Maldivas

Volver a Maldivas

MALDIVAS 2021

Se redujo el espacio para ejercer la libertad de expresión y la disidencia. La impunidad de los grupos islamistas tuvo un efecto disuasorio sobre la sociedad civil y las voces de oposición.

Información general

El archipiélago siguió siendo vulnerable al cambio climático y se intensificaron las inundaciones, la erosión y la escasez de agua dulce. El gobierno de Maldivas se comprometió a alcanzar cero emisiones netas antes de 2030, siempre que recibiera la ayuda técnica y económica necesaria de la comunidad internacional. Maldivas era uno de los países más vulnerables al cambio climático, que afectaría también a los derechos de su ciudadanía.

Libertad de expresión y de reunión

A lo largo del año, la policía reprimió con frecuencia actos de protesta —sobre todo los de grupos políticos de oposición—, y atacó u hostigó también al personal de medios de comunicación que informaba al respecto. Invocando la Ley sobre Libertad de Reunión Pacífica de 2016 y las directrices de salud relativas a la pandemia de COVID-19, la policía dispersó a quienes se manifestaban.

El nuevo Proyecto de Ley sobre Pruebas contenía una preocupante disposición que permitiría obligar a los periodistas a revelar sus fuentes, en contravención de la ética periodística y del derecho a la libertad de expresión.

El 6 de mayo, Mohamed Nasheed, presidente del Parlamento y expresidente del país, sufrió un atentado con explosivos a las puertas de su domicilio. Previamente, Nasheed se había pronunciado contra la corrupción y la actividad de grupos extremistas en Maldivas. Tanto él como otras cuatro personas resultaron gravemente heridos. Según informaron los medios de comunicación, la policía afirmó que los autores de la explosión habían sido “simpatizantes del Estado Islámico”.

Continuaron las investigaciones contra la Red por la Democracia Maldiva, respetada ONG que las autoridades habían eliminado del registro de asociaciones e ilegalizado en noviembre de 2019, y cuyas cuentas bancarias habían sido cerradas en 2020. Dichas investigaciones giraban en torno a las denuncias de blasfemia contra el islam por un artículo que la ONG había publicado en 2016. Al concluir el año, aún no se había investigado de manera exhaustiva, imparcial y transparente su cierre forzoso.

El gobierno seguía sin responder a los ataques lanzados por grupos extremistas en abril de 2020 contra la organización de derechos de las mujeres Uthema. Los grupos en cuestión pedían la ilegalización de Uthema, calificándola de “antiislámica”. Las autoridades se mantuvieron pasivas, pese a haber pedido Uthema al gobierno que facilitara un diálogo con los grupos que se oponían a su trabajo.

Libertad de religión

En mayo se propuso en el Parlamento un proyecto de ley para penalizar el discurso de odio. Algunas noticias aparecidas en los medios de comunicación afirmaron que el proyecto de ley estaba dirigido contra los grupos musulmanes, y que éstos habían amenazado a la diputada que lo había propuesto.

Derecho a verdad, justicia y reparación

El 15 de enero, el presidente Solih designó a tres personas como defensoras del pueblo, adscritas a la Oficina del Defensor del Pueblo para la Justicia Transicional, que había sido creada en cumplimiento de la Ley de Justicia Transicional de 2020. Según la Oficina del Presidente, con esta ley se pretendía poner fin a la cultura de impunidad, fortalecer el Estado de derecho, prevenir futuros abusos de autoridad y proporcionar rendición de cuentas y reparación a las víctimas de las violaciones de derechos humanos ocurridas entre el 1 de enero de 1953 y el 17 de noviembre de 2018.

El 24 de abril se celebró una concentración para denunciar el incremento de casos de acoso y de violencia contra mujeres, niños y niñas en el país, así como la falta de medidas del gobierno para salvaguardar a esas personas e investigar adecuadamente los casos. Las personas concentradas aseguraron que la policía había amenazado con detenerlas.

En abril, siete años después de la desaparición del periodista Ahmed Rilwan, la Comisión Presidencial de Investigación de Asesinatos y Desapariciones Forzadas comunicó avances en el caso, que se pondrían en conocimiento de la Fiscalía General.

El juicio de los seis hombres acusados de participar en el homicidio del bloguero Yameen Rasheed, ocurrido en 2017, sufrió graves retrasos. En febrero, la familia de Yameen Rasheed expresó su malestar por el descuido y la negligencia de la fiscalía en su gestión del juicio. En abril, la Comisión Presidencial instó a las autoridades a agilizarlo.

Al acabar el año aún no se había llevado a cabo una investigación transparente, exhaustiva, independiente e imparcial sobre la muerte del recluso de la cárcel de Hulhumalé Mohamed Aslam, que se produjo el 13 de septiembre, ni sobre las denuncias de tortura bajo custodia policial de Ahmed Siraj en 2020.