Qatar 2025
A pesar de que se habían llevado a cabo reformas, la población trabajadora migrante siguió expuesta a explotación y otros abusos laborales. Continuaron imponiéndose estrictas restricciones a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Las minorías religiosas, las mujeres, los niños y las niñas y las personas LGBTI continuaron sufriendo discriminación en la ley y en la práctica. Qatar siguió posicionado como uno de los mayores exportadores de gas natural licuado.
Información general
En marzo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó los resultados del Examen Periódico Universal de Qatar. De las 317 recomendaciones formuladas, el país aceptó 245 y tomó nota de las 72 restantes, algunas de las cuales estaban relacionadas con los derechos laborales y la protección de la población trabajadora migrante.
En septiembre, Israel llevó a cabo un ataque aéreo sobre la capital del país, Doha, dirigido contra un equipo negociador de Hamás y en el que murieron cinco miembros del grupo armado y un funcionario qatarí.
Derechos de las personas migrantes
A pesar de que se habían llevado a cabo reformas legislativas, la población trabajadora migrante siguió sufriendo abusos laborales, entre ellos, explotación derivada del sistema de patrocinio conocido como kafala, restricciones a la libertad de reunión, acceso inadecuado a la justicia y para interponer recursos y poderes excesivos de las entidades empleadoras para controlar la entrada y residencia de las personas trabajadoras, así como su capacidad para cambiar de empleo.
El salario mínimo mensual de 1.000 riales qataríes (275 dólares estadounidenses), establecido en 2021, aún no se había ajustado para reflejar el aumento del costo de la vida y, por tanto, resultaba insuficiente para subvenir a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras migrantes.
Las personas que trabajaban en el sector doméstico, en su mayoría mujeres, seguían sufriendo duras condiciones laborales y abusos, como agresiones verbales, físicas y sexuales, y contaban con escasa protección por estar excluidas de la legislación laboral.
Las autoridades no investigaron a fondo la muerte de personas trabajadoras migrantes, lo que implicó negar a sus familias su derecho a rendición de cuentas e indemnización. Qatar y la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) tampoco garantizaron justicia e indemnización a miles de trabajadores por los abusos sufridos durante la Copa Mundial de fútbol de 2022, entre ellos muertes, lesiones y salarios impagados.
Libertad de expresión y de reunión
Las autoridades qataríes mantuvieron estrictas restricciones a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
En marzo, detuvieron a 20 personas de nacionalidad filipina, tres de ellas menores de edad, por participar en una protesta en apoyo del expresidente filipino Rodrigo Duterte, que estaba siendo juzgado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Las acusaron de organizar una manifestación política no autorizada, aunque poco después dejaron en libertad a las que eran menores y, una semana más tarde, al resto. Además, retiraron todos los cargos en su contra.
En agosto, el gobierno reformó la legislación sobre delitos informáticos para incluir entre ellos la publicación o difusión en Internet de imágenes y vídeos que mostraran a personas en lugares públicos sin su consentimiento. Aunque las autoridades presentaron la reforma como una medida para proteger la privacidad, las nuevas disposiciones seguían siendo imprecisas y suponían una grave amenaza para la libertad de expresión y el periodismo independiente.
Detención y reclusión arbitrarias
En marzo, Abdullah Ibhais, exdirector de Comunicación de la Copa Mundial de Fútbol de 2022, fue puesto en libertad tras haber cumplido íntegramente su condena de tres años de prisión. Había sido arrestado en 2019 por cargos falsos de soborno tras haber expresado su preocupación por las condiciones que sufría la mano de obra migrante en las obras de construcción para la Copa Mundial.
En abril, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluyó que la detención de Tayeb Benabderrahmane, exasesor franco-argelino del Comité Nacional de Derechos Humanos de Qatar, era arbitraria. Había sido arrestado en enero de 2020 y había permanecido recluido durante 307 días sin acceso a asistencia letrada, lo que suponía una violación de las garantías de juicio justo. Las autoridades lo acusaban de “colaboración con una potencia extranjera y espionaje”.
Libertad de religión o de creencias
La comunidad bahaí de Qatar continuó sufriendo discriminación sistémica y restricciones a la libertad religiosa.
En abril, el presidente de su Asamblea Espiritual Nacional, Remy Rowhani, de 71 años, fue detenido nuevamente en relación con unas publicaciones aparecidas en cuentas de redes sociales de la comunidad. En agosto fue condenado a cinco años de prisión por “promover una doctrina o ideología que arroja[ba] dudas sobre los fundamentos y las enseñanzas del islam”. El 30 de septiembre, el Tribunal de Apelación lo absolvió, lo que condujo a su excarcelación.
Derechos de las mujeres
Las mujeres qataríes seguían estando discriminadas en la legislación y en la práctica, en particular a causa de un sistema de tutela masculina que restringía su derecho de elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio, trabajar, viajar (si eran menores de 25 años) y acceder a servicios de salud reproductiva. Además, siguieron sin poder transmitir la nacionalidad a su descendencia o a su cónyuge si estaban casadas con extranjeros.
El Código Penal continuaba careciendo de disposiciones específicas que tipificaran como delito la violencia de género, incluida la cometida en el ámbito familiar, lo que dejaba a las mujeres sin protección adecuada.
Derechos de la infancia
En junio, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU criticó las leyes discriminatorias de Qatar en materia de nacionalidad y registro de nacimientos, así como su punitivo sistema de justicia de menores, y pidió que se llevaran a cabo reformas para garantizar la igualdad de derechos en relación con la nacionalidad, el registro universal de nacimientos y mayores salvaguardias para los niños y niñas en conflicto con la ley.
Derechos de las personas LGBTI
La legislación continuó tratando como delito, penado con prisión, las relaciones homosexuales consentidas, y siguió sin ofrecer protección jurídica alguna contra la discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género.
Derecho a un medioambiente saludable
Qatar siguió siendo uno de los mayores exportadores mundiales de gas natural licuado, lo que contribuyó de forma significativa a las emisiones de gases de efecto invernadero. El país adoptó medidas para abordar su impacto climático, entre ellas la construcción de nuevas plantas de energía solar y la publicación de un plan nacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 25% para 2030. Con todo, no se comprometió con un objetivo de cero emisiones netas.