La nueva ley israelí que permite la detención automática y prolongada de solicitantes de asilo no es conforme al derecho internacional, ha dicho hoy Amnistía Internacional.
A primera hora del martes, el Parlamento israelí aprobó la “Ley de prevención de infiltraciones”, que autoriza la detención automática de cualquier persona, incluidos solicitantes de asilo, que entre en Israel sin permiso. Esta nueva ley está dirigida a quienes entran al país por la frontera con Egipto.
La ley permite que todas las personas detenidas por este motivo puedan permanecer recluidas sin cargos o sin juicio durante tres o más años. Las personas procedentes de países considerados “hostiles” para Israel, como los solicitantes de asilo de Darfur, en Sudán, podrían permanecer bajo custodia indefinidamente.
Los niños y niñas que viajan con sus padres también pueden verse sometidos a las mismas detenciones prolongadas.
“La aprobación y aplicación de esta nueva ley pasa por alto las obligaciones de Israel contraídas en virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y otros instrumentos internacionales en materia de derechos humanos”, ha expresado Ann Harrison, directora adjunta interina del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Israel tiene derecho a proteger sus fronteras, pero no tiene derecho a abandonar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos con personas solicitantes de asilo, refugiadas y migrantes, ni a criminalizarlos como ‘infiltrados’, ya que así únicamente se fomenta la xenofobia y la discriminación.”
Amnistía Internacional, junto con numerosas ONG israelíes de derechos humanos, se opuso a esta nueva ley cuando se presentó como proyecto. Ha sido promovida por el gobierno de Netanyahu y aprobada por 37 votos a favor y 8 en contra tras un debate que duró toda la noche.
El asesor legal del Parlamento israelí, Eyal Yinon, alegó que el proyecto de ley no cumplía las “normas mínimas constitucionales”. Se espera que se presenten recursos contra esta nueva ley.
Las detenciones automáticas y prolongadas previstas por la “Ley de prevención de infiltraciones” atentan contra las normas internacionales, que exigen que las autoridades de los Estados demuestren que las detenciones de inmigrantes son “necesarias y proporcionales” y que están basadas en estudios individuales detallados de cada caso. La detención nunca debe utilizarse como una forma de castigo ni como una medida disuasoria, y las personas migrantes irregulares y solicitantes de asilo no deben ser tratadas como delincuentes.
Un proyecto de ley anterior criminalizaba todo tipo de asistencia que se proporcionase a aquellas personas consideradas “infiltradas”, lo que habría puesto en peligro a las organizaciones israelíes de derechos humanos y a los grupos humanitarios. La ley que ha sido aprobada solo aplicará penas a quienes ayuden a personas armadas o involucradas en el tráfico de personas o de drogas.
La “Ley de prevención de infiltraciones” forma parte de una estrategia más amplia del gobierno de Israel para impedir la entrada de solicitantes de asilo y migrantes. El gobierno planea crear nuevos centros de detención para inmigrantes donde poder recluir a otros tantos miles de personas.
“El historial familiar de muchos israelíes incluye a solicitantes de asilo y refugiados. Esta ley representa un nuevo incumplimiento por parte de Israel de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, ha afirmado Ann Harrison.
“De acuerdo con los valores y obligaciones contraídas por Israel, el país debe atender a los solicitantes de asilo y a los migrantes indocumentados, y además debe abandonar sus planes de construcción de nuevos centros de detención para inmigrantes.”
La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 fue redactada después de la Segunda Guerra Mundial como consecuencia de los desplazamientos forzados masivos de judíos y otros refugiados de guerra que huían de la persecución.
Sin embargo, históricamente, los procedimientos de asilo de Israel no han sido justos, consecuentes ni transparentes.
Desde 2005, alrededor de 45.000 personas han entrado en Israel por la frontera con Egipto en busca de asilo, en su mayoría procedentes de Eritrea y Sudán. Durante los últimos años, Israel ha impedido categóricamente que se atendiesen las peticiones de asilo de ciudadanos eritreos y sudaneses, lo cual supone una flagrante violación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, y de las miles de peticiones presentadas por ciudadanos de otros países, únicamente ha concedido la condición de refugiados a unos cuantos.
En la actualidad, la mayoría de los solicitantes de asilo procedentes de Eritrea y Sudán que entran a Israel desde Egipto son detenidos y permanecen bajo custodia durante unas semanas antes de ser puestos en libertad.