Las autoridades egipcias deben adoptar medidas inmediatas e incluyentes para proteger a los habitantes más pobres de El Cairo, que residen en “zonas inseguras” donde están expuestos a sufrir corrimientos de tierra y otros peligros, según afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado el 17 de noviembre de 2009. “Miles de pobres en Egipto están atrapados en una situación de pobreza y abandono tal que podría desembocar finalmente en su muerte” afirmó Malcolm Smart, director del Programa Regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. “El gobierno debe abordar con carácter urgente los peligros que acechan a las personas que viven en zonas designadas como ‘inseguras’ y buscar soluciones en consulta con los afectados directos.” En su informe Buried Alive; Trapped by Poverty and Neglect in Cairo’s Informal Settlements, Amnistía Internacional critica duramente a las autoridades egipcias por no tomar medidas eficaces destinadas a proteger a los residentes de Al Duwayqa, asentamiento informal de Manshiyet Nasser, en el este de El Cairo, de un corrimiento de tierra de consecuencias mortales que sacudió la zona el 6 de septiembre de 2008. En el informe se pide a las autoridades egipcias que reduzcan el nivel de amenaza para la vida humana en las 26 “zonas inseguras” del área metropolitana de El Cairo (Gran El Cairo) y que protejan el derecho de los residentes a la salud y a una vivienda adecuada. Aunque era bien conocido el riesgo de corrimientos de tierra, el gobierno no evacuó a los residentes pobres antes de la catástrofe de 2008. Las autoridades afirman que hubo 107 muertos y 58 heridos como consecuencia del corrimiento de tierra de Al Duwayqa, pero los sobrevivientes afirman que el número de víctimas fue superior e informan de que todavía hay muchos miembros de sus familias en paradero desconocido. Todavía no se han dado a conocer las conclusiones de una investigación oficial sobre la catástrofe. “Privados de voz efectiva e ignorados en gran medida por quienes ejercen el poder, muchos residentes de Al Duwayqa y otras “zonas inseguras” siguen viviendo con miedo en inseguras laderas de montañas o debajo de tendidos eléctricos de alto voltaje porque no tienen a dónde ir.” Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades egipcias que investiguen exhaustivamente las causas de que no se evitara la tragedia de Al Duwayqa y que adopten las medidas necesarias para garantizar que no se repite. “El gobierno debe elaborar un programa de acción integral para abordar los peligros que acechan a quienes viven en ‘zonas inseguras’ y hacer valer su derecho a la vida, a la salud y a una vivienda adecuada –afirmó Malcolm Smart–. Para ello debe buscar la participación activa de las comunidades afectadas y estar dispuesto a ofrecer sin demora alojamiento temporal a las personas que deban ser desalojadas de inmediato por peligro inminente, así como alojamiento permanente.” Tras el corrimiento de tierra, las autoridades egipcias actuaron rápidamente para identificar otras zonas de peligro en las inmediaciones. Demolieron más de un millar de viviendas amenazadas y, en el plazo de un mes, realojó a más de 1.750 familias, si bien no les procuró seguridad de tenencia y las dejó expuestas a futuros desalojos. Otras familias se quedaron sin hogar, y hubo discriminación en el proceso de asignación de viviendas contra las mujeres divorciadas o que vivían separadas de sus esposos. Unas familias fueron desalojadas a la fuerza de Al Duwayqa y otras de Establ Antar, asentamiento informal en el sur de El Cairo. La mayoría de estos desalojos se hicieron en contravención de las garantías de participación que establece el derecho internacional de los derechos humanos, casi siempre con escaso aviso y con el respaldo de la presencia de las fuerzas de seguridad. Las familias de Establ Antar fueron reasentadas en una zona remota en la ciudad 6 de Octubre, al oeste de Giza, lejos de sus lugares de trabajo y sin que les ofrecieran seguridad de tenencia. “Los habitantes de los asentamientos precarios describen una vida caracterizada por la privación, el abandono, la inseguridad y la amenaza constante del desalojo forzoso –señaló Malcolm Smart–. El Estado debe garantizar el derecho de estas personas a una vivienda adecuada y poner fin a los desalojos forzosos.”
En el área metropolitana de El Cairo, el gobierno ha identificado 26 zonas “inseguras” dentro de un plan general de desarrollo de la ciudad para 2050; sin embargo, las consultas con las comunidades que se verán afectadas por este plan han sido, al parecer, escasas o nulas. Los habitantes de las “zonas inseguras” se enfrentan a una doble amenaza: falta de seguridad y posible desalojo forzoso. “La tragedia de Al Duwayqa fue una catástrofe anunciada. Se sabía de sobra que iba a ocurrir –afirmó Malcolm Smart–. Se podría haber hecho más, se tendría que haber hecho más para evitarla e impedir la pérdida de vidas.” “Tanto con las víctimas como con las personas que sobrevivieron aquella terrible mañana, así como con otras personas en peligro, las autoridades tienen la obligación de garantizar que no se repiten los hechos y que la tragedia de Al Duwayqa no se reproduce en ninguna otra “zona insegura” de El Cairo. Los pobres de Egipto no deben seguir viviendo bajo la amenaza de morir enterrados.” Más de mil millones de personas en todo el mundo viven en asentamientos precarios, y el número va en aumento. Como parte de su campaña Exige Dignidad, en marcha desde mayo de este año, Amnistía Internacional pide a los gobiernos de todo el mundo que procuren una vivienda adecuada a todos los residentes de su Estado. La campaña Exige Dignidad de Amnistía Internacional persigue el objetivo de poner fin a las violaciones de derechos humanos que conducen a la pobreza en el mundo y la agravan. La campaña moviliza a personas de todo el mundo para reclamar a gobiernos, empresas y otras entidades influyentes que escuchen la voz de quienes viven en la pobreza y que reconozcan y protejan sus derechos.