(Kingston) Amnistía Internacional criticó hoy a las autoridades de Jamaica por desatender deliberadamente a la población jamaicana desfavorecida al no ocuparse de la corrupción y la violencia que están destrozando las comunidades de las zonas deprimidas de sus ciudades.
“La población jamaicana que vive en las zonas pobres de las ciudades está pagando con su vida las consecuencias de esta crisis de seguridad pública. Se convierten en rehenes del continuo enfrentamiento entre bandas de delincuentes, agentes de policía que matan con impunidad y autoridades que no protegen sus derechos humanos”, manifestó Fernanda Doz Costa, investigadora de Amnistía Internacional sobre Jamaica.
En un nuevo informe que se hizo público hoy en una rueda de prensa celebrada en Kingston, la organización desveló la realidad de los cientos de miles de jamaicanos estigmatizados por las autoridades y condenados a vivir con bandas de delincuentes violentos y prácticas policiales abusivas.
Jamaica cuenta con uno de los índices de violencia y homicidios policiales más elevados del continente americano; en 2007 se produjeron en torno a 1.500 homicidios y la policía dio muerte a 272 personas, lo que supone una media de tres homicidios al día y de tres muertes a manos de la policía cada cuatro días. La mayoría de las víctimas de delitos violentos viven en comunidades con grandes carencias, en donde también sufren desempleo, acceso insuficiente a la educación y los servicios de salud, suministro limitado de agua potable y condiciones higiénicas deficientes.
Las personas que viven en los barios urbanos más deprimidos quedan a merced de dirigentes de bandas que se sirven del vacío que deja el Estado para controlar aspectos amplísimos de sus vidas, como la recaudación de “impuestos”, la asignación de empleos, la distribución de alimentos y “becas” y el castigo a quienes infringen las normas de la banda.
Las bandas de delincuentes fueron creadas en la década de 1960 por los dos principales partidos políticos: el Partido Nacional del Pueblo y el Partido Laborista Jamaicano. Gobiernos y dirigentes políticos jamaicanos han contribuido activamente a crear y mantener un entorno en el que pudiera proliferar la violencia de las bandas.
En estas comunidades, la violencia es especialmente intensa cuando bandas rivales están “en guerra” por ganar control territorial. Poblaciones enteras quedan bloqueadas por barricadas y las personas no pueden salir de sus casas después de las cinco de la tarde. Debido a ello, el miedo impide a los menores ir a la escuela y los adultos no van a trabajar porque se suspende el transporte.
Tal y como manifestó a Amnistía Internacional una mujer de una comunidad urbana pobre, “por la noche tenemos que dormir en el suelo, todos, los niños, la abuela, todos nosotros; protegidos bajo el colchón, porque a veces los disparos pueden entrar en la casa y matarnos”.
“Las bandas de delincuentes constituyen una pequeña parte de la población de las comunidades, pero sus actividades son devastadoras; tienen a miles de personas viviendo con un miedo constante, y ofrecen una excusa a las autoridades gubernamentales para calificar de delincuentes a todos los miembros de la comunidad”, declaró Fernanda Doz Costa.
A pesar de la violencia que sufren día a día, los miembros de las comunidades se muestran reticentes a informar de los abusos por temor a las represalias de los dirigentes de las bandas, la falta de confianza en el sistema judicial y el recelo que sienten hacia los agentes de policía que trabajan en sus comunidades.
“En Jamaica hay muchos agentes de policía que cumplen con sus obligaciones y arriesgan su vida a diario para ayudar a mejorar la seguridad de las ciudadanas y los ciudadanos jamaicanos. Sin embargo, aún no existe determinación política para procesar a los responsables de abusos contra los derechos humanos y purgar la corrupción”, manifestó Fernanda Doz Costa.
Amnistía Internacional hace un llamamiento a las autoridades de Jamaica para que tomen medidas urgentes y efectivas destinadas a abordar las causas que subyacen a esta crisis de seguridad pública y derechos humanos, medidas como la reducción del índice de homicidios en los barrios urbanos pobres, la introducción de políticas basadas en los derechos humanos y la reforma del sistema judicial para mejorar el acceso a la justicia.
“La pregunta que debe plantearse en Jamaica ya no debe tratar sobre ‘si’ o ‘cómo’, sino sobre ‘cuándo’ llevar a cabo los cambios necesarios para impedir que la crisis siga cobrándose vidas, y la respuesta es ‘hoy’.”
Podrán consultar el informe “Let them kill each other” – Public Security in Jamaica’s inner cities a partir de las 16:00 horas GMT del martes 1 de abril de 2008 en: https://www.amnesty.org/en/library/info/AMR38/001/2008/en
Pueden obtener información sobre Datos y cifras y casos concretos relativos a la crisis de seguridad pública en Jamaica en https://www.amnesty.org/es