El uso continuo por parte de Singapur de la pena de muerte preceptiva, que viola el derecho internacional, ha dado lugar a que durante los últimos años se haya condenado a muerte a decenas de autores de delitos leves relacionados con las drogas, ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
Cooperate or Die también revela que las reformas de la pena capital introducidas en 2013, a pesar de haber reducido el número de personas condenadas a muerte, han sido del todo insuficientes y, en particular, han dejado las decisiones de vida o muerte en manos de la fiscalía en lugar de en las de la judicatura.
A Singapur le gusta describirse a sí misma como modelo de prosperidad y progreso, pero su uso de la pena de muerte deja patente un desprecio absoluto por la vida humana.
Chiara Sangiorgio, experta de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte
“A Singapur le gusta describirse a sí misma como modelo de prosperidad y progreso, pero su uso de la pena de muerte deja patente un desprecio absoluto por la vida humana. El país se apoya en leyes severas que se centran de manera abrumadora en perseguir a autores de delitos de drogas que se encuentran en los escalafones más bajos, muchos de los cuales proceden de entornos desfavorecidos”, ha declarado Chiara Sangiorgio, experta de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte.
“Las reformas introducidas en 2013 supusieron un paso en la dirección correcta y han permitido a algunas personas evitar el patíbulo, pero han tenido graves defectos en aspectos fundamentales desde el principio.
La influencia de Singapur tanto en Asia como en el resto del mundo va más allá de su tamaño. El gobierno debería proseguir con las reformas para poner fin a la pena capital de una vez por todas.”
La investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional, basada en un análisis detallado de documentación judicial, muestra que los tribunales de Singapur siguen imponiendo la pena de muerte preceptiva en casos de narcotráfico a pesar de que las nuevas reformas deberían permitir mayor indulgencia.
Las condenas a muerte preceptivas no permiten a los jueces tener en cuenta las circunstancias atenuantes del delito o de los delincuentes. No dejan a los tribunales más opción que condenar a la horca a los autores de delitos relacionados con las drogas.
La mayoría de las personas condenadas a muerte por delitos de drogas durante los últimos cuatro años estaban en posesión de cantidades relativamente pequeñas de estupefacientes, y muchas de ellas afirman que se vieron abocadas a traficar con drogas a causa del desempleo o las deudas.
Desde la introducción de las nuevas reformas en 2013, los correos de drogas deberían poder evitar la pena de muerte si cooperan adecuadamente con la fiscalía durante la etapa de investigación o de juicio oral. No obstante, la decisiones sobre quién cumple ese requisito recaen únicamente sobre el fiscal y no sobre el juez, y se toman a puerta cerrada en un proceso turbio y poco transparente.
“El uso de la pena capital preceptiva en Singapur debe acabar de inmediato. A pesar de la disminución de condenas a muerte durante los últimos años, el hecho de que se sigan dictando es motivo de honda preocupación”, ha afirmado Chiara Sangiorgio.
Una herramienta fallida para atajar la delincuencia
Las autoridades de Singapur han seguido justificando el mantenimiento de la pena capital señalando su supuesta efectividad para atajar la delincuencia. Vivian Balakrishnan, ministro de Asuntos Exteriores, sostuvo lo siguiente en un discurso pronunciado ante la ONU en septiembre de 2016: “En nuestra opinión, la pena capital por delitos de drogas y el asesinato ha sido un elemento fundamental para mantener una Singapur sin drogas y segura.”
Ello, a pesar de que no hay evidencia de que la amenaza de ejecución sea más disuasoria frente al delito que otras penas como la cadena perpetua; así lo han confirmado múltiples estudios, incluidos los realizados por la ONU en todo el mundo.
“Singapur se engaña a sí misma si cree que la pena capital es una herramienta efectiva para reducir los índices de delincuencia. Es la máxima expresión de pena cruel, inhumana y degradante, no nos ofrece mayor seguridad, un hecho que la inmensa mayoría de los países del mundo ha reconocido”, ha afirmado Chiara Sangiorgio.
“Singapur debe congelar la aplicación de la pena de muerte con miras a su abolición definitiva. A corto plazo, el país debe reformar su marco jurídico para que sea conforme con el derecho internacional, y debe asegurarse de que los condenados a muerte cuentan con todas las protecciones legales garantizadas por el derecho y las normas internacionales.”
Represión de activistas
Desde la introducción de las reformas, las autoridades de Singapur también han reprimido cada vez más las voces disidentes respecto al uso de la pena de muerte, en particular a profesionales del derecho y otros activistas. Una nueva ley promulgada en 2016 ha endurecido las ya de por sí severas restricciones sobre la capacidad de los defensores y defensoras de los derechos humanos y otras personas de criticar las decisiones judiciales.
Por ejemplo, en agosto de 2017, el Tribunal Supremo impuso una multa de 6.000 dólares de Singapur (4.400 dólares estadounidenses) a un abogado que representaba a un condenado a muerte, por criticar en Facebook al poder judicial horas antes del momento previsto para la ejecución de su cliente.
“Las autoridades de Singapur nunca han tenido mucho tiempo para el derecho a la libertad de expresión y ahora intentan cada vez más silenciar el debate sobre el uso de la pena capital. Este patrón deliberado de hostigamiento a quienes defienden el derecho a la vida debe terminar de inmediato”, ha declarado Chiara Sangiorgio.
Información general
Singapur ha logrado un progreso notable en lo que respecta al uso de la pena de muerte desde mediados de la década de 1990, cuando la ciudad-Estado era el mayor ejecutor per cápita del mundo y llevaba a cabo decenas de ejecuciones al día.
Durante los últimos tres años se ha ejecutado a un total de 10 personas (4 en 2016) y en el mismo periodo se han impuesto al menos 17 condenas a muerte. En todos los casos, las personas condenadas a la pena capital fueron declaradas culpables de asesinato o tráfico de drogas.
Los delitos de drogas no alcanzan el umbral de “los más graves delitos” a los que el derecho internacional restringe la imposición de la pena de muerte.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos y sin excepción, con independencia de la naturaleza del delito, las características del delincuente o el método empleado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La organización considera la pena de muerte una violación del derecho a la vida tal como lo reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos, y la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante.