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Una media de 7 de cada 10 personas de los países del G7 considera que sus gobiernos deberían obligar a las grandes farmacéuticas a compartir el know-how de las vacunas

  • A pesar del amplio apoyo ciudadano, los gobiernos del G7 siguen oponiéndose a una exención de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas contra la COVID-19.
  • La Alianza Vacuna para el Pueblo insta a los y las dirigentes del G7 a apoyar la exención de las patentes de las vacunas en la reunión de los ministros y ministras de Asuntos Exteriores y Desarrollo que se celebrará hoy en Londres.

Según una nueva encuesta de la Alianza Vacuna para el Pueblo, la inmensa mayoría de la población de los países del G7 cree que los gobiernos deberían garantizar que las empresas farmacéuticas compartan las fórmulas y la tecnología de sus vacunas.

La ciudadanía considera que, si bien habría que compensar de forma justa a las empresas farmacéuticas por el desarrollo de las vacunas, debe evitarse que mantengan el monopolio sobre ellas.

Esto coincide con la reunión de los ministros y ministras de Asuntos Exteriores y Desarrollo de las naciones del G7 en Londres, la primera que se celebra de forma presencial en dos años, y con el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que se celebra online hoy; mientras, el número de muertes en India sigue aumentando.

Una media del 70% de la población de los países del G7 quiere que su gobierno garantice la puesta en común del know-how de las vacunas, de acuerdo con el análisis de la Alianza Vacuna para el Pueblo. El mayor apoyo a la intervención del gobierno se da en Italia, donde el 82% de las personas encuestadas se declaraban a favor, seguido de Canadá, donde este porcentaje era del 76%.

A pesar de que el primer ministro Boris Johnson ha atribuido el éxito de la vacunación en el Reino Unido a la “avaricia y el capitalismo”, el 74% de la población de ese país quiere que su gobierno impida los monopolios de las grandes farmacéuticas.

El apoyo de la ciudadanía británica a esta intervención traspasa fronteras políticas, ya que cuenta con el respaldo del 73% de las personas que votaron al Partido Conservador, del 83% de quienes votaron al Partido Laborista, y del 79% de los y las votantes del Partido Liberal-Demócrata. Asimismo, el 83% de quienes votaron a favor y el 72% de quienes lo hicieron en contra en el Referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la UE apoyan la medida.

En Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden ha manifestado su “deseo y esperanza” de una puesta en común del know-how de las vacunas, el apoyo de la opinión pública a esta medida asciende al 69%, incluyendo al 89% de los y las votantes de Biden y al 65% de quienes votaron a Trump en 2020. En Japón, el 58% de la ciudadanía está a favor de una medida similar. 

El apoyo también es mayoritario en los Estados miembros de la Unión Europea, con porcentajes que van del 70% en Alemania al 63% en Francia.

Heidi Chow, directora general de campañas y políticas de Global Justice Now, ha señalado:

“La ciudadanía no quiere que las grandes empresas farmacéuticas tengan el monopolio de unas vacunas que se desarrollaron en gran medida gracias a fondos públicos. Estas vacunas son un bien público global que debería estar a disposición de todas las personas, en todo el mundo. Esto resulta una obviedad para la ciudadanía de los países del G7, pero sus dirigentes políticos aplican la política del avestruz y miran hacia otro lado mientras la gente muere a su alrededor”.

A pesar del apoyo generalizado a la puesta en común del know-how de las vacunas contra la COVID-19, los gobiernos del G7 han seguido sosteniendo el monopolio de las empresas farmacéuticas.

Más de 100 países, liderados por India y Sudáfrica, han defendido en la OMC una exención temporal de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas contra la COVID-19, pero países como Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Canadá y la UE han bloqueado esta propuesta.

La administración Biden ha confirmado que está reconsiderando la oposición de Estados Unidos a esta medida.

Hasta la fecha, las empresas farmacéuticas se han negado a compartir el know-how de sus vacunas con el resto del mundo. Ninguna de las empresas que han desarrollado una vacuna efectiva contra la COVID-19 se ha unido al Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19 (C-TAP) de la OMS, una iniciativa creada para facilitar la puesta en común de los avances en vacunas y tratamientos.

Saoirse Fitzpatrick, directora de incidencia de STOPAIDS, ha afirmado:

“La terrorífica situación que se está viviendo en India debería remover la conciencia de los y las dirigentes de los países del G7. Ahora no es momento de hacer una defensa ideológica de las normas de propiedad intelectual. Los acuerdos bilaterales con las empresas farmacéuticas no han funcionado. Los gobiernos deben intervenir y obligar a las empresas farmacéuticas a compartir con el mundo la propiedad intelectual y el know-how de las vacunas”.

En el marco de su presidencia del G7, Reino Unido ha propuesto un Plan de Preparación frente a la Pandemia sobre el que debatirán los ministros y ministras esta semana, y que no contempla el problema de los monopolios y la propiedad intelectual. En el equipo encargado de elaborar esta propuesta participan empresas farmacéuticas como Pfizer pero, sin embargo, no se ha invitado a los gobiernos y productores de vacunas de los países en desarrollo. 

Seguir bloqueando la puesta en común de tecnologías que salvan vidas sería un enorme fallo de liderazgo.
Steve Cockburn, Amnistía Internacional

Steve Cockburn, director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional, ha afirmado:

“Los gobiernos de los países del G7 tienen unas obligaciones claras en materia de derechos humanos, que pasan por anteponer la vida de millones de personas de todo el mundo a los intereses de las empresas farmacéuticas que ellos mismos han financiado. Seguir bloqueando la puesta en común de tecnologías que salvan vidas sería un enorme fallo de liderazgo, y sólo serviría para prolongar el inmenso dolor y sufrimiento provocados por esta pandemia”.

El mes pasado, 175 ex líderes mundiales y premios Nobel, como Gordon Brown, Ellen Johnson Sirleaf y Françoise Hollande, escribieron al presidente Biden para mostrar su apoyo a la exención temporal de los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas contra la COVID-19.

Ciento cincuenta líderes religiosos, entre ellos Rowan Williams, exarzobispo de Canterbury, Thabo Makgoba, arzobispo anglicano de Ciudad del Cabo y el cardenal Peter Turkson, de la iglesia católica romana, han instado a los líderes del G7 a tratar las vacunas contra la COVID-19 como un “bien común global”.

Anna Marriott, responsable de políticas de salud de Oxfam, ha declarado:

“Mientras miles de personas mueren en los países de renta media y baja, los países ricos se han saltado la cola de las vacunas. Los y las dirigentes del G7 deben enfrentarse a la realidad. No tenemos vacunas suficientes para todo el mundo, y el principal obstáculo para incrementar el suministro es que unas cuantas empresas farmacéuticas ávidas de riqueza mantienen bajo llave los derechos para producirlas. Ya es hora de dictar una exención de los derechos de propiedad intelectual, aumentar la producción y poner la vida de la gente por delante de los beneficios. Es hora de que haya una vacuna para el pueblo”.

Según una encuesta realizada, dos tercios de los y las principales especialistas en epidemiología del mundo han alertado de que, si la propagación del virus continúa, podrían surgir cepas más resistentes que acabarían con la eficacia de las actuales vacunas en el plazo de un año. El Grupo Asesor Científico para Emergencias (SAGE), organismo independiente que ofrece asesoramiento sobre salud pública en el Reino Unido, ha defendido una exención de las patentes que permita hacer frente a los problemas de suministro.

Moderna, Pfizer/BioNtech, Johnson & Johnson, Novovax y Oxford/AstraZeneca han recibido miles de millones de fondos públicos y pedidos anticipados garantizados, entre ellos 12.000 millones de dólares tan sólo del gobierno estadounidense. Se estima que el 97% de la financiación para el desarrollo de la vacuna de Oxford/AstraZeneca es de origen público.

Este año, las empresas han repartido entre sus accionistas 26.000 millones de dólares en concepto de dividendos y recompra de acciones; esta cantidad bastaría para vacunar a al menos 1.300 millones de personas, el equivalente a la población de África.

La Alianza Vacuna para el Pueblo es un movimiento formado por organizaciones humanitarias, de salud y de derechos humanos, dirigentes y ex dirigentes mundiales, personas expertas en salud, líderes religiosos y economistas que abogan por la producción rápida y a gran escala de las vacunas contra la COVID-19, que deben considerarse un bien público global, estar exentas de las protecciones sobre la propiedad intelectual y estar disponibles de manera gratuita para todas las personas, en todo el mundo.