La epidemia de delincuencia que sufre Jamaica debe resolverse con reformas en la policía y el sistema de justicia, no con más muertes, ha declarado Amnistía Internacional después de que la Cámara de Representantes jamaicana votase a favor de mantener la pena de muerte.
“Respaldar la pena de muerte para hacer frente a la espiral de violencia y crimen que padece Jamaica es como intentar apagar un incendio con gasolina —afirmó Kerrie Howard, director adjunto del Programa de América de Amnistía Internacional—. Para apagar ese incendio hay que abordar sus causas fundamentales.”
Amnistía Internacional ha pedido al gobierno jamaicano que dé prioridad a los cambios políticos destinados a reducir la delincuencia y que convierta estos cambios en acciones eficaces. Estos incluyen la aplicación de las recomendaciones de la revisión estratégica de la policía de Jamaica y la Revisión de la Reforma del Sector de la Justicia, así como acelerar la aprobación de leyes destinadas a crear una comisión independiente que investigue los abusos policiales y una Oficina del Pesquisidor para examinar los homicidios presuntamente cometidos por la policía.
“Todos coincidimos en que la delincuencia es un problema que hay que abordar con carácter urgente. Sin embargo, las ejecuciones sólo dan la impresión de que se están adoptando acciones eficaces cuando en realidad no hacen nada para reducir el sufrimiento de la sociedad jamaicana”, añadió Kerrie Howard.
Notas para periodistas La votación surgió con motivo del debate en torno al nuevo proyecto de Ley sobre la Carta de Derechos y Libertades con la que se intenta sustituir el capítulo III de la Constitución jamaicana, dedicado a la protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas. El propósito de la votación era decidir si se mantenían o se eliminaban de la Carta las disposiciones en cuya virtud se crean, merced a la pena capital, excepciones al derecho a la vida.
Tras la votación en la Cámara de Representantes, el Senado debatirá y votará en breve la moción.
Jamaica llevó a cabo su última ejecución el 18 de febrero de 1988. A finales de ese año había más de 190 condenados a muerte en el país. En la actualidad sólo hay nueve condenados a la pena capital en espera de ejecución. Esta reducción es atribuible sobre todo a tres hechos.
En 1992, el Parlamento jamaicano enmendó la Ley sobre Delitos contra la Persona para clasificar algunos tipos de asesinato dentro de los que no son punibles con la pena capital. La enmienda se aplicó de forma retroactiva y desembocó en la conmutación de la pena de muerte por la de cadena perpetua para varias personas que habían sido condenadas a muerte por prescripción legal. Además, en 1993, el Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona (JCPC, por sus siglas en inglés; actualmente el tribunal supremo de Jamaica, con sede en Inglaterra) decidió, en el caso de Pratt y Morgan contra el fiscal general de Jamaica, que ejecutar a un condenado a muerte que había permanecido durante un tiempo prolongado en espera de la ejecución infringía la sección 17 de la Constitución de Jamaica, que prohíbe las “penas u otros tratos inhumanos o degradantes”. En aplicación de la orientación que se estableció en este caso, en Jamaica las condenas a muerte impuestas a personas que han permanecido cinco años en espera de ser ejecutadas se conmutan por la de cadena perpetua. Como consecuencia de la resolución de 2004 del JCPC en el caso Lambert Watson contra el fiscal general de Jamaica, dejó de permitirse la imposición de penas de muerte preceptivas. Tras esta decisión se celebraron nuevas vistas para la imposición de condena y se conmutó la pena a numerosos presos condenados a muerte.Jamaica, al igual que el resto de los países anglófonos del Caribe, votó en contra de una suspensión mundial de la pena de muerte en el 62º. periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU celebrado en diciembre de 2007.
El mundo se aparta de la pena de muerte. Desde 2003, Estados Unidos es el único país del continente americano donde se llevan a cabo ejecuciones, cuyo número ha decrecido de forma espectacular en los últimos años. Ya son 137 los países que han abolido la pena de muerte, en la ley o en la práctica, y en 2007 sólo hubo ejecuciones en 24. Existen enormes zonas del mundo libres de ejecuciones.