República Democrática del Congo 2017/2018

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República Democrática del Congo 2017/2018

La situación de los derechos humanos continuó deteriorándose. La violencia en la región de Kasai causó miles de muertes, dejó al menos a un millón de personas internamente desplazadas y motivó la huida de más de 35.000 a la vecina Angola. En el este del país, las fuerzas gubernamentales y los grupos armados seguían atacando a civiles y explotando ilegalmente los recursos naturales con impunidad. La policía, los servicios de inteligencia y los tribunales seguían restringiendo el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Se hostigaba, intimidaba, sometía a detención arbitraria, expulsaba y mataba a periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos.

Información general

El presidente Kabila continuaba en el cargo, aunque su segundo mandato constitucional había terminado el 19 de diciembre de 2016. Ese mes, la coalición gobernante, la oposición y algunas organizaciones de la sociedad civil habían firmado un acuerdo político que disponía la continuación en el poder del presidente Kabila y la designación de un gobierno de unidad nacional que estaría liderado por un primer ministro designado por la principal coalición opositora —Rassemblement (Agrupación)— y tendría el cometido de organizar elecciones antes de diciembre de 2017. El acuerdo establecía el Consejo Nacional para el Seguimiento del Acuerdo y del Proceso Electoral (CNSA), presidido por el líder de Rassemblement, Etienne Tshisekedi, con el mandato de supervisar los avances. Además, incluía el compromiso del presidente Kabila de acatar el límite constitucional de dos mandatos y no proceder a la revisión o modificación de la Constitución. Su aplicación se estancó por el nombramiento y la distribución de cargos políticos para las instituciones de transición. Etienne Tshisekedi falleció en febrero. En abril, el presidente Kabila nombró unilateralmente primer ministro a Bruno Tshibala, nombramiento que Rassemblement se negó a reconocer. En julio, Joseph Olenghankoy fue nombrado, también unilateralmente, presidente del CNSA. Los principales líderes de la oposición, la iglesia católica y la comunidad internacional denunciaron estos nombramientos por considerar que vulneraban el acuerdo.

La confección del censo electoral en el periodo previo a las elecciones se demoró de modo considerable. En julio, el presidente de la Comisión Electoral Nacional Independiente anunció que las elecciones no podrían celebrarse en diciembre de 2017, entre otros motivos por la situación de seguridad en la región de Kasai.

La violencia que había estallado en 2016 por el homicidio del jefe Kamuina Nsapu se extendió a cinco provincias, lo que desencadenó una crisis humanitaria sin precedentes. En el este del país, varios grupos armados intensificaron sus ataques para expulsar al presidente Kabila. Las fuerzas de seguridad de la República Democrática del Congo y la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO) fueron incapaces de hacer frente a la inseguridad y de neutralizar a los más de 40 grupos armados locales o extranjeros que continuaban activos.

La tasa de inflación anual aumentó aproximadamente un 50% durante el año, lo que contribuyó a ahondar los niveles de pobreza. Se organizaron huelgas en demanda de aumentos salariales para maestros y maestras, profesorado universitario, profesionales de la medicina y la enfermería y el funcionariado. Una epidemia de cólera afectó al menos a 24.000 personas; más de 500 de ellas murieron entre enero y septiembre.

Libertad de expresión

Se restringió la libertad de prensa y el derecho a la información. Se limitó drásticamente la concesión de visados y acreditaciones a corresponsales extranjeros. En septiembre se expulsó del país a un periodista belga, y en junio y agosto, respectivamente, se negó la renovación de la acreditación a una ciudadana francesa y un ciudadano estadounidense. En un mínimo de 15 ocasiones, periodistas congoleños y extranjeros sufrieron intimidación, hostigamiento, y detención y reclusión arbitrarias mientras llevaban a cabo su trabajo. En muchos casos se les confiscaron los equipos o se los obligó a borrar los datos grabados. En julio, el ministro de Comunicación promulgó un decreto que introducía nuevas normas que exigían a los corresponsales extranjeros la obtención de una autorización ministerial para viajar fuera de la capital, Kinshasa.

En agosto, la víspera de dos jornadas de protesta convocadas por la oposición, que pidió a la población de todo el país que se quedara en casa para impulsar la publicación de un calendario electoral, la Autoridad Reguladora de Correos y Telecomunicaciones ordenó a las empresas de telecomunicaciones que limitaran estrictamente toda actividad y comunicación de los medios sociales.

Libertad de reunión

Las autoridades seguían prohibiendo y reprimiendo la disidencia pública y las reuniones pacíficas convocadas por las organizaciones de la sociedad civil y la oposición, especialmente las protestas relacionadas con la crisis política y las elecciones. Las fuerzas de seguridad intimidaron, hostigaron y detuvieron a manifestantes pacíficos de la oposición; las manifestaciones de partidarios del gobierno tuvieron lugar sin injerencias de las autoridades.

El 31 de julio, más de 100 personas, entre ellas 11 periodistas congoleños y extranjeros, fueron detenidas durante las manifestaciones organizadas en todo el país por Lucha por el Cambio (LUCHA) para exigir la publicación del calendario electoral. En relación con la protesta, se presentaron cargos contra un periodista, que continuaba detenido en Lubumbashi, y se impusieron penas de cárcel a cuatro manifestantes. Las demás personas quedaron en libertad sin cargos el mismo día o al día siguiente.

Uso excesivo de la fuerza

A menudo se reprimían con fuerza excesiva, y en ocasiones con medios letales, las protestas que no estaban organizadas por partidarios del gobierno.

El 15 de septiembre, en Kamanyola, el ejército y la policía dispararon contra una multitud de personas refugiadas de Burundi que protestaban por la detención y expulsión de cuatro refugiados por los servicios de inteligencia de la República Democrática del Congo; un total de 39 manifestantes murieron, entre ellos al menos ocho mujeres y cinco menores de edad, y al menos 100 resultaron heridos. Al concluir el año, no se tenía constancia de que se hubieran emprendido acciones judiciales contra los responsables.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Las fuerzas de seguridad y los grupos armados atacaron a defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas juveniles a causa de su trabajo; entre las víctimas se contaron Alex Tsongo Sikuliwako y Alphonse Kaliyamba, que perdieron la vida violentamente en Kivu Septentrional.

En mayo, el Senado aprobó un proyecto de ley que pretendía reforzar la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos. Sin embargo, el proyecto contenía una definición restrictiva de lo que se consideraba un defensor o defensora de los derechos humanos, reforzaba el control del Estado sobre las organizaciones de derechos humanos y amenazaba con restringir sus actividades; podía dar lugar a que no se las reconociera como tales.

Conflicto en la región de Kasai

La violencia en la región, que había estallado en 2016, se extendió a cinco provincias y dejó miles de muertos, un millón de personas internamente desplazadas —a fecha de 25 de septiembre— y destrucción generalizada de infraestructuras sociales y núcleos de población. Surgieron milicias que atacaron con creciente frecuencia a la población a causa de su etnia, en concreto a personas consideradas partidarias del levantamiento de Kamuina Nsapu.

Los seguidores de Kamuina Nsapu eran sospechosos de cometer abusos contra los derechos humanos en la región, como reclutamiento de niños y niñas soldados, violaciones, homicidios, destrucción de más de 300 escuelas y de mercados, iglesias, comisarías de policía y edificios gubernamentales.

Hacia el mes de marzo, individuos de los grupos étnicos tshokwe, pende y tetela formaron la milicia Bana Mura con el apoyo de jefes tradicionales locales y de funcionarios de seguridad. Esta milicia lanzó ataques contra las comunidades luba y lulua, a las que acusaba de apoyar el levantamiento de Kamuina Nsapu. Entre marzo y junio se tuvo noticia de que en el territorio de Kamonia la milicia Bana Mura y el ejército habían matado a unas 251 personas; 62 eran niños y niñas, 30 de ellos menores de ocho años.

Violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad

La policía y el ejército congoleños cometieron cientos de homicidios extrajudiciales, violaciones, detenciones arbitrarias y actos de extorsión. Entre febrero y abril se publicaron en Internet unos vídeos en los que se veía a soldados ejecutando a presuntos seguidores de Kamuina Nsapu, entre ellos niños y niñas de corta edad. Las víctimas iban armadas con palos o fusiles defectuosos, o simplemente llevaban cintas rojas ceñidas a la cabeza. El gobierno rechazó en un principio las acusaciones diciendo que habían sido “inventadas” para desacreditar al ejército. Sin embargo, en febrero reconoció que se habían cometido “excesos” y se comprometió a enjuiciar a los sospechosos de abusos y violaciones graves de derechos humanos en la región, incluidas sus fuerzas de seguridad.

Falta de rendición de cuentas

El 6 de julio, siete soldados del ejército fueron condenados a entre un año de prisión y cadena perpetua en relación con ejecuciones extrajudiciales en Mwanza-Lomba, población de la provincia de Kasai Oriental. Las condenas se dictaron en un juicio en el que no se identificó a las víctimas ni se brindó a sus familiares la oportunidad de declarar ante el tribunal ni de tratar de obtener reparaciones.

El 12 de marzo, la ciudadana sueca Zaida Catalan y el ciudadano estadounidense Michael Sharp, miembros del Grupo de Expertos del Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU para la República Democrática del Congo, fueron ejecutados durante una misión de investigación en la provincia de Kasai Central. Sus cuerpos fueron hallados 16 días después cerca de la población de Bunkonde. Zaida Catalan había sido decapitada. Tres de sus conductores y un intérprete que los acompañaba desaparecieron, y al terminar el año seguía sin conocerse su paradero. En abril, las autoridades presentaron a diplomáticos y periodistas en Kinshasa un vídeo, cuyo origen seguía sin conocerse, de la ejecución de los dos expertos. El vídeo, en el que se afirmaba que los autores eran “terroristas” de Kamuina Nsapu, fue compartido en Internet y admitido como prueba en el juicio en curso ante un tribunal militar de las personas acusadas de los homicidios, que comenzó el 5 de junio en la ciudad de Kananga.

En junio, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció una investigación internacional independiente —a la que el gobierno se opuso— sobre las violaciones graves de derechos humanos cometidas en la provincia de Kasai. En julio, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos anunció la designación de un equipo internacional de expertos que comenzó a investigar los incidentes en septiembre. Se esperaba que el equipo hiciera públicas sus conclusiones en junio de 2018.

Conflicto en el este de República Democrática del Congo

La inestabilidad y el conflicto crónicos seguían contribuyendo a la comisión de abusos y violaciones graves de derechos humanos. En la región de Beni, la población civil fue víctima de ataques y homicidios. El 7 de octubre, 22 personas murieron violentamente en la carretera entre Mbau y Kamango a manos de hombres armados no identificados.

Los secuestros aumentaron en Kivu Septentrional; en la ciudad de Goma se registraron al menos 100 casos. En Kivu Septentrional, Kivu Meridional e Ituri, decenas de grupos armados y fuerzas de seguridad seguían cometiendo asesinatos, violaciones, extorsiones y explotando ilegalmente los recursos naturales. El conflicto entre hutus y nandes en Kivu Septentrional dio lugar a muertes violentas, desplazamiento y destrucción, sobre todo en las zonas de Rutshuru y Lubero.

En las provincias de Tanganyika y Alto Katanga continuó la violencia entre las comunidades étnicas twa y luba. En Tanganyika, el número de personas internamente desplazadas llegó a 500.000. Entre enero y septiembre, más de 5.700 congoleños huyeron a Zambia para escapar del conflicto.

A pesar de la situación de seguridad, las autoridades seguían cerrando campos para personas internamente desplazadas en torno a la ciudad de Kalemie, lo que obligaba a estas personas a regresar a sus poblados o a vivir en condiciones aún peores.

Reclusión

Se tuvo noticia de un número sin precedentes de fugas de prisiones en todo el país; miles de reclusos escaparon y decenas murieron. El 17 de mayo se llevó a cabo un ataque contra la Penitenciaría y Centro de Rehabilitación de Makala, principal prisión de Kinshasa. El ataque, del que las autoridades culparon al grupo político Bundu dia Congore, se saldó con la evasión de más de 4.000 presos. El 11 de junio, 930 reclusos se fugaron de la prisión central de Kangbayi, en la ciudad de Beni. Decenas de ellos habían sido condenados unos meses antes por matar a civiles en la zona de Beni. Cientos de internos se fugaron también de prisiones y centros policiales de detención en las localidades de Bandundu, Kasangulu, Kalemie, Matete (Kinshasa), Walikale, Dungu, Bukavu, Kabinda, Uvira, Bunia, Mwenga y Pweto.

Las prisiones estaban abarrotadas, y las condiciones seguían siendo terribles; los alimentos y el agua potable eran insuficientes y la atención de la salud, deficiente. Decenas de presos murieron de hambre y enfermedades.

Rendición de cuentas de las empresas

En agosto, el Ministerio de Minas validó una estrategia nacional para erradicar el trabajo infantil en las minas. Se brindó a grupos de la sociedad civil nacional e internacional la oportunidad de aportar comentarios al respecto. El gobierno anunció que implementaría “progresivamente” muchas de sus recomendaciones y que erradicaría el trabajo infantil a más tardar en 2025.

Descarga el Informe 2017/18 de Amnistía Internacional