Myanmar: Nuevos indicios de violaciones de derechos humanos en el marco de la operación militar en curso en el estado de Rajine

  • Las fuerzas armadas bloquean el acceso a alimentos y bombardean núcleos de población
  • En la operación intervienen unidades responsables de atrocidades cometidas en el pasado
  • 5.200 civiles desplazados desde diciembre

Las fuerzas de seguridad de Myanmar han bombardeado poblados y bloqueado el acceso de la población civil a alimentos y asistencia humanitaria en el estado de Rajine, ha afirmado hoy Amnistía Internacional, en el marco una operación represiva emprendida tras los ataques armados del Ejército de Arakán a principios de enero. Las fuerzas de seguridad han hecho uso también de leyes imprecisas y represivas para detener a civiles en la zona.

 

El bombardeo de núcleos de población habitados y la retención de suministros alimentarios son injustificables en cualquier circunstancia.
Tirana Hassan, directora de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional

 

“Estas últimas operaciones nos recuerdan una vez más que las fuerzas armadas de Myanmar actúan sin la menor consideración hacia los derechos humanos. “El bombardeo de núcleos de población habitados y la retención de suministros alimentarios son injustificables en cualquier circunstancia”, ha manifestado Tirana Hassan, directora de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional ha recibido informes según los cuales divisiones de las fuerzas armadas implicadas en atrocidades cometidas contra la población rohingya en agosto y septiembre de 2017 han sido desplegadas de nuevo en el estado de Rajine en las últimas semanas.

“A pesar de la condena internacional de las atrocidades cometidas por las fuerzas armadas de Myanmar, todos los datos indican que están cometiendo de forma descarada nuevos y graves abusos”, ha afirmado Tirana Hassan.

Estas violaciones de derechos humanos tienen lugar después de que una Misión de Investigación de la ONU hiciera la petición de proceder a la investigación penal y el enjuiciamiento de altos funcionarios de Myanmar por crímenes de derecho internacional contra la población rohingya en el estado de Rajine, y contra minorías étnicas en los estados de Kachin y Shan septentrional.

Ataques del Ejército de Arakán

El 4 de enero de 2019 —Día de la Independencia de Myanmar—, un grupo armado de la etnia rajine conocido como Ejército de Arakán llevó a cabo ataques contra cuatro puestos de policía en el norte del estado de Rajine, en los que según los informes murieron 13 agentes de policía. El Ejército de Arakán ha combatido a las fuerzas armadas en el marco de una alianza de grupos armados en el norte de Myanmar, y al haber desplazado su atención a los estados de Chin y Rajine en los últimos años, ha protagonizado enfrentamientos esporádicos con las fuerzas armadas en esas zonas.

Días después de los ataques del 4 de enero, el gobierno civil de Myanmar ordenó a las fuerzas armadas lanzar una operación para “aplastar” al Ejército de Arakán, al que el portavoz del gobierno calificó de “organización terrorista”. Desde esa fecha, las fuerzas armadas han trasladado a la región considerables recursos y tropas, de las que según activistas locales informaciones de medios de comunicación y activistas locales forman parte soldados de la 99ª División de Infantería Ligera. Amnistía Internacional y otros implicaron a esa división en atrocidades cometidas contra la población rohingya en 2017 y contra minorías étnicas en el norte del estado de Shan en 2016.

Según la ONU, hasta el 28 de enero, más de 5.200 hombres, mujeres, niños y niñas se habían sido objeto de desplazamiento a causa de los combates en curso. Pertenecen en una proporción abrumadora a minorías étnicas mayoritariamente budistas, como las mro, khami, daingnet y rajine.

Amnistía Internacional entrevistó por teléfono a 11 personas afectadas por los combates, así como a representantes de organismos de asistencia humanitaria y activistas locales en el estado de Rajine. La mayoría explicaron que habían huido de sus poblados tras haber bombardeado las fuerzas de seguridad lugares cercanos o haber impuesto restricciones al suministro de alimentos.

Ataques ilegítimos

Tres personas de Auk Pyin Nyar, población donde predomina la etnia mro, en el distrito de Tha Lu Chaung, municipio de Kyauktaw, dijo a Amnistía Internacional que dos proyectiles de artillería o de mortero explotaron a escasos 100 metros de su poblado el 21 de diciembre de 2018. Cuando los residentes huían a primera hora de la mañana siguiente, oyeron más explosiones de proyectiles en las proximidades.

“Oí las explosiones de artillería pesada y hasta hubo personas que se marearon”, recordó un agricultor de 64 años.

Otro agricultor del mismo poblado, que regresó días después para recuperar algunas pertenencias, dijo que se había robado dinero de las casas después de la huida de la gente. Culpó a soldados de Myanmar, a quienes se vio en el poblado y sus alrededores en aquellas fechas.

Un hombre de 24 años de un poblado donde predomina la etnia mro, en el distrito de Tha Yet Pyin, municipio de Buthidaung, explicó que también había oído explosiones de proyectiles de artillería o de mortero en los alrededores de su poblado el 13 de enero de 2019. La población huyó al monasterio local y después, ese mismo día, a un campo informal para personas desplazadas en el poblado de Done Thein, en el vecino distrito de Kin Taung. El hombre regresó a su poblado cuatro días después, para recuperar documentos de registro civil, y vio daños en algunas casas y en la escuela local. Dijo que se habían llevado dinero de algunas casas, en un momento en el que las fuerzas de seguridad de Myanmar controlaban el acceso al poblado.

Informaciones de medios de comunicación han detallado varios incidentes más. The Irrawaddy y Radio Free Asia informaron de que un niño de siete años llamado Naing Soe resultó herido de gravedad cuando un proyectil de artillería explotó cerca de su casa en el distrito de Tha Mee Ha, municipio de Rathedaung, hacia el 26 de enero de 2019. Radio Free Asia afirmó que las fuerzas armadas de Myanmar dispararon hacia el poblado después de que unos soldados detonaran un dispositivo explosivo improvisado en las inmediaciones. Los dos medios informaron de que las fuerzas armadas de Myanmar saquearon objetos de valor en el poblado. The Irrawaddy informó también de que el 16 de enero de 2019, dos hermanos, de 18 y 12 años, resultaron gravemente heridos al explotar un proyectil de artillería junto a su casa en el municipio de Maungdaw.

Aunque Amnistía Internacional no ha podido determinar de forma concluyente la responsabilidad de las fuerzas armadas de Myanmar en cada ataque individual que causó heridas entre la población civil o dañó o destruyó bienes civiles, esta táctica ilegítima es desde hace tiempo uno de los sellos distintivos de las operaciones de las fuerzas armadas contra grupos armados. En un informe de junio de 2017, Amnistía Internacional documentó en detalle los bombardeos indiscriminados de las fuerzas armadas de Myanmar durante sus operaciones en los estados de Kachin y Shan septentrional, que causaron muertos y heridos entre la población civil y forzaron el desplazamiento de miles de civiles.

“Estos ataques ilegítimos están sembrando el miedo en muchos poblados”, ha señalado Tirana Hassan. “Cientos, si no miles, de civiles se han visto desplazados de sus hogares como consecuencia directa de ellos.”

Restricciones al acceso a alimentos y ayuda humanitaria

Una mujer de 34 años de un remoto poblado de etnia mro en el municipio de Kyauktaw dijo a Amnistía Internacional que soldados y policías de Myanmar restringieron la cantidad de arroz que se podía llevar a su poblado. La población padecía ya escasez de suministros alimentarios básicos, pues los combates que estallaron en diciembre de 2018 impidieron la recolección de arroz o de bambú, un cultivo comercial clave.

Al empeorar la situación, un grupo de personas del poblado, entre ellas la mujer de 34 años, se dirigió a una comisaría de policía y puesto de control militar cerca del poblado de Taung Min Ku Lar para solicitar permiso para llevar arroz de vuelta a su poblado. La mujer dijo que las fuerzas de seguridad les dijeron que podían llevar un máximo de seis pyi (unidad birmana equivalente a un recipiente de 2,56 litros) de arroz y que necesitarían una carta de autorización de las fuerzas de seguridad.

“Hablamos entre nosotros que era imposible seguir viviendo en nuestro poblado”, dijo a Amnistía Internacional. “No queríamos trasladarnos a un campo [de personas desplazadas], pero no podíamos intercambiar lo que encontrábamos en el bosque, y no podíamos conseguir suficientes suministros.”

El poblado se vació, al igual que varios núcleos de población vecinos que hacían frente a parecidas circunstancias.

Un activista local dijo a Amnistía Internacional que había ayudado a obtener cartas de recomendación de la policía para que las personas pudieran circular por el municipio de Kyauktaw, pero las autoridades siguen impidiendo que la gente transporte alimentos, aduciendo que lo hace para restringir las líneas de abastecimiento al Ejército de Arakán.

Las autoridades de Myanmar han impuesto también restricciones adicionales al acceso humanitario en el estado de Rajine. El 10 de enero, el gobierno del estado de Rajine prohibió las actividades de todos los organismos de la ONU y de las organizaciones humanitarias internacionales, a excepción del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), en cinco municipios afectados por el conflicto. Muchas organizaciones se han visto obligadas a dejar de prestar su asistencia humanitaria, lo que menoscaba la respuesta de emergencia y las iniciativas de ayuda en una de las regiones más pobres y subdesarrolladas de Myanmar.

Las autoridades del estado, junto con el CICR y el PMA, han proporcionado dinero en efectivo y asistencia en especie a personas desplazadas por los combates, pero los receptores la han calificado de insuficiente y desigual. Varios representantes de organismos de asistencia humanitaria afirmaron que las restricciones también parecen ser una manera de desviar la atención internacional de las operaciones de las fuerzas armadas.

Uso de leyes abusivas y posible detención arbitraria

Las fuerzas de seguridad de Myanmar también parecen estar haciendo uso de leyes abusivas para detener y enjuiciar a civiles por su presunto apoyo al Ejército de Arakán, lo que hace temer que se produzcan detenciones arbitrarias y posibles malos tratos.

En los días que siguieron a los combates del 13 de enero de 2019 en el distrito de Tha Yet Pyin, la policía se llevó a un líder de poblado de etnia mro, Aung Tun Sein, y al menos a otros 10 hombres para interrogarlos. Quedaron en libertad posteriormente, pero varios días más tarde Aung Tun Sein fue citado a comparecer en un puesto de la Policía de Guardia de Fronteras. Está detenido desde entonces, actualmente en la cárcel de Buthidaung.

En un informe de junio de 2018, Amnistía Internacional documentó tortura y otros tratos inhumanos contra hombres y niños rohingyas recluidos en puestos de la Policía de Guardia de Fronteras en el norte del estado de Rajine.

Familiares y otros líderes de poblado no pudieron determinar el paradero de Aung Tun Sein durante más de una semana tras su detención. Las fuerzas armadas lo han acusado, según informes, de informar al Ejército de Arakán sobre los movimientos de los militares. Una persona del poblado dijo que Aung Tun Sein se enfrentaba a cargos en virtud de la Ley de Asociaciones Ilícitas, una ley imprecisa y represiva que las autoridades de Myanmar utilizan a menudo para enjuiciar a activistas, periodistas y otras personas en zonas de conflicto.

Activistas locales y medios de comunicación apuntan que las detenciones arbitrarias y el uso de leyes imprecisas y represivas han sido habituales durante la última operación militar en el estado de Rajine. The Irrawaddy informó de la detención de 26 el 4 de febrero por presunta asociación ilícita con el Ejército de Arakán. Este mismo medio informó también de que unos 30 administradores de poblados presentaron su carta de renuncia en enero, preocupados por la posibilidad de que ser enjuiciados injustamente por asociación ilícita.