Etiopía 2025
Las autoridades llevaron a cabo desalojos forzosos masivos sin preaviso suficiente y obligaron a desplazarse a miles de personas bajo el pretexto del desarrollo urbanístico. Se sometió a periodistas a detención arbitraria y acoso. El espacio de la sociedad civil siguió reduciéndose mientras las autoridades aumentaban la vigilancia y la represión de activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos y presentaban proyectos de ley que amenazaban la libertad de asociación. El proceso de justicia transicional se estancó y no se tomaron medidas para garantizar la justicia y la rendición de cuentas por los crímenes de derecho internacional cometidos en el conflicto de Tigré. Las mujeres y las niñas continuaban sufriendo violencia de género, incluida violencia sexual relacionada con los conflictos. A causa de su labor, se sometió a abusos a defensoras de los derechos de las mujeres. Etiopía detuvo arbitrariamente y deportó a Eritrea al menos a 600 personas refugiadas de ese país.
Desalojos forzosos
Miles de etíopes se enfrentaron a desalojos forzosos repentinos en el contexto del Proyecto de Urbanización de Corredores, que las autoridades describían como un proyecto de desarrollo urbanístico para “[mejorar] las infraestructuras, la vivienda y los espacios públicos”. El primer ministro, Abiy Ahmed, fue el responsable de su creación y supervisó de cerca su ejecución, mientras que el Ministerio de Urbanismo e Infraestructuras dirigió el proyecto.
Se produjeron desalojos masivos en 60 ciudades, entre ellas la capital, Adís Abeba (donde se registró la mayoría de los casos documentados), así como Arba Minch, Hawassa, Dessie, Jimma, Adama y Jigjiga. Según las víctimas, la población residente afectada recibía un aviso de desalojo con sólo 72 horas de antelación, sin que mediara ningún tipo de consulta. Las autoridades acosaron a las personas que se oponían al desalojo e intimidaron a las que cubrían la noticia para diversos medios de comunicación, sometiéndolas incluso a detenciones arbitrarias y amenazas. Millones de personas vivían con el temor de ser desalojadas.
Los desalojos constituyeron graves violaciones de múltiples derechos humanos, entre ellos los derechos a una vivienda adecuada, a la educación y a la justicia, así como el derecho a participar en consultas significativas, el derecho a un recurso legal y el derecho a recibir indemnización. A principios de octubre, las autoridades municipales anunciaron la suspensión temporal del proyecto y se comprometieron a consultar de manera más efectiva a las comunidades afectadas en Adís Abeba.
Libertad de expresión
Las autoridades sometieron a periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación a detenciones arbitrarias e ilegales. Cada vez era mayor el número de detenciones de periodistas a manos de hombres enmascarados que se los llevaban y los mantenían incomunicados durante periodos de hasta 12 días. Se pasó de detener a periodistas por publicar informes críticos con las autoridades a detenerlos por mantener conversaciones privadas.
El 21 de junio, los periodistas Andualem Sisay y Wudineh Zenebe fueron detenidos por hablar de política en un bar de Adís Abeba. La policía registró sus dispositivos electrónicos y los dejó en libertad unas horas más tarde.
A principios de junio, el destacado periodista Tesfalem Waldyes fue detenido y recluido durante cinco días, a pesar de las múltiples decisiones judiciales que ordenaban su liberación, antes de quedar en libertad bajo fianza.
El 13 de agosto, varios hombres enmascarados vestidos con uniformes militares detuvieron a Yonas Amare, periodista de The Reporter —uno de los periódicos más importantes de Etiopía— en su domicilio de Adís Abeba. Amare quedó en libertad tras pasar 10 días detenido en régimen de incomunicación.
Abdulsemed Mohammed, presentador de Kidame Gebeya —popular programa de Ahadu Radio— fue detenido el 11 de agosto en Adís Abeba. La policía lo puso en libertad tras 12 días de detención en régimen de incomunicación.
Nadie rindió cuentas por los arrestos y detenciones de profesionales de los medios de comunicación.
Libertad de asociación
Las autoridades federales restringieron cada vez más el espacio de la sociedad civil mediante la vigilancia ilícita de activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, sumada a otras formas de acoso en relación con su labor.
El Ministerio de Justicia propuso un draconiano proyecto de reforma de la Proclamación sobre Organizaciones de la Sociedad Civil, una ley aprobada en 2019 como parte de las reformas legales iniciadas por el gobierno del primer ministro Abiy Ahmed tras su llegada al poder en 2018. La reforma pretendía socavar la independencia judicial y la supervisión del organismo ejecutivo responsable de hacer cumplir la norma. Entre otras duras medidas, pretendía prohibir a las organizaciones nacionales de la sociedad civil recibir financiación de personas u organizaciones extranjeras. De aprobarse, la reforma cerraría en la práctica el espacio de la sociedad civil, al concentrar en el ejecutivo un poder sin control.
Libertad de reunión pacífica
Las autoridades detuvieron a más de 140 profesionales de la salud por su presunta participación en las huelgas nacionales que comenzaron el 12 de mayo para exigir mejores condiciones laborales y salarios justos. Algunas de estas personas estuvieron recluidas hasta 27 días. Las autoridades ignoraron sus reivindicaciones y no entablaron negociaciones significativas con respecto a sus motivos de preocupación. En el momento de las protestas, el personal médico estaba ganando un salario mensual de tan sólo 8.978 birrs (unos 60 dólares estadounidenses).
Impunidad
El proceso de justicia transicional seguía estancado casi tres años después de que el gobierno iniciara las conversaciones sobre el establecimiento y la aplicación de políticas jurídicas e institucionales que, según las autoridades, garantizarían la justicia y la rendición de cuentas por las atrocidades cometidas en Etiopía.
No se hizo justicia ni se rindieron cuentas por los crímenes de derecho internacional —incluidos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad— cometidos durante el conflicto armado en la región de Tigré en 2020. Entretanto, continuaban las violaciones de derechos cometidas en el contexto de los conflictos armados que asolaban las regiones de Amhara y Oromia.
Derechos de las mujeres y de las niñas
Las mujeres y las niñas seguían sufriendo violencia sexual relacionada con los conflictos armados en curso. No se tomaron medidas para garantizar la justicia y la reparación para las sobrevivientes de esos abusos en la región de Tigré. Fuera del contexto de los conflictos, la violencia de género se agravó debido al colapso del Estado de derecho provocado precisamente por el conflicto prolongado.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Etiopía sometió a detención arbitraria y expulsó ilegalmente a Eritrea al menos a 600 personas eritreas refugiadas que, a su llegada al país, fueron detenidas. El relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea afirmó en su informe de mayo tener información fidedigna de que se interrogaba, detenía arbitrariamente, sometía a desaparición forzada y reclutaba indefinidamente en el ejército a las personas devueltas desde Etiopía. Buena parte de las personas refugiadas eritreas habían huido para escapar del servicio militar, que en ocasiones equivalía a esclavitud (véase el apartado sobre Eritrea).
Según informes fiables difundidos por los medios de comunicación a partir de febrero, el gobierno eritreo había intensificado su movilización militar en la frontera con Etiopía a medida que aumentaban las tensiones entre ambos países. Esta situación elevó el riesgo de que las personas eritreas refugiadas en Etiopía sufrieran violaciones de derechos humanos.