El enjuiciamiento de Ebrahim Sharif, activista político detenido tras pronunciar un discurso en el que pidió reformas en Bahréin, demuestra la obstinada determinación de las autoridades de acallar la disidencia y restringir la libertad de expresión en el país, ha afirmado Amnistía Internacional en vísperas del comienzo de su juicio el 24 de agosto.
Ebrahim Sharif, ex secretario general de Sociedad de Acción Democrática Nacional (Waad), partido político opositor secular, fue detenido en julio de 2015 tras pronunciar un discurso en un acto público celebrado para conmemorar la muerte de Hussam al Haddad, joven de 16 años que murió por disparos de la policía antidisturbios en 2012.
“Hablar libremente no es delito; el hecho de que Ebrahim Sharif vaya a ser juzgado por pronunciar un discurso en el que pidió reformas es absurdo. Es evidente que las autoridades de Bahréin lo están castigando simplemente por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión”, ha afirmado Said Boumedouha, director en funciones del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Este es un ejemplo más del intento del gobierno bahreiní de acallar el más ligero indicio de disidencia política. Se deben retirar todos los cargos presentados en su contra.”
Hablar libremente no es delito; el hecho de que Ebrahim Sharif vaya a ser juzgado por pronunciar un discurso en el que pidió reformas es absurdo. Es evidente que las autoridades de Bahréin lo están castigando simplemente por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión.
Said Boumedouha, director en funciones del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
En su discurso del 10 de julio, Ebrahim Sharif habló de la necesidad de cambios en Bahréin, puso de relieve el compromiso de la oposición política con la no violencia e instó al gobierno a llevar a cabo reformas económicas clave. Ha sido acusado formalmente de “incitación al odio y desprecio al régimen” y de “incitación a derrocar el régimen por la fuerza y medios ilegales”.
“Afirmar que las peticiones de reformas políticas y económicas pacíficas de Ebrahim Sharif equivalen a incitación al odio o incitación a derrocar el régimen es ridículo. No se debe permitir que continúen los juicios basados en este tipo de cargos falsos”, ha afirmado Said Boumedouha.
Afirmar que las peticiones de reformas políticas y económicas pacíficas de Ebrahim Sharif equivalen a incitación al odio o incitación a derrocar el régimen es ridículo. No se debe permitir que continúen los juicios basados en este tipo de cargos falsos.
Said Boumedouha.
Ebrahim Sharif fue arrestado y detenido cuando aún no había transcurrido un mes desde su excarcelación el 19 de junio en aplicación de un indulto real. Cumplía una condena de cinco años de prisión impuesta tras un juicio injusto en el que fue declarado culpable, junto a otros 12 destacados activistas políticos de la oposición, por dirigir las protestas generalizadas contra el gobierno en febrero y marzo de 2011.
Ebrahim Sharif no es el primer activista político en Bahréin que se enfrenta a juicio por cargos falsos. En junio de 2015, Sheikh ‘Ali Salman, secretario general del principal partido oposición bahreiní, Sociedad Islámica Nacional Al Wefaq (Al Wefaq), fue condenado a cuatro años de cárcel por cargos semejantes de incitar al odio, incitar a otros a desobedecer la ley e insultar públicamente al Ministerio del Interior. La vista de su apelación comenzará el 15 de septiembre.
El 18 de agosto, las autoridades detuvieron a otro líder de Al Wefaq y miembro del Parlamento, Sheikh Hasan ‘Isa, en el Aeropuerto Internacional de Bahréin cuando regresaba de un viaje. Al Wefaq afirma en una declaración que no se dispone de información sobre los cargos presentados en su contra y que no se permitió a su abogado estar presente en su interrogatorio en la Dirección de Investigaciones Criminales del Ministerio del Interior.
Amnistía Internacional y otras ONG han pedido en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se adopte una resolución sobre la situación de los derechos humanos en Bahréin. Esta resolución debe exigir la liberación de todos los presos de conciencia, incluidos los defensores y defensoras de los derechos humanos y los activistas condenado únicamente por ejercer su derecho de reunión pacífica, asociación o expresión.