Bélgica 2024
Se tipificaron nuevos delitos que podrían socavar el derecho a la libertad de expresión. Se suspendieron las transferencias de armas a Israel, pero aumentó la represión de las manifestaciones en favor de Palestina. Se dejó sin hogar a solicitantes de asilo y se negó la protección a personas afganas que la habían solicitado. Las condiciones penitenciarias seguían siendo pésimas, aunque hubo algunos avances en materia de supervisión. Se reforzó la prestación de cuidados a sobrevivientes de violencia sexual y se revisaron internacionalmente las políticas del país relativas a las personas con discapacidad. El Estado ordenó el pago de indemnizaciones por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen colonial.
Libertad de expresión
El Parlamento aprobó en febrero una nueva versión del Código Penal en la que se tipificaban delitos —como ataque malintencionado a la autoridad del Estado, enaltecimiento del terrorismo y lesa majestad (injurias a la Corona)— que socavaban la libertad de expresión.
Libertad de reunión pacífica
Muchos municipios seguían exigiendo autorización previa para celebrar reuniones públicas, lo que suponía una restricción desproporcionada del derecho a la protesta.1 En mayo, la policía usó un cañón de agua y gas lacrimógeno para dispersar en los aledaños de la embajada israelí una manifestación pacífica contra las violaciones de derechos humanos en Gaza. El alcalde del distrito de Uccle había ordenado disolverla porque no tenía autorización previa.
En septiembre, organizaciones de la sociedad civil advirtieron de la creciente represión ejercida contra participantes en manifestaciones pacíficas en favor de Palestina, a quienes se imponían sanciones administrativas en virtud de regímenes municipales de autorización ilícitos. En el contexto de una investigación criminal sobre la pertenencia a un grupo que “incitaba a la segregación y al racismo”, se citó para su interrogatorio a unas 70 personas que habían participado en la ocupación de un edificio universitario en Bruselas, la capital o simpatizado con ella.2
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Las autoridades siguieron dejando sin hogar y en la indigencia a miles de solicitantes de asilo al negarles el acceso a alojamiento.
Pese a la gravedad de la crisis de derechos humanos en Afganistán, el Comisionado General para los Refugiados y los Apátridas continuó negando protección internacional a la mayoría de las personas solicitantes de asilo afganas. Según estadísticas publicadas en diciembre, sólo se concedía protección al 39% de quienes la solicitaban. La mayoría de las personas afganas que no obtenían protección internacional no podían regresar a Afganistán y estaban expuestas a sufrir abusos debido a su situación migratoria irregular.
Violencia sexual y de género
El 18 de abril, el Parlamento aprobó una ley sobre los centros de atención para sobrevivientes de violencia sexual que los dotaba de una base jurídica y protegía su financiación y que garantizaba la colaboración entre los hospitales, la policía y la fiscalía.
Derechos de las personas detenidas
El nuevo Código Penal aprobado en febrero estipulaba que las penas privativas de libertad sólo debían emplearse como último recurso.
Continuó el hacinamiento en prisiones en estado ruinoso y que no ofrecían acceso suficiente a servicios esenciales, como asistencia médica e instalaciones higiénicas.
En abril se estableció un mecanismo federal de prevención de la tortura y otros malos tratos, lo que supuso un paso más hacia la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Derechos de las personas con discapacidad
En septiembre, el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad recomendó, entre otras cosas, que Bélgica elaborara y aplicara una estrategia eficaz de desinstitucionalización; velara por que las políticas de movilidad respondieran a las necesidades de las personas con discapacidad, incluidas las de edad avanzada, y garantizara que los ingresos de las personas con discapacidad fueran suficientes para llevar una vida digna.3
Transferencias irresponsables de armas
En febrero, a raíz de una carta abierta enviada por organizaciones de la sociedad civil, el gobierno regional valón suspendió las licencias de exportación de material militar a Israel, aunque, en diciembre, los medios de comunicación informaron de que había reanudado la emisión de licencias de exportación de material militar a Emiratos Árabes Unidos pese a que existían importantes motivos de preocupación en materia de derechos humanos.
Derechos sexuales y reproductivos
Hubo partidos políticos que siguieron bloqueando la votación en el Parlamento de una propuesta cuyo propósito era mejorar el acceso a los servicios de aborto y que la legislación estuviera en mayor consonancia con las directrices de la OMS sobre la atención para el aborto, de 2022.
Derecho a verdad, justicia y reparación
El 2 de diciembre, el Tribunal de Apelación de Bruselas reconoció la responsabilidad del Estado belga en el crimen de lesa humanidad que habían constituido el secuestro y la segregación racial sistemática de niños y niñas metis (de ascendencia mestiza africano-europea) durante el régimen colonial belga en la República Democrática del Congo. En su sentencia ordenó que se indemnizara a las cinco recurrentes.
Derecho a un medioambiente saludable
En mayo, un inventario no exhaustivo realizado por el gobierno federal mostró que en 2021 el Estado había gastado 15.500 millones de euros en subvenciones a combustibles fósiles, aunque la cifra real era aún mayor.
- Under protected and over restricted. The state of the right to protest in 21 European countries, 8 de julio ↩︎
- ONG et syndicats s’inquiètent des mesures répressives qui visent le mouvement propalestinien en Belgique, 20 de septiembre ↩︎
- Belgium: Submission to the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 31st Session, 12 August – 5 September 2024, 12 de julio ↩︎