Amnistía Internacional ha condenado la ejecución de cuatro presos por las autoridades de Taiwán, las primeras desde diciembre de 2005.
Chang Chun-hung, Hung Chen-yao, Ko Shih-ming y Chang Wen-wei fueron ejecutados en cárceles de Taipei, Tainan y Taichun la noche del 30 de abril.
Las ejecuciones se llevaron a cabo justamente dos semanas después de la publicación de unas declaraciones del nuevo ministro de Justicia, Tseng Yung-fu, afirmando que su meta última es la abolición de la pena de muerte.
“Estas ejecuciones son una mancha en el historial de derechos humanos del país, y contradicen de lleno la intención declarada por el ministro de Justicia de abolir la pena de muerte”, ha dicho Catherine Baber, directora adjunta del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.
La dimisión de Wang Ching-feng como ministra de Justicia en marzo suscitó el interés internacional sobre la cuestión de la pena de muerte en Taiwán. Wang Ching-feng, contraria a la pena capital, se había negado a firmar órdenes de ejecución.
“El mundo veía cómo las autoridades taiwanesas optaban por los derechos humanos y mostraban su liderazgo en el camino hacia la abolición de la pena de muerte en la región de Asia y Oceanía, pero las ejecuciones de hoy han frustrado esas esperanzas”, ha dicho Catherine Baber.
La Alianza Taiwanesa para Acabar con la Pena de Muerte ha expresado su preocupación por la legalidad de las ejecuciones.
Las autoridades de Taiwán afirmaron hoy que aún están considerando alternativas a la pena de muerte, pero esas garantías valen de poco si continúan las ejecuciones.
Actualmente 139 países han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. Amnistía Internacional pide a las autoridades de Taiwán que establezcan de inmediato la suspensión de las ejecuciones y den todos los pasos necesarios para abolir la pena de capital en el país.
Información complementaria
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, por considerarla una violación del derecho a la vida y la forma extrema de pena cruel, inhumana y degradante.
Amnistía Internacional considera que la pena de muerte legitima un acto de violencia irreversible a manos del Estado. Las investigaciones demuestran que suele aplicarse de forma discriminatoria y se utiliza desproporcionadamente contra pobres, minorías y miembros de comunidades raciales, étnicas y religiosas. Además, suele imponerse tras juicios sumamente injustos.
Pero incluso cuando los juicios respetan las normas internacionales sobre garantías procesales, no queda totalmente descartado el peligro de ejecutar a un inocente: la pena de muerte se cobrará inevitablemente víctimas inocentes, como se ha demostrado una y otra vez. Los estudios científicos nunca han encontrado evidencias convincentes de que la pena capital sea más eficaz que otros castigos a la hora de disuadir de la comisión de un delito.
En diciembre de 2007 y diciembre de 2008, la Asamblea General de la ONU aprobó por abrumadora mayoría sendas resoluciones que solicitaban la suspensión mundial de las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte.