Estados Unidos: El gobierno debe volver a expedir un visado a una defensora de los derechos humanos paquistaní

Amnistía Internacional ha pedido hoy, 22 de septiembre, al gobierno de Estados Unidos que vuelva a expedir un visado a Amina Masood, defensora de los derechos humanos paquistaní, después de que le anulara el anterior por razones de “seguridad y motivos conexos”.

La organización ha pedido también a las autoridades estadounidenses que aclaren los motivos de que se anulara el anterior. Aunque Amnistía Internacional ya les pidió que explicaran los motivos concretos para retirar el visado a Amina, no ha habido respuesta. Amina Masood había sido invitada por Amnistía Internacional a participar en una gira de oradores por Europa y Estados Unidos para hacer campaña sobre las desapariciones forzadas en Pakistán.

“Resulta desconcertante que las autoridades consideren que Amina Masood constituye una amenaza para la seguridad de Estados Unidos –ha manifestado Sam Zarifi, director del Programa Regional de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía–. A lo largo de los tres últimos años, Amina ha hecho campaña de manera pacífica e incansable y con gran dignidad para que el gobierno de Pakistán revele la suerte y el paradero de cientos de personas desaparecidas, entre ellas su propio esposo, Masood Janjua, al tiempo que condenaba los actos de terrorismo.”

La Embajada de Estados Unidos en Islamabad expidió un visado a Amina Masood el 12 de agosto. Pero cuando ésta se disponía a tomar un vuelo con destino a Washington DC el 13 de septiembre, un representante de la embajada llamó para decir que le habían anulado el visado y advirtió a Amina que, si subía al avión, no se le permitiría volver a entrar en Estados Unidos y sería expulsada a Pakistán.

El representante diplomático le dijo que se le había retirado el visado en aplicación del artículo 212.a.3 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad estadounidense, relativo a “la seguridad y motivos conexos”.  Este artículo se refiere a actividades como el espionaje, el sabotaje y el terrorismo.

Amnistía Internacional ha pedido asimismo a las autoridades estadounidenses que cooperen con el nuevo gobierno de Pakistán en la resolución de todos los casos de desaparición forzada y que garanticen el fin de semejante práctica.

“El gobierno estadounidense debe ofrecer garantías de que no es cómplice ni tolera o contribuye a la práctica de la desaparición forzada en Pakistán. Muchas personas que han estado recluidas en secreto en centros de detención de Pakistán afirman que fueron interrogados por miembros de las agencias de información paquistaníes pero también por agentes de inteligencia extranjeros” afirma Sam Zarifi.

“En un momento en que el sentimiento antiamericano está creciendo en Pakistán y muchos paquistaníes culpan al gobierno estadounidense de fomentar la práctica de la desaparición forzada y otras violaciones de derechos humanos en su país, el gobierno de Estados Unidos debe volver a expedir un visado a Amina Masood.”

Información complementaria Amina Masood es fundadora y presidenta de la organización paquistaní Defence of Human Rights, que hace campaña en favor de la liberación de las personas desaparecidas y representa a 563 familias de desaparecidos.

Contribuyó a fundar la organización tras la captura de su esposo, Masood Janjua, hace tres años cuando viajaba en autobús. Sigue sin conocerse su suerte y paradero.

Desde que Pakistán se sumó a la “guerra contra el terror” dirigida por Estados Unidos a finales de 2001, cientos de personas sospechosas de estar vinculadas a actividades terroristas o grupos nacionalistas han sido sometidas a desaparición forzada. Las han detenido arbitrariamente y recluido en lugares secretos. Privadas de acceso a representantes letrados, familiares e instancias judiciales y recluidas completamente al margen de toda salvaguardia jurídica, son víctimas de desaparición forzada. La mayoría, si no todas, han sufrido tortura y otros malos tratos.

En las últimas semanas, Amina Masood ha planteado el asunto de las desapariciones forzadas en reuniones con representantes gubernamentales en Reino Unido, Noruega, Suecia, Suiza y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.