Resumen
Nuestro mundo se enfrenta a un cambio demográfico irreversible.
Cada vez son más las personas que alcanzan una edad avanzada. Se prevé que el número de personas mayores de 65 años se duplique en todo el mundo en las próximas décadas y alcance la cifra estimada de 1.600 millones en 2050.
A las personas mayores se las considera con demasiada frecuencia dependientes de las demás. Se las ve como receptoras de ayudas sociales y benéficas, en lugar de como titulares de derechos capaces de tomar decisiones por sí mismas.
Durante un conflicto armado, la violencia afecta de forma desproporcionada a las personas mayores, pero a menudo no se las tiene en cuenta en las respuestas humanitarias.
Durante la pandemia de COVID-19, los gobiernos aplicaron políticas que ocasionaron miles de muertes evitables en residencias de todo el mundo. Además, estas decisiones crearon niveles de aislamiento social sin precedentes entre las personas mayores.
La protección de los derechos humanos de las personas mayores a menudo es débil y, a veces, inexistente. Amnistía Internacional hace campaña para que se ponga fin a la discriminación por motivos de edad y se elaboren leyes que protejan los derechos de las personas mayores.
¿Quién es una persona mayor?
La mayoría de la gente ve la edad como un número y opina que una persona se vuelve “mayor” cuando cumple la edad de jubilación nacional, que suele ser a los 60 o 65 años.
Sin embargo, la edad avanzada es un constructo social que cambia según los contextos y las situaciones. Esta afirmación es especialmente cierta si tenemos en cuenta que las personas viven cada vez más tiempo y con mejor salud, lo que cambia las percepciones y los estereotipos sobre las personas mayores en muchas sociedades.
Las personas de 40 o 50 años pueden ser vistas como mayores en el mundo laboral y sufrir discriminación cuando solicitan un nuevo puesto de trabajo. Sin embargo, esas mismas personas pueden no ser percibidas como mayores en su círculo social o en la consulta del médico.
Por eso, Amnistía Internacional aplica a la edad avanzada un “enfoque específico según el contexto” que tiene en cuenta todos estos factores a la hora de investigar violaciones de derechos humanos. Identificamos a las personas mayores por el modo en que las percibe la sociedad y por cómo se ven a sí mismas, no en función de su edad numérica.
En lugar del término “anciano” o “anciana”, Amnistía Internacional utiliza “personas mayores”, que es más neutro,, para no estigmatizar a las personas mayores asociándolas con la fragilidad y la dependencia.
¿Qué legislación internacional existe para proteger los derechos de las personas mayores?
Ciertos grupos, como los menores de edad, las mujeres, las personas con discapacidad y las minorías raciales y étnicas, están protegidos por convenciones internacionales. Por su naturaleza, algunos de estos tratados ofrecen también protección a las personas mayores, incluidas las mujeres de edad avanzada y las personas mayores con discapacidad.
Sin embargo, las personas mayores se enfrentan a casos de discriminación que la legislación vigente no prohíbe explícitamente.
Por ejemplo, una persona mayor puede sufrir discriminación en el lugar de trabajo. Un empleador puede suponer que una persona de edad avanzada es incapaz de controlar las nuevas tecnologías o que estará más días de baja laboral que las demás.
La discriminación basada en la suposición de que todas las personas mayores padecen enfermedades crónicas afecta a cualquier persona de edad avanzada, tanto si tiene una discapacidad real como si no. La legislación vigente para proteger a las personas con discapacidad no se aplica si la discriminación se basa en una discapacidad percibida. Éste es uno de muchos ejemplos que refleja casos en los que la legislación actual no ampara a las personas mayores y evidencia por qué se necesita una convención independiente para proteger sus derechos.
Hacia una convención internacional sobre los derechos de las personas mayores
Una convención de la ONU sería un paso clave hacia la protección de los derechos de las personas mayores, puesto que establecería los ámbitos en que las personas mayores necesitan más protección legal, ya se trate de abusos o negligencia en residencias, discriminación laboral o falta de pensiones adecuadas.
Una convención internacional obligaría también a los Estados Partes a tomar medidas anticipativas para prevenir la discriminación por motivos de edad y los abusos a personas mayores.
Según un informe de 2014 de la Organización Mundial de la Salud, apenas el 40% de los países contaba con leyes contra los abusos a personas mayores en entornos institucionales, como las residencias. Solamente el 59% de los países disponía de legislación para proteger a las personas mayores contra los abusos en general. Únicamente un tercio de los países tenía servicios de protección para la población adulta dirigidos a investigar posibles casos de abusos a personas mayores.
Una convención probablemente daría lugar a una mejora de la protección legal a escala nacional.
Además, facultaría a las personas mayores de todo el mundo para defender mejor sus derechos y mejoraría la forma en que se reconocen y denuncian las violaciones de derechos humanos contra las personas mayores. Como resultado, aumentaría la visibilidad de temas que se han descuidado durante mucho tiempo.
Las personas mayores en los conflictos armados
En los conflictos armados, las personas mayores suelen ser las últimas en huir. Pueden tener miedo de perder su hogar o sus tierras, que tal vez sean su bien de mayor valor. Unas veces tienen discapacidades físicas, intelectuales o de otro tipo que les dificultan huir o acceder a información sobre las evacuaciones. Otras, simplemente se quedan porque desconocen qué tipo de ayuda humanitaria o asistencia les espera si se desplazan.
Las encuestas efectuadas entre la población rohinyá refugiada en Bangladesh mostraron que las personas mayores de 50 años eran las que más probabilidades de morir tenían durante el asalto del ejército de Myanmar a sus aldeas en 2017. En Ucrania, la ONU halló que las personas mayores componían al menos el 34% de la población civil asesinada, cifra significativamente superior a la proporción correspondiente a su franja de edad en la población total. Durante el conflicto de 2020 entre Azerbaiyán y Armenia, más de la mitad de las muertes entre la población civil de etnia armenia correspondieron a personas mayores de 60 años. Algunas de estas muertes fueron extremadamente brutales, decapitaciones incluidas.
Boko Haram torturó y mató a personas mayores en el noreste de Nigeria. Sus combatientes amenazaban con la violencia para obligar a la gente a entregarles ganado y parte de sus cosechas, lo que provocó una inseguridad alimentaria extrema, sobre todo entre muchas personas mayores.
Después, se enfrentaron a nuevos abusos a manos de las fuerzas armadas nigerianas, que aplicaron detenciones arbitrarias y torturas. Hay pruebas sólidas de que las personas detenidas, especialmente los hombres mayores, eran los que más probabilidades tenían de morir durante la detención a manos del ejército nigeriano. En un conflicto armado, toda la población civil —personas mayores incluidas— está amparada por el derecho internacional, pero las personas de edad avanzada casi nunca salen indemnes. El desconocimiento de los riesgos a los que se enfrentan las personas mayores provoca que los gobiernos y otros agentes no estén preparados para ayudar a evacuarlas o proporcionarles otro tipo de protección durante un conflicto armado.
Caso práctico: Ucrania
En Ucrania, las personas mayores de 60 años representan casi una cuarta parte de la población, lo que lo convierte en uno de los países “de mayor edad” del mundo. En consecuencia, la invasión de Ucrania a gran escala por parte de Rusia ha tenido un impacto devastador en las personas mayores del país.
Amnistía Internacional halló que eran muy numerosas las personas mayores permanecían en las zonas afectadas por el conflicto. A veces, no tenían acceso a la información sobre las rutas de evacuación; otras, no querían huir. Además, se quedaban en viviendas dañadas que no las protegían de las inclemencias invernales.
Como resultado, las personas mayores constituyen una fracción desproporcionada de la población civil muerta y herida en los ataques rusos.
En Ucrania, a las personas mayores desplazadas a menudo les cuesta encontrar refugio. Como perciben pensiones muy bajas, muchas no pueden alquilar pisos ni casas, y los albergues temporales no están adaptados para personas con discapacidad. En consecuencia, miles de personas mayores se ven obligadas a vivir en instituciones públicas para personas con discapacidad, lo cual viola sus derechos.
Amnistía Internacional pide a los gobiernos internacionales que apoyan a Ucrania que financien intervenciones en las que se incluya a las personas mayores entre las prioritarias para recibir alojamiento y ayuda en efectivo. Las personas mayores no deben verse obligadas a marchitarse en instituciones públicas el resto de sus días, tras verse desplazadas por los ataques rusos.
COVID-19
Desde el principio de la epidemia de COVID-19, se sabía que las personas mayores eran uno de los grupos con mayor riesgo de padecer enfermedades graves y morir en caso de contraer el virus. Miles de personas mayores perdieron la vida en residencias innecesariamente, debido a políticas gubernamentales negligentes y a instalaciones sanitarias con pocos recursos. Este riesgo se multiplicó en aquellas personas que ya presentaban problemas de salud adicionales, como discapacidades físicas y demencia.
En Bélgica, España, Italia y Reino Unido, el virus hizo estragos en una población vulnerable ya de por sí, en gran parte porque las autoridades no equiparon adecuadamente a las residencias ni a su personal para atajar el virus. Las residencias no contaban con las plantillas necesarias y el personal a menudo carecía de equipos de protección individual (EPI) y de test para llevar un seguimiento del virus. Como resultado, los cuidadores y cuidadoras no pudieron mantenerse a salvo ni tampoco proteger a las personas mayores a las que atendían.
Más grave aún: las personas mayores residentes estuvieron prácticamente aisladas por completo de sus familiares y del mundo exterior durante semanas. El aislamiento tiene un profundo impacto sobre la salud física y mental de las personas mayores: reducción de la movilidad y las funciones cognitivas, pérdida del apetito, depresión, pérdida general de la voluntad y el deseo de vivir, etc.
Ayuda humanitaria
Los errores en la respuesta humanitaria a la pandemia conllevaron riesgos similares. A la gente mayor que vivía hacinada en campos para personas refugiadas en Bangladesh no se le proporcionó en muchos casos información accesible sobre el virus o sobre cómo mantenerse a salvo.
Caso práctico: Reino Unido
Amnistía Internacional halló que el gobierno de Reino Unido había tomado decisiones negligentes que violaban los derechos a la vida, a la salud y a la no discriminación en las residencias de personas mayores.
Días después de que la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia mundial de COVID-19, el servicio de salud pública de Inglaterra anunció la catastrófica decisión de trasladar a pacientes urgentemente de los hospitales a residencias de personas mayores o darlos de alta sin antes hacerles test de COVID-19. Como consecuencia, en las residencias de personas mayores aumentó el riesgo de exposición al virus, que se propagó a un ritmo alarmante, provocó la muerte de muchas personas e hizo imposible que el personal pudiera hacerle frente.
Un “colapso total” de los sistemas
Tanto la dirección como el personal de las residencias describieron la situación como un “colapso total” de los sistemas en el inicio de la pandemia. Las autoridades gubernamentales no proporcionaron indicaciones precisas sobre el EPI o la necesidad de aislar a los pacientes infectados, no garantizaron la realización periódica de test a las personas residentes y la plantilla, y dieron ilegalmente la orden general de no reanimar a las personas en numerosas residencias, en muchos casos sin el consentimiento del paciente ni de su familia.
El gobierno británico dejó morir a personas mayores en las residencias. En el primer año de la pandemia, el virus se cobró la vida de 42.341 personas mayores en residencias. Dicha cifra no incluye el “exceso de mortalidad” de casi 30.000 personas registrado en residencias de personas mayores en el mismo periodo, muchas de las cuales se debieron probablemente a casos de COVID-19 sin diagnosticar.
Preocupaciones económicas
En muchos países, las personas mayores sufren discriminación en el mercado laboral. Esta discriminación puede ser, bien directa —por ejemplo, cuando las empresas establecen una edad de jubilación obligatoria o una edad máxima para la contratación—, o bien indirecta —cuando los empleadores infieren la aptitud de una persona para trabajar o aprender nuevas habilidades en función de su edad—.
Discriminación en el lugar de trabajo
Según un estudio efectuado por Amnistía Internacional Bélgica, casi una de cada cuatro personas mayores que seguían trabajando consideraba que recibía un trato diferente después de cumplir los 55 años. Los tribunales europeos ven la discriminación por edad como “menos grave” que otras formas de discriminación, lo que permite a las empresas excluir a las personas mayores del lugar de trabajo.
Acceso a las pensiones
Las pensiones son un medio de subsistencia para las personas mayores. El 68% de las personas mayores del mundo reciben una pensión. Sin embargo, si bien en Europa existe un mayor acceso, en gran parte de África, Asia y Oriente Medio, las personas mayores que cobran una pensión son menos del 30%.
Coincidencia con la discriminación de género
La brecha salarial entre hombres y mujeres persiste en la jubilación. Como las mujeres tienen más probabilidades de interrumpir su trabajo oficial debido a responsabilidades de asistencia o de trabajar en la economía informal, a menudo perciben pensiones más bajas que los hombres. En 2019, las mujeres de la UE mayores de 65 años cobraban una pensión inferior en un 29% a la de los hombres, de media. En Ucrania, las pensiones de las mujeres son inferiores en un 30% a las de los hombres, de media.
Respuesta humanitaria a crisis
Cuando las personas mayores se enfrentan a una crisis, aumenta su vulnerabilidad económica. Durante un conflicto, muchas personas mayores se ven obligadas a desplazarse y se enfrentan a numerosos retos económicos. La discriminación por motivos de edad suele formar parte de las respuestas humanitarias, de modo que las personas mayores a menudo tienen problemas para acceder a atención sanitaria, alimentos, ayuda económica y vivienda de forma adecuada.
Por ejemplo, la respuesta humanitaria en Bangladesh para las personas rohinyá refugiadas ignoró la problemática particular de las personas mayores y no atendió sus derechos y necesidades, incluidos los relativos a la salud, el saneamiento, los alimentos, el agua y la participación. En Myanmar, Amnistía detectó que a las personas mayores desplazadas se las excluía con frecuencia de los programas de formación y asistencia para la subsistencia de comunidades desplazadas, en gran parte debido a suposiciones y actitudes por motivos de edad.
¿Qué hace Amnistía Internacional para proteger los derechos de las personas mayores?
Amnistía Internacional seguirá arrojando luz sobre las experiencias de las personas mayores para garantizar que no se queden atrás, especialmente en situaciones de crisis o conflicto y en la distribución de ayuda humanitaria. Amplificaremos la voz de las personas mayores y seguiremos llevando a cabo una labor pionera de investigación, así como actividades de apoyo y campaña, para encontrar formas de proteger sus derechos.
En 2024, lanzamos una nueva campaña contra la discriminación y el abuso por razón de la edad, ¡Envejece con fuerza! Exige un mundo en el que los derechos humanos se respeten toda la vida.La campaña insta a todo el mundo a no callar, a servir de altavoz de aquellas personas que han sido silenciadas, y pide a los gobiernos que escuchen y actúen.
La protección de los derechos humanos, y el compromiso de defenderlos por parte de los gobiernos y la comunidad internacional, no debería reducirse a medida que envejecemos. Es un asunto que nos afecta a todas las personas.
Crear una convención internacional sobre los derechos de las personas mayores
Incrementaremos el grado de concienciación de la opinión pública respecto a la importancia de los derechos humanos en la edad avanzada y el impacto negativo del edadismo. Presionaremos a la comunidad internacional para que reconozca y aborde con urgencia las violaciones de los derechos humanos en la edad avanzada, incluso mediante la redacción y adopción de una convención de la ONU específica para las personas mayores que salvaguarde sus derechos, dignidad y seguridad de manera integral.
En la actualidad, no existe ningún tratado internacional sobre los derechos de las personas mayores. La legislación vigente ofrece una protección inadecuada y no hace mucho por visibilizar las violaciones de derechos humanos de las personas mayores.
