Singapur 2023
Se recurrió a leyes restrictivas para silenciar a las personas críticas con el gobierno. Continuaron las ejecuciones, incluida la primera ejecución de una mujer de la que se tenía constancia en 20 años.
Libertad de expresión
Las autoridades continuaron con la represión de activistas de derechos humanos y personas que criticaban al gobierno.1
En noviembre, un tribunal condenó al abogado de derechos humanos M Ravi a 21 días de prisión y le impuso una multa de 10.000 dólares de Singapur (7.453 dólares estadounidenses) por 9 actos de desacato al tribunal. En marzo, otro tribunal le había retirado durante 5 años la licencia para ejercer como abogado en relación con su defensa de un condenado a muerte en 2020. En mayo, el Ministerio del Interior había ordenado a M Ravi, a Kirsten Han y al grupo de lucha contra la pena de muerte al que ésta pertenecía (Colectivo de Justicia Transformativa), entre otros, que, en aplicación de la Ley de Protección Frente a las Falsedades y la Manipulación en Internet (POFMA, por sus siglas en inglés), efectuaran “correcciones” de sus publicaciones en las redes sociales y artículos en Internet en los que expresaban dudas sobre la imparcialidad judicial en el caso de Tangaraju Suppiah, ejecutado en abril.2
En junio, el gobierno ordenó bloquear el sitio web de noticias Asia Sentinel, con sede en Estados Unidos, por negarse a cumplir la orden de “corregir”, en aplicación de la POFMA, un artículo sobre el uso del poder del gobierno contra la disidencia.
Continuó el hostigamiento judicial a Terry Xu, redactor jefe del diario digital independiente The Online Citizen. En abril, el Tribunal Superior lo declaró culpable de desacato al tribunal en relación con la publicación de una carta abierta en 2021 en la que se criticaba al presidente del Tribunal Supremo, y lo condenó al pago de una multa y de las costas, en total 30.000 dólares de Singapur (22.474 dólares estadounidenses).
En marzo, el gobierno anunció que se estaba investigando por perjurio al hermano del primer ministro, Lee Hsien Yang, y a su esposa. También se los acusaba de abandonar el país para evitar los interrogatorios policiales. Lee Hsien Yang, envuelto en una disputa con su hermano por el patrimonio familiar, en los últimos años se había vuelto cada vez más crítico con el gobierno que su hermano encabezaba. En noviembre, se le ordenó pagar daños y perjuicios a los ministros de Justicia y Asuntos Exteriores, que lo habían demandado por difamación por publicaciones de Facebook en las que, según afirmaban, los acusaba de corrupción.
En julio, el Parlamento aprobó la Ley de Daños Penales Online; se temía que esta ley, que otorgaba al gobierno amplios poderes para restringir o bloquear contenido online, pudiera usarse contra quienes criticaran a las autoridades.
Pena de muerte
Las ejecuciones continuaron tras su reanudación en 2022. Todas las personas ejecutadas habían sido declaradas culpables de cargos relacionados con drogas y condenadas a la pena de muerte preceptiva. En muchos casos, los procedimientos judiciales no se habían ajustado a las normas internacionales de justicia procesal. Una de las personas ejecutadas en la horca durante el año fue Saridewi Djamani; la suya fue la primera ejecución de una mujer en Singapur de la que se tenía constancia desde 2004.3
- Singapore: Suppression of activists, critics continues ahead of elections, 16 de mayo
- Singapur: Ejecución arbitraria y extralegal por delito de drogas muestra desprecio por los derechos humanos, 26 de abril
- Singapore: Unlawful and shameful drug executions continue, including of first known woman in 20 years, 28 de julio