el vehículo en el que se encontraban.
En octubre, la Operación Contención, llevada a cabo en los complejos de favelas de Penha y Alemão movilizó a 2.500 agentes civiles y militares y causó la muerte de 121 personas, incluidos cuatro policías. Considerada la más letal de la historia del estado de Río de Janeiro, generó denuncias de ejecuciones extrajudiciales, allanamientos de morada, violación de los protocolos de preservación de la escena del crimen y uso desproporcionado de la fuerza en una zona densamente poblada.
Se registraron avances puntuales en materia de responsabilidad del Estado mediante la aplicación de condenas en algunos casos emblemáticos de violencia policial. En Fortaleza, ocho policías militares fueron condenados a penas largas de prisión por homicidios, tentativas de homicidio y torturas cometidos en 2015 en la denominada “masacre de Curió” contra residentes de la periferia; en otro juicio relacionado con la misma causa, varios agentes fueron absueltos. En el caso de João Pedro Matos Pinto, adolescente negro de 14 años asesinado en 2020 en el interior de su vivienda durante una operación policial practicada en Río de Janeiro, una decisión judicial determinó que los agentes implicados debían ser juzgados ante un jurado popular por homicidio calificado, después de que un tribunal los hubiera absuelto en 2024. En el caso de Johnatha de Oliveira Lima, joven negro muerto durante una intervención policial en una favela de Río de Janeiro, una serie de decisiones judiciales permitieron reabrir las investigaciones. Sin embargo, estos ejemplos seguían siendo excepcionales en un contexto en el que alrededor del 98% de las investigaciones contra agentes policiales se archivaban y menos del 2% de los casos de muertes causadas por la policía llegaban efectivamente a juicio.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
Hubo avances en la visibilidad de las cuestiones LGBTI y en decisiones judiciales que ampliaban el reconocimiento de esos derechos, con fallos de tribunales superiores que reforzaban la igualdad en materia de filiación, permisos parentales y reconocimiento registral de identidades de género no binarias. Al mismo tiempo, la violencia contra la población LGBTI aumentó: el Observatorio del Grupo Gay de Bahía registró 291 muertes violentas de personas LGBTI+ en 2024 —cerca de un 9% más que en 2023—, mientras que la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales contabilizó más de un centenar de asesinatos de personas trans en el mismo período, con lo que Brasil se mantenía entre los países más mortíferos del mundo para ese sector de la población. Los crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género seguían presentando niveles bajos de investigación y rendición de cuentas.
Violencia sexual y de género
Se registraron avances en la creación de mecanismos institucionales de protección y rendición de cuentas frente a la violencia de género, como el aumento gradual del número de comisarías especializadas, la ampliación de redes de atención y la realización de campañas de sensibilización, lo que indicaba cierto reconocimiento oficial de la gravedad del problema. Aun así, los feminicidios alcanzaron un nivel récord al registrarse al menos 1.470 casos, lo que equivalía aproximadamente a cuatro mujeres asesinadas al día y suponía un leve aumento respecto a 2024. En un contexto de desigualdad racial persistente, las mujeres negras seguían sobrerrepresentadas entre las víctimas, y varios casos sucesivos de gran repercusión mediática provocaron protestas masivas y peticiones de una respuesta más firme de las autoridades.
Derechos sexuales y reproductivos
El Congreso Nacional avanzó en la puesta en marcha de iniciativas para restringir el acceso al aborto legal. La tramitación del Proyecto de Ley 1904/2024, que pretendía equiparar el aborto practicado después de la semana 22 de gestación al delito de homicidio simple —incluso en los casos de violación—, generó movilizaciones masivas del movimiento feminista y de organismos de derechos humanos. Al concluir el año, el proyecto no se había convertido en ley.
Impunidad
Pese a algunos avances puntuales en materia de rendición de cuentas, los informes del relator especial de la ONU sobre la verdad, la justicia y la reparación señalaban la persistencia de una impunidad estructural y de grandes obstáculos en el acceso a la justicia, especialmente en los casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas.
Algunos mecanismos de justicia transicional siguieron enfrentando bloqueos legislativos y resistencias políticas, como los intentos de limitar las políticas de memoria histórica y de revisar la Ley de Amnistía, lo que ponía en peligro el derecho colectivo a la verdad, la justicia y la reparación.
El acceso a la justicia continuó siendo profundamente desigual: los datos del Consejo Nacional de Justicia mostraban que las personas negras y los grupos en situación de vulnerabilidad seguían sobrerrepresentados entre la población penitenciaria y subrepresentados en cuanto al acceso a una defensa técnica adecuada, pese a iniciativas tales como la implantación de protocolos de juzgamiento con perspectiva racial y de derechos humanos.