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ARGELIA 2020

Las autoridades continuaron deteniendo y enjuiciando a personas participantes en manifestaciones pacíficas, periodistas, activistas y otros ciudadanos y ciudadanas por ejercer su derecho de reunión pacífica y de expresión en relación con el movimiento multitudinario de protesta conocido como Hirak. Se introdujeron cambios legislativos que restringieron aún más la libertad de expresión y de asociación al imponer severas sanciones penales por difundir “noticias falsas” y por recibir ciertos tipos de fondos extranjeros. Se aprobó una nueva Constitución que mejoró la protección de las mujeres, pero que imponía restricciones indebidas a derechos y libertades al condicionar el ejercicio de la libertad de expresión a valores religiosos y culturales. Las autoridades impidieron el funcionamiento de las iglesias cristianas y hostigaron a miembros de la comunidad religiosa ahmadí. También llevaron a cabo expulsiones masivas y arbitrarias de migrantes. Continuó la discriminación de las mujeres en la ley y en la práctica, así como la violencia de género y los feminicidios. Seguían estando penalizadas las relaciones homosexuales consentidas y se practicaron varias detenciones. El derecho a fundar sindicatos continuó estando restringido.

Información general

El movimiento pacífico de protesta Hirak, que había comenzado en 2019 para reclamar un cambio político radical en Argelia, continuó a principios del año, aunque las protestas cesaron en marzo debido a las medidas de restricción impuestas por la COVID-19.

El país estuvo sometido a un confinamiento de ámbito nacional como respuesta a la COVID-19 desde el 4 de abril hasta junio, cuando se suavizaron las medidas. En diciembre, el Sindicato Nacional de Profesionales de la Salud Pública informó de que al menos 139 profesionales sanitarios habían muerto como consecuencia de la COVID-19.

En abril, el Parlamento aprobó la Ley de Prevención y Lucha contra la Discriminación y el Discurso de Odio, que preveía una pena de hasta 10 años de prisión para quienes la infringieran, si bien no abarcaba la discriminación basada en la religión, la sexualidad o la identidad de género.

En noviembre se aprobó por referéndum una nueva Constitución, aunque la participación fue muy baja debido a controversias sobre el proceso. La Constitución mejoró la forma de plasmar los derechos de las mujeres y los derechos sociales y económicos, pero mantuvo la pena de muerte y no cumplía las normas internacionales sobre la libertad de expresión y de reunión y la independencia judicial.

Libertad de expresión y de reunión

Las protestas del Hirak continuaron hasta marzo, cuando los manifestantes decidieron suspenderlas para prevenir la propagación de la COVID-19. En enero, las autoridades pusieron en libertad a más de 70 manifestantes, pero, según el Comité Nacional para la Liberación de las Personas Detenidas, al finalizar el año al menos 93 personas —entre las que había periodistas, así como activistas de la sociedad civil y del ámbito político— continuaban recluidas por publicaciones en Internet o por participar en el Hirak.

Las autoridades utilizaron la COVID-19 para justificar el aumento de las detenciones de activistas, periodistas y blogueros y blogueras por criticarlas en Internet, y enjuiciaron a muchas de las personas detenidas en aplicación del Código Penal.

También aprovecharon que la atención internacional estaba centrada en la pandemia de COVID-19 para aprobar reformas del Código Penal que tipificaban la difusión de “noticias falsas” como delito, punible con hasta tres años de prisión.1

En marzo, un tribunal de apelación de Argel, la capital, condenó a Karim Tabbou, jefe del partido político de oposición no reconocido Unión Democrática y Social, a un año de prisión y al pago de una multa por unos vídeos publicados en Facebook en los que criticaba el papel de las fuerzas armadas en la política. Quedó en libertad condicional el 2 de julio tras haber pasado nueve meses detenido.

El 15 de abril, las autoridades reconocieron haber bloqueado dos medios de comunicación independientes de Internet, Magreb Emergent y Radio M, mientras se seguían actuaciones judiciales contra su director por difamación del presidente. En diciembre, ambos sitios seguían bloqueados.

El 21 de junio, un tribunal de Chéraga, municipio adyacente a Argel, condenó a la médica y activista Amira Bouraoui a un año de prisión por criticar en Internet al presidente, tras lo cual la dejó en libertad provisional en espera del resultado de su recurso de apelación2. El 8 de noviembre, otro tribunal de Argel la condenó in absentia a tres años de prisión por una publicación en Internet sobre el profeta Mahoma.

En agosto, el conocido periodista Khaled Drareni fue condenado en apelación a dos años de prisión por “promoción de una concentración no armada” y “atentado a la integridad del territorio nacional” por sus informaciones independientes sobre el Hirak. Un tribunal de Argel condenó también a los activistas Samir Benlarbi y Slimane Hamitouche a un año de prisión, del que ocho meses eran de condena condicional, por sus publicaciones en Internet y su participación en las protestas.3

El 8 de octubre, fueron detenidas más de 20 personas en la ciudad noroccidental de Orán durante una protesta organizada por grupos de derechos de las mujeres para denunciar la prevalencia de la violencia de género y la violación y el asesinato de una mujer de 19 años. Todas quedaron en libertad sin cargos ese mismo día.

También en octubre, fueron detenidas en Argel 42 personas que conmemoraban pacíficamente las protestas juveniles de 1988. De ellas, 33 —entre las que había al menos 5 mujeres— salieron en libertad provisional, y 9 fueron recluidas en la prisión de El Harrach, municipio adyacente a Argel, antes de quedar finalmente en libertad.

En noviembre, un juzgado de primera instancia de la ciudad noroccidental de Relizane condenó al activista político Abdallah Benaoum a un año de prisión por publicar en Facebook críticas a las autoridades y oponerse a la celebración de elecciones presidenciales.

Libertad de asociación

En abril se introdujo una disposición en el Código Penal que penaba con hasta 14 años de prisión la pertenencia a asociaciones que recibieran financiación extranjera para llevar a cabo actividades consideradas perjudiciales para la seguridad del Estado y los “intereses fundamentales de Argelia”. Esta redacción imprecisa podía limitar las actividades legítimas de las asociaciones que no fueran del agrado de las autoridades.

Numerosas asociaciones, entre ellas Amnistía Internacional Argelia, continuaron en una situación jurídica incierta al no responder las autoridades a las solicitudes de inscripción en el registro que habían presentado con arreglo a la Ley de Asociaciones, enormemente restrictiva.

Libertad de religión y de creencias

El Decreto 06-03 de 2006 siguió limitando la práctica de cualquier religión distinta del islam, al establecer que sólo podían celebrarse cultos religiosos no musulmanes en edificios con licencia de la Comisión Nacional para Grupos Religiosos no Musulmanes, aunque no estaba claro en qué medida esta comisión estaba operativa. Según la Iglesia Protestante de Argelia, las autoridades rara vez aprobaban sus solicitudes de licencia, lo que ponía a sus iglesias en riesgo permanente de cierre.

La comunidad ahmadí, que se considera musulmana, siguió sufriendo hostigamiento debido a sus creencias religiosas. En enero, la Fiscalía de Constantina interrogó a siete personas de esta confesión a las que confiscó el pasaporte tras preguntarles por sus creencias y prácticas religiosas y acusarlas formalmente de constituir una asociación ilegal. Al final de diciembre, un tribunal de primera instancia las absolvió, pero las autoridades no les devolvieron el pasaporte.

El 25 de noviembre, un tribunal de apelación de la ciudad oriental de Jenchela condenó a Yacine Mebarki, activista amazigh y del Hirak, a un año de prisión y al pago de una multa de 50.000 dinares argelinos (alrededor de 385 dólares estadounidenses) por “insultar al islam” en relación con publicaciones en las redes sociales en las que aparentemente criticaba a un erudito salafista por llamar a la Yihad (guerra santa).

En diciembre, un juez de un tribunal de Tizi Uzu impuso a 51 hombres ahmadíes una condena condicional de dos meses de prisión por “atentado a la integridad del territorio nacional”, en aplicación del artículo 79 del Código Penal, debido a sus creencias religiosas.

Derechos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes

Continuaron las detenciones y expulsiones masivas de migrantes desde Argelia a los vecinos Níger y Malí durante el periodo de confinamiento, a pesar del cierre de fronteras y de los riesgos para la salud surgidos en los centros de expulsión debido a la COVID-19. Según organizaciones humanitarias presentes en Níger, entre enero y octubre, las autoridades argelinas expulsaron a más de 17.000 migrantes a este país: alrededor de 8.900 de nacionalidad nigerina y 8.100 de otras nacionalidades. Las ONG locales denunciaron que, durante las expulsiones, el personal militar argelino trató a las personas migrantes con dureza, usando la violencia y confiscando sus pertenencias.

Las autoridades argelinas negaban a las personas migrantes detenidas cualquier posibilidad de presentar un recurso legal, a veces durante meses. El 31 de diciembre, al menos siete solicitantes de asilo yemeníes registrados en el ACNUR —la agencia de la ONU para las personas refugiadas— y que esperaban la aprobación de su solicitud de asilo seguían en centros de detención gubernamentales de Argel, en peligro de expulsión inminente y deportación a Yemen.

Derechos de las mujeres

El Código Penal y el Código de Familia seguían discriminando ilegítimamente a las mujeres en asuntos de herencia, matrimonio, divorcio, custodia de los hijos e hijas y tutela. La “cláusula de perdón” del Código Penal permitía a los violadores eludir la condena si obtenían el perdón de su víctima, y tampoco reconocía expresamente la violación conyugal como delito.

El Centro de Información sobre los Derechos de las Mujeres y la Infancia informó de 39 casos de homicidio y agresión intencional con resultado de muerte de la mujer durante el periodo de confinamiento por la COVID-19. El grupo de mujeres Feminicides Algérie dijo que el número real de casos de violencia contra las mujeres era muy superior a las cifras oficiales. El grupo de derechos de las mujeres Réseau Wassila registró en mayo un aumento de las llamadas realizadas a su línea de ayuda telefónica para denunciar violencia de género a manos de familiares, lo que indicaba que se debía a las medidas de confinamiento.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

El Código Penal siguió tipificando las relaciones homosexuales consentidas como delito, penado con entre dos meses y dos años de prisión y una multa.

En septiembre, la policía de Constantina detuvo a 44 personas por asistir a una fiesta que la prensa calificó, falsamente, de “boda homosexual”. La mayoría fueron condenadas a un año de prisión, y el anfitrión y su supuesta pareja, a tres. El tribunal los declaró culpables de “incitar a la homosexualidad” y de “perversión” en aplicación del artículo 338 del Código Penal, así como de infringir las medidas de confinamiento.

Derechos laborales

El Código de Trabajo siguió restringiendo el derecho a crear asociaciones sindicales al limitar las federaciones y confederaciones a sindicatos de un único sector laboral, permitir crear organizaciones sindicales sólo a personas nacidas en Argelia o que tuvieran la nacionalidad argelina como mínimo desde hacía 10 años y restringir la financiación extranjera de los sindicatos.

Las autoridades continuaron negando la inscripción en registro de la Confederación Autónoma General de Trabajadores Argelinos, asociación independiente que había presentado su solicitud por primera vez en 2013.

Independencia del poder judicial

La nueva Constitución no ponía fin al control del poder ejecutivo sobre el judicial ni hacía valer la independencia de éste.

En febrero, el Ministerio de Justicia ordenó el traslado del fiscal Mohamed Sid Ahmed Belhadi a El Oued, a 600 kilómetros al sur de Argel, dos días después de que éste hubiera pedido a un tribunal de la capital la absolución de 16 personas detenidas por su participación pacífica en el Hirak en enero. El Sindicato Nacional de Jueces Argelinos calificó el traslado de “castigo y represalia de carácter político”.

Los abogados y abogadas organizaron una huelga nacional el 30 de septiembre y el 1 de octubre para exigir que se respetaran el derecho de defensa y las garantías procesales.

Pena de muerte

El ministro de Justicia anunció el 11 de octubre que una nueva ley de prevención del secuestro incluiría la pena capital para el secuestro de menores cuando desembocara en la muerte de la víctima.

Los tribunales siguieron imponiendo condenas a muerte. No se llevaban a cabo ejecuciones desde 1993.


  1. Argelia: Se debe poner fin a la represión de periodistas y activistas de Hirak durante la pandemia de COVID-19 (noticia, 27 de abril de 2011)
  2. Argelia: La represión socava el proceso de reforma constitucional (noticia, 25 de junio)
  3. Argelia: Persiste la represión del movimiento Hirak por las autoridades con la condena a tres años de prisión impuesta al periodista Khaled Drareni (noticia, 10 de agosto)