Sudán

Amnistía Internacional no se pronuncia sobre cuestiones de soberanía o disputas territoriales. Las fronteras trazadas en este mapa se basan en datos del servicio Geospatial de la ONU.
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Sudán 2022

Las fuerzas de seguridad continuaron empleando fuerza excesiva contra manifestantes, lo que provocó la muerte a decenas de personas y heridas a miles. Se sometió a detención ilegítima y a malos tratos a quienes a se manifestaban, incluidos menores y mujeres, que en ocasiones fueron víctimas de desaparición forzada. Cientos de civiles murieron o sufrieron heridas a manos de grupos de milicias en el estado de Darfur Occidental. En la Corte Penal Internacional comenzó el juicio contra Ali Mohammed Ali por cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Darfur Occidental. La libertad de expresión estaba severamente restringida, y se bloqueó el acceso a Internet antes de la celebración de manifestaciones multitudinarias. Las mujeres que se manifestaban hacían frente a agresiones sexuales y hostigamiento. Mucha gente padecía hambre aguda a causa de la inseguridad alimentaria. Continuaron llegando personas refugiadas de Etiopía, Eritrea y Sudán del Sur, que sufrieron una reducción de las raciones de alimentos debido a la falta de fondos.

Información general

El primer ministro Abdalla Hamdok, que había sido reinstaurado en su cargo en noviembre de 2021 tras el golpe militar de octubre de ese mismo año, dimitió en enero y dejó a los militares con el control total del gobierno. Durante el año continuaron las protestas contra la toma del poder por los militares.

En mayo se levantó el estado de excepción impuesto por las fuerzas armadas en octubre de 2021 y se dejó en libertad a 171 personas detenidas en todo el país. No obstante, algunas medidas adoptadas bajo el estado de excepción, como las que conferían a las Fuerzas Conjuntas de Seguridad de Sudán más facultades en materia de aplicación de la ley, siguieron en vigor.

Continuaron los intentos nacionales e internacionales de facilitar una solución política y de permitir una transición democrática creíble liderada por la población civil tras el golpe de Estado militar. El 5 de diciembre, una coalición de dirigentes civiles y militares firmó un acuerdo para crear una nueva autoridad de transición civil, con un mandato de dos años de duración, encabezada por un primer ministro que sería elegido por dirigentes civiles.

Continuó el conflicto armado en las regiones de Darfur y el Nilo Azul.

Uso excesivo de la fuerza

Las fuerzas de seguridad sudanesas continuaron empleando fuerza excesiva contra manifestantes pacíficos. Según la ONU, desde el 25 de octubre de 2021 hasta agosto de 2022, 117 personas, incluidos 20 menores y una mujer, perdieron la vida de manera violenta durante manifestaciones. Se estimaba que 7.700 manifestantes, entre ellos miles de niños y niñas, habían resultado heridos de gravedad. El Comité Central de Médicos de Sudán (CCSD, por sus siglas en inglés) afirmó que sólo entre el 6 de mayo y el 20 de agosto de 2022 habían muerto 21 personas y 1.850 habían resultado heridas. Las autoridades continuaron sin cumplir sus promesas de investigar dichos delitos.

El 5 de mayo, el CCSD informó de que Mujtaba Abdel Salam Osman, de 23 años, había muerto cuando un vehículo perteneciente a agentes de seguridad arrolló a manifestantes. Según el Observatorio de los Derechos Humanos de Sudán, ese día se tuvo noticia de que 73 personas habían sufrido lesiones, incluidos 30 casos de inhalación de gas lacrimógeno y 11 de atropellamiento con un vehículo policial.

El 30 de junio se celebraron manifestaciones multitudinarias en todo el país para protestar contra la toma del poder por los militares en 2021. Las protestas se habían organizado para que coincidieran con el aniversario del golpe de Estado militar de 1989, que derrocó al gobierno elegido democráticamente y llevó al poder a Omar al Bashir, el presidente que sería a su vez depuesto. Las protestas también supusieron la primera marcha de “un millón de personas” desde que más de un centenar de manifestantes murieran a manos de las fuerzas de seguridad que dispersaron con violencia una protesta pacífica el 3 de junio de 2019. El 30 de junio, las fuerzas de seguridad volvieron a emplear fuerza excesiva para dispersar protestas, que se saldaron con la muerte de 9 manifestantes, de los que al parecer 8 fallecieron por impactos de munición real disparada por las fuerzas de seguridad, y con más de 600 personas heridas. En la capital, Jartum, tras esos sucesos violentos se organizaron varias sentadas para denunciar el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.

Detención y reclusión arbitrarias

En el marco de su represión más amplia de la oposición al golpe de Estado militar de 2021, las fuerzas de seguridad de Sudán detuvieron ilegítimamente a cientos de personas que se manifestaban y sometieron a desaparición forzada a muchas otras que, al finalizar el año, seguían en paradero desconocido. Entre octubre de 2021 y abril de 2022, el experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en el Sudán designado por la ONU y la oficina conjunta de derechos humanos en Sudán, también de la ONU, documentaron la detención y reclusión arbitrarias de 1.293 personas en relación con el golpe de Estado o con las protestas contra él. De esas personas, 143 eran mujeres y 157 menores de edad, incluidas 2 niñas. Muchas otras personas fueron recluidas durante periodos breves y puestas en libertad sin cargos.

Las detenciones las llevaron a cabo las fuerzas de seguridad, incluidas la policía antidisturbios, la Policía de la Reserva Central y unidades militares de las Fuerzas Armadas de Sudán, junto con agentes vestidos de civil no identificados. Entre los malos tratos infligidos a manifestantes figuraban desnudar a niños y niñas detenidos y amenazar con violencia sexual a mujeres.

Homicidios y ataques ilegítimos

Las fuerzas de seguridad sudanesas no protegieron a la población civil de los constantes ataques armados indiscriminados. Según la ONU, cientos de civiles murieron o resultaron heridos por grupos de milicias en Darfur Occidental. En octubre, al menos 220 personas murieron durante 2 días de luchas intercomunitarias en la provincia sudanesa meridional del Nilo Azul. Según la ONU, a partir de julio estallaron en el Nilo Azul varios enfrentamientos entre comunidades que se saldaron con al menos 359 personas muertas y 469 heridas; entre las víctimas había tanto población civil como participantes en los enfrentamientos. Los enfrentamientos también provocaron el desplazamiento de 97.000 civiles. El gobierno provincial declaró el estado de excepción durante 30 días y prohibió las concentraciones.

Derecho a verdad, justicia y reparación

En abril, en la Corte Penal Internacional comenzó el juicio de Ali Mohammed Ali, también conocido como Ali Kosheib, que al parecer había sido el principal líder de la milicia yanyawid en Darfur Occidental. Ali Mohammed Ali se enfrentaba a 31 cargos por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en 2003 y 2004 en Darfur Occidental.

En agosto, el fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan visitó Sudán, incluidos los campos para personas internamente desplazadas situados en Darfur. El fiscal instó al Consejo de Seguridad de la ONU a garantizar que su visita y el juicio de Ali Mohammed Ali serían el “comienzo de una auténtica rendición de cuentas y no un espejismo”.

Otros tres hombres, entre ellos Omar al Bashir, afrontaban cargos ante la Corte Penal Internacional, pero las autoridades sudanesas todavía no los habían entregado para que fueran juzgados.

Libertad de expresión

Se restringieron severamente el derecho a la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación. Hubo agresiones, amenazas y hostigamiento contra periodistas y otras personas que trabajaban en medios de comunicación.

El 13 de enero, las fuerzas de seguridad irrumpieron en la emisora de televisión Alaraby en Jartum; agredieron y arrestaron a cuatro empleados que estaban grabando una manifestación desde la azotea de la emisora, y destrozaron sus cámaras. El 19 de enero, en Kordofán del Sur, la policía detuvo a una mujer en relación con una publicación en las redes sociales sobre el reclutamiento de menores por las Fuerzas Armadas de Sudán; la mujer fue puesta en libertad tras presentarse contra ella múltiples cargos en virtud de la Ley de Delitos Informáticos, incluidos publicar información falsa, atacar la integridad de las Fuerzas Armadas de Sudán, y socavar y amenazar la seguridad nacional.

Varios grupos que realizaban el seguimiento del acceso a Internet en todo el mundo, entre ellos NetBlocks, confirmaron la interrupción del acceso a Internet en varios proveedores de servicios en todo el país antes de las manifestaciones multitudinarias previstas para el 30 de junio (véase supra, “Uso excesivo de la fuerza”). El servicio normal de Internet se restauró 20 horas después.

Violencia sexual y de género

Las mujeres que se manifestaban seguían haciendo frente a agresiones sexuales. Persistía la violencia por motivos de género, incluida la violencia sexual relacionada con el conflicto, cometida contra mujeres y niñas en Darfur Occidental.

Según el experto independiente designado por la ONU, miembros de las Fuerzas Conjuntas de Seguridad de Sudán y otros hombres armados vestidos de civil cometieron numerosas violaciones de derechos humanos, incluida violencia sexual y de género contra mujeres y niñas que habían estado en primera línea de las protestas contra el golpe de Estado. Este experto verificó 13 casos de violación, violación colectiva, intento de violación y otras formas de violencia sexual y de género perpetradas en Jartum en el contexto de las protestas contra el golpe celebradas entre octubre de 2021 y abril de 2022. En dichos incidentes hubo 14 víctimas (10 mujeres, una niña, un hombre y 2 niños).

En Darfur, el experto independiente informó de 8 casos de violación que sufrieron 15 mujeres y 5 niñas en el contexto de la violencia entre comunidades o de ataques contra mujeres y niñas internamente desplazadas. Los autores eran hombres armados, y la mayoría de ellos vestía uniforme militar. Los 8 casos se denunciaron a la policía, pero sólo se efectuó una detención, por la violación de una niña de 12 años en Darfur Septentrional.

Derecho a la alimentación

Según la ONU, Sudán afrontaba un incremento constante de los niveles de inseguridad alimentaria. Se estimaba que casi la cuarta parte de la población había sufrido hambre aguda entre junio y septiembre. Las regiones de Darfur Septentrional, Darfur Occidental, Darfur Central, Jartum, Kassala y el Nilo Blanco registraron el número más elevado de personas afectadas por hambre aguda. Hasta 11,7 millones de personas sufrían inseguridad alimentaria severa, y se consideraba que 3,1 millones de ellas estaban en situación de “emergencia”. Según la FAO, el conflicto armado en Ucrania exacerbó aún más la inseguridad alimentaria debido a la dependencia de Sudán de la importación de trigo de Rusia y Ucrania durante los últimos años.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Sudán continuó recibiendo a más personas refugiadas de sus países vecinos, principalmente Sudán del Sur, Etiopía y Eritrea. Durante el año llegaron más de 20.000 personas refugiadas de Sudán del Sur, sobre todo al estado del Nilo Blanco y a Darfur Oriental, Kordofán Occidental y Kordofán del Sur. También siguieron llegando personas refugiadas etíopes al este de Sudán y a la región del Nilo Azul. Según la ONU, hasta el 31 de julio aproximadamente 59.800 personas habían cruzado la frontera a Sudán desde el comienzo de la crisis en el norte de Etiopía en noviembre de 2020.

La grave falta de financiación internacional provocó que el Programa Mundial de Alimentos se viera obligado a reducir las raciones para las personas refugiadas en todo el país. El programa prestaba ayuda a más de 550.000 personas refugiadas en el país, que, a partir de julio, sólo recibían la mitad de una cesta de alimentos normal o su equivalente en dinero en efectivo.