La policía usó reiteradamente fuerza excesiva. El uso de la detención preventiva prolongada e indefinida se intensificó en el marco de las restricciones por la COVID-19. La violencia de género continuó siendo generalizada y las personas LGBTI sufrían discriminación. Había escasez de suministros de vacunas contra la COVID-19. Las prospecciones de petróleo y de gas suponían una amenaza para el medioambiente y los medios de vida de los pueblos indígenas. Una comisión recomendó al gobierno promulgar legislación para proteger el derecho a las tierras ancestrales. Se implicó al presidente en denuncias de corrupción.
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