Bélgica 2025
Se aprobó un anteproyecto de ley que amenazaba la libertad de expresión y de asociación. Se dejó sin hogar a solicitantes de asilo y se negó protección a nacionales de Afganistán. Las condiciones penitenciarias seguían siendo pésimas. Se suspendieron las transferencias de armas a Israel. Continuaron las subvenciones a los combustibles fósiles.
Información general
En febrero, un nuevo gobierno federal asumió el poder y anunció que adoptaría “la política migratoria más estricta hasta la fecha”.
Libertad de expresión, de asociación y de reunión
En julio, el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley que socavaba la libertad de asociación y de expresión al dar competencias al gobierno para disolver y prohibir organizaciones “radicales” o “extremistas”. En noviembre, se presentó en el Parlamento un proyecto de ley que permitía a los jueces imponer como sanción complementaria una prohibición general temporal de participar en reuniones públicas a las personas declaradas culpables de delitos relacionados con protestas. Dicha disposición socavaba la libertad de reunión pacífica.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Las autoridades continuaron dejando sin vivienda y en la indigencia a miles de solicitantes de asilo —en su mayoría varones solteros— al negarles el acceso a los centros de acogida. El Parlamento aprobó en agosto una ley que excluía a ciertos grupos del acceso a esos centros, por lo que incluso algunas familias con hijos se vieron obligadas a dormir en la calle.
Pese a la gravedad de la crisis de derechos humanos en Afganistán, la Oficina del Comisario General para los Refugiados y los Apátridas continuó negando protección internacional a la mayoría de las personas solicitantes de asilo afganas. Entre enero y noviembre, sólo se concedió protección al 43,5% de ellas.
Derechos en el trabajo
En enero, el Boletín Oficial de Bélgica publicó un llamamiento de varias organizaciones en favor de la anulación de la ley de trabajo sexual con contrato laboral. La ley contenía disposiciones concretas para proteger los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras sexuales, incluida la obligación de la entidad empleadora de colaborar con las organizaciones y sindicatos de éstos.
Derechos sexuales y reproductivos
Varios partidos políticos continuaron bloqueando una votación parlamentaria sobre varias propuestas para mejorar el acceso al aborto que pondrían la legislación en consonancia con las Directrices de la OMS sobre la atención para el aborto, de 2022. Amnistía Internacional y Médicos del Mundo Bélgica expresaron su preocupación por la falta de acceso a los servicios de aborto para grupos específicos, como las personas sin hogar y las que estaban en situación irregular. Los servicios de asistencia social seguían retrasando o negando la atención médica, a pesar de que era un derecho legalmente reconocido, por lo que algunas personas tuvieron que viajar al extranjero para acceder a un aborto.
Derechos de las personas detenidas
Continuó el hacinamiento en prisiones en estado ruinoso donde las personas privadas de libertad carecían de acceso suficiente a servicios básicos, como asistencia médica e instalaciones higiénicas. En julio, el Parlamento aprobó la Ley de Emergencia, que introducía temporalmente medidas para reducir el hacinamiento. Sin embargo, dichas medidas no habían resuelto el problema al terminar el año.
Transferencias irresponsables de armas
En enero, el Consejo de Estado suspendió tres licencias de exportación de armas a Emiratos Árabes Unidos. En julio, el Juzgado de Primera Instancia de Bruselas ordenó al gobierno flamenco que prohibiera el tránsito de más material militar hacia Israel. En septiembre, el gobierno apoyó prolongar la prohibición de la exportación de armas y el tránsito de artículos militares hacia Israel, y defendió un embargo europeo de armas y productos de doble uso cuando el usuario final fuera militar.
Rendición de cuentas de las empresas
En diciembre, la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Belgas adjudicó un contrato para comprar cientos de nuevos vagones de tren a Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) e hizo un pedido inicial por valor de 1.700 millones de euros. En septiembre, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos incluyó a CAF en su base de datos actualizada de empresas implicadas en asentamientos ilegales israelíes en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental.
Derecho a un medioambiente saludable
En junio, el gobierno informó de que el Estado había gastado más de 17.800 millones de euros en subvenciones a los combustibles fósiles en 2022.
Derecho a la vida y a la seguridad de la persona
En agosto, Estados Unidos devolvió a Bélgica al futbolista tunecino Nizar Trabelsi, extraditado ilegalmente a ese país en 2013. Fue recluido en un centro de detención de migrantes y la Oficina de Inmigración belga ordenó inmediatamente su devolución a Túnez, pero el Consejo de lo Contencioso en Materia de Extranjería suspendió esa decisión. Las autoridades pusieron en libertad a Trabelsi en octubre en cumplimiento de las órdenes judiciales.