Argelia 2024
Las autoridades mantuvieron el cierre del espacio cívico mediante una severa represión del derecho a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación. Continuó el uso de cargos por terrorismo infundados para aplastar la disidencia pacífica, en especial contra activistas del ámbito de la política, periodistas, sindicalistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. Las autoridades aumentaron la pena prevista por salir irregularmente de Argelia e introdujeron una de hasta cinco años de prisión por facilitar una salida irregular. El gobierno expulsó de forma colectiva e ilícita al menos a 31.404 personas refugiadas y migrantes a Níger. Las autoridades no investigaron las denuncias de tortura y otros malos tratos. La sociedad civil denunció 48 femicidios; seguía sin haber estadísticas oficiales exhaustivas sobre violencia de género. Una prolongada sequía inducida por el cambio climático afectó negativamente a la realización de los derechos humanos. Las autoridades adoptaron medidas para combatir la inflación; la de los alimentos se ralentizó, pero siguió siendo elevada.
Información general
El 7 de septiembre se celebraron elecciones presidenciales anticipadas. Según el Tribunal Constitucional, el presidente, Abdelmadjid Tebboune, fue reelegido con el 84,3% de los votos, con una participación del 46,1% de la ciudadanía con derecho a voto.
En julio, a raíz de una revisión de las estadísticas de la contabilidad nacional llevada a cabo por las autoridades, el Banco Mundial reclasificó la economía argelina, que pasó de la categoría de renta media-baja a la de renta media-alta.
Según la iniciativa World Weather Attribution, la ola de calor extremo que azotó en julio la región mediterránea, incluida Argelia, estaba relacionada con el cambio climático.
Represión de la disidencia
Activismo político
Las autoridades continuaron restringiendo el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación de quienes formaban parte de los partidos políticos de la oposición, y deteniendo y procesando arbitrariamente a activistas de la oposición política por ejercer sus derechos humanos.1 En agosto, las autoridades judiciales sometieron a activistas del ámbito político a vigilancia judicial en condiciones abusivas, entre ellas la prohibición de todo tipo de publicaciones, intervenciones en los medios de comunicación y actividades políticas.
Libertad de reunión pacífica y de asociación
Las autoridades siguieron mostrándose muy intolerantes con las concentraciones no violentas y con otros tipos de reunión pacífica. A lo largo del año, las fuerzas de seguridad impidieron la celebración de al menos tres actos culturales y de defensa de los derechos humanos y detuvieron al menos a 64 activistas que intentaban organizar concentraciones pacíficas.
En marzo, el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo expresó una honda preocupación por las múltiples dificultades que encontraban los dirigentes de la Confederación Sindical de Fuerzas Productivas (COSYFOP) y de las organizaciones afiliadas a ella en el ejercicio de sus derechos sindicales y de libertad de asociación.
En un informe de mayo, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación declaró que la criminalización del trabajo de la sociedad civil en Argelia tenía un efecto intimidatorio y había creado un clima de temor, causante de una grave reducción del espacio cívico.
Medidas antiterroristas y derechos humanos
El uso de cargos de terrorismo infundados y formulados de forma imprecisa para reprimir la disidencia pacífica seguía siendo generalizado. El activista y poeta Mohamed Tadjadit, acusado de “terrorismo”, permaneció recluido arbitrariamente durante nueve meses tras su detención el 29 de enero.2 El 28 de marzo, el dirigente sindical Hamza Kherroubi, presidente de la Unión Argelina de Industrias (UAI), afiliada a COSYFOP, fue declarado culpable injustamente y condenado a 20 años de prisión por cargos infundados de terrorismo.
Libertad de expresión y de prensa
El 28 de abril, el presidente ratificó la Ley 24-06, por la que se reformaba y complementaba el Código Penal. La plétora de modificaciones y nuevas disposiciones excesivamente amplias e imprecisas contenidas en ella facilitaban la criminalización de actos protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Su aplicación podría dar lugar a una mayor autocensura e impedir debates libres y abiertos sobre asuntos de interés público.
Las autoridades continuaron restringiendo la labor periodística mediante detenciones y procesamientos arbitrarios y sanciones ilícitas a medios de comunicación independientes. El 13 de junio, el Tribunal de Apelación de Argel ratificó la disolución arbitraria del grupo mediático Interface Medias, tras haber confirmado la sentencia condenatoria y la pena de siete años de prisión dictadas contra su director y fundador, Ihsane El Kadi, en junio de 2023 por cargos falsos e imprecisos.3 Ihsane El Kadi fue puesto en libertad el 1 de noviembre en aplicación de un indulto presidencial concedido a 4.000 personas, entre las que también se encontraban el activista Mohamed Tadjadit (véase supra), el defensor de los derechos humanos Mohamad Gasmi y al menos otra veintena de activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas que habían sido objeto de detención arbitraria.
Las autoridades también impusieron o mantuvieron la prohibición arbitraria de viajar, así como otras restricciones, a activistas, profesionales de la abogacía, sindicalistas y periodistas en relación con el ejercicio de sus derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión.
Derechos de las mujeres y de las niñas
El Código Penal y el Código de Familia seguían discriminando ilícitamente a las mujeres en asuntos de herencia, matrimonio, divorcio, custodia de hijos e hijas y tutela. Los grupos de defensa de los derechos de las mujeres siguieron pidiendo la derogación de las disposiciones discriminatorias.
A fecha de 23 de diciembre, el grupo activista Feminicidios Argelia había registrado al menos 48 femicidios. Aunque no constaban estadísticas oficiales exhaustivas sobre violencia de género, suscitaba preocupación la gran ausencia de denuncias derivada de la estigmatización social, la inacción policial, la escasez de centros de acogida, el temor a sufrir más abusos y otros obstáculos para las mujeres y las niñas que buscaban protección y justicia.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
El Código Penal continuó castigando las relaciones sexuales consentidas entre personas adultas del mismo sexo, que podían suponer hasta dos años de prisión y el pago de una multa.
Libertad de circulación
La Ley 24-06 aumentó la pena máxima por salir irregularmente de Argelia de seis meses a tres años de prisión. El artículo 175 bis.1 introducía una nueva pena de hasta cinco años de prisión para “quien facilit[ara] o intent[ara] facilitar, directa o indirectamente” una salida irregular.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Según la organización Alarm Phone Sahara, Argelia expulsó de forma sumaria y colectiva a Níger al menos a 31.404 personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes durante el año.
Libertad de religión y de creencias
Las autoridades siguieron utilizando el Decreto Ley 06-3 —que discriminaba a las religiones distintas del islam suní— para violar los derechos de las personas no musulmanas por practicar su fe, incluso mediante enjuiciamientos penales.
Según la iglesia protestante de Argelia, 46 de sus 47 iglesias permanecían cerradas debido al acoso judicial o por orden de las autoridades.
Tortura y otros malos tratos
Las autoridades judiciales y de seguridad siguieron haciendo caso omiso de las denuncias de tortura y otros malos tratos presentadas por personas detenidas.
Ni siquiera abrieron una investigación después de que el periodista Merzoug Touati presentara una denuncia el 12 de agosto en la que afirmaba que agentes de policía de la ciudad nororiental de Bugía lo habían torturado y sometido a otros malos tratos para que revelara la ubicación de su teléfono, amenazándolo incluso con someterlo a violencia sexual mientras estaba bajo custodia policial.
Argelia no presentó tampoco en 2024 su cuarto informe periódico al Comité de la ONU contra la Tortura, pese a que debería haberlo hecho en 2012.
Derecho a un medioambiente saludable
Un informe del Centro de Investigación Conjunta de la Comisión Europea publicado en enero destacaba los efectos de las graves sequías relacionadas con el cambio climático que se estaban produciendo en toda la región mediterránea, incluida Argelia, con repercusiones negativas para la agricultura, los ecosistemas, la disponibilidad de agua potable, la producción de energía y el aumento del riesgo de incendios forestales.
Para hacer frente a la sequía, Argelia anunció el 8 de febrero un programa de rehabilitación de varias plantas de tratamiento de aguas residuales, con el objetivo declarado de obtener, para 2030, el 60% del agua para riego a partir de aguas residuales tratadas.
El 8 de junio, tras meses de escasez y racionamiento del agua debido a la sequía, estallaron protestas en la región de Tiaret, en el noroeste del país. El gobierno destituyó a las autoridades locales supuestamente responsables de mala gestión, movilizó camiones cisterna y anunció la construcción de un acueducto.
Argelia se mantuvo entre los nueve países del mundo que más gas quemaban, pese a los riesgos que las emisiones de gases de efecto invernadero liberadas por esta práctica tenían para la salud de las comunidades afectadas. En junio, el Banco Mundial informó de una reducción del 5% en el volumen de quema de gas y del 3% en la intensidad de la quema, en comparación con el año anterior, además de un descenso del 2% en la producción de petróleo.
Derechos económicos y sociales
El 1 de julio, un tribunal condenó injustamente al activista de la sociedad civil Rabah Kadri a un año de prisión con carácter condicional y al pago de una multa y de una indemnización por daños y perjuicios en relación con unas publicaciones en TikTok en las que había criticado las condiciones socioeconómicas de Argelia y exigido un cambio político.
La inflación de los precios de los alimentos se ralentizó, pero se mantuvo alta, casi en el 5%, lo que amenazaba los derechos a la alimentación, la salud y la vivienda del sector más pobre de la población. Según el Banco Mundial, los alimentos representaban más de la mitad del gasto familiar del 40% de la población más pobre.
El presupuesto de 2024 introdujo exenciones fiscales a la venta e importación de varios productos alimentarios, aumentó la escala salarial del personal del sector público en torno al 15% e incrementó las prestaciones para estudiantes, personas con discapacidad y personas desempleadas. Las autoridades anunciaron en abril un nuevo contrato de empleo asistido para personas en situación de desempleo y, en mayo, un aumento de entre el 10 y el 15% de las pensiones de jubilación.
Argelia aún no había presentado su quinto informe periódico al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, pese a que debería haberlo hecho en 2015.
- Algeria: Authorities must halt ongoing repression of civic space ahead of presidential elections, 2 de septiembre ↩︎
- Algeria: Authorities must drop bogus charges against Hirak activist Mohamed Tadjadit, 17 de julio ↩︎
- Argelia: Confirmada la condena a un periodista tras su apelación. Ihsane el Kadi, 16 de enero ↩︎