Guatemala 2024
Se hostigó y criminalizó a defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y miembros de la oposición política. La procesos penales infundados denotaban la falta de independencia judicial. Hubo indicios de mejora en la actitud del Estado hacia los pueblos indígenas, pero se seguía criminalizando a los líderes y lideresas que protegían territorios y derechos. Se retrasó el enjuiciamiento de los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante el conflicto armado interno del periodo 1960-1996. El gobierno adoptó medidas para reconocer las violaciones de derechos humanos cometidas contra las mujeres, regular los servicios de salud y mejorar la calidad del agua. El matrimonio entre personas del mismo sexo seguía siendo ilegal.
Libertad de expresión y de asociación
Continuó la persecución basada en motivos políticos contra defensores y defensoras de los derechos humanos, profesionales de la fiscalía, la judicatura y el periodismo y miembros de la oposición política que habían luchado contra la impunidad y la corrupción, así como contra sus respectivos abogados y abogadas. Se incoaron procedimientos penales infundados en los que se vulneraron numerosas garantías procesales y, en muchos casos, se aplicaron prejuicios sexistas contra las mujeres.1
En enero, la presa de conciencia y exfiscal Virginia Laparra quedó finalmente en libertad tras pasar casi dos años sometida a detención arbitraria. En julio, un tribunal la declaró culpable en un segundo procedimiento penal infundado, por lo que se vio obligada a exiliarse. En marzo, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria declaró arbitraria la detención del periodista Jose Rubén Zamora y recomendó su puesta en libertad. En octubre, tras más de 800 días de detención en espera de juicio, fue excarcelado y puesto bajo arresto domiciliario. Las causas contra dirigentes del partido político suspendido Movimiento Semilla prosiguieron. Al concluir el año, el exfiscal Stuardo Campo continuaba detenido en espera de juicio.
Derecho a un juicio justo
El Ministerio Público y una parte significativa del poder judicial incoaban con frecuencia procedimientos penales infundados. Durante una visita a Guatemala efectuada en julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que la criminalización infundada evidenciaba una falta de independencia judicial.
En octubre, el Congreso nombró más de 300 jueces y juezas de la Corte Suprema de Justicia y las salas de la Corte de Apelaciones; varias de estas personas estaban presuntamente implicadas en casos de corrupción y de criminalización de voces críticas, según los medios de comunicación. Especialistas internacionales señalaron que el proceso no había cumplido las normas internacionales sobre el nombramiento de esos cargos y había estado sujeto a los intereses de partes interesadas pudientes.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
Hasta octubre, la organización Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) había registrado al menos 2.763 ataques contra personas defensoras de los derechos humanos.
El organismo encargado de analizar los riesgos que afectaban a los defensores y defensoras de los derechos humanos se reactivó a instancia del Ministerio de Gobernación. Al concluir el año, la política pública sobre la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos seguía pendiente de aprobación y el gobierno no había ratificado el Acuerdo de Escazú.
Derechos de los pueblos indígenas
Por primera vez en muchos años, el gobierno estableció un diálogo directo con varias autoridades indígenas y se comprometió a promover un programa de desarrollo integral que tomara en cuenta sus necesidades. Sin embargo, en muchas partes del país se criminalizó a miembros de las dirigencias indígenas por defender el territorio y los derechos de sus pueblos. Decenas de comunidades indígenas y campesinas corrían peligro de sufrir desalojo forzoso en el marco de los conflictos en torno a la tenencia de tierras.
Impunidad
Los retrasos y las irregularidades dificultaron la búsqueda de justicia por los crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos durante el conflicto armado interno que había tenido lugar entre 1960 y 1996, entre ellos el caso Diario Militar. Un tribunal anuló el caso Creompaz (antiguo centro de detención militar) y puso en libertad a los militares retirados que estaban acusados. En noviembre, en pleno juicio por genocidio del general retirado Benedicto Lucas, la fiscal general destituyó injustificadamente a agentes de la Fiscalía de Derechos Humanos que se ocupaban del caso. Unos días más tarde, un tribunal superior anuló el juicio.
Violencia por motivos de género
El gobierno reconoció la responsabilidad del Estado por los feminicidios de María Isabel Véliz Franco y Claudina Velásquez —cometidos a principios de la década de 2000—, tal como había ordenado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2014 y 2015, respectivamente. También se comprometió a ofrecer resarcimiento por la muerte en 2017 de 41 niñas que estaban encerradas en una sala del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, un albergue estatal, durante un incendio. Los procedimientos penales contra las personas posiblemente responsables de esos fallecimientos no habían finalizado.
La iniciativa de ley de educación integral en sexualidad seguía pendiente de aprobación al concluir el año.
La ONG Asociación Lambda registró al menos 35 asesinatos de personas LGBTI hasta noviembre. El matrimonio entre personas del mismo sexo seguía siendo ilegal.
Derechos económicos, sociales y culturales
Según datos oficiales, los niveles de desnutrición infantil grave seguían siendo altos. El ejecutivo interpuso decenas de denuncias contra el gobierno anterior por presunta malversación de fondos públicos asignados a los servicios públicos, especialmente la salud y la educación. Además, anunció medidas para regular la compra de equipos médicos y evitar las situaciones de escasez que habían menoscabado el acceso a una atención de la salud de calidad.
Derecho a un medioambiente saludable
En marzo, el gobierno publicó un plan de acción nacional sobre género y cambio climático. En septiembre, el gobierno creó el Gabinete del Agua para coordinar la gestión de los recursos hídricos, en un contexto de preocupación por el acceso a agua no contaminada.