Resumen

Los niveles de violencia de género seguían siendo altos. La tasa de asesinatos se mantuvo elevada, mientras que el gobierno disolvió el equipo de trabajo policial sobre homicidios políticos. Continuaron con impunidad las amenazas y los homicidios contra defensores y defensoras de los derechos humanos. El Departamento de Educación Básica incumplió su promesa de erradicar las letrinas de pozo de las escuelas. Continuaban las demandas judiciales contra la Ley del Seguro Nacional de Salud. Persistían los cortes de agua en todo el país. Un grupo parapolicial xenófobo acosó a personas migrantes y les impidió acceder a los servicios de salud y educación. Continuó el proceso judicial contra ocho agentes de la unidad de protección de personalidades a quienes se acusaba de agresión. Las inundaciones afectaron de manera desproporcionada a quienes residían en asentamientos informales.