Kazajistán 2025
Las autoridades siguieron silenciando las voces críticas y reprimiendo la disidencia utilizando para ello los cargos excesivamente amplios de difundir información falsa e incitar a la discordia étnica, social, racial y religiosa. Continuaron las detenciones y los procesamientos de activistas de la sociedad civil y personas corrientes que ejercían su derecho a la protesta pacífica. Las autoridades presionaban cada vez más a las ONG y los grupos de oposición política, acusándolos de usar fondos extranjeros para socavar el país y sus “valores tradicionales”. Se formularon acusaciones parecidas contra personas LGBTI, que seguían sufriendo discriminación. Persistía la impunidad por la mayoría de las violaciones graves de derechos humanos cometidas durante las protestas de enero de 2022. Kazajistán seguía dependiendo de los combustibles fósiles y el presidente pareció retractarse del compromiso con una transición verde.
Libertad de expresión
Las autoridades seguían utilizando los cargos excesivamente amplios de “difundir a sabiendas información falsa” e incitar a la discordia étnica, social, racial y religiosa, en aplicación de los artículos 274 y 174 del Código Penal, respectivamente, para silenciar las voces críticas y reprimir la disidencia. La comunidad local de derechos humanos documentó al menos 39 casos de personas encarceladas durante el año por cargos de motivación política, entre las que había defensores de los derechos humanos, activistas, blogueros y periodistas.
En julio, la defensora de los derechos humanos Bakhytzhan Toregozhina fue multada en aplicación del artículo 274 tras haber expresado en su página de Facebook preocupación por el deterioro de la salud de Marat Zhylanbayev, político de la oposición encarcelado (véase “Libertad de asociación” infra) que se había declarado en huelga de hambre en repetidas ocasiones para protestar por las condiciones y el trato recibido bajo custodia. Se impusieron sanciones administrativas —incluidas multas y detención administrativa— a Meirzhan Doskaraev, abogado de Marat Zhylanbayev, y al menos a dos mujeres activistas por plantear motivos de preocupación similares.
El bloguero Temirlan Ensebek fue detenido en enero y acusado en aplicación del artículo 174 por una publicación realizada un año antes en redes sociales que contenía fragmentos de una canción ampliamente difundida con letras ofensivas sobre los rusos; esta publicación no había suscitado ninguna preocupación antes de su detención. En abril se le impuso una condena no privativa de libertad de cinco años tras un juicio injusto. El tribunal le prohibió publicar en redes sociales, participar en actividades de derechos humanos, actuar como voluntario y hacer declaraciones a medios de comunicación. La sentencia fue confirmada en apelación.
Entre enero y abril se impusieron multas o detención administrativa al menos a cuatro simpatizantes de Temirlan Ensebek por protestas individuales en favor de su liberación. Cinco más fueron objeto de detención y multa por protestar contra la decisión del juez de restringir el acceso público a la sala del tribunal.
En sus observaciones finales publicadas en julio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU reiteró su preocupación por la amplia formulación de los conceptos de “extremismo” e incitación a la discordia étnica, social, racial y religiosa del artículo 174 del Código Penal y pidió a las autoridades que redujeran el ámbito de aplicación de esta legislación para garantizar que no “reprima conductas y expresiones protegidas”.
En junio y julio, el Ministerio de Asuntos Exteriores rehusó renovar la acreditación a 16 corresponsales de Radio Azattyq —el servicio kazajo de Radio Free Europe/Radio Liberty— alegando que habían infringido la ley de medios de comunicación de 2024, que prohibía a periodistas extranjeros informar sin acreditación. Los periodistas, hombres y mujeres de nacionalidad kazaja, habían seguido trabajando mientras esperaban la decisión sobre sus solicitudes. Al finalizar el año, estaba pendiente de resolución el recurso presentado por Radio Azattyq contra la decisión adoptada en agosto por un tribunal de la capital, Astana, de confirmar la decisión del Ministerio contra siete corresponsales.
Libertad de reunión pacífica
En enero, el Tribunal Constitucional falló que el permiso para celebrar reuniones pacíficas no debía denegarse automáticamente, aunque reiteró el requisito de autorización previa. Pese a ello, las autoridades locales siguieron negándose por sistema a permitir la celebración de protestas pacíficas. Continuaron las detenciones y los enjuiciamientos de activistas de la sociedad civil y gente corriente por ejercer su derecho a la protesta pacífica.
En febrero se redujo de 12 a dos meses el periodo de prescripción establecido para los delitos relacionados con reuniones, que hasta entonces había permitido a las autoridades encarcelar a manifestantes mucho tiempo después de los hechos, a menudo para impedir su participación en ulteriores protestas. Aun así, dos integrantes de Feminita, ONG de defensa de los derechos LGBTI, tuvieron que cumplir sendas condenas de 10 días de detención administrativa —uno a finales de febrero y otro a principios de marzo— impuestas por haber organizado una protesta nueve meses antes. Ambas condenas, junto con la negativa a conceder permisos para una reunión, disuadieron a las ONG de organizar una marcha pacífica por el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo.
En agosto, cinco activistas comunitarios —hombres y mujeres— detenidos en 2024 en aplicación del artículo 272.3 del Código Penal por organizar una protesta pacífica contra un proyecto de central nuclear fueron declarados culpables de instigar disturbios multitudinarios. El tribunal les impuso cuatro años de libertad vigilada y la prohibición de participar en cualquier actividad pública, como manifestaciones o conferencias de prensa, durante cinco años. En noviembre, un tribunal de apelación redujo sus condenas a 30 meses.
Libertad de asociación
Tras la decisión del gobierno estadounidense de recortar la ayuda exterior a grupos que promovían la diversidad, la igualdad y la integración, las autoridades —entre ellas el presidente Kassym-Jomart Tokayev— presionaron cada vez más a las ONG y los grupos de oposición política. En abril, el presidente acusó a “supuestas organizaciones de derechos humanos, blogueros y periodistas” de recibir financiación del extranjero para fomentar dinámicas negativas y culpar a las autoridades.
En mayo, el defensor del Pueblo criticó públicamente a la ONG independiente Coalición contra la Tortura por presentar información “sesgada” y “distorsionada“ a la relatora especial de la ONU sobre la tortura. La coalición había respondido a la habitual convocatoria anual de los mecanismos especiales de la ONU para la presentación de información. El defensor del Pueblo afirmó falsamente que la UE había pagado por el documento presentado.
En junio, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria pidió la liberación inmediata de Marat Zhylanbayev, condenado a siete años de cárcel en 2023 por presunta pertenencia a Opción Democrática de Kazajistán, movimiento político de oposición arbitrariamente prohibido. El Grupo de Trabajo concluyó que su detención era arbitraria y su juicio injusto, y que su “detención y reclusión […] se basaron en una discriminación resultante de su opinión política”.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
Las autoridades —incluido el presidente— y grupos afines al gobierno y de otro tipo atacaron a personas LGBTI y a ONG que defendían sus derechos, acusándolas de utilizar fondos extranjeros para promover “conductas inmorales” y denigrar los “valores tradicionales”.
La ONG de derechos LGBTI Feminita sufrió nuevos ataques de miembros de la Unión de Padres y el Fondo Benéfico Rahym, que en febrero interrumpieron en dos ocasiones eventos formativos de la ONG y acusaron a organizadores y participantes de ser “agentes extranjeros“. La policía no investigó ni presentó cargos contra los agresores; en cambio, sí detuvo y multó a los cofundadores de Feminita por dirigir una ONG no registrada.
En sus observaciones finales, el Comité de Derechos Humanos de la ONU reiteró su preocupación por la discriminación de las personas LGBTI en la legislación y en la práctica, junto con los ataques, el hostigamiento y los enjuiciamientos de ONG de derechos LGBTI y de defensores y defensoras de los derechos humanos.
En octubre, un grupo de trabajo parlamentario presentó varias reformas legislativas para prohibir la propaganda LGBTI. El Senado aprobó los cambios el 18 de diciembre y el presidente firmó las enmiendas convirtiéndolas en ley el 30 de diciembre.
Impunidad
En mayo, la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE informó sobre su seguimiento de los juicios celebrados en 2022 y 2023 a raíz de las protestas multitudinarias de enero de 2022 en que las fuerzas de seguridad habían cometido violaciones graves de derechos humanos. En su informe señalaba la “marcada discrepancia entre la elevada cifra de muertes de civiles, las denuncias generalizadas de tortura y malos tratos, y el escaso número de procesamientos por estos homicidios” y que los tribunales no habían “abordado las graves denuncias sobre el uso de coacciones, tortura y otros medios ilícitos para obtener declaraciones de acusados y testigos”.
Derechos laborales
No se adoptó ningún cambio de política para abordar la tendencia al alza de los abusos contra los derechos laborales denunciados en la minería de tierras raras. En un informe publicado en julio, la ONG Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos documentaba más denuncias en este sector en 2024 que durante los cinco años anteriores juntos.
Derecho a un medioambiente saludable
La producción de petróleo seguía impulsando en gran medida la economía de Kazajistán. Aumentó la dependencia del carbón para producir electricidad y estaba previsto crear 6 gigawatios de nueva capacidad de generación eléctrica a partir del carbón antes de 2030 pese a los motivos de preocupación por el medioambiente y al compromiso de Kazajistán de alcanzar la neutralidad en carbono antes de 2060. En septiembre, el presidente Tokayev pareció retractarse de su compromiso con una transición verde al declarar que el cambio climático parecía ser “un fraude masivo” y que Kazajistán seguiría dependiendo del carbón.