Bulgaria 2025
Las demandas abusivas, la presión política y la precariedad de las condiciones laborales amenazaron la libertad de los medios de comunicación. La sociedad civil se enfrentó a un entorno hostil, con nuevos intentos de presentar un proyecto de ley sobre agentes extranjeros y otra legislación represiva. Según informes de organizaciones, hubo al menos 24 femicidios. Tres niños egipcios murieron tras negárseles asistencia de salvamento cerca de la frontera. Las personas romaníes y LGBTI continuaron sufriendo discriminación generalizada. Salieron a la luz deficiencias sistémicas en la atención a las personas mayores y a las personas con discapacidad.
Información general
Persistían la escasez de agua, los incendios forestales y unas infraestructuras deficientes, que causaron víctimas y graves daños materiales en el país. Las multitudinarias protestas contra la corrupción celebradas en diciembre desembocaron en la dimisión del gobierno.
Libertad de expresión
En julio, el Tribunal Supremo de Casación declaró al medio informativo Mediapool y al periodista de investigación Boris Mitov culpables de difamar a un juez y les ordenó pagar 43.000 levas búlgaras (20.000 euros) por daños y perjuicios y las costas judiciales por unos artículos publicados en 2018. Reporteros sin Fronteras lo calificó de “caso claro de demanda estratégica contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) dirigida a silenciar periodistas”.
En septiembre, Media Freedom Rapid Response y otras ONG advirtieron de que la combinación de injerencias políticas y económicas, amenazas, demandas abusivas y condiciones laborales precarias amenazaba al periodismo independiente.
En octubre, miembros de la coalición gobernante presentaron un anteproyecto de ley que proponía penas de prisión y multas para los periodistas que difundieran información sobre la “vida personal” de alguien sin su consentimiento, y permitía el uso de escuchas y de vigilancia —normalmente reservadas a los delitos graves— para investigar estos nuevos delitos. Tras fuertes críticas de la opinión pública, la propuesta fue retirada.
Libertad de asociación
Las organizaciones de la sociedad civil se enfrentaron a un entorno hostil y a frecuentes campañas de desprestigio.1 En febrero, el partido prorruso Renacimiento presentó, por quinta vez en dos años, un proyecto de ley sobre agentes extranjeros que prohibía a las organizaciones con financiación extranjera desempeñar actividades en centros educativos y otras instituciones públicas.
Hubo nuevas iniciativas parlamentarias para establecer una comisión encargada de investigar a las personas y organizaciones que recibieran ayuda de las fundaciones de George y Alexander Soros, con el argumento de que éstas creaban condiciones para ejercer una influencia manifiesta y encubierta sobre los procesos públicos, políticos y económicos del país.
El Parlamento rechazó las propuestas, y grupos de la sociedad civil advirtieron de que esas iniciativas seguían poniendo en peligro la libertad de asociación y la participación cívica.
Violencia por motivos de género
Persistió la violencia de género y no hubo avances en el establecimiento de una base de datos centralizada para llevar el registro de los casos. En noviembre, el Consejo de Ministros decidió establecer un mecanismo de coordinación para dar asistencia y apoyo a las víctimas de violencia de género en el ámbito familiar.
En agosto, un tribunal de la ciudad de Plovdiv puso en libertad bajo fianza a un hombre que llevaba procesado desde 2023 por agredir con un arma blanca a su novia, de 18 años, y haberle causado graves lesiones. En octubre se reanudó la causa a puerta cerrada.
Organizaciones de derechos de las mujeres informaron de al menos 24 femicidios en el contexto de la violencia de género intrafamiliar. El Ministerio del Interior confirmó una tendencia constante al alza en los casos denunciados.
Derechos de la infancia
La defensora del Pueblo y UNICEF Bulgaria informaron sobre casos de violencia —incluidas palizas y abusos sexuales— contra niños y niñas en internados, lo que ponía de relieve la falta de vigilancia por parte de las autoridades. Sus conclusiones revelaron profundas deficiencias en los sistemas de protección infantil y falta de rendición de cuentas de los perpetradores. Pese a las reiteradas recomendaciones, el gobierno no tomó medidas de vigilancia ni de rehabilitación efectivas.
Discriminación
La población romaní seguía sufriendo discriminación en la vivienda, la educación, el empleo, la salud y todos los demás ámbitos de la vida. En abril, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa expuso su preocupación en relación con los desalojos forzosos de romaníes en la capital, Sofía, que habían dejado a familias durmiendo en tiendas de campaña durante meses sin una alternativa adecuada.2
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
En febrero, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia afirmó que Bulgaria no había tomado medidas para combatir la discriminación de la población LGBTI, entre ellas la elaboración de una estrategia nacional para abordar la intolerancia hacia estas personas. En diciembre, seguían pendientes de adopción los proyectos de reforma de la Ley de Protección de la Infancia que proponían la prohibición de acceder a información sobre la identidad y la expresión de género, y difundirla. Grupos de la sociedad civil advirtieron de que la propuesta marginaba aún más a las personas LGBTI jóvenes y docentes, y el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa recordó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya había concluido que esa legislación era “nociva e incompatible con las nociones de igualdad, pluralismo y tolerancia”.
Derechos de las personas con discapacidad
En febrero, la defensora del Pueblo advirtió de que la reducción de la financiación y de la capacidad de los servicios sociales amenazaba con dejar a las personas con discapacidad sin cuidados esenciales en el hogar.
En abril, el Tribunal de Distrito de Stara Zagora falló que una mujer con discapacidad psicosocial había sufrido institucionalización psiquiátrica forzosa y otras medidas que violaban su dignidad y autonomía, y le concedió una indemnización de 15.000 levas búlgaras (7.000 euros) por daños y perjuicios. Grupos de la sociedad civil expresaron su satisfacción por esa sentencia “histórica”.
Trato cruel, inhumano o degradante
En junio, las autoridades descubrieron dos residencias privadas para mayores en Stara Zagora que funcionaban ilegalmente y en las que había personas inmovilizadas, sedadas y en condiciones inhumanas. Los medios de comunicación las llamaron “casas de los horrores”, impulsando investigaciones sobre los defectos sistémicos de los sistemas de asistencia social e inspección. La defensora del Pueblo instó a adoptar reformas y mejorar la vigilancia de los centros privados para mayores, y criticó la grave situación de abandono y explotación de esas personas.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
En enero, tres niños de nacionalidad egipcia murieron tras negárseles asistencia de salvamento cerca de la frontera con Turquía. El caso reavivó el escrutinio de presuntas devoluciones sumarias y la falta de rendición de cuentas de la policía de fronteras. Grupos de derechos humanos pidieron investigaciones independientes y el cumplimiento de la legislación sobre asilo de la UE.
Derecho a la salud
En febrero, el Comité Europeo de Derechos Sociales concluyó que el plan de vacunación contra la COVID-19 adoptado por Bulgaria en 2020, que restaba prioridad a las personas de mayor edad y con enfermedades crónicas, violaba el derecho a la salud y el derecho a no sufrir discriminación previstos en la Carta Social Europea.
Derecho al agua
En agosto, varias regiones sufrieron escasez de agua y, como consecuencia, sus habitantes tuvieron agua corriente menos de tres horas al día. Organizaciones ecologistas expresaron su profunda preocupación por la aplicación deficiente de las normas ambientales de la UE y la falta de transparencia de las políticas de gestión de riesgos.