ECUADOR 2020
Los defensores y defensoras de los derechos humanos carecían de mecanismos adecuados para proteger su vida y su integridad física. Las autoridades no actuaron para garantizar que se llevaran a cabo investigaciones efectivas sobre las amenazas y ataques contra quienes defendían los derechos humanos y, en particular, los derechos de los pueblos indígenas, su territorio y el medioambiente. La exclusión y discriminación permanentes agravaron las repercusiones de la pandemia de COVID-19 sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Información general
Ecuador notificó en febrero su primer caso de COVID-19, y el ministro de Salud Pública declaró el 11 de marzo que el sistema nacional de salud estaba en estado de excepción. Mediante decretos ejecutivos y leyes posteriores se establecieron medidas de cuarentena y normativas de obligado cumplimiento con respecto a permanecer en el domicilio, entre otras disposiciones sociales y económicas para abordar la pandemia. El 7 de abril, las organizaciones ecuatorianas de derechos humanos llamaron la atención sobre la grave situación humanitaria de la ciudad de Guayaquil después de que aparecieran imágenes de cadáveres abandonados en las calles, hospitales colapsados y morgues desbordadas de cuerpos. Hasta el 31 de diciembre, el Ministerio de Salud Pública había notificado 212.512 casos confirmados de COVID-19 y 9.473 muertes causadas por el virus, así como otras 4.561 muertes “probablemente” relacionadas con él.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
Las autoridades todavía tenían que diseñar e implementar una política nacional para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos, incluido un protocolo para la investigación de los delitos cometidos contra ellas. Al concluir el año, nadie había comparecido ante la justicia en relación con las amenazas y ataques contra Patricia Gualinga, Nema Grefa, Salomé Aranda y Margoth Escobar, integrantes del colectivo Mujeres Amazónicas. Preocupaba que las investigaciones penales sobre estos ataques pudieran haberse archivado.1
En mayo, Ecuador ratificó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).
El 16 de diciembre, una jueza resolvió que los procedimientos penales contra el defensor digital de los derechos humanos Ola Bini por acceso no autorizado a un sistema informático debían pasar a la etapa previa al juicio.
Derechos de los pueblos indígenas
Los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana seguían expuestos a un alto riesgo en el contexto de la pandemia debido a la falta de acceso a agua potable, alimentos, suministros médicos, servicios de salud y pruebas de diagnóstico de COVID-19, producto de la prolongada desigualdad, exclusión y discriminación que sufrían.
El 7 de diciembre, varias organizaciones indígenas y de derechos humanos informaron de 3.257 casos confirmados, 50 muertes confirmadas y 54 muertes con síntomas de COVID-19 entre las nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana.
En agosto, el gobierno publicó un protocolo para la prevención y atención de la COVID-19 en los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios. Las organizaciones que defendían los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas en la Amazonía declararon que los pueblos indígenas no habían sido adecuadamente consultados sobre el protocolo y que éste no reflejaba sus demandas. También señalaron que estos pueblos habían sido excluidos de los Comités de Operaciones de Emergencias encargados de implementar el protocolo.2
El 7 de abril se produjo en la Amazonía un derrame de petróleo que contaminó los ríos Coca y Napo y afectó al medioambiente, el agua, la comida y los medios de sustento de casi 120.000 personas, de las que 27.000 eran indígenas. El 29 de abril, un grupo de organizaciones de defensa de los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas presentó una acción de protección constitucional y solicitó medidas cautelares en favor de las personas afectadas por el derrame de petróleo. El 1 de septiembre, un juez denegó la petición y rechazó las medidas cautelares argumentando que la parte demandante no había probado que se hubiera cometido una violación de derechos. Las organizaciones afirmaron que en la causa se habían producido irregularidades y que el juez no había respetado las garantías del proceso debido.
Derechos sexuales y reproductivos
En agosto, la Asamblea Nacional aprobó el nuevo Código Orgánico de Salud que mejoraba el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. En septiembre, el presidente vetó en su totalidad el Código Orgánico de Salud, que iba a ser revisado por la Asamblea Nacional en septiembre de 2021. El aborto continuaba penalizado en la mayoría de los casos y representaba un obstáculo al acceso a los servicios de salud.
Represión de la disidencia
Las investigaciones sobre las denuncias de abusos y violaciones de derechos humanos cometidos en Ecuador durante las protestas de octubre de 2019 no habían concluido al finalizar el año. En junio, el Ministerio de la Defensa Nacional emitió el Acuerdo 179, que permitía a las Fuerzas Armadas utilizar medios letales contra manifestantes en contra del derecho y las normas internacionales de derechos humanos. En julio, la Corte Constitucional suspendió la aplicación del Acuerdo en espera de decidir sobre su constitucionalidad.
Derechos económicos, sociales y culturales
En 2020, aproximadamente el 25% de la población ecuatoriana vivía por debajo del umbral de pobreza. El gobierno anunció en mayo una serie de medidas para reducir el gasto público, lo que suscitó preocupación por las posibles repercusiones negativas que podrían tener sobre los derechos económicos y sociales, especialmente de las personas y grupos desfavorecidos que podían verse afectados de manera desproporcionada. Preocupaba que estas medidas pudieran acrecentar las profundas desigualdades existentes y la falta de acceso a derechos.