La violencia de género contra mujeres y niñas se intensificó. Los enjuiciamientos por asesinato y otros ataques violentos contra personas con albinismo sufrieron continuas demoras. El derecho a la salud se vio menoscabado por las denuncias de corrupción que afectaban al uso de fondos de ayuda por la COVID-19, y la escasez de vacunación. A pesar de las medidas adoptadas para descongestionar las prisiones, el hacinamiento continuó y las condiciones eran deficientes. El Tribunal Supremo de Apelación declaró inconstitucional la pena de muerte.
Leer másMantiene la pena de muerte en la ley, pero no ha ejecutado durante al menos 10 años
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