Ecuador 2024
Continuaron las prospecciones petrolíferas y la quema de gas en la Amazonía. Las condiciones de vida en las prisiones seguían siendo sumamente deficientes. Hubo denuncias de posibles ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Las personas defensoras de los derechos humanos seguían exponiéndose a riesgos de seguridad y el gobierno no las protegía. Las detenciones arbitrarias eran frecuentes. La actividad minera se llevaba a cabo sin el consentimiento de los pueblos indígenas. El acceso al aborto continuó muy restringido. Persistía la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad en 2019 y 2022.
Información general
En enero, el presidente Daniel Noboa declaró la existencia de un “conflicto armado interno” y decretó un estado de excepción en respuesta a la acción de los grupos de delincuencia organizada. Las autoridades mantuvieron estados de excepción durante todo el año y desplegaron las fuerzas armadas para patrullar las calles. En abril se aprobó en referéndum nacional el otorgamiento de facultades adicionales a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
En mayo, el relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos denunció la existencia de “un círculo vicioso de pobreza e inseguridad” que afectaba principalmente a los sectores de la población racializados, que seguían sufriendo discriminación basada en indicadores interseccionales de identidad.
Derecho a un medioambiente saludable
El gobierno siguió permitiendo la quema de gas en la Amazonía, a pesar de que una sentencia judicial de 2021 había determinado que debían apagarse los mecheros, potencialmente perjudiciales para el medioambiente y la salud de la población.1
Al terminar el año, las autoridades no habían detenido las prospecciones petrolíferas en el Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía, incumpliendo el plazo impuesto por un referéndum celebrado en 2023.
El Decreto Ejecutivo 754 permanecía en vigor, aunque las organizaciones de derechos humanos continuaron expresando su preocupación por el hecho de que la resolución no se ajustaba a las normas internacionales sobre el derecho a la participación en los procesos de toma de decisiones en materia ambiental.
Derechos de las personas detenidas
Las prisiones seguían adoleciendo de hacinamiento crónico, y las denuncias de tortura y otros malos tratos aumentaron después de que el control de los centros penitenciarios pasara en enero a las fuerzas armadas. El acceso a alimentos y servicios médicos era insuficiente. Durante el año murieron de forma violenta al menos tres directores de prisión.
El Comité de la ONU contra la Tortura pidió a Ecuador que abordara la crisis de las prisiones y sus causas sistémicas “priorizando políticas de rehabilitación, reeducación y reinserción social [y] la desmilitarización del control de los centros penitenciarios”.
Ejecuciones extrajudiciales
La Fiscalía General del Estado señaló un repunte de las denuncias de posibles ejecuciones extrajudiciales, tras haberse registrado 27 en el primer semestre del año, lo que suponía un aumento con respecto a años anteriores.
Desapariciones forzadas
Las organizaciones de derechos humanos y los habitantes de las zonas costeras denunciaron varias detenciones arbitrarias cometidas por las fuerzas de seguridad durante sus operaciones; según la Fiscalía General del Estado, algunas de ellas podían constituir desaparición forzada.
En diciembre, la Fiscalía General del Estado presentó cargos contra 16 miembros de las fuerzas armadas por la presunta desaparición forzada de cuatro niños en Guayaquil que más tarde fueron hallados muertos.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
Los defensores y defensoras de los derechos humanos, sobre todo en relación con la tierra, el territorio y el medioambiente, seguían sufriendo hostilidad y exponiéndose a riesgos de seguridad. Entre los incidentes hubo amenazas, intimidación, violencia digital y homicidios.
Varios defensores de los derechos humanos de Las Naves, en la provincia de Bolívar, se enfrentaban a procedimientos penales relacionados con su labor sobre el derecho al agua en el contexto de la actividad minera. Al menos seis de ellos fueron condenados a penas de cárcel.
El presidente Noboa estigmatizó repetidamente a los defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajaban en favor de los derechos de la población reclusa. El gobierno no se reunió con las organizaciones de la sociedad civil para garantizar la aplicación de un enfoque participativo en la concepción de su política de seguridad.
En noviembre, al menos dos defensores de los derechos humanos fueron arrestados durante una protesta contra los cortes eléctricos celebrada en la capital, Quito, a la que habían acudido en calidad de observadores.
Detención y reclusión arbitrarias
Las fuerzas de seguridad efectuaron miles de posibles detenciones arbitrarias recurriendo al pretexto de la detención en delito flagrante —al parecer, poco justificada— de personas sorprendidas cometiendo un delito. Las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación sugirieron que estas detenciones se dirigían de forma desproporcionada contra grupos históricamente discriminados, como las personas afrodescendientes, indígenas, en situación socioeconómica desfavorable y jóvenes. Las autoridades no mantenían registros completamente transparentes de estas detenciones.
Derechos de los pueblos indígenas
En marzo, en la provincia de Cotopaxi se iniciaron investigaciones contra más de 70 personas, entre ellas dirigentes indígenas y defensores y defensoras de los derechos humanos, tras unas protestas contra la actividad minera y un proceso de consulta que consideraban ilegítimo.
El relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos recomendó que se reforzara el marco de lucha contra la discriminación “garantizando la seguridad jurídica de la tenencia de las tierras, territorios y recursos naturales tradicionales de los afrodescendientes y los pueblos indígenas y asegurando la consulta y el consentimiento libres, previos e informados para establecer y gestionar las áreas protegidas”.
Derecho a verdad, justicia y reparación
Varios mecanismos expertos de la ONU destacaron la importancia de la audiencia de la Corte Constitucional que tuvo lugar en abril en relación con las violaciones graves de derechos humanos, incluido el trabajo forzoso y en régimen de servidumbre, soportadas durante decenios por centenares de trabajadores agrícolas en las plantaciones de abacá de Ecuador. Muchos de estos trabajadores eran afrodescendientes. Al concluir el año, la Corte resolvió que una empresa extranjera había mantenido una práctica de servidumbre análoga a la esclavitud y le ordenó pagar indemnizaciones individuales a las víctimas; asimismo, dispuso que se adoptara una política pública para combatir la servidumbre.
Derechos sexuales y reproductivos
Pese a los avances jurídicos registrados en años anteriores, el acceso al aborto continuó muy restringido incluso en las circunstancias permitidas por ley. La falta de información sobre las medidas jurídicas de protección, el estigma social y la denegación de servicios legales por motivos de conciencia, entre otros obstáculos, impedían a las personas embarazadas ejercer sus derechos reproductivos.
Impunidad
Las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad durante las protestas de 2019 y 2022 continuaron impunes.
- Ecuador: ¡Arde la Amazonía, arde el futuro!, 12 de agosto ↩︎