ECUADOR 2021
Se negó el acceso a la verdad, la justicia y la reparación a los pueblos indígenas afectados por el derrame de petróleo ocurrido el 7 de abril de 2020 en la Amazonía. Las personas detenidas vieron peligrar su derecho a la vida, la integridad y la seguridad. La Corte Constitucional despenalizó el aborto en casos de violación.
Información general
Hubo un estallido de protestas tras la primera ronda de las elecciones presidenciales, que había tenido lugar en febrero entre denuncias de fraude. En la segunda ronda, celebrada en abril, Guillermo Lasso se impuso a Andrés Arauz.
Los pueblos indígenas, la población campesina, el sector del transporte y la comunidad estudiantil, entre otros, se manifestaron durante el año contra las políticas gubernamentales relacionadas con los proyectos extractivos y las medidas de austeridad.
El 31 de diciembre, más del 70% de la población ecuatoriana tenía la pauta completa de la vacuna contra la COVID-19. En esa fecha, el Ministerio de Salud Pública había notificado 551.620 casos confirmados de COVID-19 y 33.682 muertes relacionadas con la enfermedad desde el 29 de febrero de 2020.
Derechos de los pueblos indígenas
En marzo, la Corte Provincial de Justicia de Orellana rechazó una apelación presentada por las comunidades afectadas por el derrame de petróleo en los ríos Coca y Napo ocurrido en 2020. La Corte Constitucional accedió en mayo a examinar las sentencias del caso y, en junio, a estudiar una petición para que se protegieran los derechos humanos de esas comunidades.
Los pueblos indígenas seguían expuestos a un mayor riesgo en el contexto de la pandemia debido a la falta de agua potable, alimentos, suministros médicos, servicios de salud y pruebas de diagnóstico de la COVID-19, producto de la prolongada desigualdad y discriminación que sufrían.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
Al terminar el año, las autoridades aún no habían diseñado ni implementado una política nacional para la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos en peligro.
Varios defensores y defensoras, entre ellos Carlos Jipa, María Espinosa, Vivian Idrovo y Xavier Solís, seguían haciendo frente a un proceso penal por haber puesto presuntamente en peligro la integridad física de un juez y su familia. El proceso era resultado de una denuncia penal interpuesta por el juez, quien, el 1 de septiembre de 2020, había rechazado una petición de medidas cautelares presentada por estas personas en nombre de los pueblos indígenas afectados por el derrame de petróleo que había tenido lugar ese mismo año. Estos defensores y defensoras de los derechos humanos habían denunciado que el juez no había garantizado el debido proceso.
Libertad de expresión y de reunión
Aunque proseguían las investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas de octubre de 2019, al concluir el año no se había acusado ni procesado a ningún agente encargado de hacer cumplir la ley.
Derechos de las personas detenidas
Al finalizar el año, al menos 316 personas privadas de libertad habían muerto en enfrentamientos entre bandas rivales registrados en las cárceles; del total de fallecimientos, 79 habían tenido lugar el 26 de febrero; 119, el 28 de septiembre, y 62, entre el 12 y 13 de noviembre. Entre las víctimas figuraba el activista ambiental Víctor Guaillas, condenado a cinco años de cárcel por el delito de “sabotaje” en relación con las protestas de octubre de 2019. Las muertes ocurrieron en un contexto de hacinamiento, negligencia e inacción a la hora de garantizar los derechos humanos de la población reclusa.1
Derechos sexuales y reproductivos
En abril, tras las campañas llevadas a cabo y los procesos judiciales iniciados por grupos feministas y de derechos humanos en Ecuador, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en el supuesto de que el embarazo fuera resultado de violación.2