Guatemala 2025
Defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, estudiantes, fiscales y líderes y lideresas indígenas seguían siendo objeto de enjuiciamientos infundados y detenciones arbitrarias. Persistía la impunidad por los crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno. El acceso al agua potable era limitado y los desalojos forzosos ponían en peligro los derechos de comunidades enteras. Las niñas y las personas LGBTI se enfrentaban a niveles altos de violencia y varios proyectos de ley amenazaban sus derechos.
Información general
Continuó el uso indebido del derecho penal contra el binomio presidencial (el presidente y la vicepresidenta) y actores clave del proceso electoral de 2023, lo que ponía en riesgo la institucionalidad y el Estado de derecho.
En febrero, el gobierno puso en marcha el Plan Retorno al Hogar para apoyar a las personas repatriadas y deportadas a Guatemala. El Instituto Guatemalteco de Migración informó de que más de 55.000 personas habían sido devueltas desde Estados Unidos y México a lo largo del año.
Libertad de expresión y de reunión
En marzo, un juez ordenó el regreso del periodista Jose Rubén Zamora a la cárcel.1 Los procesos abiertos en su contra estaban plagados de irregularidades. Al finalizar el año seguía detenido arbitrariamente.
La fiscalía acusó a tres líderes indígenas de terrorismo, asociación ilícita y obstrucción a la justicia por su participación en las protestas pacíficas masivas celebradas en octubre de 2023 en defensa del Estado de derecho. Al finalizar el año, dos de ellos —Héctor Chaclán y Luis Pacheco— llevaban más de ocho meses en prisión preventiva y sin garantías procesales y, el tercero, Esteban Toc, se encontraba bajo arresto domiciliario.
Continuó la criminalización contra personal docente, estudiantes y personas defensoras de los derechos humanos acusados de haber participado en las protestas y la ocupación de la Universidad de San Carlos, de carácter público, entre 2022 y 2023.
Derecho a un juicio justo
En mayo, tras una visita al país, la relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados expresó su preocupación por la influencia indebida de “actores partidistas e intereses privados” en los nombramientos judiciales. La relatora también denunció los patrones de criminalización dirigidos por la fiscalía y miembros del poder judicial contra quienes intentaban poner fin a la impunidad y la corrupción, defender los derechos humanos o denunciar los abusos de poder.
En julio, el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo fue absuelto del cargo de “incumplimiento de deberes” en el caso Alfa Siete. Al finalizar el año enfrentaba otros dos casos y llevaba más de dos años en prisión preventiva. En agosto, tras meses de retrasos indebidos, un juez decidió que Claudia González —extrabajadora de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala— fuese juzgada por el supuesto delito de incumplimiento de deberes, pese a que no había sido funcionaria pública.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
Quienes defendían los derechos humanos se enfrentaban a violencia y criminalización. En agosto, Leocadio Juracán, líder del Comité Campesino del Altiplano, fue detenido por unos delitos supuestamente cometidos durante un desalojo forzoso en el departamento de Izabal. Entre enero y septiembre, la organización Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala registró al menos 4.520 ataques contra personas defensoras.
El gobierno aprobó en noviembre la Política Pública para la Protección de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos. Guatemala seguía sin ratificar el Acuerdo de Escazú.
Impunidad
Rubén Morales García, que llevaba años prófugo, fue detenido y enviado a juicio por su posible participación en el asesinato del arzobispo Juan José Gerardi en 1998. El excoronel Edgar Rolando Hernández Méndez fue acusado de crímenes contra la humanidad y violación agravada en el caso Diario Militar.
Se avanzó muy poco en la investigación de los casos relacionados con el conflicto armado interno (1960 – 1996), en los que prevaleció la impunidad. La resolución judicial por la que se le concedió el arresto domiciliario a un oficial militar de alto rango condenado por violaciones graves de los derechos humanos en el caso Molina Theissen vulneraba las normas internacionales de derechos humanos.
Guatemala seguía sin firmar ni ratificar la Convención de Liubliana-La Haya.
Derecho a un medioambiente saludable
Según Human Rights Watch, el acceso al agua potable y a un servicio de saneamiento digno era profundamente desigual y las comunidades indígenas se veían afectadas de manera desproporcionada. En mayo, el gobierno puso en marcha un proceso participativo de escucha previo a la redacción de una ley sobre el agua.
Derechos económicos, sociales y culturales
Tras una visita al país, el relator especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada instó a las autoridades a que pusieran fin a la práctica generalizada de los desalojos forzosos violentos de comunidades indígenas y campesinas y aplicaran medidas para proteger sus derechos.
La suspensión de la ayuda estadounidense a Guatemala repercutió negativamente en el acceso a los servicios de salud de grupos marginados como las personas sobrevivientes de violencia.2
Violencia por motivos de género
Según el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, las autoridades no garantizaban los derechos de las niñas, que enfrentaban niveles elevados de violencia sexual. En junio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU determinó que Guatemala había vulnerado los derechos de una niña de 14 años a la que se había obligado a continuar con un embarazo tras ser violada.
Especialistas de la ONU expresaron su preocupación por los proyectos de ley 6453, 6473 y 6575, que amenazaban los derechos de las mujeres y las niñas, de las personas LGBTI y de quienes defendían los derechos de estos grupos a la no discriminación y a la salud sexual y reproductiva, entre otros.
El Observatorio de Derechos Humanos y Violencias por Orientación Sexual e Identidad de Género registró al menos 29 asesinatos de personas LGBTI durante el año. El matrimonio entre personas del mismo sexo seguía siendo ilegal.