Somalia 2016/2017

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Somalia 2016/2017

Continuó el conflicto armado que enfrentaba a las fuerzas del Gobierno Federal de Somalia y las fuerzas de mantenimiento de la paz de la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM) con el grupo armado Al Shabaab en el centro y el sur del país. El Gobierno Federal de Somalia y la AMISOM mantuvieron el poder en las zonas de las regiones del centro y el sur que controlaban. Más de 50.000 personas civiles perdieron la vida, resultaron heridas o quedaron desplazadas como consecuencia del conflicto armado y la violencia generalizada. Todas las partes en el conflicto fueron responsables de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario que, en algunos casos, constituían crímenes de guerra. Nadie rindió cuentas por estas violaciones. Los grupos armados seguían reclutando a niños y niñas y llevando a cabo secuestros, actos de tortura y homicidios ilegítimos de civiles. La violación y otros delitos de violencia sexual eran prácticas muy extendidas. La persistencia del conflicto, la inseguridad y las restricciones impuestas por las partes beligerantes obstaculizaron el acceso de los organismos de ayuda humanitaria a algunas regiones. Unos 4,7 millones de personas necesitaban asistencia humanitaria; 950.000 sufrían inseguridad alimentaria. Decenas de miles de personas fueron desalojadas por la fuerza de sus hogares. Se restringió la libertad de expresión: dos periodistas fueron víctimas de homicidio y otros fueron objeto de ataques, hostigamiento o multas.

Información general

El Gobierno Federal de Somalia y la AMISOM mantuvieron el control de la capital, Mogadiscio. También retuvieron zonas tomadas a Al Shabaab en 2015 y consolidaron su control a través de las administraciones federales en los estados de Galmudug, Jubalandia y Somalia Sudoccidental. La AMISOM y las Fuerzas Armadas Nacionales de Somalia libraron batallas intermitentes con Al Shabaab, pero el control del territorio no se modificó. Al final de 2016, Al Shabaab seguía controlando muchas zonas rurales, sobre todo en las regiones de Bay, Gedo, Baja Shabelle y Juba Medio. Los combates causaron nuevos desplazamientos. Continuaron los enfrentamientos entre clanes y los ataques de Al Shabaab contra civiles, sobre todo en los distritos donde el control cambió de manos varias veces entre la AMISOM y Al Shabaab. El fuego cruzado y los ataques selectivos se saldaron con muertos y heridos entre la población civil, también víctima de granadas, dispositivos explosivos improvisados, atentados suicidas y ataques a recintos de distintos tipos. Todas las partes en el conflicto cometieron crímenes de guerra.

La Resolución 2275 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada en marzo, prorrogó el mandato de la Misión de Asistencia de la ONU en Somalia (UNSOM) hasta el 31 de marzo de 2017, en tanto que la Resolución 2297, aprobada en julio, prorrogó el mandato de la AMISOM hasta el 31 de mayo de 2017. Continuó el apoyo internacional a las fuerzas de seguridad del gobierno, a las milicias aliadas y a la AMISOM. Como consecuencia de las presiones para que se rindieran cuentas, nueve soldados ugandeses adscritos a la AMISOM fueron condenados a prisión por infringir las normas y reglamentos del mantenimiento de la paz.

Persistía una grave situación humanitaria y se temía que el regreso de somalíes desde países vecinos agravase la crisis. Al menos 4,7 millones de personas (el 40% de la población) necesitaban apoyo; las más vulnerables eran las más de 1,1 millones de personas internamente desplazadas.

Se desencadenó una crisis política en relación con los colegios electorales para las elecciones parlamentarias y presidenciales previstas para septiembre y octubre, respectivamente. Un foro creado por líderes políticos acordó finalmente que 275 colegios electorales, integrados por sendas delegaciones de 51 miembros seleccionados por los ancianos de los clanes, elegirían cada uno a un parlamentario. Las elecciones para la cámara baja y la cámara alta, previstas para septiembre y octubre, respectivamente, se aplazaron dos veces. Mientras tanto, Al Shabaab rechazó cualquier forma de proceso electoral, intensificó los ataques y pidió a sus seguidores que atacaran los lugares de votación y mataran a los ancianos de los clanes, los funcionarios del gobierno y los parlamentarios que participaran en los comicios.

Abusos cometidos por grupos armados

Ataques indiscriminados

Al Shabaab llevó a cabo ataques indiscriminados y letales en zonas fuertemente custodiadas de Mogadiscio y otras ciudades en los que cientos de civiles murieron o resultaron heridos. Los objetivos más destacados siguieron siendo vulnerables a estos ataques. Era difícil establecer el número total de civiles fallecidos al no existir un sistema fiable de seguimiento de víctimas.

Un ataque realizado por Al Shabaab contra el hotel Beach View y el restaurante Lido Seafood en la playa de Lido, Mogadiscio, el 21 de enero causó la muerte de al menos 20 personas. El 9 de marzo, un ataque suicida con automóvil bomba contra una comisaría de policía de Mogadiscio mató al menos a 3 personas. El 9 de abril, un mínimo de 4 personas murieron y 7 resultaron heridas en un atentado suicida con explosivos contra un restaurante cercano a un edificio del gobierno local en Mogadiscio. Un atentado suicida con automóvil bomba contra la sede de la policía de tráfico de Mogadiscio causó la muerte de al menos 5 personas el 9 de mayo. El 26 de junio, un ataque de Al Shabaab contra el hotel Nasa Hablod, en Mogadiscio, mató al menos a 15 personas y causó heridas a más de 20. Los enfrentamientos entre combatientes de Al Shabaab y las Fuerzas Armadas Nacionales de Somalia en la región de Bay el 18 de julio causaron la muerte de 14 civiles atrapados en el fuego cruzado. El 26 de julio murieron al menos 10 personas —civiles y agentes de seguridad— al explotar dos automóviles delante de una oficina de la ONU en Mogadiscio. El 21 de agosto, dos atentados suicidas contra sedes del gobierno local en Galkayo, en Puntlandia (región semiautónoma en el nordeste del país), causaron la muerte de al menos 20 civiles. Un ataque de Al Shabaab contra el restaurante Banadir Beach, en la playa de Lido, Mogadiscio, perpetrado el 26 de enero, causó la muerte de al menos 10 civiles. El 30 de agosto, la explosión de un camión ante el hotel SYL, en Mogadiscio, cerca del palacio presidencial, mató al menos a 15 personas y causó heridas a 45.

Ataques contra civiles

La población civil también fue blanco directo de ataques, perpetrados sobre todo por combatientes de Al Shabaab y milicias de los clanes. El 15 de junio, combatientes de Al Shabaab dispararon morteros contra zonas densamente pobladas de Mogadiscio; se oyeron cinco grandes explosiones, pero no se informó de ninguna muerte. El 6 de agosto, Al Shabaab disparó proyectiles de mortero contra un barrio cercano al hospital general de Baidoa; un hombre perdió la vida y seis personas resultaron heridas.

Además, Al Shabaab siguió perpetrando actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales contra personas a las que acusaba de espiar o de no acatar su interpretación de la ley islámica. El grupo realizó ejecuciones públicas, por decapitación y lapidación, entre otros métodos, y llevó a cabo amputaciones y flagelaciones, sobre todo en zonas de las que se había retirado la AMISOM. El 19 de enero, Al Shabaab mató a un hombre en el distrito de Kurtuwary tras acusarlo de brujería. El 20 de mayo, Al Shabaab decapitó a tres hombres en el distrito de Buur Hakaba, región de Bay, tras acusarlos de espiar para el gobierno federal. El 17 de agosto, Al Shabaab ejecutó públicamente por fusilamiento a un hombre en el asentamiento de Biyoley, cerca de Baidoa, tras acusarlo de espiar para el gobierno federal.

Las milicias de los clanes y las milicias alineadas con el gobierno siguieron llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales, extorsiones, detenciones arbitrarias y violaciones. El 7 de agosto, en el distrito de Qansax Dheere, región de Bay, una milicia de clan disparó proyectiles de mortero contra civiles, matando a tres personas. En agosto, varios civiles perdieron la vida en enfrenamientos entre clanes en la región de Bay.

Niños y niñas soldados

Todas las partes en el conflicto armado seguían cometiendo abusos graves contra niñas y niños. Aunque Somalia era parte en la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, el gobierno federal seguía sin implementar los dos planes de acción que había firmado en 2012 para poner fin al reclutamiento y uso de niños y niñas soldados, así como al homicidio y la mutilación de menores de edad.

En junio, UNICEF afirmó que creía que había hasta 5.000 niños y niñas soldados en Somalia, en su mayoría reclutados por Al Shabaab y las milicias de los clanes.

Personas internamente desplazadas, refugiadas y solicitantes de asilo

Más de 1,1 millones de personas continuaban en situación de desplazamiento interno en Somalia. La mayoría seguían asentadas en el corredor de Afgooye, entre Mogadiscio y la ciudad de Afgooye. Los enfrentamientos intermitentes de las Fuerzas Armadas Nacionales de Somalia y sus aliados de la AMISOM con Al Shabaab alteraron el normal desarrollo del comercio en varias regiones. Aunque las Fuerzas Armadas Nacionales de Somalia y la AMISOM controlaban ciudades importantes, Al Shabaab bloqueó las rutas de abastecimiento y gravó con impuestos a la población civil en los distritos que estaban bajo su control. La persistencia del conflicto amenazaba con agravar la difícil situación humanitaria.

En enero, el Parlamento federal aprobó una ley para proteger y rehabilitar a las personas internamente desplazadas y refugiadas somalíes, pero su aplicación avanzaba con lentitud. Más de 1,1 millones de personas refugiadas somalíes permanecían en países vecinos y en la diáspora en general. Al intensificarse la violencia en Yemen, continuó el regreso a Somalia de somalíes que habían huido a ese país. Al final del año lo habían hecho más de 30.500. Mientras tanto, otros Estado de acogida, como Dinamarca y Países Bajos, presionaban a las personas refugiadas y solicitantes de asilo somalíes para que regresaran a Somalia, aduciendo que la situación de seguridad había mejorado en el país.

Derecho a la vivienda: desalojos forzosos

Los desalojos forzosos de personas internamente desplazadas y de personas pobres de las zonas urbanas seguían siendo un problema importante, sobre todo en Mogadiscio. En el primer semestre del año, el gobierno y propietarios privados ejecutaron el desalojo forzoso de casi 31.000 personas en los distritos de Deynile, Dharkeinly, Hamar Weyne, Heliwa, Hodan, Kaxda y Wardhigley, en Mogadiscio. Sólo en el mes de enero, más de 14.000 personas fueron desalojadas por la fuerza. La mayoría de las personas desalojadas se trasladaron a lugares inseguros y aislados a las afueras de la capital, donde los servicios sociales eran limitados o inexistentes y las condiciones de vida eran deplorables.

Libertad de expresión

Continuaban la intimidación, el hostigamiento y los ataques contra periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación. Dos periodistas fueron asesinados. El 4 de junio, unos hombres armados no identificados mataron a tiros a la periodista Sagal Salad Osman, que trabajaba para la radio y la televisión estatales. El 27 de septiembre, en Mogadiscio, dos atacantes dispararon y mataron a Abdiasis Mohamed Ali, de Radio Shabelle. Se cerraron varios medios de comunicación. El 9 de julio, la policía irrumpió en los locales de City FM, cerró la emisora de radio y detuvo al redactor jefe, Abdishakur Abdullahi Ahmed, y al redactor jefe adjunto, Abdirahman Hussein Omar Wadani. También confiscó equipos radiofónicos. El 13 de agosto, la policía detuvo en la región de Beledweyn al periodista freelance Ali Dahir Herow. Al Shabaab siguió reprimiendo a los medios de comunicación y mantuvo la prohibición de Internet en las zonas que estaban bajo su control.

En Somalilandia, que no disponía de una ley sobre medios de comunicación operativa que protegiera a los periodistas, también se restringió la libertad de los medios de comunicación. El gobierno limitó la libertad de expresión de quienes criticaban sus políticas. Hasta octubre, 9 periodistas habían sido detenidos por motivos relacionados con su trabajo, y 7 de ellos hacían frente a causas penales en los tribunales. El 25 de mayo, Ahmed Mouse Sakaaro, periodista radicado en Burao, fue detenido y acusado formalmente de incitar a la violencia. En junio, unos agentes de policía detuvieron a Abdirashid Abdiwahaab Ibraahim, editor del periódico independiente Foore, y a su redactor jefe, Mohamed Mahamoud Yousuf, por informar de un acuerdo sobre la gestión del puerto de Berbera entre el gobierno de Somalilandia y una empresa privada con sede en el extranjero. También en mayo se detuvo a dos periodistas, Cabdirashid Nuur Wacays y Siciid Khadar, editor y redactor jefe, respectivamente, del periódico Hubsad, y se cerró la publicación. Además, el gobierno suspendió la publicación del periódico Haartif, un tribunal revocó su licencia y la policía ocupó sus instalaciones.

Pena de muerte

Somalia siguió aplicando la pena de muerte a pesar de su apoyo a la resolución sobre una moratoria del uso de la pena capital adoptada por la Asamblea General de la ONU. Se tuvo noticia de pocas ejecuciones, pero el Tribunal Militar dictó condenas a muerte en procedimientos que no se ajustaban a las normas internacionales relativas a juicios justos. Entre los condenados a muerte figuraba un ex periodista acusado de ayudar a Al Shabaab a matar a otros cinco periodistas. El 14 de agosto, un tribunal militar de Puntlandia ordenó la ejecución por fusilamiento de un oficial del ejército en la ciudad de Garowe. No se tenía constancia de que se hubiera llevado a cabo la ejecución.

En Somalilandia, seis presos del complejo de máxima seguridad de Mandera fueron ejecutados en enero. El 25 de julio, un tribunal civil de Berbera condenó a muerte a ocho hombres. Los tribunales civiles seguían imponiendo penas de muerte, y al final del año había al menos 50 personas condenadas a la pena capital.

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