Resumen

Hubo propuestas legislativas que imponían restricciones desproporcionadas a la libertad de reunión pacífica. Organismos internacionales criticaron la insuficiente protección de los derechos de los pueblos indígenas. El gobierno continuó adoptando medidas de justicia penal que podían fomentar la discriminación racial sistémica. Una propuesta del gobierno exigía al funcionariado denunciar a toda persona —incluidos niños y niñas— que no tuviera permiso de residencia. La nueva ley de reconocimiento del género no se ajustaba al principio de autodeterminación de género. Persistían los motivos de preocupación por el acceso efectivo de las víctimas y sobrevivientes de violación a la justicia.