República Democrática del Congo 2016/2017

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República Democrática del Congo 2016/2017

Durante el año hubo agitación política en República Democrática del Congo, con protestas relacionadas con el fin del mandato del presidente Kabila. Se respondió a las manifestaciones con uso excesivo de la fuerza por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad y con violaciones del derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Continuó el conflicto armado en el este del país. Los grupos armados cometieron numerosos abusos contra civiles —como ejecuciones sumarias, homicidios, secuestros, actos de violencia sexual y saqueo de bienes— y las fuerzas de seguridad llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos. Las fuerzas armadas y la fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU, MONUSCO (Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo), fueron incapaces de proteger adecuadamente a la población civil.

Información general

El desacuerdo político acerca de si el presidente Kabila podía permanecer en el cargo una vez concluido su segundo mandato el 19 de diciembre desencadenó numerosas protestas. En marzo, la Comisión Electoral Nacional Independiente anunció que las elecciones no podían celebrarse dentro del plazo establecido en la Constitución. En mayo, el Tribunal Constitucional falló que el presidente podía permanecer en el cargo después del 19 de diciembre, hasta que se eligiera a su sucesor. En octubre, en un nuevo fallo, resolvió que las elecciones presidenciales podían ser aplazadas. La oposición y la sociedad civil cuestionaron la legalidad de la segunda sentencia por haber sido dictada por cinco jueces en lugar de los siete que exigía la ley. La mayoría de la oposición política, la sociedad civil y los movimientos juveniles rechazaron el acuerdo de aplazar las elecciones hasta abril de 2018, alcanzado en un diálogo auspiciado por la Unión Africana. El 31 de diciembre, representantes de la coalición mayoritaria, la oposición y organizaciones de la sociedad civil firmaron un nuevo acuerdo tras la mediación de la iglesia católica. El acuerdo incluía el compromiso de que el presidente Kabila no se presentaría a un tercer mandato y el de celebrar las elecciones antes del final de 2017.

La incertidumbre política contribuyó a aumentar las tensiones en el este del país, que continuaba azotado por conflictos armados. La intensificación de las tensiones étnicas y entre comunidades en el prolongado periodo preelectoral, unida a la debilidad de las respuestas de índole administrativa y en materia de seguridad, alimentaron la violencia y el reclutamiento de personas para los grupos armados.

La operación conjunta “Sokola 2”, de las fuerzas armadas de República Democrática del Congo y la MONUSCO, persistió en sus esfuerzos para neutralizar a las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), grupo armado radicado en el este de República Democrática del Congo e integrado por hutus ruandeses vinculados al genocidio de Ruanda en 1994. La operación no logró la captura del jefe de las FDLR, Sylvestre Mudacumura.

Cientos de combatientes de Sudán del Sur adscritos al Ejército de Liberación Popular de Sudán en la Oposición (SPLA-IO, por sus siglas en inglés) entraron en República Democrática del Congo tras los combates en la capital sursudanesa, Yuba (véase el apartado sobre Sudán del Sur).

La agudización de la crisis económica agravó unos niveles de pobreza ya elevados, y se registraron brotes de cólera y de fiebre amarilla que causaron cientos de muertes.

Libertad de asociación y de reunión

Se violó el derecho a la libertad de reunión pacífica, principalmente en relación con las protestas contra la prórroga del mandato del presidente Kabila. Numerosas protestas, la mayoría organizadas por la oposición política, fueron declaradas no autorizadas aunque la legislación de República Democrática del Congo y el derecho internacional sólo exigían a los organizadores la notificación de la convocatoria a las autoridades locales, no la obtención de autorización. En cambio, las reuniones organizadas por la coalición gobernante, Mayoría Presidencial, tuvieron lugar en gran parte sin injerencias de las autoridades.

Se impusieron o mantuvieron prohibiciones generales de las protestas públicas en la capital, Kinshasa, las ciudades de Lubumbashi y Matadi y las provincias de Mai-Ndombe (antes provincia de Bandundu) y Tanganyika.

Durante el año, 11 activistas del movimiento juvenil Lucha por el Cambio (Lutte pour le changement, LUCHA) fueron declarados culpables de delitos por haber participado en protestas pacíficas o por haberlas organizado. Asimismo, más de 100 activistas de LUCHA y de Filimbi, movimiento juvenil en favor de la democracia, fueron detenidos antes, durante e inmediatamente después de protestas pacíficas. Estos y otros movimientos juveniles, que reclamaban al presidente Kabila que abandonara el cargo al término de su segundo mandato, fueron tildados de insurrectos. Las autoridades locales los declararon “ilegales” por carecer de registro, aunque ni la legislación nacional ni el derecho internacional imponían el registro como condición previa para constituir una asociación.

Las autoridades también prohibieron las reuniones privadas para debatir asuntos delicados desde el punto de vista político, entre ellos las elecciones. La sociedad civil y los partidos políticos de la oposición encontraron obstáculos para alquilar instalaciones donde celebrar conferencias, reuniones y otros actos. El 14 de marzo, una reunión celebrada en un hotel de Lubumbashi entre Pierre Lumbi, presidente del Movimiento Social por la Renovación (MSR), y miembros de esta organización fue interrumpida por la fuerza por la Agencia Nacional de Inteligencia.

Autoridades gubernamentales, entre ellas el ministro de Justicia y Derechos Humanos, amenazaron con cerrar organizaciones de derechos humanos en aplicación de interpretaciones restrictivas de la legislación que regulaba el registro de las ONG.

Uso excesivo de la fuerza

Las fuerzas de seguridad disolvieron sistemáticamente las protestas empleando fuerza innecesaria, excesiva y a veces letal, que incluyó el uso de gas lacrimógeno y munición real.

El 19 de septiembre, las fuerzas de seguridad mataron a decenas de personas en Kinshasa durante una protesta para pedir la retirada del presidente Kabila al término de su segundo mandato.

Las protestas contra la negativa de Kabila a dejar el poder estallaron de nuevo los días 19 y 20 de diciembre. Las fuerzas de seguridad mataron a decenas de personas en Kinshasa, Lubumbashi, Boma y Matadi. Cientos de personas fueron detenidas arbitrariamente antes, durante y después de las protestas.

Las fuerzas de seguridad también mataron a personas que participaban en manifestaciones por otros motivos en Baraka, Beni, Ituri y Kolwezi.

Libertad de expresión

El derecho a la libertad de expresión fue objeto de restricciones y se violó constantemente en el contexto preelectoral.1 Se actuó especialmente contra políticos que mantenían una postura contraria a la ampliación del segundo mandato del presidente Kabila.

En febrero, la policía militar tuvo detenido durante medio día al líder opositor Martin Fayulu, tras arrestarlo mientras captaba apoyos para una huelga general en demanda de respeto a la Constitución. En mayo, la policía le impidió celebrar tres reuniones políticas en la provincia de Kwilu.

La policía impidió a Moise Katumbi, ex gobernador de la entonces provincia de Katanga y aspirante a la presidencia, intervenir en actos públicos tras abandonar la formación política del presidente Kabila, Partido del Pueblo para la Reconstrucción y la Democracia. En mayo, la fiscalía abrió una investigación contra Moise Katumbi por el presunto reclutamiento de mercenarios, pero después le permitió salir del país para recibir atención médica. Más adelante tarde se abrió otra causa judicial contra Moise Katumbi, en relación con un litigio inmobiliario, y fue condenado in absentia a tres años de prisión. Esta condena le impedía presentarse a las elecciones presidenciales.

El 20 de enero, el ministro de Comunicación y Medios de Comunicación decretó el cierre de Radio-Télévision Nyota y Télévision Mapendo ambas propiedad de Moise Katumbi— por no haber cumplido con sus obligaciones tributarias. El Consejo Superior de Medios Audiovisuales y Comunicación, organismo estatal regulador de los medios de comunicación, afirmó que se habían pagado los impuestos y pidió la reapertura de las emisoras. A pesar de ello, las dos continuaron cerradas.

Decenas de periodistas fueron detenidos arbitrariamente. El 19 y 20 de septiembre, al menos ocho periodistas de medios internacionales y nacionales fueron detenidos y recluidos mientras cubrían las protestas. Varios de ellos fueron hostigados, robados y golpeados por las fuerzas de seguridad.

El 5 de noviembre se bloqueó la señal de Radio France Internationale, y al terminar el año continuaba bloqueada. Más o menos al mismo tiempo, la señal de Radio Okapi, emisora de la ONU, estuvo interrumpida durante cinco días. El 12 de noviembre, el ministro de Comunicación y Medios Informativos promulgó un decreto que prohibía que las emisoras de radio sin presencia física en República Democrática del Congo dispusieran de una frecuencia local. El decreto disponía que, a partir de diciembre, las emisoras sólo podrían emitir a través de una emisora de radio asociada congoleña y con el consentimiento del ministro.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Al menos tres defensores de los derechos humanos murieron a manos de agentes de seguridad conocidos o presuntos en las provincias de Maniema, Kivu Septentrional y Kivu Meridional. Un agente de policía fue declarado culpable del homicidio del defensor de los derechos humanos de Maniema y condenado a cadena perpetua; la pena se redujo a 36 meses en apelación. El juicio en relación con el homicidio en Kivu Septentrional comenzó en septiembre.

Las autoridades actuaron con creciente frecuencia contra defensores y defensoras de los derechos humanos que expresaban públicamente su postura sobre la limitación de los mandatos presidenciales o documentaban violaciones de derechos humanos de motivación política. Muchos defensores y defensoras sufrieron detención arbitraria, hostigamiento y aumento de las presiones para que pusieran fin a sus actividades.

En febrero, el gobierno de Kivu Meridional promulgó un decreto sobre protección de defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas. En el ámbito nacional, la ONU, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y varias ONG de derechos humanos trabajaron en una propuesta de una ley destinada a proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos, pero no había sido debatida todavía en el Parlamento.

Conflicto en el este de República Democrática del Congo

Los abusos contra los derechos humanos seguían siendo endémicos en el este de República Democrática del Congo, donde el conflicto persistió. La ausencia de autoridades del Estado y las lagunas en la protección de la población civil dieron lugar a muertes.

Abusos cometidos por grupos armados

Los grupos armados cometieron una amplia variedad de abusos, tales como ejecuciones sumarias, secuestros, trato cruel, inhumano o degradante, violación y otros actos de violencia sexual, y saqueo de bienes civiles. Las FDLR, la Fuerza de Resistencia Patriótica de Ituri (FRPI) y varios grupos armados Mai-Mai (milicias locales y comunitarias) fueron algunos de los responsables de los abusos cometidos contra civiles. El Ejército de Resistencia del Señor seguía activo y cometió abusos en zonas fronterizas con Sudán del Sur y República Centroafricana.

En la zona de Beni (Kivu Septentrional), la población civil fue víctima de matanzas, perpetradas generalmente con machetes, azadas y hachas. La noche del 13 de agosto, 46 personas murieron en Rwangoma, un barrio de Beni, a manos de presuntos miembros de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF, por sus siglas en inglés), grupo armado de Uganda que mantenía bases en el este de República Democrática del Congo.

Violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad

Los soldados cometieron violaciones de derechos humanos durante operaciones contra los grupos armados. También ejecutaron extrajudicialmente a civiles que protestaban contra la falta de protección del gobierno.

Violencia contra mujeres y niñas

Cientos de mujeres y niñas fueron víctimas de violencia sexual en zonas afectadas por el conflicto. Entre los autores había soldados y otros agentes del Estado, así como combatientes de grupos armados como Raia Mutomboki (una coalición de grupos), la FRPI y la milicia hutu Mai-Mai Nyatura.

Niños y niñas soldados

Cientos de niños y niñas fueron reclutados por grupos armados, entre ellos la FRPI, Mai-Mai Nyatura, fuerzas conjuntas de las FDLR y su brazo armado oficial —las Fuerzas Combatientes Abacunguzi (FOCA)— y la Unión de Patriotas para la Defensa de los Inocentes (UDPI). Continuó el uso de niños y niñas soldados como combatientes y también para cocinar, limpiar, recaudar impuestos y transportar mercancías.

Violencia entre comunidades

La violencia entre las comunidades hutu y nande se intensificó en los territorios de Lubero y Walikale (Kivu Septentrional). Las dos comunidades recibieron apoyo de grupos armados —la comunidad hutu de las FDLR, y la comunidad nande de grupos Mai-Mai—, lo que causó un elevado número de víctimas mortales e importantes daños a bienes civiles. En enero y febrero, los combates alcanzaron niveles alarmantes. El 7 de enero, las FDLR mataron al menos a 14 personas de la comunidad nande en la localidad de Miriki, en el sur del Territorio de Lubero. Cuando la población local llevó a cabo protestas contra la falta de protección tras el ataque, el ejército disparó munición real y mató al menos a un manifestante. Unas semanas después, al menos 21 personas de la comunidad hutu perdieron la vida, 40 resultaron heridas y decenas de casas fueron quemadas en ataques de milicias nande.

El 27 de noviembre, más de 40 personas murieron durante un ataque contra una localidad hutu perpetrado por un grupo de autodefensa nande.

En la provincia de Tanganyika, los enfrentamientos entre las comunidades batwa y luba se reanudaron en septiembre y causaron numerosas muertes y cuantiosos daños materiales. Los persistentes enfrentamientos dieron lugar a ejecuciones sumarias, violencia sexual y desplazamiento masivo. Según jefes locales y organizaciones de la sociedad civil, más de 150 escuelas del distrito fueron incendiadas durante los enfrentamientos entre comunidades.

Personas refugiadas e internamente desplazadas

Los combates entre el ejército y los grupos armados causaron altos niveles de desplazamiento. En febrero, más de 500.000 personas refugiadas congoleñas estaban registradas en países vecinos. El 1 de agosto, 9 millones de personas internamente desplazadas estaban registradas en República Democrática del Congo, la mayoría en las provincias de Kivu Septentrional y Kivu Meridional.

Tras denunciarse que miembros de grupos armados, particularmente las FDLR, se ocultaban en los campos, el gobierno cerró varios campos para personas internamente desplazadas que se habían establecido en colaboración con el ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Los cierres, que según estimaciones afectaron a unas 40.000 personas desplazadas, causaron nuevos desplazamientos y un aumento de la inseguridad, y fueron objeto de críticas generalizadas de organizaciones humanitarias. Durante los cierres, numerosas personas desplazadas fueron víctimas de violaciones de derechos humanos a manos de soldados.

Tortura y otros malos tratos

Agentes del Estado y miembros de grupos armados perpetraron actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. La Agencia Nacional de Inteligencia fue responsable de secuestros y formas de detención prolongada en régimen de incomunicación que vulneraban el derecho de las personas detenidas a ser tratadas con humanidad y la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos.

Impunidad

Muy pocos agentes del Estado — especialmente en los niveles superiores— o combatientes de grupos armados fueron procesados y condenados por abusos y violaciones de derechos humanos. La falta de financiación y de independencia judicial seguía constituyendo importantes obstáculos para la rendición de cuentas por esos delitos.

El 11 de octubre, Gedeon Kyungu Mutanga se entregó, junto con más de 100 combatientes Mai-Mai, a las autoridades de la provincia de Haut-Katanga. Se había fugado de prisión en 2011 tras ser condenado a muerte por crímenes de lesa humanidad, insurgencia y terrorismo.

Condiciones de reclusión

El hacinamiento, el deterioro de las infraestructuras y la insuficiente financiación contribuían a unas condiciones de reclusión terribles. La mayoría de la población penitenciaria estaba compuesta por personas detenidas en espera de juicio. La malnutrición, las enfermedades infecciosas y la ausencia de atención sanitaria adecuada dieron lugar a la muerte de al menos 100 reclusos. Se calculaba que unos 1.000 presos se habían evadido.

Derecho a un nivel de vida adecuado

La pobreza extrema seguía siendo generalizada. Según el Programa Mundial de Alimentos, aproximadamente el 63,6% de la población vivía por debajo del umbral de pobreza nacional y carecía de acceso a recursos para satisfacer sus necesidades básicas, como alimentación adecuada, agua apta para el consumo, saneamiento, servicios de salud adecuados y educación. Según las estimaciones, más de 7 millones de personas se hallaban en situación de inseguridad alimentaria y casi la mitad de los niños y niñas menores de 5 años sufrían malnutrición crónica. Una crisis económica dio lugar a un fuerte descenso del valor del franco congoleño respecto al dólar de EE. UU., lo que tuvo graves repercusiones en la capacidad adquisitiva de la población.

Derecho a la educación

Aunque la Constitución garantizaba la gratuidad de la educación primaria, el sistema escolar seguía funcionando gracias a la práctica institucionalizada del abono de tasas escolares para pagar los salarios del personal docente y los gastos escolares. En septiembre, activistas juveniles que protestaban pacíficamente en Bukavu (Kivu Meridional) contra las tasas escolares al comienzo del curso académico fueron detenidos y estuvieron recluidos durante breves periodos.

El conflicto armado tenía graves repercusiones en la educación. Decenas de escuelas se utilizaban como campos de personas internamente desplazadas o como bases militares para el ejército o los grupos armados. Miles de niños y niñas no podían asistir a la escuela debido a la destrucción de centros escolares o al desplazamiento de docentes y alumnado.

  1. Dismantling dissent. Repression of expression amidst electoral delays (AFR 62/4761/2016)

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