Burkina Faso 2024
Se detuvo arbitrariamente a personas acusadas de conspirar contra el Estado. Activistas, periodistas y magistrados fueron víctimas de desaparición forzada. El persistente conflicto armado causó la muerte de centenares de civiles y el bloqueo de varias ciudades. Se cerraron temporalmente algunas organizaciones de medios de comunicación. En el marco de la reforma del Código de la Persona y la Familia, el gobierno pretendía tipificar como delito las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo.
Información general
En enero, en una declaración conjunta con Malí y Níger, Burkina Faso anunció su intención de abandonar la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO). En julio se anunció la creación de una confederación de Estados del Sahel, que unía a estos tres países.
En mayo, la transición política, que había comenzado en enero de 2022 y debía concluir en julio de ese mismo año, se prorrogó por cinco años más.
Seguía activo el conflicto entre las fuerzas gubernamentales y los grupos armados Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (GSIM, por sus siglas en francés) y Estado Islámico en el Sahel. Las autoridades burkinesas afirmaron en agosto que habían recuperado el 69% del territorio.
En mayo había más de dos millones de personas internamente desplazadas a causa del conflicto. En noviembre, el gobierno congeló los bienes de más de un centenar de personas, entre las que había opositores en el exilio y voces críticas a quienes acusaba de implicación en terrorismo.
Detención arbitraria
Evrard Somda, ex jefe del Estado Mayor de la Gendarmería Nacional, fue detenido en enero, acusado de participar en una conspiración para dar un golpe de Estado. Al terminar el año continuaba recluido en régimen de incomunicación.
El abogado Guy-Hervé Kam también fue detenido en enero, acusado de participación en una conspiración golpista, y quedó recluido en régimen de incomunicación. No se cumplieron varias resoluciones judiciales que ordenaban su liberación. Cuando finalmente quedó en libertad el 29 de mayo, fue detenido de nuevo por fuerzas de seguridad del Estado y puesto a disposición de un juez militar, que lo acusó de conspirar contra la seguridad del Estado y ordenó su ingreso en prisión preventiva. Fue liberado y puesto bajo control judicial el 10 de julio. En agosto fue detenido y recluido de nuevo tras atender una nueva citación para comparecer ante un tribunal militar.
Emmanuel Zoungrana, ex jefe militar acusado de “conspirar contra la seguridad del Estado” en enero de 2022, fue detenido de nuevo en mayo a pesar de las resoluciones judiciales que ordenaban su libertad provisional.1
Desapariciones forzadas
En febrero, Bassirou Badjo y Rasmane Zinaba, miembros del movimiento ciudadano La Escoba Ciudadana, fueron sometidos a desaparición forzada y luego reclutados por la fuerza para servir en el frente, a pesar de una sentencia judicial de noviembre de 2023 que ordenaba la suspensión de su alistamiento.
En junio, Atiana Serge Oulon, director del periódico quincenal de investigación L’Évènement, el periodista Alain Traoré y los presentadores de televisión Kalifara Séré y Adama Bayala fueron detenidos, presuntamente por los servicios de seguridad, y quedaron en situación de desaparición forzada. En octubre, el gobierno anunció que Atiana Serge Oulon, Kalifara Séré y Adama Bayala habían sido alistados para el servicio militar, pero no dio información sobre el paradero de Alain Traoré.
En junio, el ex jefe militar Yves Didier Bamouni fue secuestrado por personas no identificadas. Al concluir el año seguía sin revelarse su paradero.
En agosto, siete magistrados fueron detenidos y sometidos a desaparición forzada tras recibir de las autoridades una orden de alistamiento para incorporarse al frente. Unos días antes de las detenciones, un tribunal de Bobo-Dioulasso falló que algunas de las órdenes de alistamiento eran ilegales y constituían una violación de los derechos humanos de los detenidos. Algunos de los magistrados alistados habían investigado presuntos delitos cometidos por partidarios de las autoridades.
Homicidios y ataques ilícitos
Abusos cometidos por grupos armados
El 25 de febrero, un grupo armado atacó y mató a 15 personas en una iglesia católica en Essakane, región del Sahel, según medios de comunicación y fuentes locales. Ese mismo día, un grupo armado atacó y mató al menos a 14 personas en una mezquita de Natiaboani, región Este.
En agosto se tuvo noticia de que el GSIM había matado en Barsalogho a unas 200 personas, entre las que había civiles, mientras cavaban trincheras.
El 25 de agosto, el GSIM atacó y mató a 26 civiles en una iglesia de Kounla, región de Boucle du Mouhoun.
Violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas gubernamentales
En febrero, al menos 223 civiles, entre los que había al menos 56 niños y niñas, fueron víctimas de homicidio ilícito a manos de las fuerzas armadas burkinesas durante una operación que tuvo lugar en las localidades de Soro y Nodin, según Human Rights Watch. El Tribunal Superior de Ouahigouya anunció una investigación sobre los homicidios.
En mayo, el periódico francés Libération informó de que efectivos del ejército y fuerzas asociadas habían matado a cientos de civiles en Marmiga y varias localidades cercanas a Mansila durante una operación de abastecimiento a ciudades asediadas en el este.
Derecho a la información
En abril, el Consejo Superior de la Comunicación suspendió durante dos semanas las emisiones de TV5 Monde, BBC y Voice of America, así como el acceso a los sitios web de nueve medios de comunicación internacionales, como represalia por sus informaciones sobre las masacres de Nodin y Soro.
En junio, el Consejo suspendió durante un mes todas las ediciones del medio informativo burkinés L’Évènement, denunciando “incumplimientos de la ley y la ética del periodismo”, tras la publicación de un artículo que denunciaba una malversación de fondos destinados a los Voluntarios para la Defensa de la Patria, fuerza auxiliar del ejército. La decisión fue anulada por un tribunal administrativo el 12 de julio. En agosto, L’Évènement anunció la suspensión de sus actividades.
En junio, el Consejo Superior de la Comunicación volvió a suspender TV5 Monde por seis meses, tras emitir la cadena una entrevista a Newton Ahmed Barry, figura pública exiliada y voz crítica con el régimen militar.
En diciembre, el diario L’Observateur Paalga recibió una citación del Consejo Superior de la Comunicación tras publicar un artículo sobre el ejército de Malí.
Derechos económicos, sociales y culturales
El persistente asedio de varias ciudades y otras localidades por grupos armados seguía afectando al acceso de la población a las tierras de cultivo, lo que daba lugar al aumento del costo de la vida y al desplazamiento forzado de población civil. En noviembre, el Plan de Respuesta Humanitaria —dirigido por la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)— sólo había recibido el 40% de los fondos comprometidos por el gobierno y los donantes para atención de la salud, educación y vivienda, entre otras cosas.
Derecho a la educación
En marzo, el conflicto había obligado a cerrar 5.319 escuelas, lo que afectaba a 818.149 alumnos y alumnas, según el Ministerio de Educación. Sin embargo, según UNICEF, durante el año se reabrieron 1.304 escuelas y 440.945 niños y niñas internamente desplazados fueron escolarizados.
Derechos de las mujeres y de las niñas
El anteproyecto de ley de reforma del Código de la Persona y la Familia elevaba a 18 años la edad legal para contraer matrimonio para hombres y mujeres, de conformidad con el derecho internacional. El texto estipulaba que la edad legal mínima podría reducirse a 16 años si así lo autorizaba un juez, lo cual sería contrario a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y a la Convención sobre los Derechos del Niño —ratificadas por Burkina Faso— y podría fomentar el matrimonio infantil. El anteproyecto, enviado al Parlamento en julio, aún no había sido aprobado ni promulgado.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
El anteproyecto de Código de la Persona y la Familia penalizaba las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo y a quienes las defendieran o promovieran.
Pena de muerte
En noviembre, el gobierno anunció su intención de reinstaurar la pena de muerte.