El Departamento de Inteligencia Militar de Ruanda, conocido como J-2, ha puesto a decenas de civiles bajo custodia militar sin cargos ni juicio, en medio de denuncias verosímiles de tortura; así lo afirma Amnistía Internacional en un informe que ha publicado hoy.
Rwanda: Shrouded in Secrecy – Illegal Detention and Torture by Military Intelligence pone al descubierto detenciones ilegales, desapariciones forzadas y denuncias de tortura a manos del J-2.
El informe incluye relatos pormenorizados y creíbles de personas que sufrieron fuertes palizas, descargas eléctricas y privación sensorial durante los interrogatorios con el fin de que confesaran.
“El historial del ejército ruandés en materia de derechos humanos está sometido a un escrutinio cada vez mayor en el extranjero, pero su práctica de la detención ilegal y la tortura de civiles en Ruanda está rodeada de secreto”, ha manifestado Sarah Jackson, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para África.
Ocultados por el J-2, decenas de hombres permanecieron bajo custodia durante meses en régimen de incomunicación, y algunos han denunciado que fueron torturados.
Entre marzo de 2010 y junio de 2012, Amnistía Internacional documentó 45 casos de detención ilegal y 18 denuncias de tortura o malos tratos en Camp Kami, en el campamento militar de Mukamira y en casas de seguridad de la capital, Kigali.
Los hombres permanecieron bajo custodia del J-2 durante periodos que oscilaron entre 10 días y 9 meses, sin acceso a familiares, abogados y médicos.
La mayoría habían sido detenidos por el ejército a partir de marzo de 2010, tras los ataques con granadas perpetrados en Kigali posteriores a la marcha del ex jefe del ejército Kayumba Nyamwasa y en el periodo anterior a las elecciones presidenciales de agosto de 2010. A muchos de estos detenidos se los acusó posteriormente de poner en peligro la seguridad nacional.
Algunos declararon ante el tribunal que habían sido torturados y coaccionados para confesar. Los jueces, en contravención del derecho internacional, les pidieron invariablemente que demostraran la tortura en lugar de ordenar la investigación de sus acusaciones. El hecho de que los jueces no investiguen las declaraciones de los acusados presuntamente obtenidas mediante coacción pone en entredicho la credibilidad del sistema de justicia ruandés.
Dos personas continúan en paradero desconocido –Robert Ndengeye Urayeneza y sheij Iddy Abbasi– desde que tuvo lugar su desaparición forzada en marzo de 2010.
En mayo de 2012, ante el Comité contra la Tortura de la ONU reunido en Ginebra, las autoridades ruandesas negaron estos casos de detención ilegal pese a los indicios abrumadores de lo contrario.
El Comité contra la Tortura pidió al gobierno de Ruanda que investigara los informes sobre lugares de detención secreta y facilitara información sobre desapariciones forzadas.
Particulares e incluso abogados son reacios a presentar denuncias por detención ilegal y tortura en Ruanda, ya que temen por su seguridad. Una familia optó por presentar su caso al Tribunal de Justicia de África Oriental. El Tribunal concluyó que la reclusión sin cargos ni juicio del teniente coronel Rugigana Ngabo durante cinco meses vulneraba las obligaciones de Ruanda en virtud del Tratado.
Ruanda ha cumplido recientemente su obligación de penalizar la tortura en su Código Penal, contraída en virtud de la Convención contra la Tortura.Las autoridades ruandesas han adoptado algunas medidas positivas para combatir la tortura; por ejemplo, han aceptado ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y han extendido una invitación al relator especial sobre la cuestión de la tortura para visitar Ruanda. Sin embargo, ninguna autoridad se ha comprometido todavía a investigar estos casos.
“Los donantes de fondos para formación militar deben retirar toda ayuda económica destinada a fuerzas de seguridad implicadas en violaciones de derechos humanos”, ha afirmado Jackson.
El fiscal general adjunto dijo a Amnistía Internacional: “No hay tortura en nuestro país y no podemos investigar sobre una acusación falsa”.
El número de casos nuevos ha descendido en el último año pero, si las autoridades ruandesas no procesan a los responsables, es probable que el J-2 vuelva a recurrir a estas prácticas en respuesta a amenazas supuestas o reales para la seguridad.
Información complementariaShrouded in Secrecy se basa en siete visitas de investigación a Ruanda realizadas entre septiembre de 2010 y junio de 2012. Amnistía Internacional entrevistó a más de 70 personas para este informe, incluidos ex detenidos bajo custodia del ejército, familiares de desaparecidos y abogados.