Burkina Faso 2022
Grupos armados y fuerzas armadas gubernamentales cometieron violaciones del derecho internacional humanitario. El conflicto armado siguió afectando al derecho a la alimentación, al agua, a la salud y a la educación. Hubo casos de detención arbitraria y de violaciones del derecho a la libertad de expresión. Concluyeron finalmente dos causas judiciales históricas de homicidios de gran repercusión, una de ellas relacionada con el asesinato del presidente Thomas Sankara en 1987.
Información general
En Burkina Faso tuvieron lugar dos golpes de Estado militares. El primero, en enero, dirigido por el teniente coronel Paul-Henri Damiba, derrocó al presidente Roch Marc Kaboré y su gobierno y dio lugar a la disolución de todos los órganos electivos, tanto parlamentarios como locales. El ejército justificó el golpe de Estado en el deficiente manejo del conflicto armado, que seguía teniendo repercusiones importantes para la población civil. Las autoridades militares pusieron a Roch Marc Kaboré bajo arresto domiciliario hasta el 7 de abril por motivos de “seguridad”.
El estado de excepción se renovó en abril tras una suspensión de dos meses. El nuevo gobierno estableció zonas militares en el norte y el este del país y ordenó la evacuación de la población civil de estas zonas. Se negoció una transición de dos años antes de las elecciones presidenciales, con la mediación de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental. En septiembre, después de unos reveses militares en el conflicto armado, el teniente coronel Damiba fue derrocado por militares al mando del capitán Ibrahim Traoré.
Violaciones del derecho internacional humanitario
Grupos armados
El Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (GSIM, por sus siglas en francés) bloqueó el acceso y el abastecimiento comercial a varias ciudades del norte y el este del país. En febrero, el GSIM cortó el acceso a la ciudad de Djibo como respuesta a la prohibición del gobierno relativa a la circulación de personas y mercancías de Djibo a las zonas que estaban bajo la influencia de ese grupo armado. En julio, el GSIM cortó también el acceso principal por carretera a la ciudad de Sebba, que albergaba a 30.000 personas internamente desplazadas procedentes de distritos vecinos. Los bloqueos redujeron la seguridad alimentaria y el acceso de la población civil a medicamentos y atención de la salud.
En marzo, unos asaltantes armados lanzaron un ataque en Arbinda —localidad de la provincia de Soum sometida a asedio desde 2019— contra personas que habían salido a buscar agua. Hubo siete muertes, tres de ellas de civiles.
En Djibo, el GSIM atacó y destruyó objetivos civiles, entre ellos infraestructuras hídricas, lo que afectó a más de 300.000 residentes, según el Consejo Noruego para los Refugiados. Los grupos armados amenazaron con violencia a comerciantes y otras personas que intentaban suministrar alimentos a la ciudad, por lo que el gobierno desplegó escoltas armados para ayudar a éstos a entrar en Djibo. El 26 de septiembre, un convoy de suministros civil integrado por 207 vehículos con destino a Djibo, escoltado por el ejército, fue atacado por asaltantes armados en Gaskindé. Tras el ataque, 50 personas seguían en paradero desconocido. Según el gobierno, después del ataque se encontraron los cuerpos sin vida de 11 soldados.
En junio, miembros del Estado Islámico en el Sahel atacaron la localidad de Seytenga y mataron al menos a 80 personas, la mayoría civiles. Según informes, los asaltantes fueron de casa en casa matando a hombres. Miles de residentes se vieron desplazados tras el ataque; unos 16.000 huyeron a la capital regional, Dori, y 360 pasaron a Níger.
Fuerzas gubernamentales
En febrero, fuerzas francesas que apoyaban al ejército nacional mataron a cuatro civiles durante un ataque aéreo contra el grupo armado Ansarul Islam. No se investigó el incidente para determinar la legalidad del ataque.
En abril, según información publicada en los medios de comunicación, decenas de civiles murieron en ataques militares contra grupos armados en los pueblos de Sokoundou, Wassakoré y Tin-Rhassan, en la provincia de Oudalan, cerca de la frontera con Malí. No se abrió investigación alguna sobre el incidente.
En agosto, las autoridades del Estado reconocieron su responsabilidad en la muerte de “varios” civiles durante ataques aéreos contra grupos armados en las proximidades de Kompienga/Pognoa, cerca de la frontera con Togo. Según los medios de comunicación, en los ataques murieron unos 30 civiles, la mayoría mujeres.
El 30 de diciembre, fuerzas auxiliares del gobierno atacaron dos barrios con población de mayoría étnica fulani en la localidad de Nouna (provincia de Kossi). Murieron al menos 86 personas, según fuentes locales. La fiscalía de Nouna anunció la apertura de una investigación sobre los homicidios.
Derecho a la alimentación
La combinación de aumentos de precios de productos de consumo, impulsados por el conflicto, y variaciones en el clima afectaron gravemente a la seguridad alimentaria en Burkina Faso. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCAH), la inseguridad alimentaria afectaba en septiembre a 4,9 millones de personas, muchas de ellas desplazadas que habían huido de sus hogares y perdido sus medios de vida a causa del conflicto. Unos 180.000 niños y niñas sufrían malnutrición crónica, según la OCAH. La situación revestía la mayor gravedad en las regiones Norte, Sahel y Este, donde los grupos armados eran más activos.
Derecho a la educación
UNICEF informó de que 4.258 escuelas estaban cerradas o no funcionaban a finales de septiembre debido al conflicto. Las autoridades del Estado, apoyadas por UNICEF y otras organizaciones, desarrollaron programas educativos a través de la radio dirigidos a niños y niñas desplazados por el conflicto o que no asistían a la escuela por otros motivos. UNICEF informó en septiembre de que unos 292.861 niños y niñas habían accedido a estos programas radiofónicos.
Libertad de expresión
En marzo, el expresidente de la Asamblea Nacional, Alassane Bala Sakandé, fue detenido, recluido e interrogado por la gendarmería antes de ser puesto en libertad sin cargos ese mismo día. El 24 de marzo, antes de su detención y reclusión, había emitido una declaración de prensa en la que pedía el fin de la reclusión ilegal del presidente depuesto Roch Marc Kaboré.
El 19 de mayo, el periodista Luc Pagbelguem, que trabajaba para el canal de televisión BF1, fue agredido por un miembro de la escolta del primer ministro de transición, Albert Ouédraogo, mientras cubría un acto. Esta agresión motivó una declaración de organizaciones profesionales de medios de comunicación, emitida el 26 de mayo, en la que se denunciaba la agresión sufrida por Luc Pagbelguem y la intimidación de varios periodistas en Burkina Faso.
Derecho a verdad, justicia y reparación
En abril, un tribunal militar de la capital (Uagadugú) declaró al expresidente Blaise Compaoré y a su ex jefe de seguridad, Hyacinthe Kafando, culpables del asesinato, en 1987, del presidente Thomas Sankara y otros 12 cargos gubernamentales. Ambos fueron condenados a cadena perpetua in absentia, junto con el general Gilbert Diendéré. Otros 8 encausados también fueron declarados culpables y condenados a entre 3 y 20 años de prisión, y 3 acusados más fueron absueltos. En mayo, el tribunal militar ordenó que Blaise Compaoré y 9 de los otros condenados pagaran un total de 800 millones de francos CFA (1,2 millones de euros) en concepto de indemnización a las familias de Thomas Sankara y las otras 12 víctimas.
En mayo, el Tribunal Superior de Uagadugú también declaró culpable al general Gilbert Diendéré de complicidad en la detención ilegal y el secuestro agravado del líder sindical estudiantil Boukary Dabo en 1990 y lo condenó a 20 años de prisión y al pago de una multa de un millón de francos CFA (1.450 euros). Estos delitos habían provocado la muerte de Boukary Dabo. Otros 2 acusados en la misma causa fueron condenados a 10 y 30 años de prisión, respectivamente, y al pago de daños y perjuicios.