Singapur 2025
El gobierno continuaba reprimiendo implacablemente la libertad de expresión y reunión pacífica. Había leyes represivas dirigidas contra activistas, periodistas y figuras políticas de oposición, y los trabajadores y trabajadoras migrantes sufrían explotación. Aumentaron las ejecuciones por delitos de drogas.
Información general
En mayo volvió a ganar las elecciones generales el Partido de Acción Popular. Los partidos de oposición jugaban con desventaja y sus resultados fueron relativamente discretos.
Libertad de expresión
El gobierno seguía utilizando leyes para reprimir la libertad de expresión y silenciar la disidencia, como la Ley de Protección Frente a las Falsedades y la Manipulación en Internet (POFMA, por sus siglas en inglés). En enero, el gobierno bloqueó el acceso a la página web de la ONG East Asia Forum (EAF) tras alegar que no había cumplido una orden emitida en virtud de la POFMA. La orden, en la que el gobierno acusaba a EAF de “declaraciones falsas respecto a hechos”, se emitió en respuesta a un artículo donde la ONG criticaba al gobierno. A las plataformas de Meta y a X también se les exigió que publicaran notas de rectificación en las publicaciones relacionadas con el artículo.
En febrero, el ministro de Justicia e Interior, K. Shanmugam, y el ministro de Trabajo, Tan See Leng, demandaron por difamación a la agencia de noticias Bloomberg y a su periodista Low De Wei por presuntas afirmaciones injuriosas sobre sus negocios inmobiliarios. Los ministros demandaron también a Terry Xu, director del sitio web independiente de noticias The Online Citizen (TOC), por informar sobre el mismo asunto. En 2024, el gobierno ya había emitido órdenes en virtud de la POFMA contra Bloomberg y contra Xu.1
En marzo se emitió una orden en virtud de la POFMA contra el líder del Partido Reformista, Kenneth Jeyaretnam —que ya había recibido otras ocho—, por un artículo publicado en su blog y en sus redes sociales en el que criticaba a los agentes de policía auxiliares.
En junio, la web de noticias TOC fue designada por segunda vez “ubicación online declarada” y, por tanto, debía mostrar en su página de inicio un mensaje donde se advirtiera de que había sido acusada de publicar “numerosas falsedades”. Además, se le prohibía recibir fondos a través de su página web o de sus cuentas en redes sociales durante dos años más. Se emitieron otras muchas órdenes en virtud de la POFMA contra activistas y disidentes por criticar la pena de muerte y otras cuestiones que el gobierno consideraba delicadas. En diciembre, el dirigente de la oposición Pritam Singh perdió el recurso contra una condena que le había sido impuesta por haber mentido ante una comisión parlamentaria y que conllevaba una multa de 14.000 dólares de Singapur (10.800 dólares estadounidenses). La policía investigó a un cineasta por unos comentarios que supuestamente herían los sentimientos religiosos y raciales tras la proyección de su documental sobre la flotilla de 2018 a Gaza.
Libertad de reunión pacífica
En enero, la policía investigó por reunión ilegal, en aplicación de la Ley de Orden Público, a los y las estudiantes que habían participado en un acto conmemorativo en la Universidad Nacional de Singapur en el que colocaron en el suelo pares de zapatos en representación de las víctimas del genocidio en Gaza.
En febrero, la policía acusó al activista Jolovan Wham, en aplicación de la Ley de Orden Público, de participar en cinco vigilias con velas en favor de las personas condenadas a muerte. La policía también utilizó esta ley para investigar a un grupo de personas que se fotografió en el exterior del tribunal en apoyo de Wham.
En octubre, las activistas Mossammad Sobikun Nahar, Siti Amirah Mohamed Asrori y Annamalai Kokila Parvathi, acusadas de organizar una reunión ilegal para entregar en el palacio presidencial cartas en las que protestaban por las violaciones de los derechos humanos en Gaza, fueron absueltas. Podían haber sido condenadas a multas de hasta 10.000 dólares de Singapur (7.700 dólares estadounidenses) o a penas de hasta seis meses de cárcel en aplicación de la Ley de Orden Público. El gobierno anunció que apelaría la sentencia.
En octubre, al activista hongkonés Nathan Law se le negó la entrada en Singapur, a pesar de tener visado, tras afirmar el gobierno que su visita no redundaría en el “interés nacional”. Nathan Law intentaba asistir a una conferencia privada.
Pena de muerte
Se siguió llevando a cabo un número alarmante de ejecuciones. En agosto, y por primera vez desde 1998, se concedió el indulto en un caso de pena de muerte.2 Relatores y relatoras especiales de la ONU expresaron su profunda preocupación por el uso de la pena de muerte y de la Ley sobre Uso Indebido de Drogas. En octubre, y a pesar de la indignación pública, se llevó a cabo la ejecución del ciudadano malasio Pannir Selvam, la número 13 del año.
Derechos de las personas migrantes
Continuaban los informes de trato inadecuado a trabajadoras y trabajadores migrantes, con jornadas de trabajo excesivas, salarios bajos y explotación laboral. En julio, el Ministerio de Trabajo dio a conocer que, desde enero, había recibido 120 denuncias de trabajadoras y trabajadores a quienes se les habían cobrado comisiones de contratación y se encontraban atrapados en trabajos con salarios bajos y jornadas laborales excesivas, víctimas de estafas relacionadas con un programa de visados de formación.