Marruecos Y Sáhara Occidental 2024
Las autoridades continuaron reprimiendo la disidencia y persiguiendo mediante enjuiciamientos y vigilancia a periodistas, activistas y otras figuras críticas con el gobierno, a pesar de un indulto real concedido a miles de personas presas, entre ellas periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. Las leyes y prácticas marroquíes seguían manteniendo la desigualdad de género y penalizando las relaciones sexuales consentidas entre personas adultas del mismo sexo. Las autoridades no cumplieron su obligación de garantizar servicios de salud sexual y reproductiva accesibles, asequibles y de buena calidad para mujeres y niñas, incluidos servicios de aborto. La sociedad civil se opuso a un proyecto de Código de Procedimiento Penal que obstaculizaba la lucha contra la corrupción. Las autoridades no investigaron eficazmente la mortífera represión de junio de 2022 contra la población refugiada y migrante. Las autoridades detuvieron arbitrariamente y reubicaron por la fuerza en regiones remotas a personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, poniendo en peligro su seguridad y su vida. Marruecos se enfrentaba a una grave sequía provocada por el cambio climático, y la respuesta de las autoridades al terremoto de septiembre de 2023 fue criticada por inadecuada.
Información general
Las autoridades no enviaron invitación al relator especial de la ONU para la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, que había solicitado visitar Marruecos el 24 de abril en un clima de preocupación por las continuas violaciones de derechos humanos cometidas en nombre de la “lucha contra el terrorismo”.
El 4 de octubre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) resolvió que los acuerdos comerciales de 2019 entre la UE y Marruecos sobre pesca y productos agrícolas, a los que la población del Sáhara Occidental no había dado su consentimiento, se habían celebrado vulnerando el principio de libre determinación.
Libertad de expresión
En julio, alrededor de 2.460 personas presas, notables varias de ellas por su labor periodística y su defensa de los derechos humanos, fueron puestas en libertad gracias a un indulto real. Entre ellas se encontraban los periodistas Omar Radi, Taoufik Bouachrine y Suleiman Raissouni, así como el youtuber Mohamed Réda Taoujni. Tras su liberación, Suleiman Raissouni se convirtió en blanco de campañas de desprestigio.
Los medios de comunicación proestatales, sometieron a periodistas, activistas y figuras críticas con el gobierno a persecución, vigilancia digital y campañas difamatorias. En varios casos se dictó su encarcelamiento por haber criticado la monarquía o publicado comentarios que las autoridades consideraban “noticias falsas”.
En febrero y septiembre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió a las autoridades que establecieran medidas provisionales para proteger la salud del abogado de derechos humanos y exministro de Derechos Humanos marroquí Mohamed Ziane, de 81 años, que había sido condenado en noviembre de 2022 por cargos falsos relacionados con su labor en favor de estos derechos. Según Alkarama, la organización que había presentado la denuncia, las autoridades no atendieron la petición.
En noviembre, el Tribunal de Primera Instancia de Rabat condenó al periodista Hamid El Mahdaoui, director del sitio web Badil, a 18 meses de prisión y al pago de una multa, tras declararlo culpable de “difundir acusaciones falsas” y de “difamación”, a raíz de una denuncia del ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi.
Represión de la disidencia
Las autoridades continuaron reprimiendo la disidencia y el derecho a la libertad de asociación y de reunión pacífica en el Sáhara Occidental.
En enero, la policía dispersó violentamente una manifestación pacífica de mujeres activistas saharauis en El Aaiún y propinó palizas a las manifestantes.
En febrero, la policía impidió que se celebrara una conferencia de prensa sobre la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental que el Colectivo de Defensores Saharauis de los Derechos Humanos (CODESA) tenía previsto organizar en el domicilio, en El Aaiún, de su presidente, Ali Salem Tamek.
En abril, el ejército y la gendarmería marroquíes demolieron y destruyeron las viviendas de 12 familias saharauis en la localidad de Al Jitir, al norte de Esmara. Las autoridades marroquíes afirmaron que se trataba de una medida contra la construcción no regulada. Las viviendas fueron destruidas sin aviso previo razonable ni ofrecimiento de alojamiento alternativo, lo que equivalía a desalojo forzoso.
En agosto, en los aeropuertos de El Aaiún y Dajla, la policía sometió a registros arbitrarios a 13 activistas que regresaban de una conferencia en Turquía y les confiscó documentos y otros efectos personales.
Derechos de las mujeres y de las niñas
La legislación nacional seguía afianzando la desigualdad de género, incluso en relación con la herencia y la custodia de hijos e hijas.
El 28 de junio, el rey Mohamed VI presentó un proyecto de revisión del Código de Familia al Consejo Superior de los Ulemas para su evaluación religiosa antes de someterlo a votación en el Parlamento. Las autoridades no hicieron público su contenido y proporcionaron muy poca información sobre las consultas celebradas con organizaciones y activistas de derechos humanos.
Además, las autoridades incumplieron su obligación de garantizar unos servicios de salud sexual y reproductiva accesibles, asequibles y de buena calidad, incluidos servicios de aborto, lo que obligaba a mujeres y niñas a vivir situaciones peligrosas y violaba sus derechos humanos.1 La tipificación como delito del aborto, que conllevaba penas de prisión incluso en casos de violación, seguía teniendo consecuencias devastadoras para las mujeres y las niñas.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
El artículo 489 del Código Penal seguía tipificando como delito las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, que se castigaban con penas de hasta tres años de prisión y el pago de una multa.
Según la organización de derechos LGBTI Akaliyat, las personas LGBTI seguían siendo objeto de detenciones arbitrarias, enjuiciamientos, malos tratos durante la reclusión, delitos motivados por el odio y otros tipos de discriminación; la mayoría no se sentían lo suficientemente seguras como para denunciar las violaciones de derechos humanos.
Según los medios de comunicación marroquíes, en junio y septiembre las autoridades locales impidieron dos bodas entre personas del mismo sexo.
El 9 de septiembre, el parlamentario Mustafa Ibrahimi pidió al gobierno que prohibiera un libro del plan de estudios de educación preescolar porque tenía un arco iris en la portada. Su petición no había sido atendida al finalizar el año.
Impunidad
El 29 de agosto, el gobierno aprobó el proyecto de Ley 03-23, que modificaba y complementaba la Ley 22-01 relativa al Código de Procedimiento Penal. El texto estaba a la espera de su adopción definitiva por el Parlamento al terminar el año. El Colegio de Abogados de Marruecos se opuso a esta reforma al considerar que vulneraba el Estado de derecho y conculcaba el derecho a un juicio justo, y otras organizaciones de la sociedad civil, como Transparencia Marruecos y la Asociación Marroquí para la Protección de los Fondos Públicos, se opusieron también a ella porque impedía a la sociedad civil presentar denuncias contra autoridades por corrupción.
Derecho a verdad, justicia y reparación
En septiembre, la institución nacional de derechos humanos de Marruecos, el Consejo Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos, anunció que realizaría pruebas genéticas para confirmar la identidad de los restos humanos hallados en el antiguo centro de detención secreto de Tazmamart, en el que las autoridades habían sometido a las personas detenidas a tortura y otros malos tratos entre 1973 y 1991. Según la asociación Familias de las Víctimas de Tazmamart, esta notable decisión llegaba 20 años tarde y el resto de sus demandas de reparación seguían sin cumplirse. La asociación pidió una investigación exhaustiva e imparcial sobre las circunstancias y causas de las muertes de personas recluidas allí.
Según el Consejo Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos, a fecha de junio de 2024, 27.723 personas habían recibido indemnizaciones económicas desde 1999 por violaciones de derechos humanos cometidas entre 1973 y 1991, incluidas antiguas víctimas de desapariciones forzadas o sus derechohabientes, con un total de 211,8 millones de dólares estadounidenses distribuidos.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Las autoridades no garantizaron una investigación transparente y efectiva sobre la muerte de al menos 37 personas y la desaparición de otras 77 el 24 de junio de 2022, cuando las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas habían utilizado material antidisturbios y armas de letalidad reducida para dispersar violentamente a un grupo de hasta 2.000 personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas subsaharianas que intentaban cruzar la frontera para entrar en el enclave español de Melilla desde Marruecos.2
El 24 de junio, la agencia de noticias española EFE, citando fuentes de la fiscalía marroquí, anunció que las autoridades marroquíes habían archivado una investigación, abierta a principios de año sobre la muerte de 23 personas en Melilla en junio de 2022, por “falta de pruebas de delito” y basándose en la conclusión de que el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad había sido proporcional. Las autoridades marroquíes no publicaron los resultados de su investigación. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) informó de que, entre el 6 y el 12 de junio de 2024, las autoridades habían llevado a cabo enterramientos secretos de los cadáveres recuperados de al menos 13 de las personas muertas durante la represión de 2022.
Según una investigación publicada en mayo por Lighthouse Reports y un consorcio de medios de comunicación, las autoridades marroquíes practicaron detenciones selectivas por motivos raciales de personas refugiadas y migrantes negras en centros urbanos, a quienes dejaron luego abandonadas en zonas remotas cercanas a la frontera argelina, lo que puso en peligro su seguridad y sus vidas.
Según CODESA, en enero y febrero, dos ciudadanos mauritanos y cuatro malienses murieron en ataques con drones llevados a cabo por las autoridades marroquíes en el Sáhara Occidental alegando que formaban parte de los esfuerzos del gobierno por contrarrestar el contrabando y las actividades no autorizadas, como la extracción artesanal de oro o su comercio. Al concluir el año no se había llevado a cabo ninguna investigación independiente ni efectiva sobre sus muertes.
Derechos económicos y sociales
En abril, el gobierno anunció que aumentaría el salario mínimo de trabajadores y trabajadoras del sector público, privado y agrícola en los siguientes dos años y que reduciría el impuesto sobre la renta.
Un estudio publicado en junio por el Alto Comisionado de Planificación, institución gubernamental de estadística, constató un descenso del nivel de vida del 3,1% entre 2019 y 2022, con un aumento de los niveles de pobreza absoluta, relacionado en particular con la COVID-19 y la sequía, que duraba ya varios años. El 10% más pobre de la población gastaba el 50% de sus ingresos en alimentos.
En julio, el Parlamento remitió el proyecto de Ley Orgánica 97-15 sobre el derecho de huelga al Comité Económico, Social y Medioambiental (CESE) de Marruecos para que emitiera un dictamen consultivo. El CESE declaró que el proyecto requería importantes revisiones para cumplir los compromisos internacionales de Marruecos en materia de derechos laborales.
La FIFA anunció que la Copa del Mundo de fútbol masculino de 2030 sería organizada conjuntamente por España, Portugal y Marruecos. La organización del evento planteaba a Marruecos varios riesgos aún sin abordar, especialmente en relación con los derechos laborales, los derechos de las personas migrantes, el trabajo infantil y los desalojos forzosos.3
Derecho a un medioambiente saludable
Marruecos seguía sufriendo una prolongada y grave sequía inducida por el cambio climático. En enero, las autoridades informaron de que los embalses se encontraban en estado crítico y las precipitaciones se situaban un 70% por debajo de la media. La sequía afectó al riego de las tierras de cultivo, con consecuencias adversas para el derecho a la alimentación y a un nivel de vida adecuado. La agricultura seguía siendo el mayor sector económico y el principal empleador en las zonas rurales. En agosto y septiembre, fuertes lluvias y tormentas eléctricas azotaron varias regiones del sureste y del norte, provocando inundaciones que causaron al menos 30 muertes.
En mayo, la AMDH compartió una evaluación preliminar de la respuesta del gobierno al devastador terremoto que había sacudido la región de Al Haouz el 8 de septiembre de 2023 y causado alrededor de 3.000 muertes. Denunció en ella la falta de preparación de las instituciones estatales para gestionar la catástrofe, incluidas la ausencia de programas nacionales pertinentes y la escasa organización logística y coordinación de las operaciones de socorro y rescate, entre otros problemas.
Pena de muerte
Los tribunales continuaron imponiendo condenas a muerte, sobre todo por asesinato. Marruecos no llevaba a cabo ejecuciones desde 1993.
- “My life is ruined”: The need to decriminalize abortion in Morocco, 14 de mayo ↩︎
- Marruecos / España: Revelen la suerte de los migrantes que siguen desaparecidos dos años después del mortífero incidente de la frontera de Melilla, 24 de junio ↩︎
- ¿Se juega un partido peligroso? Riesgos de la Copa Mundial de la FIFA 2030 y 2034 en materia de derechos humanos, 5 de junio ↩︎